Sobre la violencia en la Argentina de los años ’70

Virguinski… se echó boca abajo en la cama, repitiendo entre sollozos compulsivos: esto está mal, está mal; esto está muy mal”.

Fiódor Dostoyevski, “Los demonios”, III-8

Han transcurrido cuarenta años desde los hechos que sumergieron al país en un baño de sangre, pero la cuestión golpea todavía a los argentinos. Subsisten heridas profundas y dolorosas; continua la disputa sobre lo sucedido entonces, así como sobre el valor de las distintas y sucesivas respuestas que se fueron dando a esos hechos; y no acertamos en lograr un mínimo consenso en torno a los pasos que podrían contribuir a cerrar esas heridas. La cuestión permanece así abierta, y seguramente lo seguirá estando mucho tiempo. Por ello, sin pretender en modo alguno una respuesta terminante a los interrogantes que ella plantea, las siguientes consideraciones buscan ser un aporte –solo un aporte más- al problema que tenemos por delante.
El Papa Francisco ha insistido en la idea de la cultura del encuentro. La opone a la cultura de la indiferencia y el descarte y la considera aplicable, en forma análoga, a todos los ámbitos de la vida social. También a la vida de una nación. Son numerosas sus referencias a distintos países que han podido o tratan de superar graves problemas internos tendiendo puentes y fomentando dicha cultura del encuentro (1). Recoge así, con esta expresión, una antigua línea del pensamiento político, de origen griego y romano, que valora la amistad cívica y la concordia como claves del bien común.
Francisco no desconoce la multiplicidad de caminos que pueden llevar al encuentro, pero en el ámbito de la comunidad política subraya los cuatro siguientes. En primer lugar el reconocimiento del otro, con igual dignidad y como sujeto de derechos y deberes humanos, fundados justamente en esa dignidad, tópico central, por lo demás, en la DSI. Sin tal reconocimiento el otro no cuenta como persona y queda reducido a la condición de mero instrumento, obstáculo o enemigo; y en esas condiciones el encuentro se muestra radicalmente imposible (2). En segundo lugar la solidaridad, que debe ser asumida como exigencia propiamente moral, como virtud personal y como principio ordenador de las instituciones (3). En tercer término el diálogo, como forma de encuentro y medio para la indispensable búsqueda de consensos, aunque sin preterir “la preocupación por una sociedad justa, memoriosa y sin exclusiones” (4). Y en cuarto lugar la reconciliación, subrayando a su vez la relevancia de ciertas instancias necesarias con vista a dicha reconciliación: memoria, verdad, justicia y perdón.
El lenguaje no está exento de dificultades. Las palabras suelen ser polisémicas, dependiendo su alcance de concepciones subyacentes. En especial cuando se emplean en el debate público, se cargan de connotaciones positivas o negativas según emociones, preferencias e ideologías; o se convierten en instrumentos para convencer o confundir. De ahí la frecuente lucha cultural por las palabras, para instalarlas o borrarlas en la opinión pública.
Ciertamente, ello vale con relación a las palabras que aquí nos interesan: memoria, verdad, justicia, perdón y reconciliación. Las criticas y malas interpretaciones del término “reconciliación” desatadas a raíz del gesto realizado por los obispos en la última asamblea plenaria, al escuchar testimonios de personas que sufrieron carne propia la violencia de los años 70, muestra a las claras esa dificultad, así como los temores suscitados en ámbitos católicos ante esas críticas y malas interpretaciones.
Sin embargo, dichas palabras tienen carta de ciudadanía en la tradición de la Iglesia, con sentido y valor propios, filosófico y teológico. Recuerdo que en 1981 fueron empleadas por los obispos en el documento “Iglesia y Comunidad Nacional” (5); y con ese mismo sentido lo hace ahora Francisco. Recientemente, en su viaje a Colombia, ha vuelto sobre ellas (6). Por ello, no parece que las mentadas dificultades deban llevarnos a renunciar a tales palabras, sin riesgo de empobrecer la reflexión. En realidad, la resistencia es previsible y en cierto modo inevitable; sin perjuicio, claro está, del esfuerzo que deba hacerse con precisiones y aclaraciones que faciliten su justa comprensión y amortigüen tal resistencia. Por otro lado, lejos de ser antojadizos, los términos memoria, verdad, justicia, perdón y reconciliación responden a cuestiones e interrogantes reales que plantea la violencia de los años 70 y sus secuelas.
Una acotación final. No se trata de términos aislados o superpuestos, que puedan relacionarse entre sí de cualquier modo. Su propio significado genera conexiones intrínsecas, se suponen entre ellos; y así puede decirse que la memoria pide verdad, que solo una memoria con verdad puede ser base la justicia, que ésta plantea a su vez la cuestión sobre el sentido del perdón, y que, en definitiva, esa memoria veraz y una justicia abierta al perdón constituyen instancias decisivas con miras a la reconciliación, último paso, a su vez, según Francisco, hacia una cultura del encuentro que fomente el bien común.
Con ese punto de partida, entonces, paso a considerar el papel de la memoria, la verdad, la justicia y el perdón con respecto a la violencia de los años 70 y sus secuelas. Por cierto, esos términos constituyen solo un punto de partida, una orientación inicial, que no conduce necesariamente a conclusiones únicas. Estas conclusiones dependerán también de la lectura que se haga de dicho proceso, harto complejo, de modo que difícilmente ella estará exenta de subjetividad.

