La desaparici\u00f3n de Santiago Maldonado, en circunstancias que al momento de escribir estas l\u00edneas no han sido esclarecidas, denota una ensordecedora ausencia del Estado. Esto ya lo hab\u00edamos puesto de manifiesto con la muerte del fiscal Alberto Nisman (ver Editorial de CRITERIO publicado en marzo de 2015), y queda lamentablemente comprobado con la pericia presentada por Gendarmer\u00eda Nacional, a m\u00e1s de tres a\u00f1os del suceso. En aquella ocasi\u00f3n, sospech\u00e1bamos de una actitud cuasi dolosa por parte de las fuerzas de seguridad y en especial de los funcionarios que intervinieron. La escena del crimen no fue preservada. <\/p>\n
En el triste caso de Maldonado, en donde desde el 1 de agosto no se logra dar con su paradero, el Estado vuelve a ser responsable. Entendemos que si bien la situaci\u00f3n no es comparable a la de Nisman, ni tampoco puede asociarse (pese a que algunos as\u00ed lo quieran) con el plan sistem\u00e1tico de desaparici\u00f3n forzada de personas perpetrado por la dictadura que gobern\u00f3 el pa\u00eds durante el per\u00edodo 1976-1983, deja patente una vez m\u00e1s la enorme deuda del Estado con sus ciudadanos en materia de seguridad, control de la protesta y efectivo cumplimiento de la ley. <\/p>\n
Fuerzas militares y policiales quedaron seriamente comprometidas con las atrocidades cometidas por el \u00faltimo gobierno militar. La Gendarmer\u00eda y la Prefectura, tratadas en ese entonces como fuerzas de segunda categor\u00eda, tomaron un rol m\u00e1s relevante a partir de 1983. Desde que en tiempos de Ra\u00fal Alfons\u00edn pasaron a depender del Ministerio del Interior (y hoy del Ministerio de Seguridad), dejando de estar subordinadas al Ej\u00e9rcito y a la Marina, se intent\u00f3 construir una fuerza de seguridad democr\u00e1tica, que de alg\u00fan modo no estuviera \u201ccontaminada\u201d con los vicios del resto de los organismos de seguridad (tanto interior como exterior). <\/p>\n
No obstante, a m\u00e1s de 34 a\u00f1os del retorno de la democracia, tanto las provincias como el Estado Federal no logran consolidar fuerzas de seguridad entrenadas y eficaces, que puedan hacer cumplir la ley sin tener que incurrir en violencia o falta de profesionalismo.<\/p>\n
Desde luego que no es nuestra intenci\u00f3n estigmatizar a quienes se desempe\u00f1an con esfuerzo y dedicaci\u00f3n en la tarea de polic\u00eda, gendarme o prefecto. Tampoco sostener que se trata de individuos violentos o que no tienen intenci\u00f3n de cumplir y hacer cumplir la ley. Por el contrario, lo que querr\u00edamos poner sobre el tapete es la necesidad imperiosa de disponer de recursos materiales e intelectuales para profundizar un camino de profesionalizaci\u00f3n y entrenamiento eficaz de las fuerzas de seguridad.<\/p>\n
La Gendarmer\u00eda Nacional, en la actualidad, muestra dos caras. Por un lado, falencias en la aplicaci\u00f3n de la orden de desalojo de la Ruta 40, con la terrible consecuencia (si se demuestra que all\u00ed ocurri\u00f3) de la desaparici\u00f3n de una persona. Por otro, la preparaci\u00f3n de la pericia en el caso Nisman, que denota trabajo profesional seg\u00fan reconocen otros peritos de amplia trayectoria. <\/p>\n
A su vez, la polic\u00eda de la provincia de Buenos Aires viene sufriendo reformas, purgas, falta de financiamiento, comportamientos mafiosos y superposici\u00f3n jurisdiccional con la creaci\u00f3n de las polic\u00edas municipales, entre otras muchas cuestiones. Dif\u00edcil ser\u00e1 profesionalizar esa fuerza, con su historia. Pero no queda otra soluci\u00f3n. En la Ciudad de Buenos Aires, a m\u00e1s de 20 a\u00f1os de otorgado el rango de autonom\u00eda (1996), se est\u00e1 comenzando con la tarea de construcci\u00f3n de la polic\u00eda propia, luego de tironeos recurrentes con el Gobierno nacional que no ayudaron a consolidar una fuerza efectiva. Estos son s\u00f3lo algunos ejemplos.<\/p>\n
El Estado, cualquiera sea su denominaci\u00f3n, debe trabajar de manera consistente en la formaci\u00f3n de fuerzas de seguridad interior con capacidad operativa, en el marco de la Constituci\u00f3n Nacional y los derechos humanos.<\/p>\n
El cap\u00edtulo de Santiago Maldonado, haciendo votos para que termine con su aparici\u00f3n con vida, debe ser el \u00faltimo en esta materia que se escribe en la Argentina. En 1983 la ciudadan\u00eda exclam\u00f3 con fuerza \u201c\u00a1Nunca m\u00e1s!\u201d. Ese grito se mantiene y profundiza hasta nuestros d\u00edas. No hay en el pa\u00eds espacio para gobiernos dictatoriales que tomen la vida de las personas en pos de fines inconfesables.<\/p>\n
No obstante, queda una enorme tarea por acometer: que el Estado sea capaz de gestionar la coacci\u00f3n f\u00edsica leg\u00edtima en el marco de la ley, profesional y eficazmente. Con tecnolog\u00eda, medios y recursos humanos capacitados. Porque, justo es decirlo, los hechos de violencia continuar\u00e1n. Est\u00e1n, aunque queramos negarlo, en la naturaleza humana. Lo que no debe ocurrir m\u00e1s es que el Estado est\u00e9 involucrado o que no tenga capacidad de resolver los conflictos de manera eficaz, en un plazo razonable. La democracia, para continuar consolid\u00e1ndose, lo requiere.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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