{"id":5314,"date":"2010-11-02T18:49:43","date_gmt":"2010-11-02T21:49:43","guid":{"rendered":"http:\/\/www.revistacriterio.com.ar\/bloginst_new\/?p=5314"},"modified":"2010-11-02T18:49:43","modified_gmt":"2010-11-02T21:49:43","slug":"dictamen-de-la-academia-nacional-de-ciencias-morales-y-politicas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.revistacriterio.com.ar\/bloginst_new\/?p=5314","title":{"rendered":"Dictamen de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Pol\u00edticas"},"content":{"rendered":"

Expedido en defensa de la vida inocente, agredida por los reiterados intentos de legalizar la muerte provocada de ni\u00f1os antes de su nacimiento.<\/span>Ante la sorprendente declaraci\u00f3n p\u00fablica del Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires a favor de la despenalizaci\u00f3n del aborto y con motivo del proyecto presentado en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires sobre el denominado \u201caborto no punible\u201d, esta Academia Nacional de Ciencias Morales y Pol\u00edticas, en ejercicio de sus atribuciones estatutarias, considera un deber expedirse nuevamente en defensa de la vida inocente y de la estricta observancia de las normas constitucionales que la protegen.<\/span><\/span><\/p>\n

Es oportuno reiterar, como lo hemos se\u00f1alado en anteriores oportunidades, que las excusas absolutorias previstas en el art. 86 del C\u00f3digo Penal, que se intenta ampliar en el proyecto de \u201caborto no punible\u201d que se encuentra en tr\u00e1mite en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, fueron incorporadas al mencionado ordenamiento punitivo a propuesta de la Comisi\u00f3n de C\u00f3digos del H. Senado de la Naci\u00f3n, formulada en el dictamen expedido el 26 de septiembre de 1919.<\/span><\/span><\/p>\n

En dicho dictamen, la Comisi\u00f3n fund\u00f3 su propuesta en doctrinas eugen\u00e9sicas y racistas que se encontraban en boga, sin advertir sus adherentes que las mismas conducir\u00edan y servir\u00edan de sustento al r\u00e9gimen nacional socialista instaurado en Alemania a partir de 1933. Al auspiciar la no punibilidad de la interrupci\u00f3n provocada de la gestaci\u00f3n practicada en una mujer \u201cidiota o demente\u201d que hubiera sido violada, la Comisi\u00f3n expres\u00f3 que \u201cera la primera vez que una legislaci\u00f3n va a atreverse a legitimar el aborto con un fin eugen\u00e9sico, para evitar que de una mujer idiota o enajenada…, nazca un ser anormal o degenerado\u201d. Argument\u00f3 seguidamente sobre \u201cel inter\u00e9s de la raza\u201d, <\/em>y se pregunt\u00f3, citando doctrina espa\u00f1ola, \u201c\u00bfqu\u00e9 puede resultar de bueno de una mujer cretina o demente?\u201d. En definitiva, la Comisi\u00f3n consider\u00f3 que \u201ces indiscutible que la ley debe consentir el aborto cuando es practicado, con intervenci\u00f3n facultativa, a los fines del perfeccionamiento de la raza\u201d<\/span>1<\/span>.<\/span><\/em><\/span><\/p>\n

Con esos argumentos racistas, que pocos a\u00f1os despu\u00e9s contribuyeron al establecimiento de un r\u00e9gimen demencial que empuj\u00f3 al mundo a la segunda guerra mundial, que no vacil\u00f3 en inmolar a minusv\u00e1lidos, jud\u00edos, cristianos y gitanos, y que persigui\u00f3 a todos los que se opusieron a sus designios totalitarios, se introdujeron en el C\u00f3digo Penal las excusas absolutorias que ahora se proyecta reglamentar excediendo el \u00e1mbito de atribuciones de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Las excusas absolutorias del art. 86 del C\u00f3digo Penal resultan manifiestamente inconstitucionales ante textos expl\u00edcitos que amparan de modo irrestricto al ni\u00f1o por nacer desde el instante de su concepci\u00f3n. Por eso, en un fallo reciente, la Corte Suprema de Justicia de la Naci\u00f3n ha recordado que \u201c<\/em>el derecho a la vida es el primer derecho natural de la persona humana, preexistente a toda legislaci\u00f3n positiva, y que resulta garantizado por la Constituci\u00f3n Nacional (doctrina de Fallos: 323: 1339, entre muchos), derecho presente desde el momento de la concepci\u00f3n, reafirmado con la incorporaci\u00f3n de tratados internacionales con jerarqu\u00eda constitucional\u201d (C.S.J.N. \u201cS\u00e1nchez, Elvira Berta c\/ Ministerio de Justicia y Derechos Humanos\u201d, dictamen de la Procuraci\u00f3n General del 28\/02\/2006 y votos de los Ministros Higthon de Nolasco y Eugenio Zaffaroni).<\/span><\/span><\/p>\n

