Para muchas de las personas que estén leyendo este artículo, cuando se habla de “la tierra” seguramente recuerdan la expresión de que es “un don de Dios para toda la humanidad”; no pocas pensarán en un factor de la producción o un bien sujeto al mercado inmobiliario y del cual se obtienen productos a ser negociados en los mercados agropecuarios y forestales. Igualmente, sobre todo quienes provienen del mundo rural, la relacionarán con un lugar de vida y de pertenencia, tal cual lo manifiestan las naciones indígenas. También sabemos e incluso participamos del rito de la Pachamama y con mucha frecuencia hablamos del cuidado de la madre tierra. Todo lo anterior nos demuestra que no existe una comprensión unívoca o de similar valoración por “la tierra” y no es de ninguna manera un tema solamente argentino o latinoamericano, sino también global.
A lo largo de la historia la lucha por la tierra y los bienes que están sobre el suelo y debajo de él han generado demasiadas heridas, traumas colectivos que aún hoy causan dolor, angustia y muerte a muchas familias campesinas, indígenas, líderes y militantes de los derechos humanos y del ambiente. Razones suficientes para generar procesos de sanación y de construcción de paz, para de esa manera, reconciliarnos con la casa común.
Vamos a tratar de poner la una mirada en la situación específica del país y un foco especial al norte argentino y el gran Chaco como región, donde la disputa por la tierra se da hoy con mucha crudeza…
Los conflictos por la tierra tienen antecedentes en las luchas entre naciones indígenas en tiempos previos a la llegada de la colonización europea, pero, no lo olvidemos en ningún momento: eran estas naciones las que habitaban todo el territorio americano para esas horas del 12 de octubre de 1492. Y hubo mucho sufrimiento después porque se dieron muchas luchas con las naciones indígenas (la famosa “conquista del desierto” o las incursiones en el chaco argentino, en nuestro país) y entre países (la triple alianza, la guerra del chaco, guerras civiles, el pacífico al que no puede llegar Bolivia, por mencionar sólo algunos). A medida que los Estados-nación se organizaban, comenzaron a definirse reglas de tenencia y se ocuparon y titularon millones de hectáreas de uso de los Pueblos Originarios.
Muchas frases hirientes y estigmatizantes o que implican una invisibilidad de estos pueblos se escuchan hasta nuestros días: “Los Mapuches son chilenos”, “cuando llegamos, no había ningún indígena en estas tierras”, “para qué quieren tierra si no hacen nada” y tantas otras que demuestran que nunca nuestra sociedad se puso en una actitud de diálogo para así entender los modos de vida de pueblos que son seminómadas, cazadores y recolectores, pastores, con una estrategia de vida que incluye la movilidad para ir ocupando el territorio en los momentos adecuados y dejándolos descansar en otros. Poco a poco las familias de las comunidades cedieron espacios cuando no fueron eliminadas o terminaron siendo mano de obra de grandes plantaciones.
Otros actores que van ingresando en los territorios son familias de “colonos” o “criollos” que, bajo distintas denominaciones, se los considera como descendientes de españoles. Llegan para alimentar su ganado o alguna explotación forestal. Estas familias arribaron a las que todavía eran tierras fiscales o bien tierras que tenían un titular registral pero sin una actividad que señalara la posesión sobre las mismas. Se fue dando, en los últimos dos siglos, una relación entre pueblos originarios y las familias criollas que se instalan en tierras donde no interactuaban con las comunidades o lo hacían con un permiso de las mismas. Las relaciones de interacción socioeconómica han sido favorables a veces y con conflictos, otras.
Dando un salto en el tiempo hasta los años ‘90, nos encontramos con comunidades indígenas sedentarizadas desde hace unos cien años y en práctica convivencia con las comunidades campesinas o criollas. En esa década se da un avance extraordinario de la frontera agrícola sobre la región chaqueña y surgen los primeros conflictos con nuevos titulares que habían adquirido la tierra, en función a que empezaban a tener un interés y una posibilidad productiva mayor. Vale mencionar que, en muchos casos, las tierras que no eran públicas pertenecían a empresas y en las cédulas parcelarias se veían hipotecas y respaldo a créditos, pero en terreno no había ninguna actividad productiva. Es menester preguntarse: ¿para qué querían la tierra si no la usaban o no hacían nada productivo con ella? Tiempo después es el turno de la valorización de la producción ganadera y la ola de ocupación de la región chaqueña prácticamente se completa.
