Editoriales, Notas de Tapa

Política y testimonio

El 29 de junio, los diputados y senadores electos deberán esperar casi seis meses para asumir sus bancas, mientras que los representantes que abandonen sus escaños tendrán la tarea de continuar legislando en ese período, con una legitimidad renga. Este es sólo un ejemplo de la anormalidad por la que transitan las próximas elecciones de medio término.

 

Candidatos “testimoniales”, cuyo ejemplo más dramático es el gobernador Daniel Scioli, recorren sus territorios haciendo campaña. A la hora de aclarar si asumirán o no sus bancas, sólo contestan de manera evasiva y general. Las respuestas no trasponen el umbral de las ambigüedades: “en su oportunidad se evaluará”. Triste destino el de la política: una cuestión tan elemental como la postulación para un cargo electivo, cuya consecuencia inmediata debería ser la asunción del compromiso para el que fue electo, resulta hoy casi una excepción dentro de las listas del oficialismo en la provincia de Buenos Aires.

 

Nos preguntamos: ¿cuál es la legitimidad de un candidato que se postula para no asumir su banca? ¿Cuál es el grado de calidad política que esconde este esquema? ¿Acaso una lista encabezada por un “testimonial” no queda invalidada en su conjunto?

 

Ante un panorama eleccionario tan por fuera de lo que la normalidad clama, conviene quizá reflexionar, aunque más no sea brevemente, sobre la política y los políticos. Palabras gastadas y remanidas que, no obstante, encierran en su significado la senda por la que entendemos debería continuarse la construcción de un sistema representativo más honesto y transparente para con el ciudadano.

 

Carlos Strasser, en sus cursos de Teoría del Estado, dice con sencillez: “el político se debe al bien común como el estudioso a la verdad”. La política, pues, debiera ser el arte de equilibrar las pasiones y administrar la escasez para lograr el ansiado bien común. Convengamos que la expresión “bien común” resulta también un término manipulable que muchas veces ha sido desvirtuado, y cuyo contenido puede ser interpretado desde diferentes sesgos ideológicos.

 

Si el político se debe al bien común, ¿cómo llenamos de contenido este concepto? ¿Dónde está definido? El ex presidente uruguayo Julio María Sanguinetti, tan amigo de la Argentina, en la reciente presentación de su libro La agonía de la democracia, dijo que los marcos de convivencia y las leyes son forma que se transforma en sustancia. Tales marcos –lo hemos dicho muchas veces desde estas páginas– no son otros que la Constitución y las leyes. Su cumplimiento será, pues, el bien común al que se deben los políticos, sin pretender reducir este concepto exclusivamente a lo jurídico.

 

Queda preguntarse –en esta campaña atravesada por el incumplimiento permanente de los marcos jurídicos– si los candidatos apuntan realmente al bien común, como dice Strasser, o si están comprometidos con otras cuestiones que nada tienen que ver con aquel.

 

No sólo los candidatos testimoniales son “testimonio” de esta anomia, sino también los postulantes que renuncian a sus cargos ejecutivos, en distritos importantes como la ciudad de Buenos Aires, para intentar hacerse elegir para otras funciones, con el argumento subyacente de que es necesario ganar una elección. Entristece que los abanderados de la “nueva política” reincidan en las prácticas que denostaron para diferenciarse de lo viejo.

 

El gobernador de la provincia de Buenos Aires secunda al ex presidente Néstor Kirchner en una aventura maniquea, en donde los “buenos” se juegan por su distrito en contra de los “malos”, que agreden el “modelo productivo”, único esquema de salvación de los ciudadanos. Veladas amenazas –luego desmentidas– sobre el avecinamiento del caos y la confusión en caso de que los “buenos” no sean ratificados en las urnas; y, en fin, un grosero gasto de fondos y bienes públicos –en el caso del oficialismo– y de bienes propios –en el caso de alguna oposición– parecen determinar que la única manera de hacer política es la que está sostenida por el gasto desmesurado y la polarización permanente.

 

Si el político se debe al bien común, entendiendo su contenido como el que establecen la Constitución y las leyes vigentes, entonces la campaña debería girar sobre los temas trascendentes del momento, para proponer de manera real, planes de acción en el corto y largo plazo. Hay problemas que afectan de manera severa a la sociedad: la pobreza, la indigencia, la desprotección de niños y jóvenes que caen en manos de la droga y la delincuencia, con pocos o ningún recurso para liberarse de la esclavitud del paco. La ausencia del Estado hace que sacerdotes, dirigentes sociales y voluntarios suplan, de manera limitada, el desinterés de muchos políticos por el bien común.

 

Otros temas que en estas páginas hemos destacado, continúan arrastrándose como rémoras, sin que la política se ocupe siquiera de intentar solucionarlo. ¿Es tema de campaña la vergonzosa situación del INDEC? ¿Lo es acaso la administración y el control de los fondos de la ANSES y la literal intervención del Estado en empresas privadas, mediante la designación de directores, tema ya tratado en estas páginas? ¿Qué decir de la errática política exterior de la República? ¿O de la afectación del aparato productivo agroindustrial, fruto del permanente discurso polarizante, en donde el gobierno es quien dice cuidar a los que menos tienen, generando políticas (con minúscula) que no privilegian el bienestar general y el largo plazo?

 

Las preguntas pueden seguir hasta el infinito, y desnudan el desinterés por lo que es la función primordial de los políticos: administrar la escasez y ocuparse de los temas que a la gente – en especial a los que menos tienen– verdaderamente les interesa: trabajo, bienestar, salud y educación.

 

Paulatinamente la Argentina está abandonando la aventura del progreso económico y del ascenso social, para entretenerse en la desventura de la redistribución de lo poco que queda. El progreso requiere acuerdos, y para que éstos existan, lo fundamental es el diálogo, la transacción, el debate franco y la construcción a partir de lo ya hecho. En resumen, la acción de la política.

 

Difícil resulta poner a la República en la senda del progreso, si el político no se debe al bien común, y algunos ciudadanos y referentes gradualmente renuncian a la esperanza y al trabajo, para ilusionarse con salidas de corto plazo cuyas recetas probamos en el pasado con resultados catastróficos.

 

Desde estas páginas sosteníamos en 2002 la necesidad de que la Argentina se transforme en una patria “modesta y moderna”. Hoy parece necesario volver sobre esos conceptos: modesta, para que tanto políticos como sociedad civil puedan articular caminos de construcción de redes de bienestar general; moderna: para que de una vez entendamos que los marcos y las leyes son los que permitirán que la aventura del progreso deje de ser una declamación retórica y se convierta en sustancia de la construcción de una nación “normal”.

 

A la hora de votar, quizá estos conceptos nos ayuden a tomar una decisión fundamentada, que privilegie el equilibrio y la mesura frente a la desproporción y las conductas que no se ajustan a los marcos de convivencia vigentes.