Adem\u00e1s, de esa normativa con jerarqu\u00eda constitucional, debemos destacar algunos preceptos que ponen de manifiesto la imposibilidad jur\u00eddica de aceptar la propuesta del Consejo Superior de la universidad de Buenos Aires y de sancionar el proyecto sobre \u201cabortos no punibles\u201d: <\/span><\/span><\/p>\n

1\u00b0) La ley 23.849, cuyo art. 2\u00b0, al aprobar la Convenci\u00f3n sobre los Derechos del Ni\u00f1o, declar\u00f3 que el art. 1\u00b0 de ese instrumento internacional \u201cdebe interpretarse en el sentido que se entiende por ni\u00f1o <\/span>todo ser humano desde el momento de su concepci\u00f3n y hasta los 18 a\u00f1os de edad\u201d. Con esta reserva, \u201cen las condiciones de su vigencia\u201d, la Convenci\u00f3n adquiri\u00f3 jerarqu\u00eda constitucional (art. 75 inc. 22 C.N.) <\/span><\/span><\/p>\n

2\u00b0) El art\u00edculo 3 de dicha Convenci\u00f3n que textualmente expresa: \u201cEn todas las medidas concernientes a los ni\u00f1os que tomen las instituciones p\u00fablicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los \u00f3rganos legislativos, una consideraci\u00f3n primordial a que se atender\u00e1 ser\u00e1 el inter\u00e9s superior del ni\u00f1o<\/em>\u201d. <\/span><\/span><\/p>\n

3\u00b0) El art. 6 de la misma Convenci\u00f3n que textualmente expresa: \u201cLos Estados Partes reconocen que todo ni\u00f1o tiene derecho intr\u00ednseco a la vida. Los Estados Partes garantizar\u00e1n en la m\u00e1xima medida posible la supervivencia y el desarrollo del ni\u00f1o.\u201d <\/em><\/span><\/span><\/p>\n

4\u00b0) La ley 26.061, sancionada por unanimidad el 28 de septiembre de 2005, reglamentaria de la Convenci\u00f3n sobre Derechos del Ni\u00f1o, ratifica y ampl\u00eda la salvaguardia integral de la vida inocente. Su art\u00edculo 2\u00b0 declara que la Convenci\u00f3n sobre Derechos del Ni\u00f1o es de aplicaci\u00f3n obligatoria en las condiciones de su vigencia (es decir, desde la concepci\u00f3n), en todo acto, decisi\u00f3n o medida que se adopte respecto de las personas hasta los 18 a\u00f1os de edad. <\/span>El mismo art\u00edculo cubre la defensa en juicio de los menores, reconociendo que tienen derecho a ser o\u00eddos, obviamente por intermedio de quien los represente, que deber\u00e1 ser un curador, m\u00e1xime cuando los padres pretendan de modo directo poner fin a su vida por medio del aborto. El art. 3\u00b0 de la ley 26.061 puntualiza que se entiende por inter\u00e9s superior del ni\u00f1o \u201cla m\u00e1xima satisfacci\u00f3n, integral y simult\u00e1nea de los derechos y garant\u00edas reconocidos en esta ley\u201d. El primero de esos derechos es, de acuerdo con el art. 8\u00b0, el derecho a la vida. El citado art. 3 declara que se debe respetar la \u201ccondici\u00f3n de sujeto de derecho\u201d que tiene todo ni\u00f1o, agregando en su parte final que cuando exista conflicto entre los derechos e intereses del ni\u00f1o \u201cfrente a otros derechos e intereses igualmente leg\u00edtimos, prevalecer\u00e1n los primeros\u201d. <\/span><\/span><\/p>\n

5\u00b0) El art. 75 inc. 23 de la Constituci\u00f3n Nacional atribuye al Congreso la facultad de \u201clegislar y promover medidas de acci\u00f3n positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato<\/em>, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constituci\u00f3n y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los ni\u00f1os, <\/em>las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad\u201d. \u201cDictar un r\u00e9gimen de seguridad social especial e integral del ni\u00f1o en situaci\u00f3n de desamparo, desde el embarazo hasta la finalizaci\u00f3n del per\u00edodo de ense\u00f1anza elemental, y de la madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia.\u201d Pensamos que estas normas, que podr\u00edan ser ampliadas con otras tambi\u00e9n de nivel constitucional, son suficientes para enmarcar las obligaciones asumidas por el Estado Argentino en la Convenci\u00f3n sobre los Derechos del Ni\u00f1o, en su ley reglamentaria n\u00b0 26.061 y en el art. 75 inc. 23 de la Constituci\u00f3n con relaci\u00f3n a los derechos a la vida y a la salud del ni\u00f1o por nacer. <\/span><\/span><\/p>\n

