{"id":11781,"date":"2015-12-01T12:50:39","date_gmt":"2015-12-01T15:50:39","guid":{"rendered":"http:\/\/www.revistacriterio.com.ar\/bloginst_new\/?p=11781"},"modified":"2015-12-01T15:23:28","modified_gmt":"2015-12-01T18:23:28","slug":"los-juicios-de-lesa-humanidad-un-desafio-para-la-justicia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.revistacriterio.com.ar\/bloginst_new\/?p=11781","title":{"rendered":"Los juicios de \u201clesa humanidad\u201d: un desaf\u00edo para la justicia"},"content":{"rendered":"

El autor reclama imparcialidad en los juicios abiertos sobre el terrorismo de Estado y abandonar la l\u00f3gica de la venganza por encima de la ley.<\/strong><\/p>\n

Entre los muchos problemas que le esperan al nuevo gobierno hay uno que es a la vez urgente y profundo: los juicios de lesa humanidad, que se vienen realizando desde 2005. Diez a\u00f1os despu\u00e9s, de los 2200 imputados, s\u00f3lo 700 recibieron sentencia, en un 90% de los casos condenatoria. Los juicios no tienen perspectiva de terminar, y la lista de imputados sigue abierta. La mayor\u00eda est\u00e1n detenidos, y m\u00e1s de 300 ya han muerto en las c\u00e1rceles, sin recibir el beneficio de la prisi\u00f3n domiciliaria, concedida por ejemplo a Arqu\u00edmedes Puccio. La persecuci\u00f3n a los imputados y su discriminaci\u00f3n \u2013tan lejos de cualquier principio de los derechos humanos\u2013 llega al extremo de que no se les permite ser atendidos en el Hospital Militar o el Hospital Naval.
\nPor otro lado, muchos testimonios indican que estos juicios distan de ser impecables, como s\u00ed lo fueron los juicios a las Juntas de 1985. Aunque pocos se atreven a expresar p\u00fablicamente una opini\u00f3n contraria a la correcci\u00f3n pol\u00edtica dominante en los \u00faltimos a\u00f1os, las hay en ese sentido a partir de testimonios de peritos y funcionarios intervinientes, as\u00ed como de familiares, referidas tanto al juicio como a las condiciones de detenci\u00f3n. Tambi\u00e9n est\u00e1n, para ser examinados, los expedientes, con sus sentencias.
\nNo estoy opinando acerca de la culpabilidad de los imputados y de las penas que merecer\u00edan, ni de otro tema igualmente importante: qu\u00e9 aportaron estos juicios acerca del destino de los desaparecidos. Aqu\u00ed me ocupo s\u00f3lo de la justicia y de los derechos humanos, las dos bases del sistema democr\u00e1tico institucional construido en 1983. Un balance global indica que estamos ante una flagrante violaci\u00f3n de los derechos humanos y ante un ejercicio del poder estatal de punici\u00f3n muy alejado del estado de derecho.
\nEl punto de referencia s\u00f3lido son los juicios a las Juntas de 1985. Ra\u00fal Alfons\u00edn se comprometi\u00f3 a juzgar y castigar, en el marco estricto de una justicia independiente, a los principales responsables del terrorismo clandestino de Estado y de las organizaciones armadas. Con ello afirm\u00f3 la legitimidad y potencia de la justicia, piedra angular del estado de derecho, e instrument\u00f3 una soluci\u00f3n posible, ejemplar, r\u00e1pida y definitiva para un conflicto cuya perduraci\u00f3n afectar\u00eda la construcci\u00f3n de la democracia.
\nPese al momento, quiz\u00e1 proclive al jacobinismo, los procedimientos judiciales se respetaron a rajatabla. No hubo \u201ctribunales especiales\u201d; la fiscal\u00eda seleccion\u00f3, de entre todas las denuncias, un n\u00famero reducido de casos adecuadamente probados; cada parte fue escuchada; el fallo desech\u00f3 muchos de los casos presentados, sopes\u00f3 las pruebas, y aplic\u00f3 condenas diferentes para cada acusado. Los fundamentos fueron enjundiosos.
