Revanchas

El debate por el proyecto de ley de Servicios de Medios Audiovisuales ha sido presentada a la sociedad y a la opinión pública como una pelea entre dos colosos: el Poder Ejecutivo, en cabeza de los Kirchner, y el multimedios Clarín. Opinan los periodistas Luisa Valmaggia, Alfredo Leuco, Pepe Eliaschev y Nelson Castro.

Frente a frente

Luisa Valmaggia (Buenos Aires)

Los principales actores involucrados en el debate no han podido sustraerse a este manejo perverso que distorsiona el núcleo central de la discusión y que tiene que ver con lo esencial que el proyecto de ley debe garantizar y hacer cumplir, esto es, el derecho a la información, la libertad de expresión, la pluralidad y la igualdad de oportunidades para elaborar y difundir contenidos escuchando todas las voces.

Difícil creer a un gobierno que, como la mayoría de los gobiernos constitucionales, se ha manejado en materia de medios con absoluta discrecionalidad, otorgando licencias, prorrogándolas, favoreciendo con pauta oficial a los amigos de turno. Pero también difícil creer en los medios, en particular los que mayor concentración han logrado en las últimas tres décadas, que ante las circunstancias descritas han guardado silencio y se han beneficiado aumentando el número de señales, su patrimonio, el porcentaje en el reparto de la torta del espectro audiovisual, su poder de lobby y sus negocios.

Quienes cubrimos la información política y la actualidad desde hace más de 30 años (la ley que nos rige en materia de radiodifusión es la 22.285 de la dictadura, con sus modificaciones) sabemos del manejo gubernamental, de las presiones hacia los medios y los periodistas y también del poder de los medios hacia el poder de turno, como quedó demostrado en el derrocamiento de Arturo Illia, por dar sólo un ejemplo reconocido por todos.

Nadie es inocente en esta disputa: está claro que la prensa libre es molesta para el poder porque cuestiona, señala, controla, denuncia, y que los medios tienen una influencia y penetración en la sociedad como nunca antes la han tenido, constituyéndose en una herramienta formidable para marcar tendencias, volcar opiniones, crear imágenes positivas o negativas, instalar valores y creencias, no sólo en lo político y económico, sino también en nuestra vida cotidiana, aun en lo que consumimos o desechamos.

Dos ideas para tener en cuenta a la hora de analizar lo que se discute: Ignacio Ramonet dice que “en el proceso de hiperconcentración, los medios abandonan su lugar y papel de control del poder para transformase en el poder mismo”. En tanto Chacho Jaroslavsky llegó a decir durante el gobierno de Raúl Alfonsín que “Clarín ataca como un partido político y cuando se le responde se defiende con la libertad de prensa”.

Que logre discutirse un nuevo proyecto de ley y derogar la que nos rige desde el gobierno militar será sin lugar a dudas un avance sustancial. Hoy, como ya fue dicho, existe absoluta discrecionalidad del Poder Ejecutivo para hacer y deshacer a su antojo, el órgano de control (Comfer) carece de autoridad para hacer cumplir con lo que la norma en vigencia ordena. El crecimiento desmesurado de algunos medios, entre ellos Clarín (posee Canal 13, Todo Noticias, Canal Volver, TyC Sports, TyC Max, Canal Rural, Multicanal, canales en Bariloche, Bahía Blanca, Gral. Roca, Radio Mitre, FM 100, la agencia DYN, etc.) está mostrando que debe legislarse, que el Estado debe tomar un rol ordenador y que debe garantizar, como se viene pidiendo desde la elaboración en reuniones y asambleas a lo largo de todo el país, que se cumplan los 21 puntos elaborados por la Coalición de una Radiodifusión Democrática. Ni excesiva intervención, ni dejar hacer sólo al mercado; discutir y modificar lo que la ley no garantice: libertad, responsabilidad, participación equitativa, distribución del espacio radioeléctrico, controles, protección a la pluralidad a las expresiones de la cultura nacional, a la voz de los que no tienen ni voz ni visibilidad en los medios.

Quedarse atrapados en la disputa política entre dos colosos (Kirchner-Clarín) es permitir que el árbol tape al bosque o lo que sería peor en términos de radiodifusión, estar mirando un solo canal.

 

¿Qué ley necesitamos?

