Bolsos, cuadernos y dinero

La trama de los cuadernos Gloria, el meticuloso chofer, los empresarios arrepentidos y ex funcionarios detenidos, es digna de un guión cinematográfico. Aplica la remanida frase de que la realidad supera la ficción. Todo aquello que de un modo u otro se sospechaba, con la aparición de la bitácora cuidadosamente elaborada por un colaborador del “Lic. Baratta” (tal la manera de identificarlo en sus anotaciones) ahora es verídico.
Los medios de comunicación, desde que el juez Claudio Bonadío tomó las primeras medidas de prueba, no han hecho otra cosa que describir detalladamente el tema y analizar su impacto futuro. Se plantea la posibilidad de que estas acciones se tornen en un lava jato vernáculo; sin embargo otras voces sostienen que la diferencia sustancial es que –por ahora– no estarían involucrados funcionarios públicos relevantes de la actual administración. En el caso de Brasil, por el contrario, según analistas y voceros oficiosos del gobierno, gran parte de la plana mayor de Dilma Roussef estaba involucrada en la investigación llevada adelante por el juez Sérgio Moro.
No es nuestra intención especular con las implicancias políticas de esta nueva investigación, sino preguntarnos si por fin estas causas judiciales significarán un salto de calidad institucional en la Argentina.
Casos de la magnitud del que se presenta en estos meses pueden resultar en la auténtica toma de conciencia de lo que significa o significó el accionar del poder y su impacto en la sociedad civil. Aunque no resulten comparables, muchas tramas que los jueces develaron marcaron un avance genuino en la sociedad. El juicio a las Juntas que llevó adelante el gobierno de Raúl Alfonsín en 1984 puso de manifiesto el “plan sistemático de desaparición forzada de personas” de la dictadura entre los años 1976 y 1983. El fiscal Julio César Strassera, en su alegato, puso en evidencia el siniestro mecanismo que costó la vida de tantas personas.
Ese choque con la cruda realidad que experimentó la ciudadanía significó un ejercicio introspectivo que permitió decir “nunca más” a la solución militar. La sociedad, luego de chocarse con esa terrible situación, terminó de asumir su brutalidad y lesa humanidad, para entender que no podía permitirse otro baño de sangre de esas características.
Hay otros ejemplos en la historia que muestran un Poder Judicial comprometido, que pone sobre el tapete situaciones injustas para lograr su transformación posterior. Siempre es bueno recordar el famoso caso de segregación racial “Brown vs Board of Education”, dictado por la Suprema Corte de los Estados Unidos en 1954, que revierte una consolidada doctrina que había sido aceptada sobre el fin del siglo XIX. Allí, la misma Corte validó la regla de “separados pero iguales”. Los jueces supremos, encabezados por Earl Warren, evidenciaron una situación que –pese a la férrea oposición de los Estados del sur– comenzaba a tornarse inaceptable. La integración racial no fue fácil, y aún hoy genera tensiones. No obstante, el fallo de 1954 conmovió a la sociedad, que empezó a caminar hacia la senda de la igualdad real.
Volviendo a nuestros lares, la declaración de Carlos Wagner fue la primera en mostrar de manera cruda el mecanismo de corrupción. Como se sabe, las obras públicas de envergadura, aquí y en cualquier lugar del mundo, son procesos de enorme complejidad, que involucran ingentes recursos humanos, técnicos y financieros. Se precisa de empresas con patrimonio y capacidad para llevarlas adelante. En este sentido, toda obra requiere para su inicio lo que se denomina un “anticipo financiero”. En otras palabras, el comitente (que es el Estado nacional), una vez adjudicada la obra, le hace un adelanto a la empresa contratista que usualmente es del 20% del total comprometido, para que ésta proceda a acopiar materiales, contratar mano de obra y hacer los estudios pertinentes. En suma, poner en marcha la faena.
El ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción declaró que el “acuerdo” con los funcionarios era que ese anticipo debía retornarse en efectivo. El chofer Oscar Centeno, en su bitácora, parece describir la logística de tamaño desatino. Más aún, el empresario continuó diciendo que lo que usualmente se hacía era utilizar el Impuesto al Valor Agregado (21% del mencionado 20% del total presupuestado), para aplicarlo a la obra. Ahora bien, ese IVA, conforme las normas, debía ser depositado en las arcas del Fisco, a los veinte días de emitida la factura al Estado, por el anticipo financiero. Las empresas, presumimos que con la complicidad del funcionario recaudador, no lo ingresaban y lo pagaban posteriormente con los intereses del caso.
Este perverso mecanismo, además de lo que significa como acto de corrupción, tenía como resultado una gigantesca ineficiencia en la obra pública. En efecto, las empresas que participaban de la maniobra no aplicaban el anticipo a lo que correspondía, generando los consabidos atrasos, sobrecostos e ineficiencias. Eso está a la vista. Ingentes inversiones públicas no tuvieron los resultados esperados. Las obras se atrasaban o no se concluían, generando un impacto patrimonial en el Estado de dimensiones colosales.
Las revelaciones que van surgiendo del caso de los cuadernos Gloria, ponen en carne viva lo que de un modo u otro se sospechaba, y que algunos ya venían denunciando sin éxito o repercusión. Además de las consideraciones políticas y morales que corresponde hacer ante esta exacción de fondos públicos (de propiedad de toda la ciudadanía), es importante tomar plena conciencia del impacto económico real que esta situación provocó. La buena administración del dinero de todos es un deber de enorme trascendencia y resulta fundamental para la vitalidad de un sistema democrático. Son nuestros impuestos que invierte el Estado. A partir de esta causa podríamos ya sospechar de una cleptocracia, la cual supone la institucionalización de la corrupción y del robo en beneficio de los gobernantes.
Con independencia de los negadores, que habrá siempre e identificarán toda acción como maniobras políticas distractivas o de proscripción, si la sociedad camina hacia una visión de transparencia, donde además de su relevancia moral (“no robarás”), internaliza que la corrupción resulta en una colosal manera de transformar al Estado en una máquina incapaz, habremos dado un nuevo paso hacia la consolidación republicana.
Advertir la conexión entre corrupción e ineficiencia, resultará vital para caminar hacia una administración más transparente y eficaz. Porque convengamos que corrupción habrá siempre, pero en la medida que se torne un exceso puntual, luego sancionado judicial y políticamente, podremos comenzar a encarnar un nuevo “nunca más” a la corrupción estructural.