\nEl fallo castig\u00f3 a los principales responsables del terrorismo de Estado, demostr\u00f3 que la justicia pod\u00eda acabar con la impunidad y revel\u00f3 los horrores a los que una sociedad se expone cuando abandona el camino de la ley y la justicia. Pero adem\u00e1s, mostr\u00f3 de manera concreta qu\u00e9 cosa es el gobierno de la ley, pilar sobre el que deb\u00eda sustentarse la nueva democracia.
\nLlegar a este final fue una verdadera haza\u00f1a, pues las resistencias fueron muchas, desde la intenci\u00f3n del candidato justicialista de aceptar la autoamnist\u00eda militar a la intransigencia de las principales organizaciones de derechos humanos, que finalmente no integraron la Conadep. Los militares no aceptaron juzgar a sus camaradas, y en 1987 se negaron a que oficiales en actividad fueran citados a juicio. El levantamiento de Semana Santa revel\u00f3 la impotencia de un poder civil todav\u00eda no consolidado; su consecuencia fueron las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida, juzgadas por la opini\u00f3n p\u00fablica, no sin algo de raz\u00f3n, como un fracaso del gobierno civil. En la memoria social, la ley de Obediencia Debida es considerada m\u00e1s relevante que el Juicio a las Juntas.
\nCuando se reabrieron los juicios, en 2005, la idea de justicia hab\u00eda sido desplazada por la de retaliaci\u00f3n o revancha. La acompa\u00f1\u00f3 otra: exhibir la capacidad del poder pol\u00edtico para ponerse por encima de las leyes que lo regulan, o dicho de otro modo, su capacidad para la arbitrariedad.
\nEl deslizamiento de la justicia a la venganza result\u00f3 de la gradual confluencia de dos grupos: el sector m\u00e1s intransigente de los militantes de derechos humanos y aquellos que retomaron, al menos simb\u00f3licamente, la tradici\u00f3n ideol\u00f3gica y pol\u00edtica de los a\u00f1os setenta. Las \u201cv\u00edctimas inocentes\u201d del terrorismo de Estado fueron reivindicadas como militantes heroicos, y sus herederos cambiaron la defensa de los derechos humanos, la ley y la vida por el reclamo de la justicia del Tali\u00f3n.
\nN\u00e9stor Kirchner percibi\u00f3 el potencial pol\u00edtico de este sector crecientemente faccioso, capitaliz\u00f3 la idea de la venganza justiciera y la integr\u00f3 a su proyecto de construcci\u00f3n de poder. Manipul\u00f3 ideas imprecisas y sentimientos difusos, se apropi\u00f3 de objetivos, discursos y s\u00edmbolos y hasta encontr\u00f3 la retribuci\u00f3n adecuada \u2013simb\u00f3lica y material\u2013 para que las organizaciones emblem\u00e1ticas se le sumaran. La llamada pol\u00edtica de derechos humanos sirvi\u00f3 para entusiasmar a los partidarios, disciplinar a los indecisos y atemorizar a la opini\u00f3n independiente.
\nEn muchos de estos juicios la justicia est\u00e1 hoy lejos de la imparcialidad e ignora el principio de igualdad ante la ley, como en el caso del general Milani. La condena parece decidida a priori, y cada uno cumple su papel siguiendo un gui\u00f3n: abogados que orientan a los testigos, fiscales \u201cmilitantes\u201d, defensores presionados y jueces que se dividen entre militantes y timoratos.
\nLo m\u00e1s d\u00e9bil son las sentencias. A menudo, la \u00fanica prueba es el recuerdo de un testigo; alguien que, casi cuarenta a\u00f1os despu\u00e9s, afirma haber visto al acusado en el lugar en donde era torturado. Con ese testimonio \u00fanico y endeble se ha condenado a muchos, considerados \u201cpart\u00edcipes necesarios\u201d, sin necesidad de probar qu\u00e9 es lo que hicieron. Se parte de la presunci\u00f3n de culpabilidad y se le pide al acusado que demuestre su inocencia; as\u00ed se invierte la carga de la prueba, eliminando una de las garant\u00edas b\u00e1sicas del debido proceso. Seguramente no todos los casos han sido as\u00ed. Pero s\u00f3lo con algunos basta para alarmarse y reclamar que el tema se incluya en la agenda p\u00fablica.
