Con clases que se dictan hasta muy cerca de la Navidad para recuperar el tiempo educativo perdido por los paros, el ciclo escolar 2017 se cierra dominado por conflictos variados y repetidos, que conforman un paisaje que poco contribuye al entusiasmo de maestros y alumnos, la transformación de la enseñanza y el logro de una educación de calidad para todos. La pérdida de días de clases por los paros docentes, la toma de escuelas porteñas contra una reforma educativa poco explicada y menos consensuada, la sucesión de diagnósticos críticos sobre la calidad de la enseñanza, la crisis del secundario y las demandas y quejas simultáneas por las evaluaciones a estudiantes y a docentes, estandarizadas y resistidas por organizaciones gremiales y la oposición política, ganan espacio en los medios y suman confusión en las aulas y en las familias.
Como si los conflictos se vieran necesitados de alcanzar cada vez más récords, en las escuelas de Santa Cruz no pudieron dictarse este año más de 100 días de clases, mientras el gobierno provincial de Alicia Kirchner, en tiempos en que la inflación tiende al 25% al cierre del año, propuso un aumento salarial del 3%. Por su envergadura, la provincia de Buenos Aires aportó un problema similar, con un conflicto gremial que obligó a suspender 17 veces la actividad escolar a casi 4,5 millones de alumnos, en medio de una negociación paritaria prolongada y poco efectiva, que disminuyó su tensión luego de que uno de los principales sindicato docentes resolviera su disputa interna. Sobre el segundo semestre llegó finalmente el acuerdo, pero las autoridades provinciales y el frente gremial docente diferían en el porcentaje del aumento salarial. Para el gobierno de María Eugenia Vidal, que no quería superar la pauta inflacionaria prevista para 2017, la paritaria docente se cerró con un 21,5% de aumento, más otros pagos destinados a la recuperación de la pérdida del poder adquisitivo del salario. Los gremios, en cambio, celebraron la conquista de una mejora global del 27,4%. Ni al firmar el acuerdo se pusieron de acuerdo en la cifra.
La toma de colegios secundarios se extendió en la ciudad de Buenos Aires por una reforma del secundario impulsada por el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. La ocupación fue motorizada por dos establecimientos emblemáticos, el Colegio Nacional de Buenos Aires y la Escuela Superior Carlos Pellegrini, que dependen de la Universidad de Buenos Aires y cuyos planes de estudios no serán afectados por los eventuales cambios que apruebe la administración política de la Ciudad. Más grave que la cada vez más cotidiana escena de un establecimiento educativo sometido al arbitrio extremo de los estudiantes fue la denuncia de una menor por abuso por parte de un estudiante de 18 años que participó de la toma en el Nacional Buenos Aires y, a renglón seguido, la actitud de ocultamiento –o complicidad– que mostraron las autoridades del centro de estudiantes. Muchos calificaron de penosa la actitud de padres que justificaban la decisión de los alumnos de pernoctar en las aulas, mientras les acercaban alimentos y ropa, en una irónica señal de sobreprotección para acompañar el grito independiente de sus hijos.
En este clima de confrontación, nada ajeno a la grieta que divide a los argentinos, el sistema educativo entrará con sobresaltos a 2018, cuando se cumplirán 30 años de dos hechos que marcaron la política educativa del gobierno de Raúl Alfonsín, en la incipiente recuperación de la democracia: la finalización del II Congreso Pedagógico Nacional, que en medio de fuertes tensiones intentó sembrar la semilla de una educación justa, democrática y de calidad, a través de la búsqueda de consensos; y la prolongada huelga docente de 43 días, que le infligió una herida al gobierno radical y fortaleció la proyección nacional de la Ctera. Fue el punto de partida de una discordia que se renueva cada comienzo de clases.
Con aquel Congreso Pedagógico, Alfonsín quiso reeditar la convocatoria que un siglo antes había realizado el presidente Julio Argentino Roca, al sentar las bases de la educación común y laica, reflejada en la ley 1420. La experiencia educativa del radicalismo puso en debate temas que aún hoy no encuentran fórmulas de consenso, como el financiamiento educativo, la calidad de la enseñanza, la formación docente, el papel y la responsabilidad de las provincias en el manejo de las escuelas, la libertad de la enseñanza y los alcances de la educación privada, entre otros puntos de continuo debate.
Desde la recuperación democrática de 1983 pasaron en el país ocho presidentes constitucionales, 18 ministros de Educación y dos leyes nacionales que regularon el sistema educativo: la ley federal, promulgada por Carlos Menem en 1993, y la ley de educación nacional, promovida por Néstor Kirchner en 2006. Más allá de los debates políticos e ideológicos, en ese tiempo se sucedieron reformas pedagógicas y curriculares que no han mostrado resultados eficaces, una fuerte fragmentación de la calidad de la enseñanza entre las distintas jurisdicciones y aún en el interior de cada provincia, altos índices de repitencia y deserción escolar en un contexto de crecimiento de la pobreza, flojos desempeños en pruebas internacionales de evaluación, experiencias traumáticas para muchos alumnos en el paso a la universidad, poca vinculación con el mundo del trabajo y situaciones de violencia y hostigamiento en las aulas que pueden sintetizarse en las conductas agresivas y maltrato conocidas hoy como bullying.
