Como respuesta a los atentados perpetrados semanas antes contra sus embajadas en Dar es Salaam, Tanzania, y en Nairobi, Kenya, Estados Unidos atacó dos bases terroristas en Afganistán y en Sudán. La grave crisis económico-financiera producida por el efecto vodka alejó prácticamente la atención de los medios sobre aquellos sucesos. Su importancia, sin embargo, no puede ser soslayada, puesto que a través de ellos se advierte el germen de un nuevo contexto internacional.

 

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El ataque norteamericano a las bases terroristas en los mencionados países tiene cierto paralelo con la acción militar llevada a cabo a principios de año contra Saddam Hussein, cuando éste se negó a aceptar las inspecciones de Naciones Unidas. En ambos casos, la decisión de Estados Unidos se produjo en momentos de aparente debilidad (y por debilidades) del presidente Bill Clinton: mientras en febrero se destapaba el caso Lewinsky, en esta ocasión el mandatario estadounidense, entre compungido y amenazante, se disculpaba frente a los ciudadanos de su país por haber mentido previamente sobre sus relaciones con la joven pasante de la Casa Blanca.

 

Para algunos esa situación explica en gran medida la reacción de Estados Unidos: nada más beneficioso que un golpe de efecto internacional en defensa de sus intereses para cambiar los términos de la complicada situación interna, ya que ello implica apoyo inmediato y distrae la atención de la opinión pública. Por otra parte, no resulta novedoso que ese país incurra en acciones internacionales para cubrir o apaciguar desbordes internos. Pocas cosas entusiasman más al ciudadano norteamericano que un presidente dispuesto a hacer justicia por mano propia más allá de sus fronteras, aunque esa justicia implique a veces la ruptura de principios que pocos estadounidenses aceptarían en su propia casa.

 

Sin embargo, entender la decisión de Clinton como un gesto motivado por su propia debilidad interna puede ocultar otras razones particularmente significativas. Por un lado, que Estados Unidos, a diferencia de lo sucedido en febrero con Saddam Hussein, ha sido ahora la víctima directa de los atentados terroristas, los que se produjeron contra sus propias embajadas y a costa también de la vida de norteamericanos. Para la sociedad estadounidense, se trata de un agravio difícil de aceptar sin que medie la acción y la represalia de su gobierno. Por otra parte, en función de un estricto realismo político internacional, sería extraño pensar que el país más poderoso del mundo renuncia a reprimir una acción terrorista que lo tiene como su destinatario predilecto. Y ello además sentaría el peligroso precedente de una violencia impune: que quien produce un hecho de este tipo puede retornar a su casa satisfecho por el objetivo cumplido y dispuesto a preparar el próximo sin mayor obstáculo en su futuro.

 

Esta perspectiva, posiblemente, explique no sólo la acción inconsulta de Estados Unidos, sino también el respaldo europeo que obtuvo. A diferencia de lo sucedido a principios de año, cuando el único apoyo internacional a la acción contra Hussein fue el de Gran Bretaña, en esta ocasión el ataque contra las bases terroristas contó con la anuencia de las principales potencias europeas –incluida la generalmente precavida Francia–. El mismo Boris Yeltsin pareció más molesto por no haber sido consultado previamente por el presidente norteamericano que por el hecho en sí mismo.

 

Perjuicios de la decisión

 

Sin duda, la acción norteamericana no dejará de ocasionar perjuicios importantes, también para Estados Unidos. Hubo encendidas y lógicas reacciones diplomáticas contra esa acción por parte de las naciones directamente afectadas, de sus vecinos árabes y africanos, y de potencias involucradas, como Rusia. En el corto plazo, es razonable suponer que estas reacciones negativas crearán nuevos obstáculos al ya afectado proceso de paz en Medio Oriente y, en general, reforzarán la posición de los sectores más duros de los países implicados. En este sentido, la acción norteamericana da lugar para que estos sectores unifiquen la posición de sus países alrededor de claves ideológicas y religiosas que alejan las posibilidades de acercamiento y de diálogo.

 

Igualmente grave, el terrorismo fundamentalista prometió vengar lo sucedido, y existen probadas razones para esperar que así sea. Por lo tanto, no cabe sino aguardar una mayor espiral de violencia. Una espiral que supondrá más vidas, tanto norteamericanas como de aquellos que ocasionalmente los reciban como sus huéspedes.

 

Por otra parte, la acción unilateral e inconsulta de Estados Unidos asesta un nuevo golpe a la esperanza y al proceso mismo de generar un contexto internacional que favorezca la coordinación y el desarrollo de acciones multilaterales consensuadas en temas de interés común. Ello, a su vez, afecta el camino posible hacia un orden en el que Naciones Unidas se transforme progresivamente en un organismo real y efectivo de toma de decisiones que obliguen y fuercen a los países del planeta.

