Sin lugar a dudas, 2015 es un año electoral. No sólo porque se elige la fórmula presidencial que gobernará los próximos cuatro años, sino por el intenso y extendido cronograma al que la ciudadanía ha sido sometida. El año se inauguró el 17 de mayo con las elecciones generales salteñas y culminará (en caso de segunda vuelta), el 22 de noviembre.
En el plano nacional, se elegirán también 130 diputados y 24 senadores nacionales. Asimismo, con excepción de Corrientes, se renuevan la totalidad de las autoridades ejecutivas provinciales.
En este intenso cronograma electoral, el 9 de agosto pasado tuvieron lugar las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias para seleccionar candidatos a nivel federal, lo que también incluyó, en muchos casos, primarias provinciales (Buenos Aires, Chubut, Entre Ríos, Tucumán, San Juan y Misiones).
No es mi intención evaluar los resultados ni hacer especulaciones sobre lo que ocurrirá en octubre. Por el contrario, me resulta interesante mirar el acto eleccionario del 9 de agosto y sus diversas vicisitudes.

El acto eleccionario
En un día signado por la lluvia y el mal tiempo en gran parte de la región metropolitana y en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe, alrededor del 73% del padrón electoral concurrió a votar. El sistema aplicable a esta elección fue el tradicional vigente desde la vuelta de la democracia, en donde se selecciona –en el cuarto oscuro– la boleta en formato papel, de la preferencia de cada uno. A tal efecto, las autoridades de mesa deben desplegar, en dicho recinto, la totalidad de la oferta electoral expresada en distintas boletas. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, la cantidad y extensión de las boletas era inconmensurable.
Las redes sociales reflejaron de manera rápida los inconvenientes que trae aparejado el vetusto sistema. Por otra parte, algunos políticos y autoridades electorales mostraron, con sus dichos y sus tweets, una compleja visión del acto electoral.
En cuanto a los problemas, la Red Ser Fiscal (www.serfiscal.org), por ejemplo, recibió 3.500 denuncias de irregularidades en el acto comicial, de las cuales 774 fueron corroboradas por dicha red. La misma organización informó que el 74% de las denuncias se refería al robo o faltante de boletas, en tanto que el resto se vinculaba a intimidaciones, actos proselitistas en los comicios, pérdidas, problemas con los telegramas, etc.
Por otra parte, me atrevo a decir que todos, de un modo u otro, hemos escuchado de amigos y parientes que actuaron como fiscales, o de amigos de nuestros amigos, algún relato para compartir. En general, estos hechos se dan –en su mayoría– en el conurbano profundo. Y tienen que ver con el robo de boletas, faltantes, intimidaciones y la incapacidad de los presidentes de mesa. Un amigo me refirió que en la escuela que fiscalizó, las boletas de Julián Domínguez eran sistemáticamente “tapadas” por las de Aníbal Fernandez.
Otra característica que se repetía en la elección fue la falta de preparación o desidia de las autoridades de mesa. Esta circunstancia, en un recuento complejo (como fue el caso de las PASO), provocaba el error en la confección de las planillas y telegramas, y la falta de capacidad de control por parte de los fiscales.
La contracara interesante de esta circunstancia es el fomento de la participación ciudadana. No obstante, con una complejidad: el ciudadano debe controlar una precondición del Estado, que es garantizar la transparencia de toda elección. Se trata de una obligación del Estado, como sería la de no torturar o no matar. Justamente, la idea de la creación del Estado tiene que ver con que el ciudadano delega ciertas facultades y libertades, para que éste garantice su gozo pleno . Las elecciones del 9 de agosto demuestran, por el contrario, que no puede garantizar una elección transparente. Los ciudadanos, entonces –como en muchas otras áreas– deben disponer de su tiempo para suplir a la maquinaria incompetente del Estado. Dos caras de una misma moneda: compromiso ciudadano para garantizar lo que debería estar asegurado.
Por otra parte, la provisión de boletas generó una enorme confusión. Un video que circuló por las redes sociales mostraba a una señora con un chaleco que la identificaba como “Autoridad electoral”, que sostenía que ella no era responsable de proveer las boletas, sino que era tarea de cada uno de los partidos políticos y agrupaciones. Si faltaban, era un problema ajeno al Estado. Ergo, quienes tienen pocos recursos, no son dignos de ser tenidos como candidatos.
En otro tweet, una candidata oficialista manifestó muy suelta de cuerpo que la escasez de boletas de cualquier agrupación reflejaba su falta de compromiso y militancia. Le faltó agregar que no merece ser elegido…La trampa es manifiesta: quien mejor organizado esté y más plata tenga, podrá reponer boletas y –por qué no– sacar las de los contrincantes.
En fin, esta breve crónica sólo demuestra lo que sabemos desde hace tiempo: el sistema de elección por boletas que actualmente se utiliza beneficia a los oficialismos (cualquiera sea su color), y promueve la trampa e irregularidad.
En este contexto, la densidad de nuestro derecho a elegir autoridades, en muchas jurisdicciones, resulta débil. Una elección reñida puede modificarse producto de estas artimañas, las que –como hemos visto– pretenden tener algún justificativo conceptual. Voy a exagerar: la trampa se justifica contra quien no tiene recursos, pues carece del necesario espíritu militante para sostener a sus candidatos.

La necesaria reforma de la manera de votar
El 9 de agosto nos demuestró que el método electoral no resiste más y debe ser reformado. El Estado no está cumpliendo su mandato constitucional de garantizar el pleno ejercicio de los derechos políticos (art. 37 de la Constitución). Por el contrario, somete a la ciudadanía –en varios y vastos territorios de la República–| a un stress electoral y a la sospecha que los resultados podrán estar alterados en sus márgenes. No estamos hablando ni comparando, desde luego, la actual situación con el fraude de la década del ‘30 del siglo pasado.
Estamos hablando, por el contrario, de algo mucho más sencillo: implementar métodos existentes y probados, como la boleta única o la boleta electrónica, que permiten una elección más transparente que la actual. No parece algo demasiado difícil.

1 Para esta distinción, sigo a Lucas Grosman en su libro “Escasez e Igualdad – Los derechos sociales en la Constitución”, Ed. Libraria, 2008.

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  1. LUCAS VARELA on 4 septiembre, 2015

    Estimados amigos,
    Nuestro régimen democrático actual es gobernable, cuando sus dirigentes deciden acciones y actúan en el marco de las instituciones democráticas y republicanas. Este accionar, puede ser aceptado o no por la ciudadanía, aunque, debe ser respetado para consolidar la acción democrática.

    En democracia, la convivencia descansa en la confianza mutua y en el esfuerzo ajeno. Para esto, es fundamental que los políticos sean consecuentes y respetuosos. Es decir, que se comporte democráticamente.
    Específicamente, en un proceso electoral debe haber ganadores y perdedores, según lo dispuesto por la ley. Es profundamente antidemocrático no aceptar la derrota, y acusar al sistema electoral (que ya tiene 30 años de vigencia). Así, cuando ellos pierden, perdemos todos.

    Vivimos democráticamente porque los ciudadanos le damos crédito, autoridad y confianza a nuestros representantes; pretendemos que se comporten como buenos funcionarios.
    De todos los males públicos, el más fatal es la mentira. Basta ser mentiroso para que todas las cualidades que pudiera tener un funcionario serán infructuosas. Con la mentira se pierden elecciones.

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