Desde Salta, el abogado especialista en Derecho Indígena analiza los avances y temas pendientes en torno al cumplimiento de las leyes en materia del derecho de los pueblos indígenas a las tierras.
El abogado Rodrigo Sola está radicado en Salta. Cuenta que llevan nueve meses de sequía y que aún es difícil medir las consecuencias de la pandemia de Covid-19 en las comunidades indígenas: “Quienes tenían alguna changa, no han podido seguir trasladándose en los medios de transporte público. Les resulta prácticamente imposible acceder a los subsidios nacionales como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) dado que las gestiones se realizan por medios electrónicos de los que carecen. Las escuelas están cerradas por lo tanto los niños han perdido el contacto con los docentes y las comunidades tienen problemas para acceder al agua potable, porque los depósitos están precisamente en las escuelas. Algunas comunidades han optado por internarse más al monte y buscar alternativas de subsistencia. Es impactante la contradicción en la insistencia con el frecuente lavado de manos y la realidad de las comunidades indígenas, que no cuentan con lo más básico como agua potable. Hay equipos de Cruz Roja trabajando en la zona y también hay cierta ayuda de los gobiernos provinciales, pero siempre es insuficiente”.
-¿Cuáles son los aspectos positivos en la normativa argentina sobre la propiedad comunitaria de la tierra y cuáles las asignaturas pendientes?
El reconocimiento de mayor magnitud fue incorporar en la Constitución, en 1994, el artículo 75 inciso 17 que reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas y garantiza el derecho a la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que ocupan. Sin embargo, su aplicación efectiva dista mucho de cumplir con las expectativas de las comunidades. A veces la excusa es la falta de reglamentación para mantener el incumplimiento de las obligaciones, y esto implica tanto al gobierno nacional como a gobiernos provinciales. De todas maneras se han registrado avances. Por ejemplo, la provincia de Salta ha avanzado hacia la regularización dominial de territorios indígenas en casos en los que los títulos de propiedad eran del Estado y en otros que estaban en manos de particulares. Por ejemplo, mediante procesos de expropiación y posterior titularización como el caso de las Comunidades Kolla de Rodeo Colorado, Abra del Sauce, Campo Luján y Vizcarra, o del Lote Fiscal 22 del Departamento Rivadavia.
-¿Están identificados los territorios que corresponden a estos reclamos?
Pensemos que los pueblos indígenas durante siglos han sido expulsados de los suelos más ricos hacia zonas de baja productividad y tuvieron que adaptarse para sobrevivir. Ellos han protegido y preservado los recursos naturales y por eso, paradójicamente, esos territorios son cada vez más codiciados por quienes aspiran a aplicar allí la lógica de las técnicas extractivas. La consecuencia es que esos territorios relegados ahora tienen un alto valor de mercado; pensemos por ejemplo en locaciones con recursos mineros. Mientras tanto hay un relevamiento nacional de territorios indígenas en marcha pero que avanza muy lento, pero los desalojos han continuado y mucho más cuando los intereses en esas tierras siguen creciendo. Estos desalojos están incumpliendo con el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas y la ley 26.160, que es la que dispuso suspender la ejecución de los procedimientos y sentencias de desalojo y realizar el relevamiento de sus territorios para la regularización dominial, y que ha logrado registrar menos del 40% del total hasta el momento. Lamentablemente siguen autorizándose desalojos con el aval de la Justicia, por ejemplo en la Patagonia, donde hay latifundios de grandes empresarios en territorio indígena así como terrenos muy apetecibles por su alto valor como recurso turístico.
-¿Es muy diferente la situación en las distintas provincias o regiones?
