Noviembre 2006

Sudamérica, petróleo y poder

La relación entre petróleo y poder no es nueva y ha sido seguida con interés en sus distintas etapas, especialmente en los últimos treinta años.

 

Los países pioneros en su desarrollo recurrieron a efectivas estrategias para asegurarse el abastecimiento de esta materia prima cuando no directamente el control 1.

 

Un rápido recorrido de las últimas décadas muestra un hito en la crisis petrolera desatada con la guerra entre Irán e Irak de fines de los ’70 que llevó el precio del barril de crudo hasta la extraordinaria cifra de U$S 38 nominales, aproximadamente U$S 95 actuales o reales. Una mayor injerencia sobre la producción mundial y el control de las vías de trasporte aseguraron los precios que, históricamente, podrían ser vistos hoy como un límite inferior no alcanzable a futuro. Entre mediados de los ’80 y el 2000 el precio del barril cayó a cifras promedio que oscilaron entre U$S 20 y U$S 29 el barril, con serios riesgos de rentabilidad para las operadoras y la necesidad de contar con explotaciones seguras y de gran escala para justificar el giro del negocio. Este escenario fue propicio para que pocas compañías globales –llamadas comúnmente “supermajors”– pudieran diferenciarse por tecnología, logística y respaldo financiero. La consigna fue explotar principalmente petróleo de yacimientos de fácil acceso y extracción, y de rápido retorno económico.

 

En los últimos cinco años el panorama volvió a cambiar, y en forma dramática. El más conocido elemento de desequilibrio que justificó el aumento en el precio del barril fue una vez más la creciente inestabilidad en Medio Oriente, donde existen grandes reservas petrolíferas. Factores endógenos a los países de esa región, y otros no tanto, darán razones parciales o suficientes para explicar guerras y ocupaciones. En el momento de su invasión Irak ocupaba el tercer puesto dentro de los países de la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) por sus reservas, sólo superada por Irán –con conflictivas situaciones con sus vecinos y con las potencias occidentales– y Arabia Saudita. Cabe anotar que en el listado de países privilegiados con reservas comprobadas, Venezuela aparece en un destacado sexto lugar.

 

Otra presión significativa sobre el precio del petróleo es la creciente demanda de los países de economías desarrolladas junto con una perspectiva de menor producción propia. En los Estados Unidos se espera producir unos 6,6 millones de barriles por día en 2010, mientras que en 2002 era de 7,4 millones. A esto se suma el surgimiento de nuevas potencias industriales, lo cual conlleva una mayor demanda energética. China e India son los principales nuevos centros de consumo mundial debido al crecimiento de sus industrias y a la mejora de la calidad de vida. Se prevé que sus economías crecerán anualmente a una tasa de 5,5% hasta 2030, y el consumo de petróleo un 3% 2. Con sólo proyectar la tasa de crecimiento económico e industrial, hacia esa fecha la demanda duplicaría con demasía la actual. Por aventurar una mínima analogía con una economía desarrollada: ¿cómo imaginar un escenario donde cada hogar chino cuente con un automóvil?, ¿qué podría pasar con las necesidades mundiales de combustible, y con su precio?

 

Los datos recientes más confiables, sin embargo, no muestran mayor preocupación: bajo las actuales condiciones de consumo: “en los últimos 25 años [las reservas mundiales] se incrementaron casi un 60%, mientras que el consumo mundial aumentó aproximadamente el 15%” 3, esto daría un horizonte estable de 40 años, según el BP (British Petroleum) Statistical Review of World Energy de este año, aun sin considerar nuevos descubrimientos ni sustitución de combustibles. Los pronósticos apocalípticos respecto del agotamiento de las reservas mundiales de crudo no son nuevos. En 1977 Jimmy Carter, entonces presidente de los Estados Unidos, declaró que su país estaba en condiciones de consumir todas las reservas probadas del mundo a fines de esa década, y todavía aquí estamos.

 

En todo caso, la nueva gran preocupación es quién ejercerá el control sobre la producción futura de crudo. El 90 % de las reservas mundiales se encuentra en manos de empresas estatales, si se permite sumar a este grupo la producción de Arabia, las cuales no parecen dispuestas a delegar la producción en empresas privadas como en otro tiempo. Ya se ven señales de esquemas de participación o asociación muy distintos de los tradicionales. Las “supermajors” han iniciado exploraciones en áreas antes no explotadas, consideradas marginales o simplemente vírgenes. El continente africano se encuentra en pleno proceso de “redescubrimiento” como abastecedor de insumos primarios; también la lejana isla Sakhalin en el norte de Rusia. Pero el mayor ejemplo de una nueva forma de aprovisionamiento de petróleo puede encontrarse en los bosques de un país cercano a los centros de decisión mundial. En Alberta, en el oeste canadiense, se ubica la pequeña ciudad de Fort Mc Murray que recientemente saltó a la fama mundial debido a la explotación no tradicional de “oil sand”, arena empapada de betumen, que esperan pueda proveer combustible a los Estados Unidos durante 80 años. Con estas cuantiosas reservas no tradicionales de crudo, Canadá alcanzó un impensado segundo lugar mundial en reservas probadas, precedido sólo por Arabia Saudita 4. El costo de producción es mayor al tradicional y su impacto ambiental aún incierto, aunque en apariencia muy importante y negativo, pero la posibilidad de abastecer combustible durante la centuria hasta justificaría riesgos de largo plazo incluso para países centrales 5.

 

La situación en Sudamérica

 

Una región que sabe de vaivenes políticos y que cuenta con apreciables riquezas energéticas no podía estar exenta de impactos. Con excepción de Chile, Uruguay y Paraguay, el resto de los países que cuentan con riquezas petroleras enfrentan importantes tensiones respecto de su administración. A esto se suma que parecen alternar en los últimos decenios formas económicas que van desde un “liberalismo descontrolado” –léase un modelo económico de libre mercado sin organismos eficientes de control– hasta un estatismo arcaico, modelo éste tal vez más cercano a propuestas ideológicas pasadas que a acciones orientadas a la mejora de la calidad de vida de los pueblos. La región aporta algo más del 10% de la producción mundial de petróleo y un porcentaje similar de reservas totales, según Energy Information Administration.

 

Comenzando por los países andinos, Colombia se presenta como el más estable en la relación gobierno-compañías petroleras, tanto en el caso de la estatal Ecopetrol como de las privadas, en su mayoría transnacionales. Persiste la amenaza latente de la guerrilla, parte ya de la geografía selvática colombiana, la que en su retiro hacia la frontera con Ecuador y con sus finanzas enflaquecidas ha mostrado indicios de la posible construcción de una refinería propia, hecho sólo entendible en esos lares. Cabe mencionar que lamentablemente las reservas y la producción han declinado en los últimos cinco años a un ritmo de entre 5 y 6 % anual. El presidente Álvaro Uribe, recientemente reelegido, pareciera darle continuidad tanto a luces como a sombras.

 

Más compleja e incierta es la situación en Ecuador, donde el Gobierno, mediante la estatal Petro Ecuador, ha tomado posesión de las operaciones de la norteamericana Occidental (Oxy). El gobierno adujo motivos legales –falta de autorización del Estado para la venta de activos de la petrolera– para llevar adelante esta acción. Cabe mencionar que Oxy, pocos meses antes, había entablado y ganado al Estado ecuatoriano un juicio millonario por diferencias en el pago de impuestos. El CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) deberá dirimir el nuevo reclamo de la petrolera. La oportunidad de la “expropiación” o “recupero de patrimonio nacional” según se mire, no se presenta peor por cuanto la operación de Oxy implicaba aproximadamente el 25% de la producción total del país mientras que la compañía estatal, con una situación financiera endeble –acumula una deuda con sus proveedores superior a los U$S 200 millones, en algunos casos representan deudas cercanas al año– no parece en condiciones de operarla. Se suma a este panorama incierto la actual carga burocrática del sector petrolero de Ecuador que no tiene muchos parangones en el nivel mundial. No sólo está regulada la producción diaria máxima por cada pozo en producción sino que, valga un simple ejemplo, cualquier operador privado que quiera cambiar una simple bomba quemada (que puede costar unos pocos miles de dólares) debe hacer una presentación ante el Ministerio de Energía y esperar su aprobación antes de realizar el cambio. A este panorama complejo desde lo operativo se agrega la expectativa de la segunda vuelta de la elección presidencial, prevista para el 26 de noviembre. El presidente venezolano prometió ayuda tanto técnica como económica para encauzar la situación petrolera, no sin antes felicitar al mandatario ecuatoriano en su viaje del pasado mes de mayo “por haber recuperado el manejo de los recursos naturales. Por eso lo atacarán señor Presidente, pero ése es el camino. Los países del Tercer Mundo sólo pueden llegar al desarrollo si recuperan estas áreas estratégicas”. Riesgoso mensaje en un riesgoso momento.

 

Perú generó tensión en este escenario cuando el candidato Ollanta Humala, de orientación indigenista y con claras intenciones estatizantes, recibió el apoyo (o el impulso) explícito y decidido de los gobiernos de Venezuela y Bolivia. El triunfo del alguna vez izquierdista Alan García trajo un paradójico alivio respecto del grado de intervención esperable. La novedad en el panorama energético peruano es el avance importante de empresas estatales chinas con alta participación accionaria, incluso en asociación con una empresa de origen argentino.

 

Bolivia y Venezuela

 

El presidente Evo Morales ha aplicado con extrema crudeza y rigor el concepto enarbolado durante su campaña presidencial respecto de estatizar los recursos naturales. Un país que ya había dejado de ser mercado atractivo para la inversión privada internacional elevó la última gran barrera, enfrentándose con el mismísimo Brasil al disponer el ingreso de soldados para controlar las instalaciones de Petrobras. La noticia del desplazamiento de tropas brasileñas desde la frontera venezolana hacia el sur es un dato significativo de la importancia presente y futura de este hecho. Pero si bien Morales ha demostrado controlar con rigor aunque poco tacto sus recursos naturales, deberá aún ratificar su liderazgo interno ante las pretensiones de algunos departamentos separatistas. Santa Cruz de la Sierra ya ha dado el primer paso con un referéndum en busca de convertirse en “una nación moderna separada del Estado boliviano”. El tiempo y los bolivianos definirán esta cuestión central.

 

Por su parte, Venezuela porta el emblema del rol activo del Estado en la explotación petrolera. Luego de amenazar seriamente la continuidad de la Comunidad Andina y decidir sumarse al alicaído Mercosur –debido al avance de las negociaciones del TLC propiciado por los Estados Unidos tanto con Colombia como Perú– y sentado sobre una de las mayores reservas petroleras mundiales, el presidente Hugo Chávez delineó una política clara para la estatal PDVSA: “Hoy los recursos del petróleo son para incluir a los excluidos” 6. Inmediatamente propuso a todas las operadoras petroleras, con contratos de explotación vigentes por varios años, formar parte de empresas mixtas donde PDVSA tendría al menos el 60% de participación, licuando seriamente el control y la rentabilidad. Se sabe que PDVSA no quiere repetir modelos que –afirma– han ido en “detrimento de una explotación racional del recurso en el largo plazo”. Varias veces surge el modelo argentino como ejemplo a no imitar en este sentido. Tómalo o déjalo fue el mensaje. Sólo dos empresas, la francesa Total y la estatal italiana ENI, no aceptaron el cambio de reglas y fueron invitadas a retirarse, en un caso mediante la toma del edificio corporativo de Caracas por parte de las fuerzas policiales. En otros ámbitos internacionales se dirimirán seguramente sus reclamos. Lo cierto es que en las veintiuna empresas mixtas formadas reina incertidumbre respecto de la forma de gobierno que tendrán y de su misma organización. Las pocas certezas están ligadas a la segura pérdida de trabajo de los que siendo opositores al actual gobierno en la huelga de 2002 - 2003 buscaron oportunamente empleo en las “transnacionales”. Unos 17.000 empleados, la mayoría de nivel gerencial dejó PDVSA luego de aquella huelga. También está muy clara la asociación entre petróleo y asistencia social, como marcara Chávez. PDVSA tal vez sea la única empresa en el mundo que en licitaciones públicas obliga a sus proveedores a presentar tres ofertas: técnica, económica y social. Las dos primeras, tradicionales y esperables en cualquier licitación de cierta relevancia. La tercera suena aún indescifrable para los mismos venezolanos; supondría el compromiso de una acción social específica que se incluiría en el contrato de prestación de servicios. Fue muy comentado en este sentido el “reto” de Hugo Chávez, en el programa semanal “Aló Presidente”, al gerente de operaciones de PDVSA Occidente (una de las principales autoridades de la compañía) por no asistir a la inauguración de una escuela cuya construcción financió la empresa. La convocatoria abierta a través de la pantalla derivó en el silencio del gerente, y en una mayor dureza por parte del Presidente: “no hay nada que puedas decir”. Este hecho, reproducido en los medios internacionales, entre ellos el Wall Street Journal 7, marca a las claras el rumbo qué se quiere para la compañía. Como muchos gerentes con perfil estrictamente profesional y técnico hoy reconocen: “nuestra prioridad no pasa por la mejora de productividad o calidad del producto, los cuales al fin del día siempre se resuelven; nuestra prioridad hoy es qué puede hacer PDVSA y su conjunto de proveedores para mejorar las condiciones de vida del pueblo venezolano a través de acciones directas”. Las elecciones del mes de diciembre seguramente reforzarán esta línea de acción. La paradoja es que si bien los Estados Unidos han bajado su dependencia del petróleo venezolano –del 13,5% en 1997 a menos del 9% en la actualidad–, Venezuela ha aumentado en el mismo período sus exportaciones a ese país del 50% al 65% 8, a expensas de las remesas a países en teoría “hermanos”, tanto del Caribe como de Sudamérica. En el lapso indicado la producción de petróleo en Venezuela cayó de 3,3 millones de barriles por día a 2,6 millones, si bien las exportaciones a los Estados Unidos se mantuvieron constantes 8. La dependencia planteada, más allá de la retórica contra el “imperio”, suscitó en el presidente de Cámara Venezolana Americana de Comercio e Industria, Edmond Saade, un comentario que no puede leerse sin cierta cuota de ironía: “Hay un TLC (Tratado de Libre Comercio) de facto entre ambos países” 9. Parte de los argumentos para justificar esta prioridad de hecho dada al mercado del Norte es la limitación de Venezuela para refinar su petróleo pesado fuera del territorio estadounidense. Negocios siguen siendo negocios…

 

Brasil y la Argentina

 

El principal socio del Mercosur mantiene una decidida y notable política de Estado en materia energética más allá de cualquier cambio de signo político en el Ejecutivo. Luego de cincuenta años de vida –menos de los que tendría la desaparecida YPF–, Petrobrás ha conseguido darle a Brasil el autoabastecimiento petrolero. Una producción de petróleo (tres veces mayor que la argentina) que se ha duplicado en los últimos diez años, y un crecimiento sostenido de sus reservas –superior al 7 % anual en promedio–, muestran no sólo la productividad de la empresa sino un objetivo firme y consensuado de la clase política. Histórico país importador, espera duplicar de aquí al 2015 su producción actual y convertirse así en exportador. Los casi diez mil millones de dólares previstos en su presupuesto de exploración y producción para 2006 la ubica entre las diez empresas más destacadas del mundo en este campo 10. Las recientes elecciones no modificarán el panorama de crecimiento sostenido basado en el dominio del mercado y la continua inversión en investigación y desarrollo tecnológicos por parte de la estatal Petrobrás.

