El centenario de la democracia

El 2016 es año de doble celebración: el bicentenario de la independencia ocurrida el 9 de julio de 1816 y el centenario de la democracia con la elección del 2 de abril de 1916 en que se aplicó por primera vez la ley de voto directo, secreto y obligatorio, llevando a la presidencia de la Nación al doctor Hipólito Irigoyen.
Dos siglos en los que la lucha por la construcción de la república, primero, y por la implantación de la democracia, después, signaron nuestra historia.
El Congreso de Tucumán inició el camino para constituirnos en una nación. Con un territorio indefinido, protagonistas confrontados con visiones e intereses diferentes, no se logró consensuar una constitución común. La extensa dictadura de Juan Manuel de Rosas como el principal caudillo de la Confederación Argentina fue derrotada en la batalla de Caseros el 3 de febrero de 1852 por Justo José de Urquiza, quien dio comienzo a la verdadera organización nacional.
Convocó una Convención Constituyente, reunida en Santa Fe, que “adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal”, en el artículo 1° de la Constitución sancionada en 1853. La condición de federal fue resistida por la unitaria provincia de Buenos Aires, que se convirtió en un estado rebelde, separándose de la Confederación, hasta su derrota en la batalla de Cepeda. Buenos Aires acepta la Constitución, reformada a ese efecto en 1860, y se inicia así el verdadero proceso de consolidación de la Nación Argentina.
El progreso es el signo de los tiempos y el país se conecta y se abre al mundo siendo una promesa de prosperidad que atrae una gran inmigración. El trabajo y la educación son los principios que rigen las condiciones del progreso. La ley 1820, de educación común, gratuita y obligatoria, es el elemento fundamental de ascenso, atributo integrador y generador de la identidad nacional.
La sociedad se diversifica y nuevos grupos ilustrados, “los nietos de los próceres con los hijos de los inmigrantes”, según Ricardo Rojas, reclaman nuevos roles de representación política, reservada hasta entonces a un patriciado hereditario. Son los Marcelo Torcuato de Alvear y los descendientes de aquellos inmigrantes que apostaron a M’hijo el dotor.
Una crisis económica y un gobierno oligárquico, corrupto y autoritario generaron la primera protesta en septiembre de 1889. En un mitin juvenil se constituyó la Unión Cívica de la Juventud, que dio origen a la fundación en abril de 1890 de la Unión Cívica, presidida por Leandro Alem y con la presencia de notables opositores, entre ellos el ex presidente Bartolomé Mitre. El 26 de julio, se produce la Revolución del Parque, un levantamiento armado que ocasionó la caída del Presidente Juárez Celman. Ante las siguientes elecciones presidenciales, Mitre, que había sido elegido como candidato por la Convención partidaria de la Unión Cívica, pacta con el general Roca una fórmula de “unidad nacional”. La oposición de Alem es tajante.
Nace así, el 26 de junio de 1891, la Unión Cívica Radical, con su reclamo y su lucha por un sistema electoral democrático. En 1893 Alem encabeza un nuevo alzamiento, manifestándose contra un orden anticonstitucional, elitista y componedor. La sublevación es reprimida.
Luego de la muerte de Alem, la Unión Cívica Radical se organiza bajo la dirección de Hipólito Irigoyen, quien denuncia al régimen y lucha a través de la abstinencia electoral y un nuevo y último levantamiento en 1905, igualmente reprimido.
Este episodio tuvo un efecto importante sobre el mundo político, que consideró irremediable un cambio de las prácticas electorales. En 1910 asumió la presidencia de la Nación Roque Sáenz Peña. Hipólito Yrigoyen mantuvo dos encuentros privados con él reclamando una ley electoral que estableciera el voto universal, secreto y obligatorio.
La ley sancionada en 1912 puso fin a la abstención radical. Aplicada por primera vez en las elecciones de 1916, da inicio a la democracia que inaugura el siglo que estamos evocando. Pero su camino será difícil, lleno de acechanzas, pequeños avances y grandes retrocesos.
El presidente Yrigoyen asumió el gobierno el 12 de octubre. Su conocida afirmación “Mi programa es la Constitución” es la exaltación de la concepción republicana de gobierno sustentada por el radicalismo, y del respeto del estado de derecho para todos los ciudadanos. Su gestión gubernamental fue de promoción de un desarrollo moderno, de defensa de lo nacional, de consagración de avances sociales, con un fuerte acento en la educación. Consideró a su gobierno como “la reparación” frente a ese “régimen” que debía suplantar, encarnando una política sin concesiones. Fue un mandatario atento a los grandes desafíos nacionales y a la inserción del país en el mundo, buscando resultados concretos a cada problema: “las efectividades conducentes”, como lo expresaba en su lenguaje personal. Ciertos hitos jalonaron su gobierno, que tuvo continuidad en el de Alvear y en su segunda presidencia.
En 1919, tercer año de su gobierno y a siete años de la Ley Sáenz Peña, se presentó el primer proyecto para otorgar el voto a las mujeres del diputado radical Rogelio Araya, iniciando un largo proceso de casi tres décadas hasta la sanción de la ley en 1947.
En 1918 se produjo en Córdoba la Reforma Universitaria, estableciendo la autonomía de las casas de altos estudios, la libertad de cátedra y el cogobierno estudiantil, que fue apoyado por el presidente Yrigoyen y ha sido una bandera irrenunciable de la UCR.
En 1919 creó la Universidad del Litoral, nacionalizó la Universidad de Tucumán para extender su influencia regional, creó el Instituto Bernasconi, las escuelas Raggio, la Escuela Superior de Arte “Ernesto de la Cárcova”, el Instituto de Investigaciones Históricas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y el Instituto de la Nutrición. En 1919, Bernardo Houssay fundaba el Instituto de Biología y en 1925 visitaba la Argentina Albert Einstein. Se construyó el edificio de la Academia Nacional de Medicina y se fundó la Sociedad Argentina de Escritores.

