\u00bfEs la administraci\u00f3n de Justicia una funci\u00f3n y una tarea esencial en una sociedad democr\u00e1tica? En la Argentina, para el Poder Ejecutivo y para la Corte Suprema definitivamente no.
\nDesde el comienzo de las medidas de emergencia por la pandemia del coronavirus se estableci\u00f3 en ellas una distinci\u00f3n entre las actividades esenciales y por lo tanto excluidas de las medidas de aislamiento obligatorio, y las no esenciales. La administraci\u00f3n de Justicia nunca estuvo entre las primeras. En un primer momento el Poder Judicial amag\u00f3 con funcionar \u201ca media m\u00e1quina\u201d, pero el sindicato judicial desarroll\u00f3 un \u201cpatrullaje sanitario\u201d obligando a cerrar los Juzgados que intentaban trabajar. Desde entonces, hace ya m\u00e1s de tres meses, la Corte Suprema impuso una \u201cferia extraordinaria\u201d que mantiene cerrados los tribunales nacionales, privando a los ciudadanos de Justicia y a los abogados de desarrollar una parte importante de su actividad. Al escribir estas l\u00edneas esa clausura de los Tribunales se mantiene hasta fin del mes de junio, sin ninguna certeza de si esa ser\u00e1 la fecha final o habr\u00e1 nuevas pr\u00f3rrogas.
\nCierto: hay excepciones. La m\u00e1s clamorosa fue la actuaci\u00f3n de algunos jueces que \u2013a veces a pedido del Poder Ejecutivo\u2013 se apresuraron a sacar de la c\u00e1rcel a ex funcionarios condenados por corrupci\u00f3n, o sus c\u00f3mplices. Otra excepci\u00f3n, esta vez virtuosa, es la de algunos jueces que han utilizado con generosidad ciertos permisos que otorg\u00f3 la Corte para el trabajo a distancia y han procurado seguir cumpliendo con su tarea. Pero muchos otros se han negado a resolver expedientes o a habilitar la feria cuando podr\u00edan haberlo hecho, con la excusa de la emergencia sanitaria. Claro: ellos de todos modos cobran sus sueldos exentos de impuestos.
\nEl 9 de junio la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos hizo un llamamiento a \u201cgarantizar la vigencia de la democracia y el estado de Derecho en el contexto de la pandemia de COVID-19\u201d. En \u00e9l afirma \u201cel rol fundamental de la independencia y de la actuaci\u00f3n de todos los poderes p\u00fablicos y las instituciones de control, en particular de los poderes judiciales y legislativos, cuyo funcionamiento debe ser asegurado a\u00fan en contextos de excepci\u00f3n\u201d. \u201cEn cuanto al acceso a la justicia, la Comisi\u00f3n entiende que es un pilar fundamental de la democracia que no puede verse suspendido o limitado en su ejercicio y funcionamiento. De este modo, el contexto de la emergencia no puede constituirse en un motivo para suspender procedimientos judiciales que permitan garantizar el ejercicio de los derechos y libertades, en particular aquellas acciones destinadas a controlar las actuaciones de las autoridades en dicho contexto. [\u2026] Asimismo, los Estados deben adoptar medidas dirigidas a proteger a los operadores de justicia garantizando el funcionamiento de los servicios\u201d. La cita es elocuente.
\nLa emergencia puso de manifiesto el atraso tecnol\u00f3gico que dificulta una actividad m\u00e1s intensa de los tribunales nacionales mediante el trabajo remoto y la digitalizaci\u00f3n, que en cambio ha avanzado m\u00e1s en algunas provincias, incluyendo la de Buenos Aires, cuya dimensi\u00f3n no es peque\u00f1a. Mientras tanto, la Corte tiene una fortuna ahorrada no se sabe bien para qu\u00e9, y que no ha querido o no ha sabido emplear ahora para paliar esa precariedad tecnol\u00f3gica e impulsar una actitud algo m\u00e1s digna durante la emergencia.
\nLa informatizaci\u00f3n y digitalizaci\u00f3n de la justicia nacional y federal avanz\u00f3 estos a\u00f1os con lentitud y escaso apego por la legalidad. Una ley de hace a\u00f1os autoriz\u00f3 a que la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura de consuno impulsaran el proceso, pero se sabe que esos dos organismos mantienen una tensa relaci\u00f3n. Lo que se ha hecho se sustenta en precarias acordadas de la Corte, que sin tener atribuciones para ello ha modificado o dejado de lado las leyes procesales, sembrando inseguridad jur\u00eddica. No todo es culpa de ese Tribunal: a m\u00e1s de cinco a\u00f1os de vigencia del C\u00f3digo Civil y Comercial el Congreso ha sido incapaz de dictar un indispensable nuevo C\u00f3digo Procesal adecuado a ese cuerpo legal ya vigente y que, de paso, legitime esa digitalizaci\u00f3n que avanza a los tropezones. Tampoco el Colegio P\u00fablico de Abogados se ha lucido mucho en exigir y proponer las necesarias reformas.
\nCuando en estos meses se habla de \u201creforma judicial\u201d, no se hace referencia a nada de esto, que es lo que servir\u00eda al ciudadano de a pie. S\u00f3lo se mira a las maniobras que desde el Gobierno o sus alrededores se intentan para condicionar a\u00fan m\u00e1s al fuero penal federal o a la Corte Suprema, y garantizar as\u00ed la impunidad de algunas personas. Pero el Poder Judicial es mucho m\u00e1s grande que los juzgados de Comodoro Py.
\nEn definitiva, el deterioro institucional creciente de la Argentina (que en este campo es un m\u00e9rito compartido del Gobierno actual y del anterior, de la Corte y del Consejo de la Magistratura, de un sindicato siempre listo para la huelga y obstruccionista de los cambios) luce en todo su esplendor en el Poder Judicial, el mismo que deber\u00eda garantizar a los ciudadanos el cumplimiento de la ley pero que parece preferir una c\u00f3moda modorra.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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