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5 Readers Commented

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  1. guillermo on 29 septiembre, 2018

    Hay una actitud de negación del sistema de corrupción, en seguidores del partido kirrschneriano; el punto de partida es “todos los gobiernos son corruptos”, y concluyen, “se trata de una persecución política”.

    • horacio on 4 octubre, 2018

      los presos que puso Bonadío son ilegales no hubo sorteo es un juez de la servilleta de corach ,no cumple el derecho de procedimiento penal son fotocopias no hay pruebas ni dinero ni cuadernos originales ¡por qué no llaman a iecsa Macri?¿Por qué Calcaterra rocca libres?

  2. RUBEN PERETTI on 30 septiembre, 2018

    Insisto que si el gobierno de Alfonsín hubiera juzgado y penalizado a la “patria contratista” no se hubiera llegado a los cuadernos de las coimas (Oscar Centeno).

    Tuvo que pasar más de 35 años de espera para saber que muchas empresas constructoras de Obras Pública, que no se prestaron a las coimas debieron quebrar o desaparece.

    Los cuadernos de la corrupción (Centeno) pueden ser verdad o mentira, pero lo de “los empresarios arrepentidos”, no puede ser mentira ni sainete.

    En realidad “el problema de la economía argentina” es su falta de industrialización integral.

    Y “otro de los problemas de la economía argentina” es su gran concentración en la Capital Federal (CABA) y sus alrededores.

    Una de nuestras equivocaciones es creer que “protestando por la corrupción política” se la elimina. Y en realidad se elimina no practicándola.

    Estoy de acuerdo que “la crítica mejora la economía, los gobiernos, el país…” Pero desgraciadamente la crítica no nos gusta, más bien nos enoja, por eso es que necesitamos más dirigentes que den ejemplo de moralidad.

    Lo que realmente debe comprender “la opinión pública” es que todo lo robado al Estado es quitarle algo de bienestar al pueblo (como es educación, salud, vivienda…).

    El “mejor ministro de economía” será quien industrialice el país.

    En Argentina las leyes existen pero por general nadie las cumple. Esperemos que el cuadernogate sea la bisagra para que vuelva la escala de valores en el país y el “NUNCA MÁS” a la corrupción.

    Al leer el artículo en cuestión me trajo a la memoria el “Banco Mendoza” que a pesar de su prestigio fue vaciado por “ladrones de guantes blancos”, que en esos momentos gozaban de gran “reputación pública.

    Ruben Peretti

  3. Lucas Varela on 30 septiembre, 2018

    Corro el riesgo cierto de ser un “negador” para el CdR de Criterio, no obstante, aquí va mi comentario:
    La particularidad del “lava jato” argentino es que no hay “arrepentidos” sino “delatores”.
    El delator es aquel de habla por miedo a ser preso. El arrepentido es aquel que esta preso y delata para reducir los años de cárcel. Es el “debido proceso” la pequeña diferencia.
    En Argentina, el poder amenaza con cárcel, en Brazil el poder reduce las penas. Y frente a la amenaza, se miente y todo es secreto.
    Veremos. Por ahora, la”justicia macrista” esta tan devaluada como la “economía macrista”.

    • horacio on 4 octubre, 2018

      Totalmente de acuerdo Criterio siempre oligárquico plutócrata y ahora antirrepublicano contra la independencia judicial y el respeto al código penal y al proceso penal

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