{"id":3426,"date":"1998-07-20T12:08:34","date_gmt":"1998-07-20T12:08:34","guid":{"rendered":"http:\/\/www.revistacriterio.com.ar\/bloginst_new\/sin_categoria\/a-la-intemperie\/"},"modified":"1998-07-20T12:08:34","modified_gmt":"1998-07-20T12:08:34","slug":"a-la-intemperie","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.revistacriterio.com.ar\/bloginst_new\/?p=3426","title":{"rendered":"A la intemperie"},"content":{"rendered":"

La lucha por el poder forma parte de la vida pol\u00edtica de un pa\u00eds, con sus consecuentes t\u00e1cticas y estrategias para conseguirlo. No obstante, \u00e9stas requieren un conjunto b\u00e1sico y m\u00ednimo de reglas del juego dentro del cual desarrollarse: el marco institucional es insoslayable. Cuando se lo transgrede, una sociedad elimina sus contenciones, queda sencillamente expuesta al torrente de las pasiones personales y pol\u00edticas, de los intereses puramente ego\u00edstas, de las decisiones excluyentemente partidarias. Queda a la intemperie institucional.<\/o:p><\/span><\/p>\n

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En nuestra Argentina, la consecuci\u00f3n ilimitada del poder por parte del presidente en ejercicio, Carlos Menem, est\u00e1 llevando a la sociedad al desabrigo de los mecanismos institucionales que ordenan nuestra vida pol\u00edtica y protegen nuestras relaciones civiles. Sin estas protecciones, el pa\u00eds queda de inmediato librado a las consecuencias de una lucha partidaria feroz, como la que se advierte, y de cualquier acto demag\u00f3gico que pueda surgir de una desvirtuada forma de participaci\u00f3n denominada consulta popular.<\/o:p><\/span><\/p>\n

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Este af\u00e1n desmedido del presidente Menem por no dejar su cargo se apoya sobre un mecanismo institucional y pol\u00edtico: la reelecci\u00f3n presidencial. Ello supone no s\u00f3lo la modificaci\u00f3n de la Constituci\u00f3n subordin\u00e1ndola a un inter\u00e9s particular, inmediato y de corto plazo (por sobre el inter\u00e9s general), sino tambi\u00e9n su transgresi\u00f3n.<\/o:p><\/span><\/p>\n

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Se trata de un signo claro de manipulaci\u00f3n de las instituciones, es decir, de utilizaci\u00f3n de los mecanismos de cambio institucional para fines particulares, agravado por la circunstancia de que el beneficiario es aquel a quien la Constituci\u00f3n le encomienda su custodia y control. <\/o:p><\/span><\/p>\n

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La inseguridad jur\u00eddica<\/o:p><\/em><\/span><\/b><\/p>\n

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Esta manipulaci\u00f3n, sumada a lo que se sabe y se sospecha acerca de la corrupci\u00f3n, no hace m\u00e1s que golpear y debilitar la confianza social en las instituciones.<\/o:p><\/span><\/p>\n

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La consecuencia m\u00e1s directa de esta desconfianza es lo que se ha dado en llamar falta de seguridad jur\u00eddica. Esto es, la presunci\u00f3n y la expectativa de los ciudadanos de que sus acciones y las de los otros no se desarrollan dentro de un orden legal cierto y esperable. Muchos consideran -con raz\u00f3n- que se trata de un dato de importancia para los grandes inversores. Pero \u00e9stos disponen de recursos con los que no cuentan los ciudadanos comunes para adaptarse a esas circunstancias, y a beneficiarse de ellas, como sucedi\u00f3 en el caso IBM.<\/o:p><\/span><\/p>\n

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Si quienes deben velar por el orden constitucional, lo modifican para sus propios fines pol\u00edticos y de corto plazo, \u00bfqu\u00e9 expectativa sino la incertidumbre se cernir\u00e1 sobre el funcionamiento cotidiano de nuestras instituciones? Sobre lo que no caben dudas es que en ese escenario los m\u00e1s perjudicados ser\u00e1n invariablemente los sectores m\u00e1s carecientes de la sociedad.<\/o:p><\/span><\/p>\n

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En 1994 la reforma fue leg\u00edtima \u0096de acuerdo con lo establecido por la Constituci\u00f3n\u0096, pero no contribuy\u00f3 a la seguridad jur\u00eddica de los ciudadanos, por el sencillo motivo de que fue hecha en vista de un inter\u00e9s pol\u00edtico inmediato \u0096la reelecci\u00f3n\u0096, y no de la mejora del sistema constitucional.<\/o:p><\/span><\/p>\n

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La transgresi\u00f3n institucional<\/o:p><\/em><\/span><\/b><\/p>\n

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El actual intento reeleccionista no s\u00f3lo profundizar\u00e1 la inseguridad jur\u00eddica en nuestro pa\u00eds. A diferencia de lo ocurrido en 1994 el oficialismo, ante la imposibilidad de obtener el qu\u00f3rum necesario para una eventual reforma constitucional, ha avanzado en la b\u00fasqueda de los m\u00e1s diversos artilugios que significan una ruptura del marco pol\u00edtico establecido por la Constituci\u00f3n. Ello conduce al pa\u00eds, de manera grave, a la situaci\u00f3n de intemperie institucional.<\/o:p><\/span><\/p>\n