\nPor otro lado, en estos juicios hubo una singular teatralizaci\u00f3n de la justicia. La majestad de la ley dej\u00f3 su lugar a la exhibici\u00f3n de la discrecionalidad e impunidad de un poder pol\u00edtico capaz de controlar cada paso del proceso, y rodearlos de una especie de festival de la venganza, en el que tribunas vociferantes presionan a los testigos y a los jueces, y \u201cescrachan\u201d a los acusados y sus defensores. La teatralizaci\u00f3n remite al clima faccioso generalizado, a la decisi\u00f3n pol\u00edtica de llevar el enfrentamiento al l\u00edmite, y a la explotaci\u00f3n del deseo primario de tomar revancha sobre los antiguos victimarios.
\nPero hay algo m\u00e1s. La impunidad y la arbitrariedad son dos de los nombres del poder. Hacer gala de ellas es un eficaz disuasivo y un instrumento disciplinador. Se trat\u00f3 de mostrar y escenificar cu\u00e1nto valor asigna a la justicia y a las instituciones el gobierno kirchnerista, convencido de que el pueblo con su voto le hab\u00eda confiado la suma del poder. Probablemente all\u00ed resida la l\u00f3gica profunda del gobierno que ahora termina.
\nEn un prolijo informe sobre el estado de los juicios, la Procuradur\u00eda General se\u00f1ala que 227 imputados murieron en prisi\u00f3n \u201ccon el sello de la impunidad\u201d, casi como si se hubieran escapado. La frase expresa el sentido profundo de estos juicios: los imputados son culpables, deben pagar a\u00fan antes de ser condenados, y la punici\u00f3n debe estar por encima de las garant\u00edas asentadas en la Constituci\u00f3n, los c\u00f3digos y la pr\u00e1ctica judicial. Todo tiene un amargo regusto a venganza.
\nEl justo castigo es un principio fundamental. Pero no puede ser el \u00fanico. Para que los horribles sucesos no sucedan nunca m\u00e1s, no basta con castigar a los culpables; tambi\u00e9n hay que crear las condiciones para que los cr\u00edmenes abominables no se repitan. Esto s\u00f3lo es posible cuando hay una s\u00f3lida convicci\u00f3n ciudadana sobre la imparcialidad de la justicia y el gobierno de la ley. Una condena es leg\u00edtima cuando hay pruebas fehacientes, m\u00e1s all\u00e1 de toda duda razonable. La eventual impunidad de algunos, cuya culpa no pudo ser probada, es un precio a pagar para sostener los principios de la justicia. Hacia all\u00ed apuntaron los juicios de 1985, que acompa\u00f1aron la construcci\u00f3n de una democracia institucional. \u00bfCu\u00e1nto queda hoy de aquel proyecto de 1983?
\nEl nuevo gobierno hereda el problema, que tiene distintos aspectos. Hay uno urgente: la situaci\u00f3n de los imputados y condenados ancianos, privados de su derecho a la detenci\u00f3n domiciliaria, a un tratamiento m\u00e9dico adecuado y a un digno final de su vida. Ni los imputados ni los condenados pueden seguir muriendo en las c\u00e1rceles.
\nLos juicios abiertos tampoco pueden durar eternamente. Hay que acelerar su tramitaci\u00f3n, hay que cerrar la lista de imputados \u2013una sociedad no puede vivir con esa espada de Damocles, administrada hasta ahora por personas de dudosa integridad\u2013 y sobre todo, hay que poner alguna fecha para que los juicios est\u00e9n terminados.
\nTambi\u00e9n est\u00e1 el problema de la justicia. No se puede construir el estado de derecho sobre la injusticia ni sobre la duda. Son muchos los que objetan las sentencias. Deber\u00edan ser revisadas, separando las correctas de aquellas jur\u00eddicamente insostenibles, y ser\u00eda bueno convocar a juristas internacionales, de probada capacidad y ajenos al juego pol\u00edtico local, que ha enturbiado las causas.
\nLo \u00faltimo, y lo m\u00e1s dif\u00edcil: hay que iniciar un debate amplio que \u2013sobre la base de la justicia\u2013 ayude a encontrar el camino para que una sociedad dividida por el pasado cierre ese cap\u00edtulo. El debate est\u00e1 hoy obturado por el clima faccioso caracter\u00edstico del ciclo que ahora acaba. Es la hora de que se expresen las voces que permitan discutir este problema en t\u00e9rminos diferentes a los actuales.<\/p>\n

El autor es historiador. Profesor en la Universidad de San Andr\u00e9s<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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