Alfredo Leuco

 

Hay dos preguntas que nos pueden ayudar a entender la complejidad de la batalla de los Kirchner contra el periodismo. La primera: ¿Es necesaria una nueva ley que de una vez por todas multiplique las voces y le ponga límites a la concentración de muchos medios en pocas manos? La segunda: ¿Cree que el gobierno tiene intenciones de aprovechar esta situación para controlar más a la prensa y evitar que se los controle a ellos? La respuesta a ambas consultas es: Sí. Por supuesto que ya llegó la hora de terminar con la emparchada ley de radiodifusión de la dictadura y apuntar a un mayor pluralismo informativo que horizontalice y democratice la circulación informativa. Pero también le digo con la máxima honestidad intelectual posible que, a su vez, desconfío profundamente de los verdaderos objetivos de los Kirchner. Sólo hace falta mirar cuál fue desde siempre su relación con el periodismo y los medios de comunicación. Privilegiaron con información calificada y pautas publicitarias generosas a los militantes del elogio y la obsecuencia. Castigaron con su látigo a los que mantuvieron una mirada crítica e independiente como dice la génesis del periodismo.

El proyecto de ley que enviaron a Diputados es muy respetable; comparto sus conceptos en un 80% o más. Se nota la mano de expertos académicos y luchadores históricos por la libertad de prensa. Hay cosas que corregir y modificar, por supuesto. Pero lo que hay que evitar es que los Kirchner utilicen la nueva ley para poner una pistola en la cabeza de los medios. Hay que evitar que los privados se cartelicen. Pero también hay que evitar que el Estado tenga instrumentos para disciplinar al periodismo. Con muchos aspectos cuestionables, en general, el texto es un claro avance sobre la legislación vetusta y antidemocrática actual.

El problema son los Kirchner. El gobierno matrimonial con su capitalismo de amigos desarrolló el mas formidable operativo de control de medios de comunicación que se tenga memoria desde la restauración democrática en 1983. Es un plan sistemático que se viene perfeccionando desde que llegaron al poder y que utiliza todos los mecanismos de presión, castigos publicitarios, compras y hostigamientos de empresas.

De todo esto surge otra pregunta: ¿Y entonces qué hacemos? ¿Dejamos todo como está? De ninguna manera. Este proyecto y los que tiene el resto de los partidos políticos deberían debatirse en el Parlamento que viene porque estará más repartido el poder y las bancas, lo cual asegura que el resultado sea una ley diseñada a la medida de todos los argentinos y no solamente de los Kirchner. Además, sería maravilloso que los diputados y senadores agregaran la Ley de Acceso a la Información, que tanta transparencia puede aportar; que se termine de una vez por todas con el delito de calumnias e injurias cuando se trata de hombres públicos y que se apruebe una ley que fije las reglas del juego claras y universales para repartir la publicidad oficial, extirpando todo tipo de arbitrariedad. Todos necesitamos mayor acceso a la información y que esa información sea más plural y más democrática. Todos necesitamos menos monopolios y menos presiones del gobierno. La nueva ley no debe ser ni para Kirchner ni para Clarín. Debe ser para todos los argentinos. Porque todos necesitamos más y mejor libertad de prensa.

 

La madre de todas las batallas

 

Pepe Eliaschev

 

¿Estaba la Argentina sedienta de una ley de radio y TV de manera tan acuciante y urgente que demandara de modo taxativo convertirla en “la madre de todas las batallas”? Sólo el apetito insaciable del Gobierno permite entender que en un país desgarrado por la pobreza y la desocupación, una sociedad que no consigue alimentar, curar y educar a todos, la batalla épica encarada por el oficialismo esté dirigida a crear un armatoste normativo pensado, en esencial, para cambiar de cuajo un panorama mediático lleno de inequidades y desequilibrios, pero para mutarlo en otro infinitamente mas dócil y manejable por ese poder. Esta “madre de todas las batallas”, según Gabriel Mariotto, del Comfer, es así presentada por razones muy atendibles.

Lo que el Gobierno le dice a la Argentina es que hay batallas, toda una confesión de su perspectiva militar de la política: generales, coroneles, tropas, son vocablos que nutren la retórica oficialista. Es como si Néstor Kirchner siguiera pensando al mundo con los conceptos, los valores y los instrumentos de que se valía en La Plata de los ‘70.