 

A la consistencia política cabe añadir el reciente descubrimiento en la zona de San Pablo de un gran yacimiento de gas, que independizaría a Brasil de Bolivia.

 

Fortaleza en reservas, autoabastecimiento, tecnología propia y respaldo financiero, sumado a políticas de largo plazo y orgullo nacional –que siempre caracterizaron al pueblo brasileño y a sus representantes– constituyen puntos centrales muy fuertes y distintivos en una empresa estatal sudamericana.

 

Mientras tanto, la situación en la Argentina no por más conocida deja de ser incierta. El actual gobierno desde su asunción al poder intentó una política de control de precios sobre commodities favorecidos por las condiciones de los mercados internacionales, uno de ellos el petróleo –la retención en las exportaciones oscila entre el 25% y el 45%–. Cabe citar el caso de los productores de Golfo San Jorge, cercano a la ciudad de Comodoro Rivadavia: si bien el asumiendo la hipótesis de un precio internacional del barril de U$S 70, reciben un primer descuento asociado a la calidad del crudo de esa zona de entre 8 y 9 dólares, y luego de retenciones, regalías y gravámenes varios llegan a un precio de U$S 34 el barril 11. Esto tiene dos efectos relevantes: por un lado, la mejora de los ingresos fiscales, que el gobierno puede derivar a sectores menos beneficiados; y por otro, el mantenimiento de los precios internos de la energía. Una medida intervencionista siempre beneficiará más a algunos sectores de la producción que a otros. En este caso las retenciones tienden a agravar uno de los problemas de fondo de la Argentina en materia energética, que es la falta de inversión en la exploración de nuevas áreas para asegurar la producción futura. En los últimos 6 años las reservas probadas han caído a un promedio de 6 % anual y de no revertirse la tendencia pondría en riesgo serio el abastecimiento, tanto de gas como de petróleo. Debe considerarse que desde el comienzo de la exploración de un campo hasta su plena producción pueden mediar cinco años o más. Dado que las concesiones de producción están venciendo en su mayoría entre 2015 y 2017, y no existiendo contractualmente mayor exigencia de exploraciones para reponer reservas, es esperable entonces que ningún operador invierta en exploración para que otro explote en su lugar a futuro. Los efectos colaterales de esta falta de inversión son claros y nos han puesto en una situación más que incómoda al generar tensiones con nuestros vecinos chilenos por no cumplir acabadamente compromisos de provisión, así como generar negociaciones con Bolivia para la compra de gas a un precio que en definitiva es más caro para el país que el que se paga a los productores del sur argentino. El rol asignado a la recientemente creada ENARSA para incentivar la exploración y el crecimiento de reservas no ha alcanzado hasta el momento mayores frutos. El dato alentador del mercado es la impresión cada vez mayor de posibles renegociaciones de las concesiones, lo que liberaría recursos de inversión y daría la esperanza de que se contemplen contraprestaciones y condiciones favorables para todas las partes involucradas. Un marco general, como fue en su momento la Ley de Minería que ayudó al desarrollo de ese sector, es un tema pendiente difícil de entender en estas circunstancias.

 

El consejo de Talleyrand

 

Sudamérica cuenta con una importante producción de petróleo especialmente concentrada en el eje Venezuela - Brasil. Y también cuenta con sus tradicionales paradojas y contradicciones.

 

Las instalaciones existentes y la calidad de sus profesionales tornan atractiva la región para los inversores internacionales. Sin embargo, hacer de las empresas petroleras un signo de soberanía nacional alejará a la región como objetivo de inversión ante alternativas como las de Rusia y África, ni qué decir de Canadá. Es muy distinta la lectura internacional del “socialismo” chileno y del venezolano, por citar extremos del mismo espectro. Las dudas sobre la evolución de estos paradigmas de economía confrontativa son decisivas a la hora de considerar dónde invertir. ¿Podrá equilibrar Venezuela esta fuerza centrípeta con sus enormes reservas?

 

El faraónico proyecto de gasoducto que uniría Venezuela con Brasil y la Argentina, integrando ahora a Bolivia, puede ser un nuevo capítulo del sueño de los héroes que enlace a los actuales gobernantes con Bolívar y San Martín, más que una obra evaluada en términos de inversiones y beneficios. Según los especialistas, el gasoducto presenta múltiples inconvenientes y sus costos de operación superarían holgadamente el transporte del gas por barco, alternativa preferida para trayectos superiores a los 3.000 kilómetros. Argentina se encuentra en un extremo del proyectado gasoducto, a aproximadamente 8.000 kilómetros de Venezuela 12. También hay grandes dudas respecto de la provisión misma de gas, que en su mayor medida provendría de Venezuela, que cuenta con enormes reservas pero baja producción actual. Una simpática rareza, enmarcada en el anuncio de un proyecto de tal magnitud provino de la cámara de energía eléctrica de Venezuela (Caveinel) en la inauguración de un gasoducto muy pequeño desde la vecina Colombia 13. La organización considera que “el proyecto ayudará a reducir el déficit de gas natural que se necesita para la generación eléctrica”. Lo único cierto por ahora es que la inversión calculada es de U$S 20.000 millones. Aplíquese el multiplicador que se quiera, debido a la naturaleza de estimación preliminar de entes gubernamentales, y súmese la incertidumbre de precios futuros del gas a transportar. Los recientes casos de venta de gas boliviano a la Argentina o la expropiación de activos de Petrobrás antes citados sirvan como ejemplo del cepo al cual podrían estar ligados los países “compradores” de gas al hacer una inversión de tal envergadura, si es que no se establecen contratos a muy largo plazo. Y luego se cumplen, por supuesto.

 

¿Qué se puede esperar? Una mayor intervención de los Estados en el control de las reservas y de la producción (¿la propuesta del gobierno venezolano de formar Petroamérica tendrá eco en la región?); el posible crecimiento de empresas privadas de capitales nacionales nacidas bajo relaciones cercanas a los gobiernos o mediante genuinos incentivos; una retirada de empresas multinacionales que encuentren excesiva presión sobre sus ingresos o sobre su imagen y la aparición de empresas de distintas banderas, especialmente de China, las cuales ya han hecho pie en varios países y tienen como objetivo de largo plazo el abastecimiento de su fuente de energía primaria.

 

Sudamérica tiene buenas reservas petroleras en el nivel mundial, y puestas a funcionar correctamente podrían posicionar a la región en un destacado lugar, con mayor poder de negociación en su campo y en otros acuerdos comerciales. También un equivocado acercamiento al problema puede acarrear más inconvenientes que beneficios, más enemigos innecesarios que amistades pasajeras. Pensado el ejercicio del poder que pudiera otorgar el dominio sobre el petróleo como un arma de la modernidad, bien podemos recordar a Charles Talleyrand, ministro a la vez que confabulador de Napoleón, quien con la sarcástica mirada del que conoce más de traiciones que de lealtades recomendó: “todo se puede hacer con las bayonetas, menos sentarse sobre ellas”. Contar con verdaderos estadistas al frente de nuestros gobiernos que, despojados de preconceptos y apariencias ideológicas, sepan interpretar tendencias y anticipar oportunidades, excede el campo de la política energética aunque no por ello deja de ser necesario.

 

 

 

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Notas:

1. Se puede recurrir a muchos aportes para entender en mayor profundidad esta problemática, entre los que se destaca el de Daniel Yergan, Premio Pullitzer 1992, “The Prize: The Epic Quest for Oil, Money and Power”.

2. Energy Information Administration / Internacional Energy Outlook 2006, pág. 37

3. Hudson Institute, citado en Revista Petroquímica, Petróleo, Gas & Química, mayo 2006, pág 154

4. “Worldwide look at reserves and production”, Oil & Gas Journal, Dec. 19, 2005, pág. 24-25

5. Vale referir que el precio de la gasolina al consumidor final en los Estados Unidos es menor a la mitad del precio en cualquier país europeo y que en los últimos quince años el incremento de precios de la gasolina en aquel país fue un 25% menor al incremento de precios de alimentos y un 70% menor al de medicina, solo por citar dos indicadores. “US gasolina a bargain”, Oil & Gas Journal, july 4, 2005

6. Avances de la nueva PDVSA (publicación de la compañía), marzo de 2006

7. “PDVSA se concentra en los programas sociales y descuida el negocio petrolero”. WSJ internacional en diario La Nación, 1 de agosto de 2006

8. “Las contradicciones de PDVSA”, Ramón Espinasa, Nueva Sociedad, agosto de 2006

9. Tiempos del Mundo, 6 de julio de 2006

10. The E&P spending survey, Citigroup, june 2006

11. Revista Petroquímica, Petróleo, Gas & Química, julio 2006, pág 204

12. “Sonho bolivariano ou realidade continental?”, elocuente título de Brasil Energía, abril 2006, pág. 56

13. BNamericas, lunes 19 de junio de 2006

Las dos guerras culturales de Europa

En plena hora pico de la mañana del 11 de marzo de 2004, trece mochilas cargadas con bombas explotaron dentro y alrededor de cuatro estaciones de tren en Madrid. Casi doscientos españoles murieron y hubo unos dos mil heridos. Al día siguiente, España parecía mantenerse firme ante el terror con demostraciones a lo largo y ancho de su geografía con pancartas que denunciaban a los “asesinos”. Pero la actitud duró poco. Setenta y dos horas después de que las bombas hubieran despedazado a cientos de personas en cuatro trenes “de cercanías”, el gobierno español de José María Aznar, un fiel aliado de los Estados Unidos y Gran Bretaña en Irak, perdió rotundamente las elecciones ante una oposición socialista que había intentado, desde hacía tiempo, convertir en un referéndum el papel de España en la lucha contra el terrorismo.

 

Evidentemente, era lo que pretendía Al-Qaeda al poner las bombas. Un documento de cincuenta y cuatro páginas que apareció tres meses después, especulaba con que el gobierno de Aznar no podría “soportar más de dos o tres ataques sin tener que abandonar [Irak] bajo la presión de su gente”. La realidad fue que con un solo acto terrorista hubo “tarjeta roja y fuera”: las tropas españolas en Irak fueron retiradas al poco tiempo, según la promesa del recién elegido presidente de gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, al día siguiente de que los votantes españoles optaran por el pacifismo.

 

Este mismo año, cinco días antes del segundo aniversario de las bombas en Madrid, el gobierno Zapatero, que ya había legalizado el matrimonio entre parejas del mismo sexo (y la adopción de niños por parte de ellas) y que estaba en plena campaña para restringir la educación religiosa en los colegios, anunció que las palabras “padre” y “madre” no volverían a aparecer en los certificados de nacimiento españoles. Según el Boletín Oficial del Estado, “la expresión ‘padre’ sería reemplazada con ‘Progenitor A’ y ‘madre’ sería reemplazada por ‘Progenitor B.’” Como explicó el director general del Registro Civil al diario ABC de Madrid, a partir de ahora sólo se producirán certificados de nacimiento españoles en línea con la legislación actual sobre matrimonio y adopción. De manera más certera, el comentarista irlandés David Quinn vio en la nueva regulación “la retirada del reconocimiento del Estado sobre el papel de la madre y el padre y la supresión de la fisiología y la naturaleza” 1.

 

A primera vista, las bombas de Madrid y la nueva terminología de “Progenitor A” y “Progenitor B” podrían parecer estar conectadas sólo por las generalidades de la política electoral: las bombas y la opinión pública –cada vez más contraria a un gobierno conservador–, llevaron a instaurar a un presidente de gobierno de izquierda, que comenzó a decretar muchas de las cosas que varios gobiernos democráticos de España habían intentado hacer en el pasado y socialmente habían sido rechazadas. La realidad es que el nexo es más complejo. Los acontecimientos de los últimos dos años en España son consecuencia de dos guerras culturales interrelacionadas que afectan a la Europa Occidental de hoy.

 

La primera de estas guerras –siguiendo con el ejemplo de los certificados de nacimiento españoles, llamémosla “Guerra Cultural A”– es una versión más extrema que la división que existe entre Demócratas y Republicanos en los Estados Unidos: una guerra entre las fuerzas postmodernas del relativismo moral y, por otro lado, las que defienden la postura moral tradicional. La segunda –“Guerra Cultural B”– es la lucha por definir la naturaleza de la sociedad civil, el significado de la tolerancia y del pluralismo y los límites de un multiculturalismo en una Europa que envejece y cuyas tasas de natalidad no son suficientes para reemplazar a la población, y que, en consecuencia, ha abierto la puerta a una población musulmana en marcado crecimiento y demandante de derechos.

 

Los agresores en la Guerra Cultural A son secularistas radicales, motivados por lo que el académico jurista Joseph Weiler ha denominado “Cristofobia” 2. Su objetivo es eliminar cualquier vestigio cultural de la Europa judeo-cristiana de una Unión Europea (UE) post-cristiana demandando el matrimonio entre personas del mismo sexo en nombre de la igualdad, restringiendo la libertad de expresión en nombre del civismo y eliminando aspectos esenciales de la libertad religiosa en nombre de la tolerancia. Los agresores de la Guerra Cultural B son musulmanes radicales, miembros de la yihad que detestan a Occidente y están decididos a imponer tabúes islámicos a las sociedades occidentales a través de la protesta violenta y otras formas de coacción si fuera necesario. Además, ven estos hechos como el primer paso para la islamización de Europa –o, como ellos con frecuencia hacen referencia–, al al-Andalus, es decir, la restauración del orden propio de la situación, en su tiempo establecida por Isabel y Fernando en 1492.

