El fortalecimiento institucional en América latina demanda que los actores políticos, especialmente los servidores públicos, cuenten con la formación y el compromiso necesarios como para cumplir con la función que asumieron.
Cada año se cometen en México 12 millones de delitos, de los cuales sólo el 1% tiene sentencia. Es decir que el 99% de los delitos que se cometen en el país están cargados de impunidad.
El 93% de los delitos pertenece al fuero común: México es un país que según los estándares de las Naciones Unidas viola el 77% de las cláusulas contra la corrupción. Son 22 los tipos de delitos que se comenten en donde la delincuencia organizada, y la mayoría de quienes la protagonizan, gozan de impunidad. Existen 2.022 policías municipales en el país pero hay 400 municipios que no cuentan con ninguna fuerza policíaca, ya sea por falta de presupuesto o por amenazas del crimen organizado. El 70% del personal de policía sólo cuenta con educación primaria y los recursos federales aportados se han reducido en el 21% durante los últimos años.
Combatir la inseguridad no significa más represión, comprar más armas y patrullas o poner un policía en cada esquina; fortalecer la prevención y la contención social es la mejor fórmula para frenar problemas tan agudos. Los especialistas en la materia están hablando de “seguridad humana” como nuevo paradigma de contención social a partir del pleno ejercicio de derechos civiles como salud, vivienda, educación, alimentación y el respeto a los derechos humanos. Asimismo y como aliada para que la gente y sus familias tengan una mejor calidad de vida aparece la inversión social en infraestructura urbana, es decir, guarniciones, pavimentación, iluminación, limpieza y espacios públicos. Estas acciones de seguridad humana dejarían de lado el común y tan mal usado asistencialismo prebendario.
El politólogo Guillermo O’Donnell había llamado la atención sobre algunas democracias que, bajo una aparente fragilidad institucional, esconden una tupida red de sólidos recursos informales. Las prácticas como el clientelismo y el particularismo son mecanismos de este tipo, que suelen justificarse por la existencia de ciertas fallas de las instituciones formales para brindar asistencia. Pero la aceptación de altas cuotas de informalidad tiene un elevado costo: impide la acción de los controles institucionales establecidos por la ley y favorece la distribución arbitraria de los bienes políticos.
El fortalecimiento institucional es factible a partir de sus componentes elementales, entre ellos los servidores públicos, quienes deben contar con la formación, experiencia y compromiso en el desempeño de la función para lograr cumplir con lo encomendado. En su etapa de saneamiento institucional Colombia procesó al 32% de sus autoridades parlamentarias acusadas de actos de corrupción. El reto no sólo es contar con la buena voluntad de los servidores públicos sino con su adecuada capacidad de respuesta ante el reclamo social y el diseño de cada institución pública. En efecto, el desarrollo de las instituciones demanda su constante perfeccionamiento para que alcancen el ideal para el cual fueron creadas, y que se orienta a atender a quien requiera un servicio, a quien resulte víctima del delito o del abuso del poder, y para que de ninguna manera sea objeto de una nueva vulneración derivada de fallas institucionales.
Sin duda el fortalecimiento de las instituciones públicas está supeditado al cumplimiento de sus objetivos, que deben trazarse sobre la base de las necesidades de la sociedad; de lo contrario, la política estatal no encontrará el respaldo suficiente en la población para llevar a buen puerto sus metas.
La violencia en América latina, la ruptura de los lazos pacíficos del vínculo social, no provienen de los nuevos profetas del fanatismo secular o religioso. Nuestras violencias evocan más bien el estadio histórico de sociedades que no han conseguido aún instaurar en su seno valores de tolerancia y de equidad efectiva, con sólidas instituciones de control público y una civilización del trabajo que permita el disfrute común de los beneficios del crecimiento.
Vivimos tiempos en donde nuestros países se han convertido en gigantes heridos por sus altos niveles de inseguridad. Hay que empezar a restañar las heridas. En la sociedad civil está la gran esperanza de esta resurrección. La solución empieza en los gobiernos locales que, como base de su responsabilidad institucional, tienen la función de prevención social y seguridad humana. Y en esa responsabilidad, son la clave para reducir los problemas que hoy nos aquejan.
El autor es Licenciado en Administración por la Universidad Nacional Autónoma de México y en Ciencias Políticas por la Universidad de Brasilia.