En la reciente competencia electoral, tanto en Cambiemos como en la opositora Unidad Ciudadana fueron candidatos al frente de sus listas dos ex ministros de Educación: Esteban Bullrich, en la provincia de Buenos Aires, y Daniel Filmus, en la Ciudad. Ambos reivindicaron sus gestiones y la necesidad de priorizar la educación en la agenda del país. ¿Pueden considerarse exitosas sus gestiones, dadas las fragilidades que muestra hoy el mapa educativo del país?
“Uno de los problemas actuales es la anomia educativa”, explica Daniel Santa Cruz, especialista en Educación y coordinador de Comunicación de la Oficina Argentina de la Organización de Estados Americanos (OEA). Observa que durante el período kirchnerista se difundió la creencia de que cambiando las leyes se solucionaba todo: “Se cambió la ley de educación y se hizo obligatorio el secundario; así y todo, la mitad de los alumnos no lo termina; se sancionó la ley de 180 días de clases y varias provincias no la cumplen; la ley de financiamiento educativo garantizó una inversión del 6% del PBI en educación, pero también fijó metas específicas que no se cumplen, como la que obliga a todas las provincias a que el 30% de las escuelas sea de jornada completa”, ejemplifica. Respecto de la mejora en el financiamiento, advierte que “poner más plata no quiere decir que está bien invertida. A la luz de los resultados, creo que está mal distribuida”.
La medición de la calidad
En las pruebas Aprender, que el gobierno de Mauricio Macri hizo rendir a todos los estudiantes de sexto grado y de quinto año del secundario de todo el país –pese a la resistencia de las organizaciones gremiales–, sólo el 53,6% de los alumnos del último año alcanzaron niveles de desempeño satisfactorio y avanzado en las pruebas de Lengua. Eso quiere decir que poco más de la mitad de los alumnos habilitados para ingresar en la universidad “manejan adecuadamente categorías de análisis literario que les permiten lecturas comprensivas complejas”, como lo indican las conclusiones del estudio. En las escuelas de gestión estatal, el porcentaje que obtuvo un rendimiento satisfactorio y avanzado fue más bajo: 46% frente al 67% en los colegios privados.
En Matemática, el 40,9% del total tuvo un rendimiento por debajo del nivel básico, proporción que en las escuelas estatales llega al 49,2% y en las privadas, al 25,7%. Las pruebas indican que cuatro de cada diez alumnos de quinto año no pueden resolver “situaciones problemáticas para lo cual necesitan plantear ecuaciones y utilizar conocimientos algebraicos”. Apenas el 5,2% está capacitado para relacionar conceptos matemáticos propios de los últimos años de la educación secundaria.
Lejos de ver estos números como catastróficos, el educador Axel Rivas, investigador del Cippec y flamante director de la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés, percibe leves progresos en los indicadores. “Mejoró el acceso a la educación, especialmente en el nivel inicial, disminuyó mucho la repitencia y la sobreedad en el nivel primario, aunque no en la secundaria, y se redujo la brecha de resultados entre alumnos más pobres y más ricos”, describió, aunque reconoció que “las aulas nos muestran mucha confusión, malestar y preguntas”. Entre los aspectos más preocupantes, señaló “las desigualdades sociales, que derivan en desigualdades educativas” y llamó a un replanteo profundo de la educación secundaria y la formación docente.
Rivas explicó que las pruebas, por sí solas, aportan poco, pero son necesarias. Del operativo Aprender rescata que se trate de pruebas censales: “Permite dar a cada escuela información clave sobre sus resultados y su contexto”. Consideró vital, además, una evaluación al finalizar la formación docente para poder tener diagnósticos claros que permitan apoyar a los institutos con mayores necesidades. “Lo veo como un instrumento básico para garantizar el derecho igualitario a la educación. Me sorprende que pueda objetarse algo que permite tener más información sin ser vinculante para los docentes”, señaló.
Lo cierto es que las pruebas para medir la calidad de la enseñanza comenzaron a tomarse, con distintos instrumentos, hace unos veinte años, y los avances no son tan marcados.
Tomas estudiantiles sin democracia
En medio de este panorama, no pueden pasarse por alto situaciones insólitas ocurridas en la reciente toma estudiantil, que afectaron a unos 30 colegios secundarios porteños, más allá del inaceptable caso de la alumna abusada.
Por ejemplo, más de 200 alumnos de la Escuela de Comercio N° 26 de Palermo resolvieron no suspender las clases y no adherir a la toma. Sin embargo, se les impedía a ellos y a los docentes el ingreso al colegio, que funciona en el mismo edificio que el Lenguas Vivas, en Juncal 3251, establecimiento que sí adhirió a la protesta.
El rector de la escuela 26, Carlos F. Bentancor, le propuso al Lengüitas –como se conoce al Lenguas Vivas de la calle Juncal– que los chicos pudieran entrar por grupos, incluso con los nombres y DNI anotados en una planilla. Pero la petición no fue aceptada porque significaba “mucho papelerío”. Los alumnos de la escuela, que funciona en horario nocturno, entregaron una carta a la comunidad educativa del Lenguas Vivas, con un mensaje esclarecedor: “A vos, que sos como nosotros, alumno de escuela pública, te queremos decir que también el edificio es nuestra escuela. Que también tenemos derecho a hacer asambleas y decidir nuestro futuro”.
El autor es periodista y abogado.
