La educación demanda una reformulación integral

Cumplir con el calendario –aunque exiguo– de 180 días de clases y terminar con el excesivo ausentismo de docentes y de alumnos. De lograrse estos objetivos durante 2020, culminaríamos un ciclo lectivo positivo en el marco del largo recorrido que la Argentina tiene por delante en materia educativa.
Efectivamente se trata de un camino con muchas dificultades pero con una orientación clara: la Ley de Educación sancionada en 2006. Aunque entonces se asumieron compromisos muy loables, la mayoría sigue aún pendiente. Por ejemplo, la obligatoriedad de la escuela secundaria, ya que de cada 100 niños que ingresaron a primer grado en 2006, se registraron 41 graduados secundarios en 2017. Por otra parte, en su artículo 26°, la Ley dispone: “Las escuelas primarias serán de jornada extendida o completa (JEE/JC) con la finalidad de asegurar el logro de los objetivos fijados para este nivel por la presente ley”. Sin embargo tampoco se ha logrado la universalización de la jornada escolar extendida: en 2018 sólo el 14% de los alumnos de escuelas primarias estatales pudo acceder a este tipo de enseñanza; y mientras ese porcentaje se eleva al 48,3% en la Ciudad de Buenos Aires, en el Conurbano se reduce a apenas 6,3% de los niños.
Asimismo, debería repensarse el calendario escolar, que es relativamente corto con sus 720 horas de clase anuales. En los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el promedio de horas anuales llega a 799. Y hay países con mayor carga horaria, incluso en América Latina: Costa Rica brinda 1147 horas de clase anuales; Chile, 1039; y México, 800. La cantidad de horas en el aula no es garantía per se de mejores aprendizajes, pero su deficiencia sin dudas consolida el atraso educativo, comprometiendo el futuro de los alumnos.
Como se ha dicho en varias oportunidades en las páginas de CRITERIO, en el siglo XXI el conocimiento y su aplicación científica y tecnológica reequilibraron la balanza de la riqueza de los países. Según los informes del Banco Mundial al respecto, el capital humano capacitado es hoy mucho más relevante que el capital físico y los recursos naturales. Y no es necesario aclarar que, como nunca antes, en la educación está la respuesta para muchos de los problemas que acarreamos desde hace décadas en la sociedad argentina. Si pensamos en justicia social, en equidad, en igualdad de oportunidades, es urgente enfrentar el bajo nivel de conocimientos de los niños y adolescentes y, en paralelo, superar las grandes diferencias entre escuelas privadas y escuelas estatales.
Existen suficientes pruebas en el mundo de que los sistemas escolares efectivos son aquellos que lograron garantizar altos niveles de conocimientos para todos sus alumnos, eliminando las desigualdades vinculadas al origen socioeconómico. Según el Barómetro Social de la UCA, la pobreza afecta a alrededor de la mitad de los argentinos que no concluyeron la educación secundaria, pero esta proporción desciende a menos del 15% entre quienes pudieron completarla. ¿Cómo podrán acceder al sector productivo, aunque crezca la oferta de empleos, quienes no tengan las herramientas básicas para poder cumplir con los requisitos del mundo del trabajo?
Cuando la pobreza es estructural, como sucede en la Argentina, la escuela podrá considerarse inclusiva si con su calidad de enseñanza logra quebrar la desigualdad educativa. No debería ser el bolsillo de los padres lo que condicione la formación de los hijos. De lo contrario, nos alejaremos cada vez más de un país con justicia social y crecimiento económico sostenido.
La universidad tampoco es ajena a estos problemas. De forma habitual los profesores universitarios señalan las grandes deficiencias en la preparación de los estudiantes secundarios, y la consideran una de las causas de la elevada deserción. No existen restricciones para el ingreso, porque así lo dispone la Ley 27.204, pero de cada 100 estudiantes que ingresan a todo el sistema universitario argentino (estatal y privado), apenas 30 concluyen sus estudios. Un dato más: después de un año de haber estado en la universidad estatal, 51 de cada 100 alumnos no aprobaron más de una sola materia y en las privadas esta cifra corresponde a 31 de cada 100 alumnos. El acceso irrestricto es políticamente correcto y atractivo en tanto pretende ser un factor que contribuye a la igualdad de oportunidades, pero no es suficiente para garantizar que sus ingresantes lleguen a culminar sus estudios, como se evidencia en los datos. Al parecer no hay mayor “restricción” que la falta de sólidas bases en la secundaria para que el alumno universitario vea frustradas sus legítimas aspiraciones de avance social.
Paralelamente, la universidad gratuita merece un debate serio y renovado. Se trata de una de las banderas de un progresismo mal entendido: millones de argentinos de bajos recursos pagan impuestos indirectos, con sus escasos consumos, que subsidian la universidad a la que mayoritariamente concurre una clase media que podría pagar al menos una suma módica. El término «gratuidad» es ya falaz. Nada es gratis. La universidad la pagamos todos los contribuyentes, entre ellos miles de personas que nunca en su vida podrán pisar esas aulas.
Una política nacional orientada a la transformación integral del sistema educativo en todos sus niveles requiere incluir como prioridades la jerarquización y la actualización de la profesión docente, la inversión en educación inicial, la universalización de la enseñanza primaria, la generalización de la jornada escolar extendida, la concreción de la obligatoriedad de la escuela secundaria y la articulación de las universidades y de los institutos terciarios con el mundo productivo. En cuanto a los contenidos, es importante evitar la ideologización a la hora de delinear los programas de formación docente, el material de estudio y la modalidad de abordaje de algunas temáticas controversiales de manera de presentar distintas perspectivas sin vulnerar el derecho de los padres a comunicar valores.
La situación docente es compleja y la disparidad entre las provincias es muy grande. La falta de discusión sobre las condiciones laborales, la carrera docente y la inequidad entre jurisdicciones, limitando las preocupaciones a las paritarias, es responsabilidad tanto de los Gobiernos como de los sindicatos. En materia universitaria, más de 14 mil docentes trabajan ad honorem en todo el país, y aproximadamente dos tercios se desempeñan en la UBA. Varias universidades privadas mantienen al grueso de su cuerpo docente bajo régimen de honorarios, es decir, en situación laboral precaria. Por la demás, la bajísima proporción de profesores full-time con que cuentan las universidades, que distribuyen sus días y sus horas entre la docencia y la investigación, tiene bastante que ver con los magros salarios. Es menos un tema vocacional que de costo de oportunidad, y una desventaja comparativa muy grande con respecto a lo que sucede en ámbitos académicos de otros países.
Es momento de dejar de lado las frases hechas y las discusiones provocadoras. Quizás una política educativa renovada, con asesoramiento de expertos y con proyección y políticas de Estado a largo plazo, pueda ser un hito para reunir a todos los argentinos. Si logramos dar un salto de calidad en la educación seguramente éste redundará en un cambio significativo en el mundo del trabajo, de tal manera que todas las personas puedan desarrollar su potencial.

No hay comentarios.

¿ QUIERE DEJAR UN COMENTARIO ?