 

La pregunta a la que el Viejo Continente ha de enfrentarse, pero que gran parte de Europa parece querer evitar, es si los agresores en la Guerra Cultural A no han conseguido que sea excepcionalmente difícil que las fuerzas verdaderamente tolerantes y la auténtica sociedad civil prevalezca en la Guerra Cultural B.

 

La caída de Europa occidental en la languidez de la “despolitización”, como algunos analistas la han denominado, pareció ser en su momento un asunto para la política del estado de derecho, para economistas socialistas, para la política de importación y exportación proteccionista –con un sabor irritante de reglamentación de la UE que pretende controlar todo, desde la circunferencia de los tomates hasta el cuidado y la alimentación de los cerdos de Cerdeña–. Y sin duda no ha habido ninguna relajación de lo que parecería ser la determinación de la UE de atenerse cada vez más y con mayor fuerza a las normas de la reglamentación burocrática. Observemos simplemente cómo los turistas que visitaron Polonia tras su acceso a la UE, no podían evitar darse cuenta de que cada huevo que se vendía en cualquier tienda de Polonia ahora tenía un código multidigital de la UE, y que cada oveja polaca tenía una placa de identificación en una de sus orejas. Además, está lo que los estadounidenses llaman la reglamentación de “big brother” en el ámbito del trabajo. El año pasado, gracias al “Capítulo Sexto de la Directiva sobre trabajos realizados en altura” de la UE, los electricistas del pueblo inglés de Eccles en Suffolk, tenían prohibido usar escaleras para cambiar cinco bombillas en el techo de la iglesia de St. Benet. Tuvieron que construir un andamio inmenso y el costo de dos días de trabajo significó alrededor de cuatrocientos euros por lámpara.

 

¿Qué tiene esto que ver con la Guerra Cultural A? El hecho cierto es que esta pasión europea por la regulación continúa teniendo consecuencias deletéreas; y también han sido extremas y son ahora más duras, especialmente en lo referente a la religión. En octubre, del año pasado, por ejemplo, los custodios de la probidad ortográfica decretaron que, a partir de agosto de 2006, “Cristo” se escribiría con minúscula mientras que “Judíos” se escribiría con mayúscula cuando hiciera referencia a la nacionalidad y con minúscula cuando hiciera referencia a la religión. A principios de este año, en Escocia, un profesor de matemáticas ateo ganó un caso de antidiscriminación en los tribunales de justicia, al afirmar que su solicitud de empleo para un “puesto de carácter pastoral” en un colegio católico, había sido rechazado sobre la base de que el colegio reservaba este puesto para católicos.

 

En parte, la Guerra Cultural A representa el esfuerzo determinado por parte de los secularistas –usando la maquinaria reguladora de la UE– para marginalizar la presencia pública y el impacto del número decreciente de cristianos practicantes. Esto también se relaciona con preguntas cruciales sobre el principio y el fin de la vida, planteadas de manera especial en los Países Bajos. Desde hace tiempo, Holanda disfruta de la reputación de libertinaje legalizado gracias a la droga y a la prostitución. Lidera en Europa el camino hacia la eutanasia y el matrimonio entre personas del mismo sexo. Ahora, los belgas parecen empeñados en no quedarse atrás. Además de imitar a sus vecinos holandeses en lo referente al matrimonio entre personas del mismo sexo y la eutanasia –la mitad de las muertes infantiles en Flandes entre 1999 y 2000 fueron por eutanasia–, la coalición socialista-liberal que gobierna el país permite la procreación alquilando úteros 3.

 

Como comentó el filósofo y ex ministro italiano Rocco Buttiglione “en otros tiempos citábamos a Karl Marx cuando protestábamos contra la ‘alienación’, la ‘objetivación’ y la ‘comercialización’ de la vida humana. ¿Es posible que hoy la izquierda esté escribiendo en sus pancartas precisamente el derecho de comercializar con seres humanos?”. Y todo esto ¿en nombre de la tolerancia y de la igualdad?

 

La Guerra Cultural A se establece para coaccionar e imponer comportamientos progresistas, tolerantes, multiculturales, o políticamente correctos en términos del feminismo extremo. En los últimos años, esto ha llevado a los Estados miembros de la UE a reglamentar legalmente, y por tanto a reducir, la libertad de expresión. Cualquier comentario crítico desde el punto de vista moral sobre comportamientos homosexuales, por ejemplo, se considera como “expresión de odio” y un parlamentario francés fue multado por decir que la heterosexualidad es moralmente superior a la homosexualidad.

 

En el ámbito transnacional, la presión por parte de la UE hizo caer últimamente la coalición gobernante en uno de sus miembros más recientes: Eslovaquia. El tema en cuestión era un concordato con el Vaticano por el que Eslovaquia respetaría las decisiones de los médicos que, por razones de convicción moral, decidieran no practicar abortos. Esta provisión fue duramente atacada por el Grupo de Expertos Independientes sobre Derechos Humanos Fundamentales, que mantenía que el derecho a abortar un niño es un derecho humano internacional y que, por tanto, a los profesionales de la medicina no les estaba permitido negarse a tales actos. El debate que se siguió en Bratislava sobre los riesgos de ofender a los mandarines de los derechos humanos de Bruselas y Estrasburgo, desestabilizó el gobierno hasta tal punto, que el primer ministro eslovaco tuvo que disolver el parlamento y convocar a elecciones generales.

 

Este autoritarismo que se va implantando también resulta evidente en la resolución del Parlamento Europeo que condenaba como “homofóbicos” a los Estados que no reconocieran el matrimonio entre personas del mismo sexo y hacían referencia a la libertad religiosa como una “fuente de discriminación”. Durante el debate sobre esa resolución, un eurodiputado británico, examinando las leyes tradicionales sobre el matrimonio como una “ruptura de los derechos de personas homosexuales y lesbianas”, planteó la posibilidad de suspender como miembros de la UE a los países disidentes, como Polonia y Lituania. También Polonia había sido amenazada con la suspensión de su derecho de voto en reuniones ministeriales de la UE, en el caso de que volvieran a restituir la pena de muerte.

 

Independientemente de lo que se pueda decir de estos acontecimientos que Europa vive en este momento de su historia –metida de lleno en conflictos agresivos sobre el dictado de la corrección política–, tiene que resultar, incluso para el observador más afín, como una distracción acerca del hecho más dramático de este continente a principios del siglo XXI: Europa está consumando su suicidio demográfico, y lo está haciendo desde hace tiempo.

 

A finales del siglo XX algunos extremistas ambientales predecían con firmeza que a medida que se agotaran varios recursos naturales –oro, zinc, hojalata, mercurio, petróleo, bronce, plomo, gas natural, entre otros– el mundo sucumbiría ante la “sobrepoblación” masiva. A principios del siglo XXI el mundo está repleto de recursos naturales. Pero Europa se está quedando sin el recurso natural crucial por excelencia: las personas.

 

La fotografía es escalofriante. Ni un solo miembro de la UE tiene una tasa de natalidad que asegure el reemplazo de su población –2,1 niños por mujer necesarios para mantener la población–. Por si esto fuera poco, once países de la UE –incluidos Alemania, Austria, Italia, Hungría y los tres estados Bálticos– muestran “incrementos naturales negativos” (más muertes anuales que nacimientos) un claro descenso en la espiral de muerte demográfica.

 

Estas cifras son llamativas cuando se analizan de modo más concreto. Lo demoníaco está en los detalles, lo cual se puede ver gráficamente cuando un continente como el europeo que en estos momentos es más sano, próspero y más seguro que en cualquier otro momento de su historia, opta por desentenderse del futuro humano en su sentido más elemental. Por ello, salvo que se produzca un cambio drástico, los mismos belgas que adoptan formas cada vez más avanzadas de “corrección política”, verán caer su población de siete millones en el 2020 a cuatro millones y medio a mediados de siglo. Los españoles, cuyo gobierno está atareado en el desmantelamiento de la vida social y cultural tradicional, podrán ver su población recortada en un 25% para el 2050.

 

En Alemania, ni la campaña electoral del año pasado, ni el recientemente instaurado gobierno de Angela Merkel, se han centrado en la preocupante tensión creada por el sistema social de pensiones y de salud, donde el número de trabajadores que paga impuestos tendrá que mantener a un grupo creciente de personas retiradas. Además, y según las expectativas demográficas, Alemania muy probablemente perderá el equivalente a la población total de la ex Alemania del Este a mediados de siglo. Si bien el presidente Horst Köhler ha hecho campaña pública para incrementar la tasa de fertilidad, que ahora es de 1,39, una encuesta reciente muestra que el 25% de los alemanes y el 20% de las alemanas en la década de sus veinte años no tienen planificado tener hijos y no ven que haya ningún problema con esa opción.

 

Y luego viene Italia, cuyas familias numerosas han tejido una leyenda en la imaginación del mundo desde hace tiempo. La realidad de la situación es claramente distinta: si las tendencias actuales continúan, para el año 2050 casi el 60% de los italianos no conocerán por experiencia propia, lo que es un hermano, una hermana, una tía, un tío o un primo. Pero esto quizá no es sorprendente en un país donde el promedio de edad de un hombre cuando nace su primer hijo es de treinta y tres años, y el número de los italianos que superan los sesenta y cinco años excede considerablemente a los menores de quince. (Alemania, España, Portugal y Grecia también tienen más gente mayor de sesenta y cinco que menor de quince). El derretimiento demográfico no se limita a la “vieja Europa”; para el 2050 se prevé que la población de Bulgaria se reducirá un 36% y la de Estonia un 52%.

 

En el siguiente cuarto de siglo, el número de trabajadores de Europa se reducirá un 7% mientras que el de los mayores de sesenta y cinco años se incrementará en un 50%. Estas tendencias crearán dificultades fiscales intolerables para el estado de bienestar en todo el continente. Las tensiones intergeneracionales ejercerán gran presión en las políticas nacionales y dichas presiones podrían poner de espaldas, de muy diversas formas, el proyecto de “Europa” tal y como lo avizoró en los ‘50 la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, el precursor institucional de la UE. La demografía es futuro y las demografías en declive de Europa –que no tienen paralelo en la historia humana salvo por guerras, pestes y catástrofes naturales– lo que están consiguiendo son problemas enormes e inevitables.

 

De manera un tanto ominosa, la caída libre demográfica de Europa es parte de la relación entre la Guerra Cultural A y la Guerra Cultural B.

 

La historia aborrece vacíos y el vacío demográfico creado por la autodestrucción producida por la baja de fertilidad ha sido ocupado, desde hace varias generaciones, por la inmigración a gran escala del mundo islámico. Están a la vista los efectos más obvios de esa inmigración en el paisaje urbano, cada vez más segregado, donde una periferia suburbana típicamente pobre, rodea al núcleo europeo más rico.

 

En las áreas metropolitanas europeas es mucho más que la apariencia física lo que ha cambiado. Hay docenas de áreas “ingobernables” en Francia: suburbios dominados por musulmanes donde la ley francesa no se aplica y donde la policía no entra. En Francia y en otros países europeos existen enclaves territoriales similares donde la ley “shari’a” es la que aplican los clérigos musulmanes. Más aún, como señala Bruce Bawer en su nuevo libro Mientras Europa dormía 4 las autoridades europeas soslayan las prácticas realizadas por sus poblaciones musulmanas que van desde la crueldad física (circuncisión femenina) hasta la crueldad moral (matrimonios arreglados o forzados), y que crean disrupción social (mandando niños musulmanes a colegios radicales: madrassas en el Medio Oriente, el Norte de África y Pakistán para su educación primaria y secundaria), e ilegal (asesinatos “de honor” en casos de adulterio y violación, donde se mata a la víctima violada).

 

No es casual que los gobiernos europeos no quieran mirar estos hechos. Los sistemas de bienestar social europeos apoyan generosamente a los inmigrantes, muchas veces denigran a los países que los aceptan o se vuelven violentamente contra ellos: el caso más notable es el de las bombas en el subte y autobuses de Londres del pasado 7 de julio de 2005. Como Melanie Phillips relata en Londonistan 5, los que pusieron las bombas eran

 

“chicos británicos, el producto de colegios y universidades británicas y el estado de bienestar británico, [los cuales] repudiaron, no sólo los valores británicos, sino los códigos elementales de la humanidad. Tampoco eran tipos raros y solitarios. Lo que los hizo ir al subte con sus mochilas y morir y matar a sus compatriotas británicos, es una ideología que se ha aferrado como un cáncer no sólo en las madrassas de Pakistán sino en las calles de Leeds y Bradford, Oldham y Leicester, Glasgow y Luton”.

 

 

Gracias a la liberalidad de la ley penal europea, los terroristas musulmanes sediciosos son tratados a menudo con modales que evocan el mundo de la Reina Roja de Alicia en el País de las Maravillas donde la gente cree “cosas imposibles antes del desayuno”. De ahí el caso de Muhammad Bouyeri, el holandés-marroquí que asesinó al director de cine Theo van Gogh en 2004 en una calle de Amsterdam clavándole un cuchillo de cocina en el pecho como una fatua personal. Este hombre mantiene su derecho a votar y podría, si quisiera, presentarse a las elecciones del parlamento holandés. Mientras tanto, por lo menos dos parlamentarios holandeses, que han sido críticos del islamismo extremista, han sido forzados por amenazas islámicas a vivir en cárceles o cuarteles del ejército bajo la guardia militar o policial.

 

A sesenta años del fin de la Segunda Guerra Mundial, el instinto europeo de pacificación está vivo y coleando. Las piscinas públicas francesas han sido divididas por sexos gracias a las protestas de los musulmanes. Las tazas con el famoso “Piglet” (cerdito) han desaparecido de las tiendas de determinados vendedores británicos tras las protestas de musulmanes ya que el dibujo de A.A. Milne hería la sensibilidad islámica. Lo mismo ha ocurrido con los helados de chocolate con forma de remolino de Burger King, que para algunos recordaba el tipo de escritura que aparece en el Corán. Bawer nos dice que la Cruz Roja británica eliminó los árboles de navidad y los pesebres de sus tiendas por miedo a ofender a los musulmanes. Por razones similares, a resultas del asesinato de Van Gogh, la policía holandesa destruyó parte de una obra de arte de una de las calles de Rotterdam que proclamaba “No matarás”. A los colegiales les fue prohibido llevar banderas holandesas en sus mochilas porque a los inmigrantes les podría parecer un signo “provocativo”.