MEMORIA
Ejercer la memoria es ante todo un intento de recuperar el pasado. Es necesario en el plano individual y en la vida en comunidad, ya que sin memoria no es posible afianzar la propia identidad. Sin embargo, no es fácil. Sobre todo tratándose de un pasado duro y sangrante, como es el que nos ocupa, la tentación de desconocerlo es muy fuerte para evitar revivir situaciones dolorosas o culpas propias y ajenas. La negación, el olvido, la vuelta de página se muestran así mecanismos atractivos. De hecho, según distintos relevamientos, la preocupación por esos acontecimientos no es en modo alguno prioritaria en la opinión pública. Juega lo que acabo de decir, la existencia de otras necesidades más urgentes y el que las nuevas generaciones, explicablemente tienden a sentirse ajenas e indiferentes al problema.
Sin embargo, la violencia argentina de los años 70 no es solo algo que ya fue. Subsisten pesadas secuelas que aún hoy deben ser reconocidas y afrontadas. En la intimidad de no pocos afectados por esa violencia: dolor, resentimientos, odios. Y en los hechos: falta de información debida sobre el destino de la mayor parte de las personas desaparecidas y sobre la identidad de niños apropiados en su momento, reconocimiento a las víctimas de daños causados por las organizaciones armadas y procesos por delitos de lesa humanidad a miembros de las fuerzas de seguridad, cuestionados y cuestionables en algunos aspectos.
Como decía Cicerón, la historia es magistra vitae. Solo aprendiendo la lección que nos dan esos hechos podremos –quizás- no volver a repetirlos En la conmemoración del centenario del exterminio armenio el Papa Francisco tuvo oportunidad de advertir: “Hacer memoria de lo sucedido es un deber (…) para que el llamamiento que surge de la tragedia nos libre de volver a caer en semejantes horrores (…) Es necesario recordarlos, es más, es obligado recordarlos, porque donde se pierde la memoria quiere decir que el mal mantiene aún la herida abierta; esconder o negar el mal es como dejar que una herida siga sangrando sin curarse” (7). Y en fecha reciente, el presidente Emmanuel Macron llamó a los franceses a afrontar un pasado traumático, como fue el colaboracionismo con los nazis (8).
En suma, no asumir la violencia de los años 70 y sus consecuencias es una tentación entendible; pero debe ser superada. Se impone hacer memoria, no el olvido.