Durante el tiempo de convivencia que mencionamos entre indígenas y criollos empieza a escucharse por primera vez que la tierra “tiene papeles” y costó mucho asumir conceptos como que la tierra era propiedad de alguien o que tal era “su dueño”, pues todo ello estaba muy lejos de su forma de relación con la naturaleza. Sin embargo, se introduce la necesidad de conseguir papeles para acreditar la propiedad de la tierra. Otro conflicto paralelo con el que las comunidades se enfrentan son los alambrados. De un día para el otro, se ven privados del acceso a ese algarrobal del cual extraían frutas y muchas otras cosas, porque ahora alguien decía ser el dueño y afirmaba que no podían cruzar ese alambrado.
Las primeras titulaciones a comunidades indígenas se concretaron en la década de 1980 y se fueron consolidando tras las luchas pacíficas hasta 1994, con un artículo de la Constitución Nacional que pone en su lugar los derechos, y muchas leyes nacionales y provinciales han avanzado en estos temas reconociendo derechos a los pueblos indígenas en general y de sus tierras y territorios en particular.
Si miramos lo que pasó en la región chaqueña con el avance de la ganadería, agricultura y la explotación forestal, podríamos relatar situaciones similares cuando el conflicto se produce con la explotación minera, la extracción de hidrocarburos, el ingreso de empresas de turismo, las grandes plantaciones forestales e instalaciones de enorme tamaño para la cría de ovejas. Esta es sin duda una radiografía aplicable a toda la Argentina y no pocos sitios de toda Latinoamérica
Actualmente, en la Argentina y en casi toda Latinoamérica, la distribución de la tierra es absolutamente desigual. Si analizamos los censos agropecuarios, más del 80% de la tierra está en manos de menos del 2% de los titulares y a la inversa, unidos todos los titulares de menos escala (casi 90%) no llegan a poseer el 3 o 5% de la tierra registrada (Cf. CNA 2002 y 2018). En muchos casos haya empresas con decenas o cientos de miles de hectáreas y con un mínimo de ellas con emprendimientos agropecuarios.
Pero no todo está perdido…
Si bien el panorama parece muy desalentador, en línea con la esperanza que nos anima, desde la Fe y desde la que percibimos en las familias rurales, indígenas y criollas, “no todo está perdido”, apelando a la esperanzadora canción de Fito Páez. A pesar del panorama poco alentador de la evolución histórica de los conflictos por las tierras y territorios, hay algunas experiencias que demuestran que hay caminos de resolución, y dan importantes pistas para el trabajo futuro.
Cuando hablamos de tierras públicas no podemos dejar de mencionar aquellas primeras experiencias de titulación de tierras a favor de los pueblos indígenas en Formosa, pero en las que faltó incorporar a las familias criollas campesinas, vecinas. En la misma línea, pero en Salta, cabe destacar los acuerdos entre familias criollas e indígenas en el municipio de Rivadavia banda norte, sobre 60.000 has de tierras fiscales, experiencia muy valiosa porque dio respuesta a ambos grupos sociales.
En la región, están en proceso de resolución situaciones de las que se desprenden distintos aprendizajes, por ejemplo, el territorio de 300.000 hectáreas de pueblos indígenas y familias campesinas de la provincia del Chaco o el emblemático caso de los lotes fiscales 55 y 14 en Salta. Aquí, si bien la Corte Interamericana de Derechos Humanos acaba de condenar al Gobierno argentino por una violación a los derechos de los pueblos indígenas, también se produjo un proceso de diálogo entre las comunidades indígenas, las familias criollas y el Gobierno. Allí, la Mesa de Gestión de Tierras de Santa Victoria Este es una experiencia de mucho valor para la búsqueda de soluciones.
En el caso de conflictos en tierras tituladas por una persona física o jurídica, encontramos dos situaciones. Por un lado, quienes con amenazas y engaños intentan desalojar a los que poseen la tierra por decenas de años, y que cuentan con el amparo del Código Civil por su posesión de más de 20 años. Tiempo atrás, estas personas lograban su cometido por la falta de información que había en la zona rural, pero hoy, gracias al apoyo de equipos de asesores de organismos no gubernamentales o el compromiso de religiosos y religiosas y hasta de las mismas organizaciones, se logra difundir información sobre los derechos y acompañar sus luchas para evitar desalojos injustos. Lamentablemente estas situaciones han derivado hasta en el asesinato de líderes.