 

La prensa y la televisión europeas se autocensuran frecuentemente en materias relacionadas con el radicalismo islámico y los crímenes cometidos por musulmanes que se suceden en los diferentes países europeos. Con raras excepciones se da una cobertura equilibrada en los medios de prensa y televisivos norteamericanos sobre la guerra contra el terrorismo. Cuando estos problemas “domésticos” salen a la luz, la reacción típica europea, según Bawer, es autocrítica. En Malmö, la tercera ciudad de Suecia por tamaño, las violaciones, robos, quemas de colegios, asesinatos de “honor” y agitación antisemita se fue tanto de las manos que un grupo significativo de suecos se trasladó a otras localidades del país. El gobierno culpó de los problemas de Malmö a los racistas suecos y también a aquellos que habían entendido la integración “en dos categorías ordenadas jerárquicamente, un ‘nosotros’ que integraremos y un ‘ellos’ que serán integrados”.

 

Por su parte, Bélgica ha establecido un Centro gubernamental para la Igualdad de Oportunidades y Oposición al Racismo (CIOOR) que recientemente llevó a los tribunales de justicia a un fabricante de puertas de seguridad para garajes, cuyos empleados marroquíes sólo trabajaban en la fábrica y no salían a instalarlas a las casas belgas. Por su parte, y según el periodista belga Paul Belien, cuya publicación The Brussels Journal (www.brusselsjournal.com) es una fuente importante sobre las guerras culturales en Europa, el CIOOR declinó llevar a los tribunales a un empleado musulmán que había dibujado una serie de caricaturas antisemitas, basándose en que hacerlo “sería echar leña al fuego”.

 

Quizá, y predeciblemente, los judíos europeos han jugado con frecuencia el papel de “alertadores” en las tribulaciones de la integración islámica. Hace dos años, un disk jockey parisino fue brutalmente asesinado mientras el asesino gritaba: “He matado a mi judío. Iré al cielo”. Esa misma noche otro musulmán asesinó a una mujer mientras su hija miraba horrorizada. Pero en ese momento, como escribió el columnista Mark Steyn, “ningún periódico de peso contaba lo ocurrido”. En febrero pasado la prensa francesa daba cuenta del horrible asesinato de un hombre judío de veintitrés años, Ilan Halimi, luego de ser torturado durante tres semanas por una banda islámica. Cada vez que los secuestradores llamaban a su familia para pedir rescate, oían los gritos que le arrancaba la tortura a la que era sometido y, según cuenta Steyn, “los torturados leían en voz alta versos del Corán”. Steyn cita a uno de los detectives de la policía quien, para minimizar el horror en la yihad, decía que todo era bastante sencillo: “Los judíos equivalen a dinero”.

 

Este cuadro de sedición y pacifismo llegó finalmente a la atención del mundo a principios de año con la yihad de las caricaturas danesas. Las caricaturas mismas, donde aparecía Mahoma, no causaron mayor impresión en Dinamarca o en ningún otro sitio cuando fueron originalmente publicadas en Jyllands-Posten el diario de Copenhague. Pero después de que imanes islamistas daneses empezaron a agitar el tema en Oriente Medio (ayudados por otras tres caricaturas mucho más insultantes y hechas por ellos mismos), se disparó un furor internacional, con decenas de personas muertas por los musulmanes en amotinamientos en Europa, África y Asia. Como lo expuso Henrik Bering en el Weekly Standard, “los daneses se convirtieron repentinamente en las personas más odiadas de la tierra, con ataques a sus embajadas, quema de banderas, y sus conciencias señaladas gracias a las lecciones sobre tolerancia religiosa que recibían de Irán, Arabia Saudita y otros focos de ilustración”.

 

La respuesta de Europa fue, en gran medida, intensificar el pacifismo. Roberto Calderoli, el “ministro de reformas” italiano, fue obligado a dimitir por haber llevado una camiseta en la que aparecía una de las caricaturas ofensivas –un “acto irreflexivo” que, el primer ministro Silvio Berlusconi dedujo, era la causa del amotinamiento a las puertas del consulado italiano en Benghazi, donde murieron once personas. Los periódicos que reprodujeron las caricaturas fueron objeto de grandes presiones políticas; algunos periodistas fueron llevados ante los tribunales; algunas páginas web fueron clausuradas por la fuerza. La cadena paneuropea de supermercados Carrefour, haciéndose eco de las presiones islamistas de boicot a los productos daneses, puso carteles en sus locales en árabe y en inglés expresando su “solidaridad con la Comunidad Islámica” y haciendo notar, con poca elegancia aunque de manera elocuente, que “Carrefour no vende productos daneses”. El gobierno noruego obligó al editor de una publicación cristiana a pedir perdón públicamente por imprimir las caricaturas danesas; en su rueda de prensa, el solitario editor estaba rodeado por ministros del gobierno e imanes. Javier Solana, el ministro de Asuntos Exteriores de la UE, fue, suplicante, de nación en nación árabe, explicando que los europeos compartían la “ansiedad” de los musulmanes “ofendidos” por las caricaturas danesas. Para no ser menos, Franco Frattini, el ministro de Justicia de la UE, anunció que la organización establecería un “código para la prensa y la televisión” encareciendo la “prudencia”: un sinónimo de “rendirse”, independientemente de la visión acerca de los méritos artísticos de las caricaturas más famosas del mundo o la sensibilidad cultural.

 

Con toda la ceguera con que en los años treinta se intentó apaciguar la agresión totalitaria, al menos se pensaba que estaban protegiendo su forma de vida. Bruce Bawer (siguiendo al investigador Bat Ye’or) sugiere que el pacifismo europeo del siglo XXI hacia el Islam equivale a un intento de reducir el avance de la creciente ola islamista, cediendo aspectos centrales de su soberanía y convirtiendo a las poblaciones nativas de Europa en ciudadanos de segunda o tercera clase en sus propios países.

 

Bawer atribuye la mentalidad pacifista de Europa y sus consecuencias, a una corrección política multiculturalista que ha sobrepasado sus límites; y, sin duda, hay algo de eso. Curiosamente, y de manera no exenta de ironía, el multiculturalismo europeo, basado en teorías postmodernas de la presunta irracionalidad del conocimiento (y, por tanto, de la relatividad de toda verdad), se ha tornado en completamente irreal por no decir contradictorio.

 

Tomemos, por ejemplo, el caso de Iqbal Sacranie, el secretario general del Consejo Musulmán de Gran Bretaña a quien el primer ministro Tony Blair nombró como uno de sus asesores en temas musulmanes y para quien consiguió el reconocimiento de Caballero. A Sir Iqbal no tardó en ir a la BBC a anunciar que la homosexualidad “daña la base, el mismo fundamento de la sociedad”; tras las protestas de un lobby homosexual británico, fue investigado por la “unidad de seguridad de la comunidad” de Scotland Yard, cuya misión incluye “crímenes de odio y homofobia”. En ese momento un lobby musulmán exigió que Blair eliminase el “Día en Recuerdo del Holocausto” que había creado unos años antes. Sir Iqbal apoyó la petición, informando al Daily Telegraph que “los musulmanes se sienten dolidos y excluidos porque sus vidas no son consideradas tan valiosas como las que se perdieron en el Holocausto”.

 

De todas maneras, echarle la culpa de la parálisis europea a la corrección política multicultural es quedarse en la superficie. La guerra Cultural A –el intento de imponer multiculturalismo y un “estilo de vida” libertina en Europa limitando el derecho a la libre expresión, definiendo las convicciones religiosas y morales como fanatismo y usando el poder del Estado para obligar al “inclusivismo” y la “sensibilidad”– es una guerra sobre el significado real de la tolerancia misma. Lo que Bruce Bawer deplora como corrección política fuera de control en Europa está anclada en una enfermedad mayor: el rechazo a la creencia de que los seres humanos pueden conocer la verdad de las cosas aunque sea de manera inadecuada o incompleta, una creencia que durante la mayor parte de los dos milenios que nos anteceden, ha sido la base de la civilización europea salida de la interacción de Atenas, Jerusalén y Roma.

 

La alta cultura postmoderna Europea repudia esta creencia. Y en la medida en que sólo es capaz de concebir “tu verdad” y “mi verdad”, a la vez que rechazar terminantemente la idea de “la verdad”, únicamente puede concebir la tolerancia como indiferencia a las diferencias. Indiferencia que, de ser necesaria, será impuesta por la fuerza coercitiva del Estado. La idea de tolerancia como una manera de encajar las diferencias dentro de una unión y coherencia cívica (como alguna vez explicó Richard John Neuhaus) es considerada en sí misma intolerante. Quienes quieran defender la verdadera tolerancia del debate público dirigido abiertamente hacia la verdad (que incluye convicciones religiosas y morales) corren el riesgo de ser rechazados, y en muchos casos considerados fanáticos desde la perspectiva de la opinión pública.

 

Pero el problema es aún más profundo. Cuanto más alto proclaman los posmodernistas europeos su devoción a la relatividad de todas las verdades, en la práctica se traduce en algo muy distinto: concretamente en la demolición de las verdades tradicionales de Occidente quitándoles todo valor, combinadas con una deferencia estudiada a las no/anti -occidentales. En la mentalidad relativista resulta que no todas las religiones y convicciones morales son fanatismos a ser suprimidos; sólo la judeo-cristiana es la que ha de ser suprimida. En resumidas cuentas, el relativismo moral de Europa es, con frecuencia, un escaparate para enmascarar un “auto-odio” occidental.

 

Otro tema relacionado es el del escepticismo europeo que va de la mano de lo que Allan Bloom llamó “nihilismo bonachón”, un nihilismo que, en su indiferencia por todo, salvo por su propio y soberano “yo”, ha hecho su contribución a la falta de deseo por parte del continente de crear un futuro para sucesivas generaciones. Bruce Bawer dejó América por Europa por lo que él percibió como influencia torva de la derecha religiosa en la política norteamericana, y porque Europa era muchísimo mas “abierta” que los Estados Unidos a los matrimonios homosexuales. No parece comprender que lo que a él le atrajo de Europa –la supuesta apertura moral– es precisamente lo que la ha tornado tan vulnerable al radicalismo islámico 6.

 

Bawer entiende que Europa puede mantener su desafío y defender sus sociedades libres, rechazando la correcta política multicultural, manteniendo la expresión política de escepticismo y relativismo: la libertad expresada y apoyada por la ley como una individual y personal autonomía. Pero ha sido la autonomía individual radical la que ha hecho que Europa esté en caída libre demográfica; es la autonomía individual radical la que ha hecho que Europa denigre sus propios logros a nivel de civilización; y es la autonomía individual radical la que apoya la corrección política y sus efectos corrosivos en la capacidad de Europa para defenderse a sí misma contra la agresión islámica interna.

 

Un análisis distinto y mucho más persuasivo de las guerras culturales de Europa es el fruto del diálogo fascinante que tuvo lugar en el 2004. Los contertulios de esa conversación podrían parecer un dúo poco probable: Marcello Pera, un académico agnóstico italiano, dedicado en la actualidad a la política (y presidente del Senado italiano) y el cardenal Joseph Ratzinger, entonces prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, la principal institución teológica de la Iglesia católica.

 

Pera había dado una conferencia sobre “Relativismo, cristianismo y Occidente” en la Pontificia Universidad Lateranense de Roma; Ratzinger, al día siguiente, pronunció una conferencia en el Senado italiano sobre “Las raíces espirituales de Europa”. En virtud de la sorprendente convergencia de análisis que había caracterizado a las exposiciones, ambos acordaron escribirse. Las dos conferencias y las cartas se publicaron en un pequeño libro a principios de 2005 en Italia, que fue muy comentado, y cuyo interés sólo se intensificó cuando Joseph Ratzinger se convirtió en el papa Benedicto XVI. El libro de Ratzinger y Pera se ha publicado ahora en España bajo el título Sin Raíces: Europa, Relativismo, Cristianismo, Islam 7.

 

Mucho antes de ser proclamado Papa, Joseph Ratzinger, un intelectual universalmente respetado que había sucedido al fallecido Andrei Sakharov en su sillón de la prestigiosa Academia de Ciencias Morales y Políticas Francesa, había advertido a sus compatriotas europeos que su devaneo en la marea del postmodernismo iba a causar problemas serios a sus sociedades y su política. Estos problemas –argumenta– son al mismo tiempo intelectuales, espirituales y morales. El “derrumbamiento de las certezas originales del hombre sobre Dios, sobre sí mismo y el universo” ha conducido “al declive de una conciencia moral basada en valores absolutos” y al “verdadero peligro” de la “autodestrucción de la conciencia europea”. “¿Por qué Europa –se pregunta Ratzinger– ha perdido toda capacidad para quererse a sí misma?”. “¿Cuál es la razón por la que Europa sólo puede ver en su propia historia lo más despreciable y destructivo… y no es ya capaz de percibir lo que es grande y puro?”.

 

Los secularistas europeos ya han oído antes críticas como la de Ratzinger y las ignoran considerándolas opiniones propias de cristianos comprometidos. La agradable sorpresa de Sin Raíces es la respuesta de Marcello Pera: precisamente, una crítica paralela de una persona que se define como no creyente y filósofo de la ciencia. “Infectado por una epidemia de relativismo”, Pera escribe que los europeos creen que “aceptar y defender su cultura sería un acto de hegemonía, de intolerancia, una actitud antidemocrática, anti-liberal y de falta de respeto”. Pero precisamente esta “toxina” los ha llevado “a una cárcel” de corrección política, a una “jaula” en la que “Europa se ha encarcelado a sí misma… por miedo a decir cosas que para nada son incorrectas sino verdades comunes, evitando enfrentarse a sus propias responsabilidades”.

 

Pera también es claro a la hora de hablar sobre la falta de interés de Europa por defenderse ante el Islam radical. Se pregunta:

 

“¿Los europeos entienden que su propia existencia está en juego, que su civilización ha sido elegida como objetivo de destrucción y que su cultura está siendo atacada? ¿Entienden que lo que están llamados a defender es su propia identidad? ¿A través de su cultura, educación, negociaciones diplomáticas, relaciones políticas, intercambios económicos, diálogo, desde la tribuna y también, si fuese necesario, a través de la fuerza?”.