VERDAD
Ello no obstante, es preciso admitir que la memoria es frágil. Es espontáneamente selectiva, ya que tendemos a recordar lo placentero y borrar lo doloroso; y también interesada, ya que solemos no registrar lo que no nos resulta conveniente. Por ello la memoria –individual y colectiva- debe ser enmendada constantemente. Y la búsqueda de la verdad juega entonces un papel determinante. No se trata de abstracciones; se trata de reconocer y estar a la realidad de las cosas. Entendida de ese modo, solo la verdad permite superar los estrechos márgenes de una memoria parcial, selectiva e interesada; una vez más, la verdad nos hace libres. Por cierto, es una tarea de nunca acabar. La capacidad para desentrañar la realidad de las cosas es limitada y en todo caso no es menor la tentación de no querer verla, sobre todo tratándose de situaciones humanas complejas y dolorosas, pero la búsqueda y aceptación de la verdad se muestra irrenunciable. Únicamente así es posible evitar relatos sesgados y tender hacia una memoria integral.
En la búsqueda de ese pasado pueden distinguirse dos planos: los hechos y la comprensión de esos hechos.
Los hechos son hechos, con su objetividad propia. En tal sentido, con relación a nuestro tema, no cabe desconocer los siguientes. A fines de los años 60 tuvo lugar la formación de organizaciones armadas (ERP, Montoneros, entre otras). Su fin fue la toma del poder para establecer un modelo socialista, con distintas versiones; como medio se eligió la acción directa, sobre todo la violencia; para ello se adoptó una organización jerárquica, con disciplina militar e importantes recursos económicos; y se operó en la clandestinidad. A su vez, la respuesta consistió en una represión que utilizó la fuerza del Estado fuera de la ley. Consecuencia: robos, atentados, secuestros, detenciones sin juicio y juzgamientos sin posibilidad de defensa, torturas, ejecuciones y ocultamiento de los cuerpos, apropiación de niños nacidos en cautiverio, entre otras. Pero también puede considerarse un hecho objetivo que ese uso de la violencia como instrumento político, fuera de la ley, no fue circunstancial; respondió a una decisión, a una estrategia. Así lo hicieron las organizaciones armadas, fundamentalmente desde el llano, aunque durante el breve período camporista Montoneros llegó a contar con apoyo del Estado en algunas provincias (Buenos Aires, Córdoba, Mendoza). Y también respondió a una estrategia la represión ilegal ejercida durante distintos gobiernos. En alguna medida ello comenzó en el gobierno de Lanusse; se acentuó durante los gobiernos de Perón e Isabel Perón, sobre todo a través de la AAA; y alcanzó niveles extremos durante el ulterior régimen militar. En una conocida publicación, el periodista Ceferino Reato ha recogido claros reconocimientos del propio Videla sobre la elección de esa estrategia y sobre la forma de instrumentarla: detención o secuestro según listados confeccionados con la colaboración de empresarios, sindicalistas y dirigentes políticos; interrogatorios clandestinos; ejecución de los considerados irrecuperables, que pasaban a “disposición final”; ocultamiento de los cuerpos. Algunos estribillos entonces repetidos expresan a las claras el clima de violencia imperante aquellos años: “Duro, duro, duro…, somos los Montoneros que matamos a Aramburu”, “El mejor enemigo es el enemigo muerto”, “Lo que hace falta es fusilar veinte mil tipos y se acaba el asunto”.
Pero esos hechos no ocurrieron porque sí; requieren por lo tanto comprensión, explicación de cómo se llegó a ellos. Es la tarea del historiador, tan compleja como necesaria en la búsqueda de la verdad de lo ocurrido. Y sin pretender afrontar esa tarea, ni mucho menos, ayuda a esa comprensión tener en cuenta el contexto en que ocurrieron tales acontecimientos. El contexto internacional: el fin del proceso de descolonización, la guerra fría y en América Latina la revolución cubana. El contexto nacional: la histórica pérdida de confianza en el sistema democrático en amplios sectores del país, la presencia de gobiernos militares de facto y la larga proscripción del peronismo. El contexto cultural: la sensibilidad frente a la injusticia estructural y la idealización de la revolución como instancia necesaria para la construcción de una nueva sociedad. En esos contextos es más fácil entender los ideales que movieron a quienes eligieron la violencia aceptando sus consecuencias; unos en pos de la liberación y el hombre nuevo y otros pensando que con la represión ilegal defendían a la Patria de la amenaza revolucionaria. No puede desconocerse la efectiva presencia de esos ideales en quienes jugaron sus vidas para lograrlos, como tampoco su posible desnaturalización ulterior, una vez sumergidos en la violencia. Finalmente, no fue menor el aporte de hombres de la Iglesia. Hubo muchos sacerdotes que inspiraron, alentaron y apoyaron la acción revolucionaria, especialmente con relación a Montoneros, y hubo también sacerdotes y hasta obispos que justificaron la represión ilegal en sus diversas modalidades o que se llamaron a silencio cuando la misma ya era conocida.

