Mientras el gobierno debe responder a las emergencias de una naturaleza que no regala nada a los chilenos, el mundo político se ve sacudido por los escándalos vinculados a la financiación ilegal de las campañas políticas. Negocios poco claros del hijo de la presidenta Michelle Bachelet han afectado la imagen y el liderazgo de la mandataria.

Las inundaciones en el norte, la región más árida del planeta, la actividad de los volcanes, los incendios en el sur, la sequía en gran parte del país y el peligro, siempre latente, de terremotos y tsunamis no han sido los únicos problemas para el gobierno de Chile en estos meses.
El escándalo que se conoce como “Caval” ha impactado duramente en la popularidad de la presidenta Michelle Bachelet. Si al comenzar su campaña electoral, en 2013, contaba con una aprobación de la opinión pública en torno al 70%, hoy este índice bajó a un preocupante 31%, menos que en 2007, el peor momento de su anterior gobierno.
Caval es una firma de modestas dimensiones de la que es dueña del 50% la nuera de Bachelet y en la que el hijo de la mandataria, Sebastián Dávalos, está a cargo del desarrollo de proyectos. A fines de 2013, y en coincidencia con el triunfo electoral en segunda vuelta de la coalición de centroizquierda liderada por Bachelet, en modo inusual y en tiempos llamativamente breves, la empresa obtuvo del Banco de Chile un crédito de diez millones de dólares para un proyecto de especulación inmobiliaria gracias, al cual pudo lograr ganancias millonarias en dólares.
En febrero, las suspicacias suscitadas por el millonario negocio tomaron cuerpo a partir de las revelaciones de la revista Qué pasa. El episodio motivó la intervención del ministerio público que está tratando de establecer si hubo tráfico de influencias (el vicepresidente del banco admitió que hubo una reunión con Dávalos y su esposa) y si hubo acceso a información privilegiada acerca del cambio en la destinación de los terrenos y, por ende, de su valor.
El escándalo suscitó irritación en una opinión pública normalmente muy crítica con el sector político, con el agravante de un manejo torpe del episodio: primero hubo un llamativo silencio, luego la Presidenta (en ese momento de vacaciones con la familia de su hijo) hizo saber que supo de los negocios por la prensa, para más tarde tratar de circunscribir los hechos a la esfera de la actividad privada de Dávalos. A mediados de febrero, la situación se volvió insostenible y Dávalos renunció a su cargo en la Dirección sociocultural de la presidencia. Alegó no haber cometido ilícitos y pidió disculpas por el daño ocasionado.
En efecto, el caso ha golpeado duramente la credibilidad de un gobierno que ha centrado su gestión en la lucha contra el alto nivel de desigualdad social, precisamente cuando es clave obtener la confianza de la ciudadanía ante los cambios profundos que intenta introducir en el país a través de la reforma del sistema tributario, la educación, la previsión social, la salud y el mercado laboral. Ninguna empresa de esas dimensiones en Chile podría recibir un préstamo tan importante.
Queda afectado también el liderazgo de Bachelet, hasta ese momento indiscutido, en su conglomerado político, y queda salpicada su imagen de figura intachable; no por improbables intereses espurios sino por la falta de rapidez para intervenir en un episodio que involucraba a un familiar. Una falla seria en el plano político y un pecado grave en un país donde el sector político goza de escaso prestigio. En la opinión pública, la carrera política es vista como una oportunidad de mejora del estatus social, un privilegio reservado para pocos dirigentes, entre los cuales se repiten con frecuencias los mismos apellidos. Acaso, esta distancia explica que en las últimas elecciones haya concurrido a las urnas la mitad de los electores.
El caso Caval es, sin embargo, uno de los episodios que está sacudiendo la política chilena, no el único y acaso tampoco el más grave. El verdadero vendaval es el escándalo de las financiaciones ilegales de las campañas políticas por parte de empresas. El caso más resonante involucra sobre todo a dirigentes del tradicional partido de la derecha, la Unión Democrática Independiente (UDI), que no sólo habrían recibido aportes irregulares por el grupo empresarial Penta (superiores al tope que fija la ley respecto de las utilidades), sino que hubo emisión de facturas falsas y evasión de impuestos. En marzo, el juez competente dictó la prisión preventiva para varios dirigentes de Penta y algunas figuras de la UDI. El escándalo motivó la renuncia del presidente del partido.
Para varios analistas, estaba claro que era bastante ingenuo pensar que las financiaciones ilegales fuesen un problema sólo de la derecha. Una reflexión que luego se vio confirmada por una arista del caso Penta que lleva hasta la empresa minera Soquimich, que habría financiado a sectores de centro izquierda.
Sin duda, estamos lejos de los desfalcos astronómicos de casos como el de Petrobras en Brasil o con el uso del aparato estatal como “caja” para la actividad política en la Argentina. En el país existe un tradicional cuidado con el uso de los fondos públicos y el umbral de tolerancia respecto de la corrupción es bajo. No es casual que, en el ranking de Transparencia Internacional, Chile ocupe el lugar 25 de 175 países y, si bien hay casos de corrupción, se trata de un fenómeno aislado percibido con irritación por la opinión pública. A su vez, la justicia intervino con rapidez en todos estos casos, respaldando la fortaleza de las instituciones. Queda instalado el debate sobre la relación entre negocios y política y puede que estos episodios produzcan un antes y un después frente la necesidad de recuperar la confianza de la ciudadanía. La normativa existente al respecto deberá ser actualizada. De hecho, y con el consenso de todos los partidos, el gobierno promovió una comisión de notables que en breve presentará propuestas para regular la relación entre los partidos y el mundo de los negocios. Por su parte, la Presidenta amplió las disposiciones en materia de transparencia. Son elementos que indican que el país posee los anticuerpos para evitar que fenómenos de este tipo se expandan, afectando una institucionalidad ejemplar en la región latinoamericana.

El autor es periodista

 

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