En el Norte, donde en los últimos años se llegó a buenos resultados con la titularización de algunas zonas de tierras comunitarias, paralelamente se multiplicaron las autorizaciones de desmontes, grandes proyectos forestales y la instalación de emprendimientos mineros que ponen en riesgo el equilibrio comunitario, por ejemplo, lo que está sucediendo con el litio en los salares, que durante décadas no le interesaban a nadie. Las comunidades denuncian que la exploración de litio está avanzando sobre sus actividades económicas, sociales y culturales, incumpliendo la legislación. Los proyectos mineros son autorizados en Salta y Jujuy a base de estudios de impacto ambiental elaborados por las propias empresas interesadas, sin participación ni consulta con los pueblos indígenas afectados. En efecto, la titularización no ha sido garantía de que efectivamente las comunidades tengan el control de los recursos naturales. Hay una carencia muy seria de estudios de impacto ambiental o de espacios participativos en los que discutir este tipo de cosas. En la Región Chaqueña pesa mucho la alta rentabilidad de los cultivos agrícolas, especialmente la soja, lo que provocó el mayor interés de apropiarse, adquirir o alquilar parcelas en otras zonas por fuera de la región Pampeana, tradicionalmente dedicada a la producción agrícola extensiva.
-¿Se han creado instancias de mediación para avanzar en soluciones definitivas?
No es sencillo porque las comunidades están dispersas, pero con el tiempo han ido madurando distintas organizaciones que pueden cumplir cierto rol de representatividad. El Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) tiene una trayectoria muy amplia y es sin dudas un referente importante. Junto a otros abogados que trabajamos en la materia hemos conformado la Asociación de Abogados de Derechos Indígena y hay muchas otras organizaciones comprometidas. El problema es que gran parte de los funcionarios judiciales, políticos y de seguridad suelen tener una perspectiva discriminatoria, que replica los estigmas del pasado, y por supuesto convivimos con grandes intereses económicos en juego. Aclaraciones mediante, se están dando algunos pasos, por ejemplo, el nuevo Mecanismo de Resolución Alternativa de Conflictos Territoriales con los Pueblos Originarios, que se firmó este año en el Consejo de Seguridad Interior para vigilar el cumplimiento de las normas legales argentinas y los tratados internacionales respecto de los derechos de los pueblos originarios, y que ya comenzó a aplicarse en situaciones que fueron de conocimiento público con las comunidades mapuches. Además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia en febrero que se conoció unos meses después en el país en el caso “Comunidades indígenas miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) Vs. Argentina”. En su fallo dice que los pueblos Wichí (Mataco), Iyjwaja (Chorote), Komlek (Toba), Niwackle (Chulupí) y Tapy’y (Tapiete), que suman 132 comunidades, tienen derecho a su propiedad ancestral en el norte de Salta y a un título único para las 400 mil hectáreas que abarcan los ex lotes fiscales 55 y 14 del departamento Rivadavia, y establece plazos para su cumplimiento. Teniendo en cuenta la presencia también de campesinos criollos que a su vez son considerados como pobladores rurales en situación de vulnerabilidad, la sentencia ordenó trasladarlos en un plazo de 6 años a otras 220 mil hectáreas. Además, ordena al Estado argentino constituir un fondo de desarrollo en favor de las comunidades que conforman la Asociación Lhaka Honhat y especifica que debe utilizarse para la recuperación de la cultura indígena, incluyendo programas atinentes a seguridad alimentaria y enseñanza de la historia y las tradiciones.
-¿Cómo es la situación de los indígenas que se han visto obligados a emigrar hacia las grandes ciudades?
Desde hace décadas las sucesivas crisis de las economías rurales impulsaron el proceso migratorio hacia las periferias de grandes ciudades como Rosario, Córdoba, Neuquén o Buenos Aires, y las familian se han instalado en zonas de mucha precariedad. En general consiguen trabajos informales y sufren discriminación y exclusión, y experimentan la nostalgia de lo que dejaron atrás, mientras intentan mantener los lazos familiares con quienes se quedaron en el territorio. Además de la marginación étnica con la que crecieron, en la ciudad sufren marginación social. Sin embargo y en forma paralela, con el incremento de la visibilización de los conflictos, muchas familias indígenas se han reorganizado, reconociendo una identidad común; y hay experiencias muy interesantes –en los alrededores de La Plata, por ejemplo–donde la esperanza, que es un valor muy arraigado en las comunidades indígenas, cobra nuevo sentido.