 

En Sin Raíces, Ratzinger, adoptando una idea de Toynbee, propone que cualquier renovación de la moral civilizadora europea, sólo puede ser llevada a cabo por “minorías creativas” que harán frente al secularismo, como la ideología de facto europea, de manera que suponga un reencuentro con la herencia religiosa y moral judeo-cristiana europea. Marcello Pera sugiere que el “trabajo de renovación que es necesario hacer… sea hecho por cristianos y secularistas juntos”. Ese trabajo, escribe, significará el desarrollo de una “religión civil que puede imbuir sus valores a través de la larga cadena que va del individuo a la familia, grupos, asociaciones, la comunidad y la sociedad civil, sin pasar por los partidos políticos, programas de gobierno, y la fuerza de los Estados y por tanto sin romper la separación, en la esfera temporal, de la Iglesia y el Estado” (el énfasis aparece en el documento original).

 

La propuesta de Pera para esta “religión civil” queda un tanto vaga, pero en febrero sus trazos quedaron algo más claros cuando lanzó un movimiento nuevo llamado “Para Occidente, la Cuna de la Civilización”. El manifiesto del movimiento empieza describiendo con cierta rapidez las dos guerras culturales de Europa, pasa a afirmar que la civilización occidental es “una fuente de principios universales e inalienables”, y compromete a sus firmantes (que incluye una gama de políticos e intelectuales de centro-derecha) a un amplio programa de renovación: “quitar al terrorismo toda justificación y apoyo”; integrar inmigrantes “bajo la denominación de valores compartidos”; apoyar “el derecho a la vida desde la concepción hasta el momento de la muerte natural”; desmontar la burocracia innecesaria; “afirmar el valor de la familia como una sociedad natural basada en el matrimonio”; fomentar en todo el mundo “la libertad y la democracia como valores universales”; mantener la separación institucional entre la Iglesia y el Estado “sin caer en la tentación secular de relegar la dimensión religiosa únicamente a la esfera individual”; promover un pluralismo sano en la educación. El manifiesto concluye con un llamado a la lucha y una advertencia: “Las personas que olvidan sus raíces no pueden ser libres ni respetadas”.

 

Queda por ver si iniciativas similares a las de Marcello Pera, o análisis similares, han avanzado en paralelo con el papa Benedicto, y pueden empezar a ser aceptadas por parte de la alta cultura en Europa. Algunos argumentarán que es demasiado tarde, que el punto de equilibrio demográfico ya ha llegado y que, como apuntó Mark Steyn con “la población que viene ya en su lugar, el Islam, la única pregunta que cabe es cuán sangrienta será la transferencia de los activos inmobiliarios”. Pero si las dos guerras culturales de Europa no tuvieran éxito en la aparición de “Eurabia” (en palabras de Bat Ye’or), algo que se parezca a la iniciativa de Pera tendrá que indicar el camino, y pronto.

 

El camino alternativo al futuro de Europa se definió, de manera gráfica y a la vista de todos, en agosto de 2005 a la muerte de Robin Cook, quien fuera ministro de Asuntos Exteriores británico (y crítico de la guerra de Irak). El funeral, que tuvo lugar en el histórico St. Giles de Edimburgo, fue presidido por el obispo Richard Holloway, entonces primado de la Iglesia Episcopaliana de Escocia, y quien unos años antes había escrito un libro que intentaba reconciliar a sus lectores con lo que él denominaba la “masiva indiferencia del universo”. Tras el funeral, Holloway lo describió de esta manera: “Aquí estoy yo, un anglicano agnóstico, oficiando un funeral en una iglesia presbiteriana, para un político ateo muerto. Y pienso que esto es realmente maravilloso”.

 

El nihilismo arraigado en el escepticismo –propagándose en la mala fe del relativismo moral–, y el auto-odio occidental, conformándose con un humanitarismo vacío: no sólo no es maravilloso, sino que además ha contribuido a matar a Europa desde un punto de vista demográfico, y a paralizarla ante una ideología agresiva que apunta a la erradicación del humanismo occidental en nombre de un entendimiento mortalmente distorsionado de lo que Dios quiere. Aquellos que quieren a Europa, por lo que significó y aún puede significar para el mundo, ya pueden esperar que Marcello Pera y sus aliados, y no el obispo Holloway y sus compañeros buenistas y nihilistas, sean quienes prevalezcan en la lucha por resolver las dos guerras de Europa.

 

 

 

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Notas: 

1. Esta ridícula reglamentación se retiró tras una protesta popular, pero la idea y el esfuerzo del gobierno es reveladora.

2. Ver mi artículo, “La catedral y el cubo: Reflexiones sobre la moral europea”,Commentary, junio 2004 y, resultado de éste, mi libro “Política sin Dios. Europa y América, el cubo y la catedral, recientemente publicado por Ediciones Cristiandad.

3. Se produjo una disputa legal cuando una madre incubadora encontró, estando en período de gestación, un mejor comprador en Holanda y le vendió al niño. La batalla legal la ganó la pareja holandesa.

4. While Europe Slept. Doubleday.

5. Londonistan. Encounter.

6. En otro libro nuevo, Menace in Europe (Crown Forum), Claire Berlinski cita acertadamente a la pensadora francesa Chantal Delsol sobre los orígenes filosóficos de la mentalidad pacifista actual en Europa: “Nuestros contemporáneos no se imaginan por qué causa podrían sacrificar sus vidas porque no saben lo que sus vidas significan”.

7. Sin Raíces: Europa, Relativismo, Cristianismo, Islam. Ediciones Península. He escrito la introducción a este libro en la edición americana.

 

 

Este artículo apareció originalmente en Commentary (Nueva York), mayo de 2006, y se publica en Criterio con permiso de los editores.

 

Traducción: Carlos Paternina.

Haroldo Conti o el oficio de cazar hombres e historias

La obra del escritor “desaparecido” Haroldo Conti (1925-1976), pese a resumirse en una serie breve de títulos –algunas novelas, una pieza teatral y tres libros de cuentos– nos depara el contacto con un narrador singular. Sus textos fundan un espacio, el de la llanura gringa, y crean una raza integrada por seres marcados por la marginación y el fracaso. Según él mismo sintetizó, su narrativa se instala en “las pequeñas cosas y las pequeñas vidas sin residuo de historia”.

 

No puede obviarse, al hablar de Conti, su lugar de nacimiento: Chacabuco, en la provincia de Buenos Aires. Tampoco puede dejar de mencionarse el recorrido por múltiples estudios y actividades: seminarista, profesor en Letras, guionista y asistente de dirección, periodista… fueron algunas de sus ocupaciones. Además, también se desempeñó como empleado de banco, actor, piloto civil. Enamorado de la zona del Delta, en un barco construido por él se dedicó a navegarlo.

 

Esta vida cargada de peripecias es una constante entre los integrantes de su generación. Se vincula con una nueva imagen del escritor que hace de estas diferentes experiencias personales una garantía de su escritura: la literatura que practica es vital. De esta manera, se distancia del modelo tradicional de intelectual sedentario, más vinculado a la biblioteca que a la participación directa en los hechos. También en relación con otros escritores de la generación del 50, se inscribe en el realismo marcado por la literatura norteamericana. Como también es habitual en el momento, se legitima también a través de distintos premios: entre otros, en 1960 recibe el de la revista Life por su relato La causa; dos años después, gana el Fabril con su primera novela, Sudeste; en 1975, el Premio Casa de las Américas por Mascaró.

 

Su inicio en “el hábito de contar” es, según su relato, una herencia paterna. Su padre “era un viajante, un tendero ambulante que se encontraba con la gente y antes de venderle nada se ponía a charlar y contar cosas”. Más allá de este punto de partida, la escritura se convertirá en algo sustancial para él: “Escribo porque no tengo más remedio. Escribo o me muero. Uno se pregunta si no es una tarea inútil la nuestra, eso de escribir fatigosamente, de atornillarse a una silla sin saber si vamos a trascender ese acto individual y llegar a un público” 1.

 

“El pueblo, fiel a mi memoria”

 

Chacabuco es el referente de los “prolijos viajes de la memoria” que emprende el narrador reiteradamente buscando el reservorio de experiencias que atesora ese espacio mítico. Como Santa Fe para Saer, o Yala para Tizón, la “zona” es el lugar que impregna la escritura. Mucho más que buscar una mera reconstrucción regionalista, Conti trabaja la construcción de un sitio que se constituye en un espacio fundacional: “yo reconstruyo, acaso invento”, afirma. Espacio con sus propios límites, más allá del “límite entre los dos partidos (Chacabuco y Bragado) según dicen los carteles de chapa en una y otra punta, y uno imagina que hay en el aire una línea invisible y que el aire es sutilmente distinto a cada lado de esa línea” 2.

  

La dedicatoria de La balada del álamo carolina (1973) señala la pertenencia: “… a la ciudad de Chacabuco, mi pueblo”, a ese lugar guardado “para siempre en la memoria”. Desde el recuerdo se van recuperando los datos que permiten construir el lugar, tan distinto para el escritor a pesar de ser tan igual a tantos otros: “el almacén de don Luis Stéfano en una esquina de acacias hasta el año 33, la plaza San Martín… frente a la iglesia de San Isidro Labrador, la estatua de San Martín que cabalga sereno entre las copas de los árboles, el blanco palacio de la Municipalidad, tan gobernante”. Y, también permanente, la figura del molino que corta la monotonía llana de la pampa.

 

Más allá de la distancia en el espacio y en el tiempo, el recuerdo se constituye en otro presente que mitiga la dureza del actual: “Bien, ahora mismo, desde este invierno que empapa el pavimento y las paredes y las ropas y el alma, si tenemos… esa finita tristeza que se enrosca por dentro… en días así, digo, cierro los ojos y veo ese camino polvoriento del verano que se extiende hasta el horizonte como un río seco bajo el sol”. Sensación de persistencia y cercanía que permiten reconocer: “Yo estoy llegando siempre”, o afirmar: “Esta es mi casa… dondequiera que viva”. Este refugio le da la fuerza para “ir tirando: Yo sé que en este mismo momento (…) mi casa está ahí, en medio de los árboles. Y así vivo”.

 

El pueblo aparece siempre bañado en claridad; así lo recupera el narrador de Mi madre andaba en la luz cuando retorna después de muchos años de ausencia: “Las primeras casas aparecieron en un tajo de luz con las paredes de ladrillos que se borraban contra la claridad del ocaso. El galpón de la estación echaba gruesos resplandores como si ardiera por todos lados”. Porque la luz parece ser, también, un componente del lugar: “El patio tiene esa espesa luz amarilla del otoño que parece ser la estación de mi pueblo… mis manos y mi cuerpo se encienden con esa luz amarilla que entibia brevemente mis dedos”. Y esto permite que sea “mancha, llamarada” que haga brillar lo presente, o se convierta en una luz tenue, “un leve polvo… veladura general que cubre las cosas del pueblo y al propio pueblo…” que difumina los bordes de lo real y lo transforma en “fondo esfumado” de hechos y personajes de otros tiempos.

 

“Insistente permanencia de las cosas”

 

Los objetos cobran un valor central en los relatos de Conti; destacados reiteradamente, se constituyen en presencia que posibilita un anclaje material en la zona. “Hoy, por ejemplo, mientras cruzaba hasta el bar Falucho aguantando el viento que barría la Avenida Santa Fe, me acordé de buenas a primera de aquella sierra de ingletes o de falsa escuadra que había en una punta de la mesa. El día crece lentamente alrededor de ese objeto, lo rodea como la pulpa de un fruto y el día en todo caso vale nada más que por eso”.

 

El registro minucioso que se hace de ellos parece garantizar, a través de la escritura, la permanencia del espacio: “La gran mesa de bordes gastados y roídos, la lámpara Miller con la pantalla de opalina que parecía flotar en la penumbra como un globo, los rollos de planos, la caja de compases, el banco de carpintero, la prensa, el barómetro de cubeta”… objetos que, sin duda, resisten y sobreviven a sus dueños. “Así son las cosas. Se vuelven más memoriosas que uno, se vuelven uno. Mi padre era su cuerpo flaco y viejo y unas pocas cosas. Quedan las cosas. La escopeta de un caño, calibre 16, que pende de un clavo en la pared junto a la puerta, al lado del cuero del gato montés que abatió en el monte. La romana con la escala de bronce. Hay otras cosas que están ahí desde mi infancia, que se confunden con mi historia”. Elementos permanentes, son un reaseguro contra el olvido, la soledad y la distancia.

 

“Otra gente”

 

Anclados en Chacabuco y sus alrededores, navegando el río, en cualquier sitio que habiten, los personajes de Conti siempre se ubican en los márgenes, ya sea de la vida, de la ciudad o de la sociedad que no los incluye. Aunque abriguen algún proyecto, les será imposible llevarlo a cabo. El emblemático tío Agustín, personaje inolvidable de Las doce a Bragado, se entrena y participa anualmente en la carrera que une su pueblo con esta ciudad, pero sólo una vez logra llegar. “El bravo tío Agustín… ese ansioso caballo de verano”, siempre se aleja del camino y “sigue la carrera a campo traviesa, llama y llama, fuego y fuego”. Para que no se aparte, un vecino lo acompaña y le impide que se desvíe; así logra que llegue con dos leguas de ventaja, pero no lo pueden atajar porque sigue “hacia 25 de Mayo, muy campeón, el grandes piernas de acero de mi tío”.

 

Un proyecto más elevado es el que amasa Basilio Argimón, el protagonista de Ad Astra: quiere convertirse en un homo volans. Lo vemos a través de los ojos de un viejo que está pensando vagamente en lo que hará en el verano, y siente un vago presentimiento que se confirma poco después: “el pájaro o lo que fuera se ladeó un poco, giró sobre sí mismo y cayó a plomo sobre la huerta levantando una nubecita de polvo”. A pesar de este primer intento fallido, Basilio seguirá trabajando en su plan, pausado, eligiendo y trabajando cada material, mientras en el pueblo se forman bandos de partidarios y críticos. A escondidas, en presencia solamente de dos muchachos que lo admiran, intentará una segunda vez; en esta ocasión logra elevarse en el viento; unos pocos vecinos confirman haberlo visto. Sin embargo, y antes de la demostración definitiva –que por supuesto culminará con la caída– Basilio reflexiona: “En el fondo, había soñado más de una vez con ese momento. El ascenso final, la multitud, el vuelo. Pero ahora, a punto de conseguirlo, en cierto modo ya conseguido ¿qué había logrado con eso? Nada más que la absoluta certeza de su total soledad”.