Pero Mariotto y Kirchner no se equivocan cuando apelan a ese arsenal dialéctico: pareciera ser que la ley de medios es llamada “madre” porque resume un proyecto de poder que sólo puede instalarse jibarizando lo que el grupo en el poder percibe como enemigo mortal.

Los elementos de juicio a la vista sugieren que nunca como hoy se puso en evidencia en la Argentina un proyecto de poder concentrado tan ambicioso, resuelto e implacable.

La ley de servicios audiovisuales es uno de los tantos tópicos que una sociedad abierta puede plantearse debatir y sobre los que es admisible legislar. Pero, ¿con ésta virulencia y dándole esta prioridad? No está en la voluntad del Gobierno, por ejemplo, plantearse de manera igualmente imperiosa atender la salud pública, combatir la desnutrición y la mortalidad infantil, o preguntarse por los alarmantes índices de homicidios.

El Gobierno ha preferido seguir adelante con su pugnacidad militante al servicio de sus objetivos irrenunciables, más poder, más control y más conflictividad. Todo parece indicar que doblegar al Grupo Clarín es la meta impostergable.

La lucha en pro de asegurarse que el 66 por ciento del espectro radiotelevisivo sea oficial o esté, al menos, controlado de modo directo por el poder político central, es una utilización tardía de un viejo apotegma doctrinario de los ‘70. Por aquellas épocas, desde las aulas europeas se pregonaba la necesidad de controlar las superestructuras ideológicas del Estado. Esa era la “madre” de todas las batallas. Fijados en esos años, donde la revolución digital era un proyecto mítico, los actuales detentadores del poder están convencidos de que se trata de atrapar poder mediático, del mismo modo como se planteaban abroquelarse en el poder territorial en aquella época. Además de ser una pretensión intrínsecamente autoritaria (si es que se la pretende consumar a cualquier precio, como todo indica), es un propósito patéticamente obsoleto.

A estas alturas está fuera de toda duda que el núcleo duro del kirchnerismo ha archivado de manera absoluta todas y cada una de las acciones desplegadas tras el 28 de junio para tomar en cuenta lo que fue una rotunda derrota electoral. El 28 de junio no existió. Néstor Kirchner ya instaló su evidente opción de cara al futuro. Su camino está trazado: quiere ser candidato presidencial en 2011.

Así está hoy el país, sumergido en los anacronismos de un poder embriagado de estériles y artificiales fundamentalismos ideológicos. En este escenario, la revelación de que, como se preveía, efectivamente será la sociedad argentina la que sufragará los 600 millones de pesos por año que costará el programa “fútbol para todos”, terminó de patentizar que las pataletas progresistas, presentando a la virtual estatización de la AFA como una rotunda victoria nacional y popular, eran un melancólico acto de hipocresía.

 

www.pepeeliaschev.com

 

Nelson Castro: “La mayoría de los legisladores no tiene ni idea de qué se debate”

 

– ¿Es el momento adecuado para una nueva ley de radiodifusión?

– La ley era absolutamente necesaria, era una deuda de la democracia, pero la forma que eligió el Gobierno fue la peor. Y no es casual, se da en el marco del enfrentamiento con Clarín. Esto es lo negativo, lo que genera esta locura, esta carrera. Además no tiene sentido porque había tiempo suficiente como para que el Gobierno contara con la ley antes del 10 de diciembre. Para un debate prolijo se planteaba un plazo de tres meses. Se hubieran podido arreglar algunas cosas pero, de hacerse, obviamente afectarían el propósito del Gobierno de dar esta batalla. Ese es el problema: nosotros necesitamos una ley que no esté a favor de Clarín pero tampoco del Gobierno, a favor de nadie ni en contra de nadie.

 

–¿Qué opina de la mayor presencia del Estado en los medios?

– Estoy a favor de los medios públicos, son muy importantes, y toda mi vida manifesté rechazo a cualquier escenario de poderes hegemónicos. Pero esta discusión, tal como está planteada, conforma una estructura de medios públicos manejados por el Gobierno. A la luz de la experiencia y del contexto al que nos tienen acostumbrados los Kirchner, el escenario de la nueva ley es obviamente inquietante y potencialmente peligroso.

 

–¿Cree que los debates y foros que se realizaron en los últimos meses fueron lo suficientemente amplios?