MEMORIA INTEGRAL
Memoria entonces, pero memoria abierta a la realidad de las cosas. Dicho con otras palabras, memoria que busca ser integral. Por cierto, se trata de un camino, ya que difícilmente puedan esperarse resultados definitivos; pero un camino que es preciso recorrer si se quiere recuperar una memoria cada vez más verdadera.
El maltrato de esta memoria ha sido grande. Durante el gobierno militar iniciado en 1976 dominó una versión parcial de lo ocurrido, con arreglo a la cual no solo se demonizó a quienes eran estigmatizados como delincuentes subversivos, sino que se buscó silenciar y desconocer detenciones, torturas y ejecuciones ante la opinión pública y ante los estrados judiciales cuando, frente a los habeas corpus interpuestos a favor de las personas desaparecidas, se respondía en forma sistemática que las detenciones no figuraban registradas. El intento de borrar la memoria de esos hechos tuvo expresión final en la torpe pretensión del régimen de prohibir por ley la revisión de los mismos. Posteriormente, restaurada la democracia, tampoco se quiso hurgar demasiado en la violencia anterior a dicho régimen militar, desarrollada bajo los gobiernos de Héctor José Cámpora, Juan Domingo Perón e Isabel Martínez de Perón, sobre todo entre la derecha y la izquierda peronistas; y en la última década particularmente, organizaciones de derechos humanos y el propio Gobierno Nacional instalaron un relato sobre los años 70 también parcial y sesgado, demonizando ahora a quienes participaron en la lucha contra las organizaciones guerrilleras bajo el estereotipo de represores.
De todos modos, a partir de los años ochenta hubo esfuerzos importantes para recuperar una memoria realista de lo sucedido. El informe de la CONADEP ante todo, pero también una interesante bibliografía publicada con ese espíritu y la existencia de algunas autocríticas, personales e institucionales. La Iglesia Argentina lo hizo en dos oportunidades, aunque en términos genéricos.
Sin embargo, esos esfuerzos no son suficientes, como lo evidencia tanta rigidez en no pocas posiciones que hoy se defienden. En este sentido, no puede dejar de mencionarse la pretensión de imponer en la opinión pública, aún por ley como sucede en la provincia de Buenos Aires, una determinada versión sobre el número de desaparecidos. Ciertamente, una memoria integral de la violencia de los años 70 todavía está por reconstruirse, contando inclusive con inevitables diferencias en acentos e interpretaciones.