En 1919 Yrigoyen presentó en el Congreso el proyecto de Código de Trabajo como “fundamento de la justicia social”, que nunca fue aprobado. Leyes posteriores comenzaron a ser parte de la legislación laboral: los sistemas jubilatorios, la jornada de ocho horas, el descanso dominical, el sueldo y salario mínimo, el pago en moneda nacional, la prohibición de embargar sueldos, los contratos colectivos de trabajo y otras; y se construyeron los primeros barrios de casas para obreros.
En 1922 se creó Yacimientos Petrolíferos Fiscales, la primera petrolera del mundo integrada verticalmente, llegando a ser la mayor empresa de la Argentina y la tercera en Sudamérica.
Yrigoyen sostuvo el principio de soberanía nacional ante el mundo y de neutralidad argentina durante la guerra europea. Se opuso a la exclusión en la Liga de las Naciones de los países derrotados. Rechazó la ingerencia en los asuntos internos de otros países, expresando al presidente Hoover, al inaugurar la línea telefónica entre la Argentina y los Estados Unidos: “Los pueblos son sagrados para los pueblos y los hombres son sagrados para los hombres”.
Importantes iniciativas fueron frenadas por una oposición sistemática. Muchos de sus integrantes habrían de transformarse en los incitadores civiles del golpe militar que derrocó a Yrigoyen. Con el apoyo de quienes buscaban recuperar el espacio político perdido en las urnas, el 6 de septiembre de 1930 el general Félix Uriburu se dirige en automóvil a la Casa Rosada para asumir el gobierno. En su estribo estaba el capitán Juan Domingo Perón.
Se termina la primavera democrática y se instala en el país el “partido militar”, con su modus operandi: la sucesión de golpes de Estado.
Uriburu es sucedido por el general Agustín P. Justo, elegido en elecciones fraudulentas que inauguran la llamada “década infame”. Ramón Castillo, con simpatías por los aliados en la segunda guerra mundial, es destituido el 4 de junio de 1943 con el segundo golpe militar realizado por el Grupo de Oficiales Unidos simpatizantes del Eje, integrado por Juan Domingo Perón. Éste llega al gobierno dando nacimiento al Partido Justicialista versión sucesoria, alternativa y a veces complementaria del “partido militar”. Es reelegido en 1952 y derrocado por el tercer golpe de Estado en 1956, volviendo al poder el “partido militar ortodoxo”.
En 1958 asume la presidencia Arturo Frondizi, que fue constantemente jaqueado por los militares, quienes lo derrocan en 1962 con el cuarto golpe de Estado. Al año siguiente asume la presidencia el doctor Arturo Illia quien es, a su vez, derrocado en 1966 con el quinto golpe. Continúan la dictadura de Onganía y sus sucesores hasta las elecciones en 1973 con el triunfo del peronismo y las presidencias sucesivas de Cámpora, Perón e Isabel Perón, hasta el sexto y último golpe de Estado militar en 1976.
En 1983 se reinstala la democracia de la mano de Raúl Alfonsín. El juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad de las Juntas de gobierno militar sienta las bases de una nueva época. Las fuerzas armadas ocuparán en adelante el rol específico propio, cerrando el ciclo de su injerencia política en la conducción del país.
Desde 1930 el radicalismo gobernó catorce años con Frondizi, Illia, Alfonsín y De la Rúa. Los 72 años restantes le corresponden al “partido militar” y al partido peronista. Allí debemos buscar la decadencia de un país que estaba entre los diez principales del mundo en 1930.
Los años posteriores a 1983 forman parte de nuestras vivencias cotidianas. El gobierno nacional fue peronista durante 24 años, en la mayor parte de las provincias gobernó siempre o casi siempre el peronismo, y en la provincia de Buenos Aires, que representa el 40% de la población, lo hizo por 28 años. Ha sido un enorme retroceso en relación con la democracia recuperada que nos propusimos fortalecer.
El 30 de octubre pasado la ciudadanía votó mayoritariamente por un cambio que representa una nueva posibilidad y un desafío: necesitamos demócratas para que haya democracia.

La autora es arquitecta, dirigente de la UCR, ex vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires.

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