 

Teñidos de una honda melancolía están el tío Hipólito –protagonista de Los novios– y el señor Pelice, el atildado cohetero de Perfumada noche, sumidos en una densa trama de rituales que no les permiten desprenderse para intentar una vida distinta. El tío Hipólito va por las tardes a ver a la señorita Adela; sus conversaciones –de alguna manera hay que llamarlas– son breves comentarios sobre el clima. Pero va dejando pasar el tiempo en sus visitas cronometradas, y aunque la lleva a ver una casa, la señorita Adela muere antes de habitarla. El señor Pelice, por su parte, tiene un momento único cuando ve “allí en la puerta, para siempre desde ahora, blanca y frágil y perfumada, figurín, Haydée Lombardi, para sueño y música. Al señor Pelice le hizo un ruido el corazón y la amó desde ese mismo momento. Jamás cruzaron palabra pero él desde entonces se quitaba puntualmente el panamá frente a aquella puerta a las seis de la tarde en invierno y a las ocho en verano, y ella inclinaba apenas la cabeza y casi sonreía. Para el señor Pelice fue el momento más brillante de su vida…”. Después de esto, ayudado por un manual, le escribe una serie de cartas –una por semana– que nunca despacha. En cambio, decide “rellenar con ellas las bombas de estruendo que ahora sonaban un poco más apagadas o huecas, aunque sólo él lo notase, y desparramarlas en mil pedacitos sobre los techos del pueblo”.

 

En su versión más extrema, El último llega al más absoluto desprendimiento: se convierte en “un vago”, que es, ante todo, alguien que “no se propone nada”. Después de haber vivido con una esposa digna de la galería de Arlt y de sucesivos descensos, se instala a la vera de un camino, esperando alguien que lo levante, para partir hacia cualquier parte: “No sé a dónde me llevará ese camión, ni qué será de mí el día de mañana. La verdad que el día de mañana no existe para mí, y creo que por eso me siento vivo”.

 

A pesar de esta moral de fracaso que alienta en todos sus personajes, Conti los trata con infinita ternura y compasión. Son los protagonistas de relatos en los que no se buscan grandes argumentos, sino que se conforman con un paciente trazado de las tramas y la creación de delicados climas. En estas historias minúsculas reside la mayor grandeza de un narrador que resumió así su poética: “Escribo para rescatar hechos, para rescatarme a mí mismo. Podría decirles más: creo que toda mi obra es una lucha contra el tiempo, contra el olvido de los seres y las cosas. Uno siente que envejece, que se va y quiere que algunas cosas, de alguna manera, permanezcan. Es una cuestión, diríamos, metafísica, y determina todo lo que he escrito”.

 

  

 

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1. Romero, Luis Alberto, y Saítta, Sylvia. Grandes entrevistas de la Historia Argentina (1879 - 1988), Bs. As., Punto de lectura, 2002

2. Conti, Haroldo. Cuentos completos, Bs.As., Emecé, 2000

Iglesia y Estado

Hay relaciones entre la religión y la política, y son distintas a las que se dan entre las iglesias y el Estado, también diferentes de las que hay entre los obispos y la dirigencia de un país.

 

Religión y política. El problema de confundir una cosa con otra, o de usar en un ámbito los conceptos de otro, no es nuevo, ni un invento argentino. El estruendoso silencio del progresismo europeo ante la afirmación de Benedicto XVI en Alemania muestra que la política europea no vacilará en usar, nuevamente, a la religión cristiana para defender sus fronteras y atender el problema que suponen las migraciones, que han dejado a Europa sin ideas ni ideales. Después de excluir el dato histórico de la influencia cristiana en su proyectada Constitución, Europa no vacilará en aglutinarse bajo el nombre “cristiano” para expresar lo que no se anima a decir en voz alta.

 

Ante el vacío de ideas, el riesgo está en usar la religión como ideología política. A su vez, para los creyentes europeos, sería un error pensar que la gente se transforma en religiosa, cuando lo que busca es una expresión política de lo que siente. Más aún, para la religión el riesgo está en confundir la adhesión a una idea política como si ésta fuese un dogma, o pretender imponer en la política verdades que son religiosas.

 

Iglesia y Estado. La Iglesia ha pensado que dialogando con la política se pueden solucionar los problemas estructurales de una sociedad. Esto es en cierta medida consecuencia del modelo de cristiandad, aquel en el que el poder religioso controlaba al político y daba forma cristiana a una sociedad.

 

En la cristiandad, uno pertenecía a una religión por haber nacido en ese grupo en ese territorio, y por eso se suponía que la ley religiosa era aceptada, y por lo tanto imponible a todos. Este modelo empieza a ser criticado en el siglo XVI. Católicos y protestantes eran conscientes del mismo problema: la religión impuesta por afuera no movía los corazones de los hombres. La filiación eclesial impuesta atentaba contra el sentimiento religioso.

 

A mediados del siglo XX se produjo un cambio importante en la mentalidad católica, con la teología que surgió del Concilio Vaticano II y terminó con ese modelo político eclesial. Creo que es insostenible, en la letra y el espíritu del Concilio, pretender que el Estado siga sosteniendo el culto católico. El Estado es de todos los ciudadanos argentinos, de los que practican alguna religión y de los que no practican ninguna. En todo caso se les podría preguntar explícitamente a los ciudadanos si están o no de acuerdo con eso. Pero, sobre todo, me parece mal: es una responsabilidad nuestra, como católicos; el sostenimiento del culto es una muestra de compromiso con la fe.

 

Otro anacronismo en la relación con el Estado es, desde el punto de vista del catolicismo que busca la paz y el diálogo entre los pueblos, la vicaría castrense con obispo y clero autónomo, con sueldo del Estado y grado militar. U optamos en serio por una coherente postura no violenta o dejamos de rasgarnos las vestiduras cuando fieles cristianos (o de otras religiones) toman las armas para defender una causa que consideran divina. Si la violencia es mala, y eso creo, es mala para todos. Es antievangélico un clero castrense.

 

Estado e Iglesia. Desde el punto de vista del Estado, también hay cosas que tienen que ser corregidas. El Estado no puede pretender que una Iglesia no se meta: ninguna Iglesia es indiferente a lo que pasa con la gente y el país.

 

El Gobierno no puede pretender que la Iglesia no hable de la injusticia estructural argentina (hablar de “crisis” esconde el hecho de un sistema económico y social regresivo e injusto, permanente en nuestra comunidad) cuando agrupaciones como Cáritas, y otras organizaciones de diferentes credos, ayudan al Estado a paliar la indigencia. Si grupos religiosos emprenden proyectos sociales, muchas veces financiados por el Estado, es por la imposibilidad del Estado de atender eficientemente ese problema, tanto en remediar la emergencia como en solucionar sus causas. Dicho directamente: si nos ayudan a atender a los lastimados, que no nos pidan silencio ante las condiciones que provocan los accidentes.

 

Hay momentos de coyuntura en los que la intervención política directa de la Iglesia intenta impedir un mal social. Es el caso de Joaquín Piña en Misiones. Su intervención en una asamblea constituyente (como en la Primera Junta en 1810, en la declaración de la Independencia de 1816, en la Constitución de 1853 con el obispo Esquiú como su gran difusor, como Nevares en 1994) es para evitar la perpetuación en el poder de un gobierno cualquiera. Es una actuación en defensa de la ley fundamental de la democracia, de la alternancia y la transparencia política. No es una intervención partidaria, política, sino en el nivel de organización del Estado.

 

Es cierto que se trata de una acción de “asistencialismo institucional”. Que un miembro de la jerarquía eclesial sea candidato es una situación de excepción ante el avance sobre una ley fundamental de la convivencia democrática, y la ausencia de oposición o mecanismos institucionales que permitan el debate serio. Es una solución asistencial, creo, porque el problema estructural sigue presente.

 

Coyuntura y estructura. La situación institucional que queremos atender también fue causada por nosotros. Que la función de la Iglesia tiene que ser espiritual, es cierto. Pero es un error pensar que la espiritualidad cristiana es políticamente neutral. Las opciones que Jesús anunció como Buena Noticia no son neutrales: la preferencia por los pobres, la crítica a los poderes políticos y religiosos, la persecución sufrida por anunciar la paz, son parte del ministerio de Jesús… Él actuó impulsado por el Espíritu que, según declaró el mismo Jesús, lo llevó a anunciar la liberación a los cautivos y la justicia a los pobres. Es cierto que la Iglesia no puede hacer política directamente, que tenemos que recuperar nuestro rol. En situaciones como la asistencia social o la de Misiones, la Iglesia cumple un rol de “fuerza política de sustitución”.

 

La cuestión está en qué sigue después de la elección de Piña. Supongamos que gane y no se lleve adelante la reforma constitucional, ¿cómo hacemos para que el país sea un lugar mejor para todos? ¿Por qué no tenemos buenas instituciones ni una dirigencia idónea? El compromiso de acompañar a la sociedad en su saneamiento institucional es más permanente y exige mucha coherencia. El diálogo con la comunidad también nos tiene que hacer plantear nuestra forma de tomar decisiones y los modos que la Iglesia tiene de relacionarse con el poder.

 

En este sentido, entiendo como un retroceso que un lobbista de OCA sea el sucesor de Piña. Más allá de las razones para la designación, una lectura posible es que para ciertos grupos eclesiásticos, los asuntos políticos se solucionan en los pasillos del poder y no en una elección constituyente. La opción parece ser actualizar el modelo de cristiandad a la globalización económica y sus estrategias corporativas, dejando afuera a la comunidad.

 

Otro ejemplo. Frente a la ausencia del Estado ante la compra de tierras de extranjeros y la inacción de los funcionarios políticos, la Iglesia produjo un documento advirtiendo del asunto. Acompañar a la comunidad en la reconstrucción de sus instituciones exige también coherencia: está bien señalar el problema de la tierra en manos de extranjeros, por ejemplo, pero es incompleto que no se explique por qué la situación cambia cuando el latifundista es argentino; o que no se reflexione sobre los campos administrados por la Iglesia católica que, al no poder decidir sin la aprobación de Roma ciertas operaciones económicas de envergadura, a los fines del problema señalado, funciona como potencia extranjera que incluso tiene una embajada (la Nunciatura).

 

Obispos y liderazgo. Participar en el juego político significa asumir las reglas: las críticas, las chicanas, el debate. No podemos pretender que las reglas canónicas se trasladen a lo público. Si jugamos en política, nos bancamos la política. Un religioso participando políticamente tiene que admitir y recibir las críticas que le pueden hacer en este sentido. El escrutinio de los medios, las polémicas, lidiar con la opinión pública y saber conducirse frente a ella, son partes del juego.

 

Una exigencia del cristianismo es la construcción de comunidades justas. Esta es una invitación, no una imposición. Los fines se legitiman en los medios. Una comunidad solidaria y respetuosa no será genuina si se consigue a través de la imposición autoritaria de un proyecto, de la negación de la participación comunitaria en él.

 

Los católicos hemos errado. Hacer memoria y pedir perdón es una parte de nuestra fe. No repetir los yerros también. El pueblo de Dios en la Argentina no está al margen de la Argentina. Es parte de este país, y compartimos la vida con gente de otras religiones y con no creyentes. Creo que el cristiano tiene algo que decir por el valor profundo que tiene la propuesta de Jesús en el Evangelio y por la memoria de sus aciertos y fracasos.

 

 

 

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Texto de La Voz del Interior, Córdoba, 25/10/2006.

El pasado que duele y los dilemas del historiador-ciudadano

Hoy hay en la Argentina una fuerte disputa por la memoria, mucho más intensa que la de 1983. Junto a lo que había sido la memoria oficial, fundada por Nunca Más, aparecieron otras formas de ajustar cuentas con el “pasado que duele”: una memoria militante, otra rencorosa y una reivindicativa de los hechos de la dictadura. Pero a diferencia de aquella ocasión, hoy está bajo examen no sólo la dictadura militar sino la experiencia democrática de veinte años. Esto renueva y da nueva forma al dilema de los historiadores, y a su compleja y ambigua relación con las memorias de la dictadura y de la democracia.

 

Memoria e historia

 

La memoria, individual o social, es una actividad libre. Está hecha de recuerdos, olvidos, distorsiones, refracciones, tergiversaciones, subrayados, esfumados y mil operaciones más. En ninguna de ellas la “verdad”, en la acepción convencional del término, tiene un sentido especial. Cada uno se acuerda de lo que quiere y se olvida de lo que le da la gana. La memoria es valorativa y categórica, y tiende a considerar las cosas en términos de blanco y negro. En su construcción hay conflictos, victorias y derrotas, imposiciones y concesiones.

 

Todo lo que en la memoria es exaltado y contrastado, en el campo del saber de los historiadores es opaco y matizado. Los historiadores son un gremio cuya actividad se orienta a tratar de establecer la verdad, pero sabiendo que ésta no existe en términos absolutos. Sobre todo, desde el saber histórico no se aspira a juzgar sino a comprender, admitiendo que los valores son relativos, y que en los conflictos cada una de las partes tiene sus razones y sus verdades.

 

En los combates que los ciudadanos libran por la memoria, esas preocupaciones por el matiz y la comprensión del historiador son generalmente mal recibidas: quien trata de comprender suele ser acusado de justificar, o de poner en cuestión verdades que son centrales para las creencias. El mismo historiador, como persona, tiene dos almas, que coexisten en armonía o en conflicto. Sobre todo cuando se ocupa del “pasado que duele”, es a la vez ciudadano que defiende valores, y practicante de un saber que los relativiza. Vive la tensión entre la afirmación ciudadana de la verdad valiosa, y la corrosión de esa verdad mediante el examen crítico.

 

Hay una segunda tensión, que tiene que ver con la eficacia. El historiador que quiere colocar su oficio al servicio de una causa ciudadana deberá decidir si lo más eficaz es una versión moral, simple y contundente, donde esté claro quiénes son los amigos y quienes los enemigos, o una versión crítica, compleja y matizada. En este caso las lecciones serán menos evidentes, pero posiblemente la comprensión de la realidad, de las circunstancias que condicionan la acción, será más clara, de modo que, a la larga, su mensaje será más eficaz. Este es el dilema que me parece que afrontan hoy los historiadores comprometidos con la construcción de la democracia republicana, pero que son más amigos de la verdad que de Platón.

