Editoriales

Recuperar la economía amenazada

La economía argentina atraviesa un frente tormentoso. El famoso “viento de cola” internacional, cuyo impulso fue decisivo para la recuperación económica iniciada en 2003, ha virado y se ha puesto en contra, por ahora con intensidad moderada. Sin llegar al filo de la recesión plena, la desaceleración de los Estados Unidos se ha extendido a Europa y a parte de Asia. La actividad económica en Japón sufrió una fuerte caída en el segundo trimestre y las bolsas de China e India acumulan bajas del 60% y el 40%, respectivamente (cabe aclarar que desde valores muy altos). Las economías de los países desarrollados suman un 70% del producto interno bruto mundial, y su desaceleración no será inocua para el resto del mundo. La caída del 25% de los precios de las commodities se explica por el agotamiento natural de la especulación y la revalorización del dólar. Como bandera al viento, esos precios seguirán fluctuando pero difícilmente regresen a los niveles de la primera mitad del año.

 

Pero más acá del mundo, ha habido impericia en nuestro puente de mando (circunstancia traducida en la disparada del riesgo país y el derrumbe de la bolsa) al influjo de la resistencia a devolver al INDEC una credibilidad laboriosamente ganada y brutalmente destruida y del vaudeville de los bonos vendidos a Venezuela. Si el supuesto amigo presta a más del 15% anual en dólares, no caben dudas: hay problemas.

 

Hace ya varios años advertíamos que la muy exitosa recuperación de la economía argentina dependía demasiado del “viento de cola” y se estaba desaprovechando la oportunidad para sentar bases sólidas para un desarrollo sostenido; mientras, en cambio, se cultivaban pesadas herencias como la alta inflación, precios relativos distorsionados y una solvencia fiscal algo precaria por su dependencia de los precios externos. Se rehuía, y se rehúye, una mirada de más largo plazo, y su lógico resultado es un país a la deriva en el mundo, sin una estrategia de desarrollo, ineficientes contrarreformas del estado –como puede terminar siendo la reestatización de Aerolíneas Argentinas–, y un sistema impositivo centralista y plagado de distorsiones. Esta mochila –curioso “obsequio” del gobierno anterior al actual– será más difícil de cargar en el marco mundial 2008-2009.

 

Los desafíos más urgentes son restaurar la confianza perdida, mostrar un programa de estabilización coherente, superar las amenazas que se ciernen sobre la solvencia fiscal, hasta ahora la principal clave interna de la recuperación, y presentar un plan financiero coherente para el año 2009. Para reconquistar la confianza es crucial colocar al INDEC bajo una dirección creíble y competente, y empezar a producir números acordes, sobre todo en los precios al consumidor, la pobreza y la indigencia, que han sido los más afectados por las manipulaciones. Estabilizar la economía requerirá una política fiscal más austera, con menor crecimiento del gasto y aumento del superávit. Esto exige atravesar el trago amargo del ajuste de los precios de la energía y los combustibles, hasta ahora evitado con subsidios que este año casi alcanzarán a 30.000 millones de pesos, nada menos que un 3% del PIB.

 

Puede hacerse gradualmente, sin llegar a un “rodrigazo”. Pero hay que hacerlo por razones de lógica económica y también de equidad. En el primer caso, porque si no se alienta decididamente la exploración y la producción de petróleo y gas, en poco tiempo la Argentina se transformará en un país importador neto de energía, con la consecuente reducción del superávit comercial y un drástico aumento de precios a niveles internacionales.

 

En cuanto a la equidad, por dar sólo un ejemplo, resulta insólito que hoy el interior del país y el sector agropecuario, con su aporte a las retenciones a las exportaciones, subsidien el consumo energético de los sectores sociales pudientes del Gran Buenos Aires. Hay distorsiones aún peores, por ejemplo, que el precio del gas natural domiciliario sea casi seis veces menor que el de la garrafa que consumen los más pobres. Una mejora de la situación fiscal reduciría el nivel de riesgo soberano de la Argentina, que hace un año igualaba al de Brasil y hoy es tres veces mayor. La caída del riesgo abarataría el crédito y alentaría la inversión, lo que compensaría la menor demanda por disminución del gasto del sector público. Esto es necesario y conveniente, porque los márgenes empresarios se están reduciendo y los principales motores, que desde 2003 fueron el agro, la construcción, el turismo y la minería, ya no tendrán el mismo impulso, en parte por la sostenida apreciación del peso, que resulta principalmente de la alta inflación. El único modo coherente de evitar que este proceso continúe hasta límites inconvenientes –pues ya afecta a algunos sectores– es un aumento significativo del superávit del Tesoro, que entonces podría reemplazar al menos una parte de la compra de divisas que hoy realiza el Banco Central y que lleva a su creciente endeudamiento.

 

Estas medidas encontrarían también algunos datos de contexto favorables. Una es la caída del precio del petróleo, que permitiría reducir los subsidios. La otra es que la inflación, aunque todavía muy alta, muestra signos de desaceleración, por el insólito enfriamiento político de la economía, la nueva política monetaria de “tipo de cambio bajo” y la caída de los precios de las commodities. Más allá de esto, seguimos creyendo que la tendencia de fondo de crecimiento de los países emergentes es sólida y que, depurados los excesos especulativos, los precios externos de los alimentos de los próximos lustros serán claramente más altos que los del último cuarto del siglo XX.

 

La situación es compleja aunque técnicamente manejable, si se actúa rápidamente. Las dudas importantes surgen en torno de las decisiones políticas. ¿Serán las adecuadas? No se trata de una rectificación integral sino más bien de recurrir a la sensatez: respetar las estadísticas, recomponer la solvencia fiscal, atacar en serio la inflación y anunciar un plan financiero creíble.

 

Es mucho lo que está en juego. Porque significa también mostrar que la Argentina es capaz de superar el síndrome de una crisis grave que se manifiesta cada cinco o seis años desde 1975. Y, por sobre todas las cosas, significa evitar que la sociedad, pero en especial los más pobres, vean una vez más cómo se esfuman los proyectos y las esperanzas, junto a los ingresos y a los empleos. El estado no puede permanecer al margen. Para el gobierno se trataría, nada más pero nada menos, que restaurar la confianza reconciliándose con la realidad.