–Algunos fueron buenos y otros malos; hubo grandes irregularidades y faltaron presencias importantes. Además, las convocatorias se dieron en un contexto complejo en el que no se terminaba de tomar en serio la posibilidad de que la ley se aprobara. Es evidente que en la elaboración del texto participaron académicos que conocen muy bien el tema, sin embargo, esos aportes enmascaran un núcleo muy malo. Y lo bueno es de dudosa aplicación, y éste será el mayor problema que deberemos enfrentar.

 

–Las contradicciones aparecen inclusive entre medios y entidades que en principio tienen intereses comunes.

– Sí, y me animo a decir que la mayoría de los legisladores no tiene ni idea de qué se debate porque es un tema muy técnico, específico. Por eso insisto en que faltó tiempo para debatir. Lo óptimo hubiera sido una ley resultado de muchas voces y no un texto que habilite el predominio de unas en desmedro de otras.

 

–¿El escenario que plantea la ley prevé el desarrollo tecnológico?

–No, no alcanza. La Argentina necesita discutir una ley de medios y una ley de telecomunicaciones; deben ser paralelas. La evolución de la tecnología exige la simbiosis entre el teléfono, la transmisión de datos a través de internet, la televisión por cable… Todos estos medios tendrán un camino común, un solo cable, por eso hay que regularlo muy bien. El tema del ingreso de las telefónicas hubiera sido terrible porque apuntaba directamente a un negocio del Gobierno con Telecom; está clarísimo. Tomemos un ejemplo: la telefonía vendrá por los celulares, que ya son muchos más que las líneas fijas. Esto hay que discutirlo profundamente, pero no hacen falta diez años sino algunas semanas, las suficientes como para dilucidar algunos elementos.

 

–Como usted señaló, el proyecto oficial tuvo cambios en Diputados, por ejemplo, las limitaciones a las telefónicas. ¿Cree que hay posibilidades de nuevos aportes?

–Habrá que ver qué pasa. El Gobierno no quiere modificaciones parciales para que el texto no tenga que regresar a Diputados, porque ahí sí le va a costar imponer algunas cosas. Lo grave es que, tal como está, uno de los escenarios posibles es que desaparezcan señales, por ejemplo, canales como el 26 o TN, y eso es malo, es muy malo.

 

–¿No está de acuerdo con el plan de desinversión?

–¿Quién va a poder comprar medios en la Argentina? ¿Hay tantos capitales para comprar medios? En la ciudad de Buenos Aires, donde existe el mayor caudal publicitario, dos canales ya están en convocatoria de acreedores: el canal 9 y América TV. ¿Quiénes han comprado medios últimamente en la Argentina? Las empresas aliadas al Gobierno: Electroingeniería, Sergio Spolsky y demás. ¿Cómo se van a sostener? Con publicidad oficial. Y en el interior, muchos medios van a cerrar. Por otro lado, hay una ingerencia muy grande en el manejo de la programación. Me parece perfecto que se estimule el federalismo y la regionalización, pero no es viable la forma en que se plantea en la ley, porque obligará a muchos medios a sobrevivir a expensas de la publicidad oficial de cada gobierno. En lugar de medios más independientes se va a generar más dependencia. Es difícil, sin embargo, alertar sobre esto porque la ley aparece en un contexto político en el que muchos legisladores votan y listo; están más preocupados por otros intereses. Y hay mucha gente que honestamente defiende la ley pero no ve sus consecuencias a futuro.

 

–¿En qué se asemeja esta “batalla” con la resolución 125?

– También es una ley que interesa poco desde el punto de vista técnico y que se ha manejado políticamente.

 

–¿Cómo lo ve al vicepresidente Cobos en este debate?

–Creo que a su pesar el Gobierno tiene los votos que necesita, incluido el socialismo de Santa Fe. Sería una sorpresa que el Gobierno llegara a aquella situación. Está bien que con la 125, cuando arrancó el debate, el Gobierno estaba siete votos arriba…Pero hoy la impresión es que esa situación está más distante. Además, este tema genera menos presión política; la gente no tiene una comprensión muy clara de qué es lo que está pasando. Ve el enfrentamiento entre Clarín y el Gobierno, pero eso no lo afecta en su vida inmediata. En estos temas los resultados se ven después.

 

Entrevista de Romina Ryan