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El primer paso fue la instalaci\u00f3n de un clima dram\u00e1ticamente confuso acerca del suelo constitucional sobre el que habitamos. En poco tiempo fuimos expuestos a creer que la Constituci\u00f3n no dice lo que dice, que se la puede modificar como no permite que se la modifique, que quien no puede ser reelegido seg\u00fan sus t\u00e9rminos puede serlo, que el pueblo opine acerca de lo que la Constituci\u00f3n no lo autoriza.<\/o:p><\/span><\/p>\n

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El problema mayor del actual intento reformista no es s\u00f3lo la eventual transgresi\u00f3n del orden constitucional sino los fundamentos mismos subyacentes a tal iniciativa. <\/o:p><\/span><\/p>\n

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La estrategia populista, con su apelaci\u00f3n al m\u00e9todo de las consultas populares, ha confundido y cegado a distintos sectores. Algunos, seguros de un triunfo electoral, creen que es la mejor herramienta para detener la estrategia presidencial. Otros, abrumados por la ofensiva menemista, perciben que es el m\u00e9todo m\u00e1s adecuado para enfrentarla. Al calor del momento y de sus propias necesidades -informativas y comerciales-, no pocos medios de comunicaci\u00f3n ceden a la seducci\u00f3n de las encuestas. Desde motivaciones diversas, todos convergen en una enloquecida carrera por detectar y estimular la opini\u00f3n de la gente respecto de la nueva reelecci\u00f3n presidencial.<\/o:p><\/span><\/p>\n

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Consciente o inconscientemente, sectores de la sociedad civil y pol\u00edtica no s\u00f3lo han cedido a la tentaci\u00f3n menemista sino que han aceptado un principio que se yergue como una amenaza para la vida institucional: en el mismo momento en que se considera que el plebiscito o cualquier tipo de consulta popular constituye un m\u00e9todo apto para decidir la reelecci\u00f3n presidencial, se acepta el principio de que la gente, la voluntad popular o la mayor\u00eda democr\u00e1tica tiene en sus manos la posibilidad de reformar la Constituci\u00f3n cu\u00e1ndo y c\u00f3mo quiera. Esta posibilidad no es otra cosa que someter el fundamento mismo de nuestra ley al imperio de la discrecionalidad.<\/o:p><\/span><\/p>\n

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La aceptaci\u00f3n de este principio abre una seria grieta en la protecci\u00f3n que nos brindan las instituciones como individuos y como comunidad pol\u00edtica. Nos expone a cualquier tipo de arbitrariedad, en la medida en que implica ceder a la discrecionalidad que puede surgir de las pasiones humanas en el nombre de la consulta popular.<\/span><\/p>\n

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<\/span>Por qu\u00e9 una Constituci\u00f3n<\/o:p><\/em><\/span><\/b><\/p>\n

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El sentido mismo de una Constituci\u00f3n es limitar la posibilidad de arbitrariedades en que pueda incurrir la mayor\u00eda, y los gobernantes sustentados en la supuesta voluntad de la mayor\u00eda. La red de mecanismos e instrumentos institucionales previstos en nuestra Carta Magna (modo de elecci\u00f3n de los funcionarios, duraci\u00f3n de sus mandatos, divisi\u00f3n de Poderes, sus atribuciones) es un complejo, inteligente y delicado tejido cuya \u00faltima finalidad es ordenar el sistema de decisiones de modo tal que se imposibilite el abuso por parte de alg\u00fan sector de la comunidad.<\/o:p><\/span><\/p>\n

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Al dise\u00f1ar y acordar nuestra Constituci\u00f3n, como comunidad pol\u00edtica hemos \u0093atado nuestras manos\u0094 para que en el futuro no cedamos a nuestros propios intereses inmediatos, pasiones s\u00fabitas, preferencias particulares o a las tentaciones hegem\u00f3nicas de l\u00edderes circunstanciales como el presidente Menem.<\/o:p><\/span><\/p>\n

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Este compromiso no nos ata hasta inmovilizarnos; s\u00f3lo establece la manera en que podemos actuar para asegurarnos de que la decisi\u00f3n sea meditada, discutida y acordada.<\/o:p><\/span><\/p>\n

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Ceder a esa tentaci\u00f3n ser\u00eda negar los principios b\u00e1sicos de nuestro constitucionalismo. <\/o:p><\/span><\/p>\n

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La eventual ruptura del orden constitucional puede retrotraernos a \u00e9pocas oscuras y exponernos a las arbitrariedades de un caudillo de turno, de los sectores econ\u00f3micamente m\u00e1s influyentes o de mayor\u00edas moment\u00e1neamente atrapadas por un inter\u00e9s circunstancial. La Argentina contempor\u00e1nea conoce el significado concreto de la ausencia de un orden constitucional; lo padeci\u00f3 d\u00e9cadas atr\u00e1s. No es dif\u00edcil, pues, reconocer la necesidad del orden constitucional frente a los intentos hegem\u00f3nicos presentes y futuros.<\/o:p><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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