 

Memoria del Proceso y construcción del imaginario democrático

 

La imagen generalmente aceptada de la última dictadura –el Proceso– se elaboró en su último año de vida, luego de la derrota de Malvinas, y fue contemporánea de la construcción de la nueva imagen de la Democracia. Más aún, puede decirse que una alimentó a la otra, y que fueron dos versiones simétricas de lo mismo. El Proceso fue visto como una poderosa organización dedicada al mal: una imagen demoníaca, potente y perversa a la vez. La democracia, en cambio, sería también virtuosa y potente, y aseguraría a la sociedad la solución de todos sus problemas. Al demonizar a aquel, en la misma medida se afirmaban los valores de ésta.

 

Es bien conocido el papel que en aquella imagen tuvo el informe de la CONADEP Nunca más, que sirvió luego de fundamento al juicio y condena de las cúpulas militares. El informe y el fallo judicial configuraron una interpretación de lo ocurrido, popularizada como “teoría de los dos demonios”: la sociedad argentina había sido víctima inocente de dos demonios simétricos y antitéticos, los militares y los subversivos. Muchos militantes de la civilidad señalaron que esta interpretación igualaba las responsabilidades entre un grupo político armado y aquellos cuya misión era custodiar el orden jurídico. Pero esta objeción fue salvada ampliamente en los discursos derivados del Nunca más.

 

Esa interpretación tiene otra singularidad a mi juicio más trascendente: ambos demonios –se nos dice– fueron en cierto modo ajenos. Venidos desde sus márgenes, agredieron y oprimieron a una sociedad indefensa, donde la inmensa mayoría fue víctima y donde todos rechazaron, siempre, los excesos de estas fuerzas ajenas. No era una interpretación fácil de aceptar, pues tergiversaba y olvidaba los comportamientos concretos y bien cercanos que la mayoría de los miembros de la sociedad tuvieron en esos años, como por ejemplo el no prestar demasiada atención al clamor de las organizaciones de derechos humanos. También, corría un telón sobre los acontecimientos anteriores a 1976, y en particular sobre los primeros pasos del condenado terrorismo de Estado.

 

En 1983, esa versión fue esencial para constituir el sujeto de la nueva democracia, la civilidad. Se trataba de la parte activa de la ciudadanía, galvanizada por la convicción de que tenía una misión histórica: defender los derechos humanos y construir un régimen institucional fundado en el estado de derecho y la república. La construcción de la civilidad requirió sobre todo acentuar la concordancia y el pluralismo, animus conciliandi, mediante la supresión o postergación de las cuestiones que podían generar divisiones. Entre quienes se identificaban con la civilidad se evitó la discusión a fondo de las alternativas políticas futuras, así como profundizar en cuestiones delicadas, por ejemplo la Guerra de Malvinas. Tampoco se ahondó en lo que cada uno había hecho durante los años de la dictadura. Mucho menos, en lo que cada uno había hecho en los diez años anteriores a 1976. La unidad de la civilidad fue el gran propósito.

 

Por otro lado, estaba la convicción de la panacea, de la acción milagrosa de la democracia. Se trataba de una ilusión, algo boba, pero absolutamente indispensable para construir una democracia republicana, que en 1983 no tenía ni tradiciones o rutinas arraigadas, ni dirigentes templados, ni siquiera una ciudadanía formada y consciente. La ilusión debía cubrir todas esas carencias hasta que la democracia, echada a andar, generara sus propias condiciones.

 

Por entonces, los historiadores profesionales identificados con la civilidad confirmaron esta versión y se abstuvieron de plantear dudas. ¿Qué hubieran podido decir, siguiendo sus preferencias profesionales por el matiz y la relativización de las convicciones? Sólo afirmaciones molestas y negativas para el propósito del momento. Cuestionar al sujeto trascendente –la civilidad– y la posibilidad de su misión histórica –fundar una democracia que fuera la panacea– habría significado minar su confianza, y en las circunstancias de 1983 esto era una apuesta demasiado arriesgada. Los historiadores profesionales integrantes de la civilidad obraron, en la ocasión, como ciudadanos comprometidos.

 

Veinte años de democracia

 

Las consecuencias de las acciones deliberadas son usualmente imprevisibles para sus actores, y este es uno de los casos. La memoria de la dictadura y la imagen de la democracia, conformadas a partir de Nunca Más, concurrieron en la conformación de un tipo de ciudadanía con enormes virtudes y grandes defectos. Fue una ciudadanía; pero una ciudadanía crónicamente desilusionada, intermitente en su interés, más consciente de sus derechos que de sus deberes, y crecientemente intolerante.

 

En primer lugar, fue una ciudadanía desilusionada. La realidad de la gestión democrática de un país empobrecido y con el Estado en situación de licuación estaba muy lejos de los prospectos y utopías de 1983. Tan grande había sido la ilusión, tanto más lo fue la desilusión democrática, que se produjo por etapas, afectando a porciones más grandes de la sociedad a medida que los problemas heredados explotaban como bombas de acción retardada. En 1987 el gobierno democrático y la civilidad no pudieron doblegar el planteo corporativo de un conjunto reducido de oficiales y suboficiales del Ejército. Ese fracaso desencadenó la desilusión de la parte más activa y politizada, que argumentó que eso no era lo prometido. En 1989 la crisis económica y la primera hiperinflación condujo a la desilusión al conjunto de la sociedad, que constató que la democracia no aseguraba el pan, la educación ni la salud, y que más bien parecía agravar los problemas. En 2001 la crisis del fin de la Convertibilidad produjo un descreimiento generalizado en la clase política, concretado en la famosa consigna “que se vayan todos”. Fue el punto más bajo para el imaginario democrático.

 

En segundo lugar, fue una ciudadanía que controló de manera intermitente las cuestiones públicas. Al principio siguió con atención la marcha del gobierno, pero a medida que perdía las ilusiones y se sucedían los problemas económicos, fue desentendiéndose; confió en las soluciones un poco mágicas que ofreció el presidente Menem en los años noventa –como confía hoy en la perduración del ciclo de bonanza– y dejó de controlar a sus representantes, que terminaron convertidos en una corporación corrupta, dedicada a exprimir al Estado.

 

En tercer lugar, fue una ciudadanía mucho más consciente de sus derechos que de sus deberes. Una ciudadanía heredera de las organizaciones de derechos humanos, acostumbrada a pensar que el Estado era algo ajeno, y que tenía una gran deuda con ella. Una ciudadanía acostumbrada también a considerar cualquier manifestación de autoridad estatal en términos de autoritarismo. Finalmente, el sector más consciente de la ciudadanía fue derivando hacia la intolerancia. La defensa de los derechos humanos llevó en muchos casos a su utilización facciosa por parte de quienes se autoproclamaron dueños de los valores éticos y con autoridad propia para juzgar el comportamiento de los demás y someter a la vindicta pública –como fue el caso de los escraches– a quienes acusaba de enemigos de la democracia.

 

Estos rasgos remiten, por diferentes caminos, a la imagen de la dictadura acuñada por Nunca Más. La memoria, libre del control de una reconstrucción más rigurosa del pasado, incidió de ese modo en el proceso político y tuvo efectos notorios: facilitó el accionar de una banda de políticos corruptos, posibilitó los avances del presidencialismo a costa de las instituciones republicanas, alimentó el clima faccioso.

 

Nuevas imágenes del Proceso

 

Desde fines de los noventa, nuevas imágenes del Proceso se constituyeron junto a la principal, desarrollando algunos aspectos de aquella y contradiciendo otros. Por un lado, la memoria rencorosa, la de los soi disant ciudadanos justos, preocupada por saldar cuentas pendientes del pasado. Catones y Robespierres, que por algún motivo –edad u otras preocupaciones– no participaron en la defensa de los derechos humanos en tiempos de la dictadura, encontraron en esos juicios retrospectivos la forma de construirse un pasado de militante, como le ocurre, por ejemplo, a nuestro Presidente.

 

Gradualmente, fue reapareciendo una memoria militante. Los que en el Nunca más habían sido denominados “víctimas inocentes”, sin ninguna filiación ni práctica política, empezaron a ser reivindicados como luchadores sociales y políticos idealistas, que habían sacrificado su vida para una transformación revolucionaria de la sociedad. Por ese camino, comenzó también una reivindicación de la acción violenta, aquella que en 1983 había sido categóricamente condenada en nombre de los derechos humanos. En esta línea se inscribe la más conocida de las organizaciones defensoras de los derechos humanos: Madres de Plaza de Mayo, y su presidenta, Hebe de Bonafini.

 

Finalmente, ha terminado por tomar estado público una memoria del Proceso ligada a los derrotados de 1983. No se llega a reivindicar el terrorismo de Estado, pero se menciona la situación de anarquía violenta en que se encontraba el país en 1976. Sobre todo, se hace la cuenta de la lista, bastante nutrida, de víctimas de las acciones guerrilleras. Afirman, basándose en la doctrina de los derechos humanos, que toda vida humana debe ser igualmente respetada, que los muertos no tienen partido, y que los agentes de esas muertes son igualmente condenables.

 

Más allá de lo que se opine acerca de sus móviles, estas tres memorias ponen en discusión temas que la memoria del Nunca más había ocluido. La polémica por la reivindicación de las “victimas de la subversión” –el gobierno ha sancionado a los militares que participaron en actos conmemorativos– puede resolverse en términos estrictamente ciudadanos, recordando los principios de 1983: la dimensión ética de la política, el valor absoluto de la vida humana y la imposible subordinación de los medios a los fines. En ese caso, las víctimas son, primero y antes que nada, víctimas, y sus victimarios son sus asesinos.

 

Las otras cuestiones no son tan simples. La memoria rencorosa plantea las cuestiones de la supuesta inocencia de la sociedad, y de las responsabilidades individuales. La memoria de los militantes plantea el problema de la violencia, que los militares llevaron hasta el extremo horroroso pero que ciertamente no inventaron. El debate ciudadano ganaría con la incorporación de nuevas perspectivas, que no se agoten en la condena moral, y afinen en la comprensión.

 

Los historiadores, dos décadas después

 

Aquí es donde, veinte años después, los historiadores-ciudadanos deben recuperar su voz de historiadores, si quieren ser eficaces. La democracia es lo que es –un vaso por la mitad– y no está en riesgo. Por otra parte, la sociedad no se divide hoy simplemente en dos bandos. Las cuestiones en debate son muchas, y un poco de claridad seguramente es bienvenido. La claridad que pueden aportar los historiadores.

 

La memoria oficial del Nunca Más limitó el tema de la violencia a dos actores: las organizaciones guerrilleras y las fuerzas armadas. Por su parte, la memoria militante se concentró exclusivamente en el terrorismo de Estado. Pero la violencia política, asociada con la eliminación física del adversario, estaba ya plenamente instalada en amplísimos sectores de la sociedad argentina desde la segunda mitad de los años sesenta. El asesinato no sólo era considerado un medio legítimo, si el fin lo justificaba; también podía servir como instrumento aleccionador o disciplinador. Un dato de la cultura política de entonces es el extrañamiento que muchos sienten hoy por su propia manera de pensar en los años sesenta y setenta, que hoy juzgan horrorosa.

 

A la vez, este extremo de violencia tiene claros precedentes en las décadas anteriores; por ejemplo, los fusilamientos de 1956 o los bombardeos de 1955. Inclusive si se atiende a los discursos justificadores o incitadores, esos que hacen que el asesinato sea considerado normal, las raíces llevan a muchos lados, desde el integrismo católico, con su dimensión sacrificial, a los imitadores del Che Guevara, a la tradición nacionalista, o hasta al propio discurso democrático, que en la Argentina previa a 1955 fue significativamente faccioso y violento. Entender la violencia que acompañó a la última dictadura, y también neutralizar su eventual reaparición, exige esa mirada amplia, que se pregunte no sólo por sus actores directos sino por el público, la famosa sociedad que habría sido una víctima inocente, pero que en realidad, en buena medida admiró, aplaudió o al menos toleró como algo natural el uso del asesinato como instrumento político.

 

Con respecto a las responsabilidades durante la dictadura, se trata de un problema más amplio que el de la estricta responsabilidad judicial. La mirada de los historiadores está ya desnudando las limitaciones del cuadro idílico del Nunca Más. No hubo multitudes que aclamaran a los jefes militares, pero tampoco hubo un repudio masivo, y no sólo por miedo. La propuesta autoritaria y represiva tenía anclajes y elementos de reconocimiento en la cultura política, y la dictadura pudo construir sobre ellos una victoria discursiva consistente.

 

Pero el punto principal para el historiador es otro. Hay infinidad de estudios acerca de la vida y supervivencia en regímenes totalitarios o terroristas. En ellos, la gente no se divide entre quienes aceptan y quienes se oponen; el blanco y el negro que exigen los juicios morales. Vivir en dictadura significa conceder algo y defender otras cosas. Consiste quizás en aceptar el discurso del poder y contestarlo allí donde ofrece una brecha. Tal fue el caso de Madres de Plaza de Mayo, que se hizo fuerte en uno de aquellos valores que el Proceso no podía cuestionar: el derecho de la madre a conocer el paradero de su hijo. Vivir en dictadura consiste en elegir los ámbitos donde la resistencia puede tener alguna trascendencia, y abandonar otros. Consiste por ejemplo en utilizar la diversidad del Estado, la pluralidad de agencias estatales, la vigencia, aunque sea formal, de valores institucionales, para sobrevivir y combatir. Son, según la célebre frase de Michel de Certeau, las tácticas del débil, frente a las estrategias del fuerte.

 

El análisis detallado, día a día, de conductas y actitudes durante la dictadura, puede arrojar, prima facie, un resultado desalentador: desde un punto de vista extremo, todos pueden ser considerados cómplices, aunque sólo sea por haber sobrevivido. Pero la lección que extrae el historiador es otra: las conductas son grises, ni blancas ni negras, y lo que importa es explicar el matiz. Llegado a ese punto, la pasión por juzgar se atempera y se desarrolla el ansia por entender. Al fin, esa fue la regla de oro que planteó Marc Bloch, un historiador que, a fuer de ciudadano, se enroló en la resistencia francesa y murió fusilado por los nazis.