En otros casos, los equipos de acompañamiento junto con las organizaciones y familias han impulsado y obtenido la propiedad a través de juicios de usucapión pero que son costosos, requieren tiempo y el resultado es incierto porque, en nuestra experiencia, pareciera que algunos jueces y juezas miran con más atención los derechos de los titulares registrales frente a los derechos posesorios de la familia rurales.
La otra cara del tema en tierras privadas se da cuando el “arribo” de titulares registrales no se da en el marco de un conflicto sino sobre la base de un reconocimiento de derechos hacia las familias que viven desde hace 20 o más años en las tierras que ellos han adquirido, y proponen un mecanismo de negociación y acuerdo entre las partes, de manera de evitar procesos judiciales largos y penosos. En Salta solamente podemos mencionar acuerdos alcanzados o en marcha que suman más de 100 mil hectáreas. Esto significa paz social en la región y un vínculo de vecindad entre todas las partes que la gente, nos ha enseñado, es lo que busca y lo que vale.
A nivel legislativo también hubo avances. La ley 26160, que declara la emergencia en los territorios indígenas e impide desalojos de las comunidades, establece realizar un mapeo de los territorios de uso de las comunidades. Si bien el mapeo está bastante demorado luego de 14 años de la entrada en vigencia de la ley y, en algunos casos, la justicia ha hecho oídos sordos a la misma, su existencia es un gran avance.
Para los casos que tienen que ver con población no indígena, es importante mencionar la ley de reparación histórica a la Agricultura Familiar campesina-indígena, que está en proceso de reglamentación y que también busca establecer un freno a los desalojos para facilitar procesos de diálogo y resolución pacífica de los conflictos. Leyes específicas se han dictado en la provincia de Santa Fe y en Salta. Y los resaltamos porque la ley 7658 no sólo frena la ejecución de desalojos en casos con sentencia definitiva, sino que además establece un mecanismo donde el diálogo debe ser facilitado por el Estado, asegurando herramientas técnicas y legales para que las familias campesinas puedan dialogar en pie de igualdad con los titulares registrales, muchas veces empresarios o personas con capacidad de contar con asesoramiento legal especializado.
En efecto, las organizaciones de base indígenas campesinas, las organizaciones de la sociedad civil asesoras, el Estado y otras partes interesadas tenemos la posibilidad de trabajar en común para resolver los conflictos de las tierras y territorios en la Argentina. La experiencia nos muestra que, a través de la implementación de mesas de trabajo para la búsqueda de una solución amistosa entre partes, se puede llegar a acuerdos que permitan la convivencia en armonía en las zonas rurales.
Hago un llamado a las y los lectores que puedan formar parte de organismos del Estado para darse cuenta del rol fundamental que pueden tener en facilitar esos diálogos, a quienes les toca asesorar a titulares de tierras en conflicto para ayudar a entender la historia de los mismos y promover estos diálogos de solución amistosa y, finalmente, a quienes pudieran tener tierras y que viven alguna situación como las que hemos mencionado, que recuerden estas historias y promuevan el diálogo entre partes, con igualdad de oportunidades.
Finalmente, a todos los que leen este artículo en CRITERIO: pensemos en cómo ha sido la historia. Un primer paso es informarse sobre los antecedentes de situaciones como éstas que, muchas veces, en los medios se publican con información parcial, y comprometerse apoyando a las instituciones que acompañan para tratar de resolver estos conflictos.
Agradecimientos: A Miguel Castro por los aportes al presente artículo. A las familias campesinas e indígenas que nos animan a seguir adelante a pesar de las dificultades.
CITAS:
“La utilización del término tierras en los artículos 15 y 16 deberá incluir el concepto de territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera”.
Convenio 169 OIT, Art. 13. Inc. 2
Corresponde al Congreso… “reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones”.
Constitución Nacional. Art 75. Inc. 17
“El diálogo no solamente debe privilegiar la opción preferencial por la defensa de los pobres, marginados y excluidos, sino que los respeta como protagonistas. Se trata de reconocer al otro y de valorarlo “como otro”, con su sensibilidad, sus opciones más íntimas, su manera de vivir y trabajar. De otro modo, lo que resulte será, como siempre, «un proyecto de unos pocos para unos pocos», cuando no «un consenso de escritorio o una efímera paz para una minoría feliz». Si esto sucede «es necesaria una voz profética» y los cristianos estamos llamados a hacerla oír”.
Papa Francisco 27. “Querida Amazonía”.
Pablo Frère es Médico Veterinario, desde 1986 asesora a organizaciones indígenas y campesinas del Gran Chaco Americano. Es Secretario Ejecutivo de Redes Chaco (www.redeschaco.org)