 

Tanto el ataque terrorista a las embajadas como la respuesta norteamericana nos introducen de lleno en lo que se presenta como un contexto característico del siglo XXI. Por un lado, tiende a alejarse cada vez más la sombra de la carrera armamentista y las amenazas del holocausto nuclear a las que nos expusieran las superpotencias durante la Guerra Fría. Asimismo es un mundo donde los conceptos de soberanía territorial, seguridad militar y fronteras armadas parecen ceder ante los avances del intercambio comercial y económico, la integración regional y la globalización.

 

Por otro lado, sin embargo, no son pocos los temores: enfrentamientos locales de carácter étnico o tribal; líderes nacionales con pretensiones de hegemonía regional; formas inéditas de terrorismos, instalados aun en el corazón mismo de las principales potencias (como en Estados Unidos), y motivados no por objetivos de lucha colonial o liberación económica, sino por creencias fundamentalistas –raciales, étnicas, religiosas–; y cascadas de violencia originadas a partir de cualquiera de estas posibilidades. Junto a esto, un inconmovible legado del orden de posguerra: un país fuerte y con vocación imperial, Estados Unidos, único con los recursos y los incentivos para contener por mano propia cualquiera de estos conatos conflictivos e imponer un orden seguro en el contexto internacional.

 

Los órdenes posibles

 

¿Cabe esperar algún orden de esta situación? ¿Cuáles son las características que puede revestir? Por un lado, es posible que persista y se profundice la actual situación de equilibrio internacional. Un equilibrio dominado por una potencia cada vez más hegemónica, que decide discrecionalmente cuándo actuar por su cuenta y cuándo consensuar; con potencias importantes aceptando con relativa comodidad el puesto de gendarme que Estados Unidos gusta ejercer, y que a ellas les gusta disfrutar; y con organismos internacionales sustantivamente débiles como producto del escaso entusiasmo e interés que prestan las potencias centrales a su fortalecimiento. En este caso, el orden, no institucional, surgirá del eventual diálogo de conveniencia que lleven adelante las potencias principales, bajo la supervisión y el poder de veto y acción unilateral estadounidense.

 

Un segundo orden sería aquel donde Estados Unidos desista de su costoso rol hegemónico, y surjan en su lugar equilibrios regionales que organicen los distintos espacios de integración que se conformen progresivamente. Un mundo ordenado por diversas “uniones europeas”, con potencias principales que descentralizan su organización internacional, y con países que centralizan su orden regional en esos bloques políticos. El orden, con alcance regional, surgiría eventualmente del equilibrio logrado entre los distintos bloques conformados. Se pueden prever, sin embargo, amenazas y problemas originados en regiones que no logren conformarse, como así también conflictos interregionales producidos por la competencia entre las partes.

 

Finalmente, un tercer orden posible sería aquel donde las potencias no desisten de su protagonismo, pero deciden subordinarlo a la acción de Naciones Unidas. Se trata de un escenario donde los principales países abandonan su “derecho” a utilizar la fuerza de modo unilateral, y transfieren esa capacidad a la entidad supranacional. Allí, las decisiones se toman de manera negociada y tienen carácter obligatorio para todas las partes, respaldadas por la acción conjunta del organismo internacional. Eventualmente, ciertos mecanismos de decisión pueden reconocer las diferencias de capacidades y recursos de los países, como hoy sucede con el Consejo de Seguridad. El orden, en este caso, será institucional, en la medida en que sea producto de un ámbito común de decisiones y previamente aceptado como tal. Los conflictos y los actos de violencia no desaparecerán, como en ninguno de los otros casos, pero sólo en este contexto es posible justificar con todo derecho las acciones que se puedan emprender para responder a ellos.

 

Aunque preferible a los fines de avanzar en la conformación de un orden internacional más justo, este último contexto es el menos esperable en función de las actuales perspectivas e intereses de las principales potencias. Ninguna parece dispuesta a ceder mucho de sus ventajas actuales por inciertos beneficios futuros. Es en este contexto que a todas ellas les resulta mucho más confortable el primer orden, el del equilibrio imperial, que cualquiera de los otros.

 

Bajo esta lógica rigurosa de los intereses inmediatos, a lo que se suma la inexistencia de estadistas capaces de ver más allá de sus propias narices (y países), es difícil percibir cómo pasar del orden del equilibrio imperial al del orden supranacional. Una vía intermedia, quizás, sea considerar esos órdenes como progresivos. Así, una eventual profundización en la conformación de bloques regionales –sin descontar algunos de sus efectos negativos– podría llevar a superar la todavía aplastante supremacía del interés nacional en la definición del orden mundial. Así, un primer orden superior al de las naciones y países permitiría percibir efectos positivos de procesos institucionales de mayor integración. Aunque no eliminadas, las distancias entre el orden nacional y el internacional (y sus intereses respectivos) quedarían sin duda acortadas. Y en este contexto sería más sencillo percibir los beneficios de la creación de un orden mundial supranacional.

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