JUSTICIA
Aún cuando se avanzara en la recuperación de esa memoria integral de lo sucedido en aquella década, ello tampoco resultaría suficiente. Pues no basta la descripción y explicación de los hechos. Cuando esos hechos implican graves atropellos, como ocurrió entonces, con sus trágicas secuelas de dolor y de sangre, exigen también una valoración. Concretamente, una valoración desde el punto de vista de la justicia.
Tampoco esta tarea es sencilla. Nunca lo ha sido la relación entre la ética y la política, y menos aún cuando se trata de la elección y el uso de los medios. Pero en una visión humanista y cristiana es insoslayable.
En tal sentido, parece oportuno distinguir dos planos. En primer lugar, la valoración de los actos en sí mismos. En efecto, desde el punto de vista moral hay actos intrínsecamente malos; y tratándose de la violencia de los años 70, sin duda merecen esa calificación los atentados, secuestros, muertes, torturas, ocultamiento de cadáveres y la apropiación de niños, entre otros horrores. Como se lee en la cita del epígrafe, “esto está mal, está mal; esto está muy mal”. Sin hesitación alguna deben ser repudiados moralmente y considerados una clara violación de los derechos humanos. Ello con la siguiente aclaración: no defiende aquí la así llamada “teoría de los dos demonios”. No se trata de considerar “demonios” a quienes en uno u otro campo participaron en la lucha, olvidando las razones que los llevaron a pensar, decidir y obrar como lo hicieron, con sinceridad difícil de desconocer. Pero tampoco se trata de considerarlos “ángeles”. Fueron hombres y mujeres de carne y hueso cuyos ideales bien pudieron rebajarse a la pura afirmación del poder o confundirse con motivaciones de otra índole, y que, en definitiva, los llevaron a cometer crímenes objetivamente inaceptables. Por otra parte, es claro que las responsabilidades fueron distintas. No puede equipararse la responsabilidad de quienes, habiendo asumido la conducción del Estado –con legitimación o sin ella- ejercieron la violencia desde esa posición, desnaturalizando gravemente su intrínseca ordenación al bien común, con la de quienes lo hicieron desde el llano, sin contar con el aparato estatal.
Un segundo plano en el juzgamiento de los hechos desde el punto de vista de la justicia es el plano de las responsabilidades personales, siempre individual y concreto, dependiente del grado de participación de cada uno y de las circunstancias agravantes y atenuantes que rodearon su accionar. Es preciso entonces distinguir, sobre todo teniendo en cuenta la amplitud y diversidad de responsabilidades nacidas a causa de los hechos que nos ocupan. Pues en ambos bandos hubo responsabilidad en quienes tomaron las decisiones relativas tanto a la opción por la violencia como a su ejecución concreta, en quienes participaron directa o indirectamente de distintos modos en los hechos consecuentes, en quienes alentaron o justificaron ideológicamente la violencia y en quienes con suficiente información de lo que sucedía aprobaron de uno u otro modo lo que se hacía y quienes, sin esa información suficiente, tampoco quisieron buscarla y prefirieron refugiarse en una cómoda ignorancia.
Como toda grave injusticia, ella exige reparación a la víctima y sanción penal al culpable. ¿Qué se hizo? Los juicios a los integrantes de las Juntas y Altos Mandos Militares y paralelamente a las cúpulas de las organizaciones guerrilleras, promovidos y seguidos no bien restaurada la democracia, fueron sin duda un paso decisivo en tal sentido. En cambio, las alternativas posteriores, muy condicionadas por cambiantes equilibrios de poder, resultaron más discutibles y discutidas: las leyes de obediencia debida y de punto final, los indultos, la anulación de esas medidas, la posterior reapertura de procesos solo a miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. En orden a la justicia, subsisten así deudas pendientes. Por un lado, la información sobre el destino de las personas desaparecidas y sobre la identidad de los niños nacidos y sustraídos a sus madres durante su cautiverio; por otro lado, la individualización y reconocimiento a las víctimas de la violencia guerrillera, así como la continuación de aquellos procesos en términos que disipen dudas sobre los criterios de enjuiciamiento utilizados, eviten detenciones sine die en ausencia de condena y no desconozcan el derecho a la prisión domiciliaria por edad avanzada.

