{"id":3272,"date":"1998-11-24T12:08:34","date_gmt":"1998-11-24T12:08:34","guid":{"rendered":"http:\/\/www.revistacriterio.com.ar\/bloginst_new\/sin_categoria\/la-justicia-en-san-luis\/"},"modified":"1998-11-24T12:08:34","modified_gmt":"1998-11-24T12:08:34","slug":"la-justicia-en-san-luis","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.revistacriterio.com.ar\/bloginst_new\/?p=3272","title":{"rendered":"La justicia en San Luis"},"content":{"rendered":"

Ante la indiferencia del resto del pa\u00eds, la Federaci\u00f3n Argentina de Colegios de Abogados hab\u00eda advertido hace ya m\u00e1s de dos a\u00f1os que parec\u00eda imposible que ciertas cosas sucedieran en una provincia argentina. Queremos hacer conocer algunas de las medidas que atentan contra la vida de la Rep\u00fablica, analizando las normas legales dictadas por la legislatura de San Luis \u0096donde el oficialismo tiene mayor\u00eda absoluta\u0096, muchas de ellas sancionadas y promulgadas batiendo r\u00e9cords de celeridad.<\/o:p><\/span><\/p>\n

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– Se comenz\u00f3 con el ataque a la colegiaci\u00f3n legal de los abogados dictando la ley 5047 que quita a los Colegios de Abogados el control de la matr\u00edcula profesional.<\/o:p><\/span><\/p>\n

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– Al poco tiempo se dict\u00f3 una norma (ley 5062) que viola la intangibilidad de las remuneraciones de los jueces. A trav\u00e9s de la rebaja de los salarios se pretendi\u00f3 su sometimiento a los dictados del Ejecutivo. Se produjo una disminuci\u00f3n real de los haberes de los magistrados, que lleg\u00f3 al veinte por ciento del sueldo b\u00e1sico y a la reducci\u00f3n de los adicionales por antig\u00fcedad. <\/o:p><\/span><\/p>\n

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– El Gobierno sab\u00eda que los jueces afectados recurrir\u00edan a la v\u00eda del amparo en defensa de su remuneraci\u00f3n, y en respuesta a quienes iniciaban estos juicios se los recusaba en las causas contra el Estado. En este caso deb\u00edan actuar como conjueces los abogados de la matr\u00edcula. Hist\u00f3ricamente \u00e9stos eran designados anualmente por un sorteo realizado por el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia. Como muchos de ellos ten\u00edan independencia de criterio, se sancion\u00f3 la ley 5070 que modifica su sistema de designaci\u00f3n. Con ella, y destacando la importancia de esos conjueces en los juicios contra el Estado, el Poder Ejecutivo declar\u00f3 la caducidad de los mandatos de quienes deb\u00edan cumplir estas funciones en el a\u00f1o 1996, y los reemplaz\u00f3 en el caso del Superior Tribunal de Justicia por otros nombrados por decreto del Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado provincial. Vaya casualidad: la designaci\u00f3n recay\u00f3 en el presidente de Partido Justicialista (PJ), en el apoderado del PJ, en el apoderado personal del Gobernador, en un asesor justicialista del Senado provincial, y en un constituyente municipal de ese mismo partido. De esta manera se vulneraba la garant\u00eda constitucional del juez natural al designar jueces ad-hoc<\/i> para los juicios en que es parte el Estado provincial. <\/o:p><\/span><\/p>\n

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– Las presiones del Ejecutivo hicieron que la mayor\u00eda de los jueces que hab\u00edan iniciado acciones de amparo tendientes a defender la intangibilidad de sus sueldos desistiera de ellas. Las dos juezas sometidas al jury de enjuiciamiento estaban entre los pocos que no hab\u00edan desistido del amparo.<\/o:p><\/span><\/p>\n

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– El ataque a la independencia del Poder Judicial continu\u00f3 a trav\u00e9s de la denominada Ley de Autarqu\u00eda (5093), seg\u00fan la cual este poder deb\u00eda autofinanciarse. De ese modo el Estado provincial se liberaba de su obligaci\u00f3n constitucional de garantizar la administraci\u00f3n de justicia.<\/o:p><\/span><\/p>\n

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– Mediante otra ley (5113), fue declarada la emergencia judicial por el plazo de un a\u00f1o, prorrogable a su vencimiento por 180 d\u00edas h\u00e1biles. Seg\u00fan sus disposiciones: a) se autoriz\u00f3 a remover funcionarios judiciales sin sumario previo (lo que realmente ocurri\u00f3 con doce secretarios de juzgados de las ciudades de San Luis y Villa Mercedes); b) se eximi\u00f3 al Superior Tribunal de Justicia del dictado de sentencias por el t\u00e9rmino de 360 d\u00edas; c) se facult\u00f3 a este Cuerpo para suspender la atenci\u00f3n al p\u00fablico de todos los Tribunales de la provincia con el objeto de elaborar un informe sobre el estado de los expedientes. Como consecuencia de esto, los Tribunales provinciales no atendieron al p\u00fablico durante todo el mes de setiembre de 1997.<\/o:p><\/span><\/p>\n