 

Estas salvedades sobre la violencia y la responsabilidad, si fueran incorporadas en el debate público y se tradujeran en una memoria de la dictadura más matizada, sin duda contribuirían a asentar uno de los pilares de la democracia republicana que decimos querer construir. El pluralismo consiste en aceptar que la sociedad es plural, y que ninguna de sus partes tiene el monopolio de la verdad y del bien o, para decirlo con la frase bíblica, que nadie está en condiciones de tirar la primera piedra. Ayudaría a limitar la intolerancia, a achicar el terreno de la facciosidad, y también acostumbraría a mirar los problemas del pasado, y los del presente, de manera menos esquemática y más comprensiva. Si la intervención de los historiadores en los combates por la memoria lograra eso, no sería poca cosa.

Educación de calidad y sociedad más justa

Al escribir estas líneas se trabaja aceleradamente para que el anteproyecto de ley de educación nacional sea sancionado en el Congreso. Si bien hubo una amplia consulta abierta y el documento incluye un conjunto de innovaciones positivas, una vez más parece primar el ejercicio político sobre las verdaderas necesidades de la educación. En otras palabras, la sociedad necesita contenidos no tanto de sesgo ideológico cuanto de calidad, equidad y ciudadanía.

 

Aspectos positivos del proyecto

 

En materia de escolarización sobresalen la obligatoriedad de la enseñanza media y el propósito de universalizar el nivel inicial, aunque habría sido más adecuado establecer la obligatoriedad de la sala de 4 años para motivar a una activa política de oferta de jardines de infantes en las zonas más necesitadas. También es positivo que se incorpore al desarrollo infantil como parte de las políticas educativas, pero habría sido mejor establecerlo desde el embarazo, y no desde los 45 días de vida.

 

Se destaca además la jerarquización de modalidades educativas tales como la especial, la permanente de jóvenes y adultos, la rural, la intercultural bilingüe, la realizada en contextos de privación de la libertad y la domiciliaria y hospitalaria. Así como también la promoción de los docentes con mayor experiencia y calificación para que se desempeñen en las escuelas en situaciones desfavorables, aunque haya que lamentar que todo quede sujeto a las negociaciones colectivas.

 

En cuanto a calidad educativa cabe mencionarse la unificación de la estructura en todo el país, con seis o siete años de educación primaria y seis o cinco, respectivamente, de educación secundaria, lo que implica entre otras cosas volver a otorgar nivel secundario a dos o tres años de la actual EGB3. Sería preferible, sin embargo, que se estableciera directamente uno u otro sistema, manteniendo la transición prevista de seis años.

 

Es destacable el conjunto de normas que, apoyadas en la ley de financiamiento educativo, propenden a la jerarquización de la profesión docente, la diferenciación de su trayectoria según se trabaje en las aulas o en funciones directivas, el aumento de la formación docente para los niveles inicial y primario, y la creación del Instituto Nacional de Formación Docente.

 

Carencias en la escolarización

 

Jornada extendida. Es inexplicable la omisión de la jornada extendida como rasgo pedagógico y didáctico esencial de la nueva organización de la educación. Sólo hay una mención marginal a establecer que “de manera gradual y progresiva se incremente el número de instituciones con jornada extendida y/o completa”. Esto contrasta notoriamente con el 86,4% de encuestados que manifestaron que era de alta (61%) o media (25,4%) importancia.

 

Por eso convendría proponer que para el año 2016, todas las escuelas de nivel primario y secundario ofrecieran jornada extendida; que su objetivo no es dar “más de lo mismo”, sino poner al alcance de todos los estudiantes el acceso a la formación de competencias laborales, la expresión artística, las tecnologías, la recreación y los deportes, la segunda lengua y otros aspectos del desarrollo personal, hoy fuera del alcance de la mayoría. Sin doble jornada son ilusorias las propuestas de la ley respecto de la segunda lengua y del acceso a las tecnologías.

  

Nueva escuela media y competencias laborales. Como ya ocurrió con la Ley Federal, es totalmente insuficiente lo previsto respecto de la adquisición de competencias laborales en el “ciclo orientado” de la enseñanza secundaria, dado que ello es imposible en el mínimo establecido de cinco horas de clase diarias. Sorprende esta omisión de la ley, dado que el 78,5% de las personas encuestadas por el Ministerio estuvieron de acuerdo con que “todas las escuelas medias deberían preparar al alumno tanto para el mundo del trabajo como para ingresar a estudios superiores”, mientras que sólo un 19 % estuvo de acuerdo con la segmentación de la educación general por un lado y la técnica o laboral por otro. Para lograr el objetivo propuesto es fundamental legislar una nueva escuela media, en la que la capacitación para el trabajo y la efectiva adquisición de competencias laborales sean ejes centrales, sin perjuicio de la formación personal y académica.

 

Cantidad de días de clase. Aunque todavía es difícil garantizar en la Argentina los 180 días de clase, pensando en las próximas décadas debe establecerse una meta de al menos 200 días.

 

Carencias en la equidad

 

Prioridades más claras y eficaces para los sectores más necesitados. Para que la equidad se cumpla efectivamente es imprescindible establecer instrumentos ad hoc, de “acción afirmativa”, porque de lo contrario se corre el riesgo de que la distribución de recursos no corrija la amarga realidad de una segregación socio-educativa, con escuelas pobres para los pobres e insuficiencias de ofertas educativas para ellos. Cabe proponer que todas las jurisdicciones establezcan zonas educativas de atención prioritaria sobre la base de criterios objetivos, diseñadas de tal modo que alcancen a la gran mayoría de los chicos en situación de pobreza –ya sea que asistan a escuelas de gestión estatal o privada– y a las que se dé prioridad efectiva de atención en todas las asignaciones de recursos de la ley de educación nacional, así como también de las de educación técnica y financiamiento educativo.

 

Al mismo tiempo, hay que proponer que no menos de dos tercios de los recursos que aporte la Nación en virtud de la ley de financiamiento se inviertan en estas zonas y que, para controlar el cumplimiento de las normas, las provincias deban informar año a año sobre la inversión de recursos por escuela y por alumno, tanto en concepto de remuneraciones como de inversiones en infraestructura.

 

Carencias en materia de calidad

 

Derechos y obligaciones de los docentes. El anteproyecto no es equilibrado respecto de los derechos y las obligaciones de los docentes. Entre las obligaciones podrían incluirse, por ejemplo, la de ejercer su trabajo de manera idónea y responsable; permanecer actualizados en los conocimientos que corresponden a las áreas, materias y módulos que son de su responsabilidad; programar la enseñanza de las áreas, materias y módulos que sean de su responsabilidad; evaluar el proceso de aprendizaje de los alumnos; cumplir la función de tutoría, dirección y orientación de los alumnos en su proceso de aprendizaje, en colaboración con las familias; proporcionar orientación educativa, académica y profesional a los alumnos, en colaboración con los servicios especializados que dispongan las jurisdicciones; atender al desarrollo intelectual, afectivo, psico-motriz, social y moral del alumnado; promover, organizar y participar en las actividades complementarias que sean organizadas por las escuelas; contribuir para que las actividades de la escuela se desarrollen en un clima de respeto, tolerancia, participación y libertad para fomentar los valores de la ciudadanía democrática; informar periódicamente a los padres sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas, así como orientarlos para su cooperación en dicho proceso; participar en la actividad general de la escuela en coordinación con la dirección; participar en los planes de evaluación que determinen el Ministerio de Educación y las distintas jurisdicciones e investigar, experimentar y mejorar los procesos de enseñanza correspondientes.

 

Instituto de Promoción y Evaluación de la Calidad Educativa. No parece suficiente la creación de un consejo consultivo en materia de evaluación de la calidad, ni tampoco afirmar que se realizarán evaluaciones sin hacer mención a su naturaleza de muestra o de censo, como debe ser, para poder desarrollar una política educativa centrada en las escuelas. Las políticas y la gestión de la promoción y la evaluación de la calidad educativa deberían ser realizadas por un organismo nacional, de Estado, no de gobierno, independiente del poder político, con la máxima jerarquía académica e integrado por los mejores especialistas.

 

En síntesis, estamos en presencia de un proyecto con aspectos positivos pero que necesita cambios importantes, muy especialmente para lograr lo que queremos y que el país necesita: una educación de calidad para todos, y especialmente para los más pobres.

Cuando la Iglesia hace política

Nuestra revista y, en general, muchos analistas sobre las relaciones entre la Iglesia y el Estado a partir de la Modernidad son partidarios de una clara distinción entre un plano y otro. Distinción que no significa indiferencia y, menos, enfrentamiento; pero que finalmente es saludable tanto para la sociedad civil como para la institución eclesial.

 

Cabe señalar que esa distinción, respetuosa de las autonomías propias de cada esfera, tampoco niega la colaboración entre ambas a favor del bien de toda la sociedad.

 

Independientemente del juicio de cada lector, es innegable la benéfica acción social de Cáritas y las buenas intenciones y voluntad puestas en la Mesa del Diálogo cuando en 2002 el país parecía quedar a la deriva.

 

Establecida una norma, hay que estudiar las excepciones. El caso del obispo emérito de Puerto Iguazú, Joaquín Piña, quien encabezó la coalición social que venció sobre la prepotencia y la ignominia gobernante, representada por el ejecutivo provincial misionero Carlos Rovira, constituye un ejemplo interesante.

 

Si bien Piña actuó a título personal, su condición de referente religioso de gran coherencia y prestigio, involucra a toda la Iglesia. Además, no pocos obispos manifestaron su aval y una importante mayoría lo sigue mirando con buenos ojos. Recibió también el apoyo de otros credos y de instituciones varias.

 

Celebramos desde esta breve reflexión editorial el triunfo del “No”, el haber puesto límite a la desmesura, la dignidad de un pueblo que pudo más que el clientelismo y la amenaza.

 

El caso Misiones puede leerse como el resultado de una reacción social alentadora, en cuanto demostraría que el clientelismo y el desprecio al gobernado que exhiben las maniobras tendientes a su alienación son formas de humillación. Ya Aristóteles en la Retórica calificaba esa actitud como una de las conductas vergonzosas del gobernante, y que el pueblo sanciona. Nada mal.

 

En segundo lugar, no podemos dejar de anotar que el mismo hecho pone de manifiesto la gravísima pobreza de un sistema político incapaz de generar acciones sanas y vigorosas en su campo. Si bien a nivel nacional el fenómeno misionero comporta una bocanada de aire fresco y, felizmente, le quitó el sueño a gobernadores con ambiciones tan desmedidas como contrarias al bien republicano (Fellner, Solá…), deja al descubierto la ausencia casi total de ideas, de principios y de líderes en la política argentina actual. Descripción ésta que incluye también a una oposición incapaz de mostrarse propositiva y de garantizar gobernabilidad.

 

Es un bien para el país que ciertos gobernadores y el ejecutivo nacional estén preocupados –el silencio esta vez fue más elocuente que las palabras– ante la reacción civilizada y valiente de la ciudadanía. Es un bien que sepan que el feudalismo y la patota no constituyen el único horizonte posible. Y, sobre todo, que son signos de muerte en la política y no de vida. Pero también preocupa la escasez de educación cívica en todos los niveles.

 

Por otra parte, el peronismo siempre tuvo relaciones complicadas con la Iglesia, especialmente cuando en su inefable transformismo sus líderes o dirigentes pasaron del acompañamiento cómplice al uso de la doctrina social de la Iglesia y terminaron en graves conflictos por querellas de dominación. La Iglesia, por su parte, más de una vez practicó el doble juego. Tampoco ha sido demasiado diferente la relación Iglesia-militares. En general, ese tipo de conflicto acontece cuando la Iglesia (que siempre debe recordar su condición de santa y pecadora) tiene enfrente a miembros del “partido de los puros”, o quienes así se consideran. El Presidente está reconociendo –o se está encontrando con la realidad– de que no es “puro” sino un hombre común, es decir “puro/impuro”, trigo y cizaña. La secuencia de “furcios”, contradicciones e informaciones de su pasado “impuro” ocuparon varias de las últimas semanas.

La política después de Misiones

El “efecto Misiones” deja en evidencia, al menos, dos falencias de la política argentina: en primer lugar la vulnerabilidad del sistema, y además el pragmatismo absoluto del gobierno.

 

El obispo emérito de una pequeña diócesis del noroeste desencadenó, con su victoria sobre la prepotencia y la desaprensión de un gobernador de segunda línea, la desestabilización momentánea de las ambiciones desmedidas de más de un ejecutivo provincial (incluidas nada menos que las del mandatario bonaerense) y cambios tan necesarios como hasta hace pocos días impensables en la Corte Suprema de Justicia. Ahora la “movida” quiere arrasar con varios intendentes cuasi eternos.

 

Después del inexplicable silencio del Presidente y de sus antes locuaces ministros, todos parecen querer exhibir que son fieles intérpretes de la voluntad del soberano. Una demostración más de que todo es posible cuando no nos rigen principios, convicciones y conductas, sino fundamentalmente los reflejos de quienes de una manera u otra quieren preservar el poder que detentan. Una clase magistral de “gatopardismo”.

 

La pobreza del debate –o directamente su ausencia– ponen al descubierto la realidad más preocupante de nuestra actual situación política.

 

Lo de Joaquín Piña fue como un cuento de ficción: sucede algo inesperado y perturbador. Pero más allá del dolor de la bofetada que experimentaron Rovira, Fellner, Solá y hasta el mismísimo Presidente, poco o muy poco ha cambiado para el futuro. Los interesados actuaron por la fuerza de los hechos y no movidos por convicción republicana alguna.

 

Es el tema que nos ocupa, junto con el de educación, en los editoriales de este número.

 

El historiador Luis Alberto Romero reflexiona sobre la condición del historiador-ciudadano frente a nuestro pasado y presente.

 

Raquel Barros da cuenta de la significativa obra del escritor argentino Haroldo Conti, uno de los desaparecidos en la década del 70.

 

La larga nota del teólogo conservador norteamericano George Weigel sobre la actual situación socio-cultural europea puede desatar polémicas y alimentar debates encendidos, pero también ofrece una interesante información y un marcado realismo a la hora de analizar la decadencia de Europa y la creciente presencia islámica en el viejo continente.

 

Eduardo López Rivarola escribe sobre petróleo y poder en Sudamérica. Paula Bruno sobre Groussac. Cierran esta entrega las acostumbradas secciones de música, libros, teatro y cine.

 

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