PERDÓN
La justicia es insoslayable, pero al mismo tiempo su realización es limitada. Como toda obra humana es imperfecta, susceptible de errores; y la reparación y el castigo penal tienen un valor relativo como vías para de restaurarla, ya que hay daños irreparables o puede haber otros intereses sociales que deban prevalecer. Lo cual lleva a la pregunta acerca de si cabe ir más allá de la justicia. Es el tema del perdón.
El perdón, palabra de origen latino que une dos términos (per, a través de; donare, regalo), responde a una lógica diversa de la justicia: el don, la gratuidad. Llega así hasta la renuncia de la condena merecida por el responsable de la injusticia; a la condena interior, en el fuero interno del ofendido, y a la condena exterior, consistente en la reparación del daño mediante el resarcimiento o el castigo. No significa olvido, como si lo sucedido no hubiese ocurrido; y tampoco significa trasformar la naturaleza de la falta, convirtiendo lo malo en bueno. El perdón supone la existencia y la índole de esa falta; pero incide sobre lo que podría ser su consecuencia, la condena al culpable, renunciando a ella. No desconoce la comisión de la falta ni altera su naturaleza; libera al responsable de lo que sería una justa condena. Va así más allá de la justicia.
El perdón tiene un profundo valor humano y cristiano. Valor humano, ante todo, porque libera de ataduras nacidas de resentimientos e intereses, dignifica a quien perdona y a quien es perdonado y permite reconstruir vínculos destruidos para bien de los implicados y de la comunidad en general. Pero sobre todo valor cristiano. Jesús enseña a rezar el Padre Nuestro pidiendo a Dios perdón por nuestras ofensas “así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden” (Mt 6, 9/15; Lc 17,4); interrogado por Pedro sobre si las ofensas deben ser perdonadas hasta siete veces, responde: “No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete” (Mt 18, 21/2; Lc 17, 4); y en la cruz, antes de morir, exclama: “Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen” (Lc 23, 34).
Pueden distinguirse dos dimensiones del perdón: personal, por parte de quien ha sufrido el agravio; social, cuando la sociedad es la afectada por el desorden que genera el delito. La primera responde a un acto de generosidad por parte del ofendido hacia la persona del ofensor. La segunda implica más bien una actitud colectiva encarnada en la opinión y en las costumbres, así como en las instituciones a través de las decisiones de sus órganos.
Lo dicho antes sobre el valor humano y cristiano del perdón vale ante todo para su dimensión personal; pero también, mutatis mutandi, como expresión social concretada en la opinión y en las costumbres o a través de decisiones institucionales. En principio, el Estado debe velar por el bien común; de ahí la sanción penal, como modo de restablecer el imperio de la ley como regla de convivencia y en virtud de su ejemplaridad, para desalentar reincidencias, amén de la función sanadora que esa sanción debería cumplir en el culpable. No obstante, ese mismo bien común puede tornar conveniente la renuncia al castigo a fin de lograr otros valores, como verdad o la concordia. Históricamente ello ha sido así con distintos instrumentos: gracias reales, amnistías, indultos, conmutación de penas, prescripción de la acción penal y más modernamente con la así llamada justicia restaurativa y los programas de justicia transicional como los adoptados en Ruanda, Sudáfrica y Colombia. En definitiva, el asunto remite a una cuestión prudencial, dependiente de variadas circunstancias como la gravedad del delito y el tiempo transcurrido, entre otros. Plantea asimismo serios interrogantes: ¿todo delito es perdonable? ¿Algunos no lo son? ¿Cuáles? ¿Los delitos cometidos por el crimen organizado? ¿Los que proceden de la corrupción? ¿Los delitos de lesa humanidad? Y aún en estos casos, ¿nunca son perdonables, cualquiera sea el tiempo transcurrido? Será siempre una cuestión abierta, a resolver prudencialmente en cada situación.
¿Qué decir entonces con relación a los crímenes cometidos durante la década del 70? ¿Tiene sentido hablar del perdón? En su dimensión personal, la respuesta remite a lo afirmado sobre el valor humano y cristiano del perdón; dependerá de la convicción y profundidad con que cada uno asuma ese llamado. En su dimensión social, en cambio, la cuestión es más compleja en tanto se ha centrado en quienes de una u otra manera participaron en la represión ilegal desde el Estado, fundamentalmente en integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad.
La dificultad es evidente. Al menos públicamente no ha habido autocrítica, reconocimiento y menos aún pedido de perdón, como tampoco disponibilidad de reparar en lo posible el daño suministrando información sobre el destino de las personas desaparecidas o la identidad de los niños nacidos de madres detenidas. Y sin ello el perdón difícilmente conduciría a la reconstrucción de las relaciones. Es cierto que el modelo adoptado por nosotros, basado exclusivamente –a diferencia de otros países- en el juicio y la condena, no facilita con realismo esas actitudes, ya que cualquier paso en tal sentido agravaría la situación de quien lo diera. Pero también es cierto que se trata de una deuda nunca asumida durante los treinta años anteriores a la reapertura de los procesos durante los cuales el pago de la misma no hubiera tenido las consecuencias que hoy presenta. En otro orden, la interpretación que los tribunales han hecho de normas constitucionales y convencionales sobre la naturaleza de estos delitos y su imprescriptibilidad se muestra como un límite a cualquier cambio, como también la probable resistencia que ello generaría en el actual estado de buena parte de la opinión.
Sin embargo, median razones que justifican no descartar y mantener abierta la cuestión del perdón. No como fórmula abstracta, sino como inquietud que impulse a no encerrarse en posturas rígidas que impidan superar los límites de justicia, inherentes a la misma y a su aplicación. Una memoria de lo sucedido en los años 70 integral, no simplificada, es una de esas razones. También lo son las dudas que plantean los procesos penales en tanto circunscriptos a quienes participaron en uno de los bandos enfrentados, con rigurosos criterios de juzgamiento, con detenciones prolongadas sine die y negando muchas veces la prisión domiciliaria a personas que tendrían derecho a ello por su edad avanzada. En otro orden, cabría analizar la oportunidad de medidas legales que siguiendo modelos de justicia transicional atempere sanciones a quienes contribuyan al conocimiento de la verdad suministrando información sobre el destino de personas desaparecidas y niños sustraídos. Vale la pena pues mantener la cuestión abierta, con vistas a soluciones que quizás ahora no se vislumbren como claras y posibles. En definitiva y en última instancia, las respuestas dadas hasta ahora y las que puedan darse han dependido y dependerán de decisiones de índole política, en el mejor sentido de la palabra.
Un párrafo para pensar, escrito por Juan Pablo II, un hombre que en su Polonia natal vivió bajo los regímenes nazi y comunista, experimentando sin duda heridas propias y ajenas difíciles de curar: “Un mundo del que se eliminase el perdón sería solamente un mundo de justicia fría e irrespetuosa, en nombre de la cual cada uno reivindicaría sus propios derechos respecto de los demás; así los egoísmos de distintos géneros, adormecidos en el hombre, podrían transformar la vida y la convivencia humana en un sistema de opresión de los más débiles por parte de los más fuertes o en una arena de lucha permanente de unos contra otros” (9).
En suma: memoria, verdad, justicia y perdón, entendidas con el alcance expuesto precedentemente, constituyen principios orientadores que ayudan a pensar la violencia de los años 70 y cómo asumir sus consecuencias, vivas y dolorosas pese a las décadas transcurridas desde entonces. Son, de ese modo, pasos necesarios en el camino hacia la reconciliación; reconciliación que como lo sugiere el prefijo de la palabra, implica recuperar un estado de conciliación perdida. Como enseña el Papa Francisco, tal reconciliación es a su vez una de las condiciones de la cultura del encuentro y así del bien común. Por cierto, no cabe esperar una reconciliación perfecta; es más, tampoco es posible asegurar resultados tangibles. Pero empeñarse en ella no carece de sentido. Como diría Antonio Machado: “caminante, no hay camino, se hace camino al andar”.

