La desaparición de Santiago Maldonado, en circunstancias que al momento de escribir estas líneas no han sido esclarecidas, denota una ensordecedora ausencia del Estado. Esto ya lo habíamos puesto de manifiesto con la muerte del fiscal Alberto Nisman (ver Editorial de CRITERIO publicado en marzo de 2015), y queda lamentablemente comprobado con la pericia presentada por Gendarmería Nacional, a más de tres años del suceso. En aquella ocasión, sospechábamos de una actitud cuasi dolosa por parte de las fuerzas de seguridad y en especial de los funcionarios que intervinieron. La escena del crimen no fue preservada.
En el triste caso de Maldonado, en donde desde el 1 de agosto no se logra dar con su paradero, el Estado vuelve a ser responsable. Entendemos que si bien la situación no es comparable a la de Nisman, ni tampoco puede asociarse (pese a que algunos así lo quieran) con el plan sistemático de desaparición forzada de personas perpetrado por la dictadura que gobernó el país durante el período 1976-1983, deja patente una vez más la enorme deuda del Estado con sus ciudadanos en materia de seguridad, control de la protesta y efectivo cumplimiento de la ley.
Fuerzas militares y policiales quedaron seriamente comprometidas con las atrocidades cometidas por el último gobierno militar. La Gendarmería y la Prefectura, tratadas en ese entonces como fuerzas de segunda categoría, tomaron un rol más relevante a partir de 1983. Desde que en tiempos de Raúl Alfonsín pasaron a depender del Ministerio del Interior (y hoy del Ministerio de Seguridad), dejando de estar subordinadas al Ejército y a la Marina, se intentó construir una fuerza de seguridad democrática, que de algún modo no estuviera “contaminada” con los vicios del resto de los organismos de seguridad (tanto interior como exterior).
No obstante, a más de 34 años del retorno de la democracia, tanto las provincias como el Estado Federal no logran consolidar fuerzas de seguridad entrenadas y eficaces, que puedan hacer cumplir la ley sin tener que incurrir en violencia o falta de profesionalismo.
Desde luego que no es nuestra intención estigmatizar a quienes se desempeñan con esfuerzo y dedicación en la tarea de policía, gendarme o prefecto. Tampoco sostener que se trata de individuos violentos o que no tienen intención de cumplir y hacer cumplir la ley. Por el contrario, lo que querríamos poner sobre el tapete es la necesidad imperiosa de disponer de recursos materiales e intelectuales para profundizar un camino de profesionalización y entrenamiento eficaz de las fuerzas de seguridad.
La Gendarmería Nacional, en la actualidad, muestra dos caras. Por un lado, falencias en la aplicación de la orden de desalojo de la Ruta 40, con la terrible consecuencia (si se demuestra que allí ocurrió) de la desaparición de una persona. Por otro, la preparación de la pericia en el caso Nisman, que denota trabajo profesional según reconocen otros peritos de amplia trayectoria.
A su vez, la policía de la provincia de Buenos Aires viene sufriendo reformas, purgas, falta de financiamiento, comportamientos mafiosos y superposición jurisdiccional con la creación de las policías municipales, entre otras muchas cuestiones. Difícil será profesionalizar esa fuerza, con su historia. Pero no queda otra solución. En la Ciudad de Buenos Aires, a más de 20 años de otorgado el rango de autonomía (1996), se está comenzando con la tarea de construcción de la policía propia, luego de tironeos recurrentes con el Gobierno nacional que no ayudaron a consolidar una fuerza efectiva. Estos son sólo algunos ejemplos.
El Estado, cualquiera sea su denominación, debe trabajar de manera consistente en la formación de fuerzas de seguridad interior con capacidad operativa, en el marco de la Constitución Nacional y los derechos humanos.
El capítulo de Santiago Maldonado, haciendo votos para que termine con su aparición con vida, debe ser el último en esta materia que se escribe en la Argentina. En 1983 la ciudadanía exclamó con fuerza “¡Nunca más!”. Ese grito se mantiene y profundiza hasta nuestros días. No hay en el país espacio para gobiernos dictatoriales que tomen la vida de las personas en pos de fines inconfesables.
No obstante, queda una enorme tarea por acometer: que el Estado sea capaz de gestionar la coacción física legítima en el marco de la ley, profesional y eficazmente. Con tecnología, medios y recursos humanos capacitados. Porque, justo es decirlo, los hechos de violencia continuarán. Están, aunque queramos negarlo, en la naturaleza humana. Lo que no debe ocurrir más es que el Estado esté involucrado o que no tenga capacidad de resolver los conflictos de manera eficaz, en un plazo razonable. La democracia, para continuar consolidándose, lo requiere.
3 Readers Commented
Join discussion¿Hay una Gendarmería buena y otra mala? No, hay una sóla Gendarmería, y lo demuestra en los dos casos mencionados. Pero… seguiremos escuchando cuentos… por un buen rato.
Se le adjudica seriedad a una pericia que carece de ella. El pedido de nulidad presentado por la defensa de Lagomarsino desnuda la falencia de la pericia de Gendarmería. No existe ningún elemento que demuestre el ingreso y posterior salida de dos personas en ese departamento.
No entiendo como Gendarmeria (y Prefectura) para algunos tiene un aura de institución de seguridad eficiente. No se supone que eran las encargadas de custodiar las fronteras del trafico de drogas? Claro que comparadas con la Bonaerense cualquier fuerza de seguridad parece impoluta. Pero esperar algo de ellas… En el caso de Maldonado es indudable que la principal responsable de lo que pasó es ella. En ese territorio desolado y con escasisima poblacion una persona no puede desapearecer por arte de magia. Pero lo peor son todas las acciones de ocultamiento y desorientacion que han realizado con la complicidad del gobierno. Si éste no reacciona (y no lo hace por interés político previo a elecciones, al igual que lo hace la oposicion) implacablemente a tiempo y permite la impunidad, va a quedar rehen de situaciones como esta infinidad de veces.