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– En ese contexto, fueron designados nuevos miembros del Superior Tribunal de Justicia. Otra vez \u0093la casualidad\u0094: recae la designaci\u00f3n de presidente en el ex apoderado del PJ, ex apoderado personal del gobernador de la provincia, ex ministro de Hacienda y Obras P\u00fablicas, ex ministro de Gobierno y ex interventor en el Banco de la Provincia de San Luis.<\/o:p><\/span><\/p>\n

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– Para someter definitivamente a los jueces se dict\u00f3 una ley (5121) mediante la cual se les exige concursar ante un jurado de evaluaci\u00f3n t\u00e9cnica, viol\u00e1ndose de ese modo la cl\u00e1usula constitucional de inamovilidad. <\/o:p><\/span><\/p>\n

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Cuando uno analiza estas disposiciones legales no puede menos que indignarse ante tama\u00f1a arbitrariedad en el ejercicio del poder y se pregunta qu\u00e9 han hecho los Colegios de Abogados de esa provincia para contrarrestar esos acontecimientos. La respuesta, felizmente para quienes militamos en la Colegiaci\u00f3n, ha sido positiva. Los Colegios de Abogados de Villa Mercedes y San Luis cuestionaron cada una de estas disposiciones que, bajo la apariencia de legalidad, esconden un ejercicio absolutista del poder p\u00fablico por parte del gobernador Rodr\u00edguez Saa.<\/o:p><\/span><\/p>\n

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Lamentablemente la respuesta del Gobierno tampoco se hizo esperar. Por ley 5123, se dispuso la disoluci\u00f3n de los Colegios de Abogados y Procuradores de la provincia, previstos en la Constituci\u00f3n Provincial; se les confisc\u00f3 su patrimonio; y se declar\u00f3 la caducidad de las matr\u00edculas profesionales otorgadas, d\u00e1ndole su control al Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, raz\u00f3n por la cual todos los abogados tuvieron que revalidarlas y jurar nuevamente ante este organismo.<\/o:p><\/span><\/p>\n

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– Esa ley, adem\u00e1s, declar\u00f3 la caducidad de los mandatos de los miembros del Colegio Forense de la Provincia que, conforme al art. 224 de la Constituci\u00f3n Provincial, debe confeccionar cada a\u00f1o la lista de abogados que re\u00fanan los requisitos para ser miembros del Superior Tribunal, entre los que en sorteo p\u00fablico se eligen tres titulares y tres suplentes que representan a los abogados en el Jurado de Enjuiciamiento.<\/o:p><\/span><\/p>\n

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– Se dicta una nueva ley (5124) de jurado de enjuiciamiento que dispone que los tres representantes de los abogados ser\u00e1n elegidos por el nuevo Colegio Forense, estructurado a partir de \u0093asociaciones de abogados voluntarias\u0094 \u0096integradas en su mayor\u00eda por empleados del Estado provincial\u0096, de la lista de conjueces de C\u00e1mara y del Superior Tribunal de Justicia \u0096designados, como vimos, por el Gobernador con el acuerdo del Senado\u0096. De este modo el Ejecutivo controla al Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados. <\/o:p><\/span><\/p>\n

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A partir de esta reforma ya puede conocerse cu\u00e1l es el destino de aquellos jueces que deban estar sometidos a este tipo de juicio a instancias del poder.<\/o:p><\/span><\/p>\n

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Como an\u00e9cdota es importante se\u00f1alar que a trav\u00e9s de esta sumisi\u00f3n del Poder Judicial, el gobernador Rodr\u00edguez Saa logr\u00f3 que se lo sobresea totalmente, aun sin prestar declaraci\u00f3n indagatoria, del delito de enriquecimiento il\u00edcito, con lo cual no podr\u00e1 ser juzgado por ese delito en el futuro, atento al car\u00e1cter de \u0093cosa juzgada\u0094 de la resoluci\u00f3n. Final similar al del gobernador Angeloz con la diferencia que \u00e9ste tuvo que transitar por todo el juicio y estar varios meses sentado en el banquillo de los acusados.<\/o:p><\/span><\/p>\n

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Se trata de una situaci\u00f3n jur\u00eddicamente intolerable y pol\u00edticamente peligrosa para la vida de la Rep\u00fablica, puesto que si bien las normas dictadas son formalmente leg\u00edtimas por emanar de los \u00f3rganos destinados a tal fin, intr\u00ednsecamente no lo son ya que en su mayor\u00eda violan normas constitucionales de la Naci\u00f3n y de la Provincia y demuestran un dominio del Ejecutivo sobre el resto de los poderes. La experiencia de la historia contempor\u00e1nea nos hace temer ante estos estilos de gobierno.<\/o:p><\/span><\/p>\n

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\u0093En San Luis las cuentas cierran\u0094. Que los resultados econ\u00f3micos no nos lleven a pasar por alto cuestiones que son elementales para el desarrollo de la persona en el marco de un gobierno democr\u00e1tico. El federalismo tambi\u00e9n nos exige prestar atenci\u00f3n a las iniquidades y sufrimientos que padecen quienes viven en San Luis.<\/o:p><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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