 

NOTAS

1. Ver “La cultura del encuentro en el Papa Francisco y la violencia de los años setenta en la Argentina”, publicado en “Cultura Económica”, n° 89, junio 2015.

2. Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia (CDSI), 105..

3. CDSI, 192/3.

4. Evangelii gaudium, 239).

5. N° 33/4, justamente con relación a la violencia de los años 70.

6. Gran encuentro de oración por la reconciliación nacional, Villavicencio, 8/9/17.

7. L’Osservatore Romano, 17/4/2015.

8. Diario El País del 12/7/17, p. 4.

9. Encíclica “Dives in misericordia”, 14.

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  1. Juan Carlos Lafosse on 7 enero, 2018

    Comenzamos este año 2018 con la Jornada Mundial de la Paz y este artículo es una contribución al diálogo y al encuentro, a partir de los cuales podemos comenzar a construir la paz, tan necesaria en Argentina como en el mundo entero.
    Muchas gracias Dr. Ojea Quintana.

  2. Luis on 8 enero, 2018

    Me pareció un análisis sensato y equilibrado pero nuestra sociedad está siempre azuzando los demonios, de un lado y del otro, haciendo ilusoria la reconciliación.

  3. santiago on 8 enero, 2018

    Cuanta verdad,

  4. La decisión de Alfonsin de juzgar de acuerdo a la ley a los dos terrorismos no tiene antecedentes en ningún lugar del mundo.
    Me pregunto ¿Qué hubiera pasado con la multitud congregada en ese entonces para defender tal actitud? ¿Son lo mismo las leyes de punto final y obediencia debida a los indultos?. ¿A quién se le atribuiría la sangre de los muertos que resultarían del enfrentamiento de un pueblo casi indefenso contra la fuerza de las armas?

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