Por imperio de esa normativa de jerarqu\u00eda constitucional han quedado t\u00e1citamente derogadas todas las normas de nivel nacional, provincial o municipal que las contradigan. En el derecho argentino no es posible excusar y menos justificar ning\u00fan atentado directo contra la vida de un ni\u00f1o desde la concepci\u00f3n. En consecuencia, las excusas absolutorias del art. 86 del C\u00f3digo Penal, introducidas en su texto a propuesta de la Comisi\u00f3n de C\u00f3digos del Senado de la Naci\u00f3n en el informe expedido el 26 de septiembre de 1919, han quedado sin efecto a partir de la vigencia de las normas de jerarqu\u00eda constitucional ya citadas. <\/span><\/span><\/p>\n

La derogaci\u00f3n impl\u00edcita o t\u00e1cita constituye un principio elemental de la l\u00f3gica jur\u00eddica en cuya virtud no pueden ser simult\u00e1neamente v\u00e1lidas dos normas contradictorias sobre la misma conducta. Rige siempre la \u00faltima. En el caso de las excusas absolutorias del art. 86, aprobadas por la ley 11.179 que sancion\u00f3 el C\u00f3digo Penal, y restablecidas en su texto original por la ley 23.077, es evidente que han perdido vigencia a partir de la fecha en que entraron en vigor las normas de la Convenci\u00f3n sobre <\/span>derechos del Ni\u00f1o, con jerarqu\u00eda constitucional desde la reforma de 1994. A partir de tales normas, queda constitucionalmente desautorizada la pretensi\u00f3n de considerar a la persona antes de su nacimiento como pars viscerum matris<\/em>, es decir, como una simple v\u00edscera u \u00f3rgano de la madre, equiparable a los ri\u00f1ones, el est\u00f3mago o la ves\u00edcula. As\u00ed como estas partes del cuerpo humano no son sujetos de derecho, tampoco lo ser\u00eda la persona humana en la etapa m\u00e1s temprana de su vida si fuera s\u00f3lo una parte del organismo materno. Porque, en definitiva, como acertadamente lo se\u00f1ala Abelardo Rossi, el n\u00facleo del problema radica en determinar si el embri\u00f3n o feto en el seno materno, e incluso el concebido en forma extracorp\u00f3rea, es o no persona humana<\/span>2<\/span>. <\/span><\/span><\/p>\n

La respuesta afirmativa ya la hab\u00eda dado el C\u00f3digo Civil desde los comienzos de su vigencia. Pero ahora la dan en forma enf\u00e1tica las normas que hemos citado, especialmente las de jerarqu\u00eda constitucional. A la luz de los criterios fijados en ellas, no puede controvertirse hoy, en t\u00e9rminos jur\u00eddicos, que el derecho a la vida se extiende desde la concepci\u00f3n hasta la muerte natural. Cualquier discriminaci\u00f3n que se intente, como la propuesta por el Consejo Superior de la UBA, que deja sin protecci\u00f3n penal la vida de los ni\u00f1os antes de nacer, o las normas incorporadas al proyecto sobre \u201cabortos no punibles\u201d, resultar\u00e1 violatoria de los preceptos de jerarqu\u00eda constitucional que hemos transcripto y de la igualdad consagrada en el art. 16 de la Ley Fundamental. Las normas de cualquier nivel que sancionen el Congreso Nacional o las Legislaturas locales, y que autoricen la muerte provocada de modo directo <\/em>de una persona inocente, carecen de validez constitucional, resultando irrelevante que los afectados tengan una semana o tres meses de gestaci\u00f3n, un a\u00f1o u ochenta a\u00f1os de vida. Todos tienen el mismo derecho a la vida. A lo expuesto debemos agregar que el proyecto sobre \u201cabortos no punibles\u201d es constitucionalmente inadmisible, adem\u00e1s de empeorar el texto del art. 86 del C\u00f3digo Penal por varias razones que sint\u00e9ticamente rese\u00f1aremos en este dictamen: <\/span><\/span><\/p>\n

1\u00b0) Usurpa competencias atribuidas de modo exclusivo al Congreso de la Naci\u00f3n (art. 75 inc. 12) como es todo lo relativo a la sanci\u00f3n de normas penales. <\/span><\/span><\/p>\n

2\u00b0) Transforma las primitivas excusas absolutorias del art. 86 C.P. en un supuesto derecho de la madre, desde los 14 a\u00f1os, a la interrupci\u00f3n del embarazo, acord\u00e1ndole la atribuci\u00f3n de matar de modo directo al ni\u00f1o concebido, acentuando as\u00ed la incompatibilidad del proyecto con las normas constitucionales que amparan la vida inocente. <\/span><\/span><\/p>\n

3\u00b0) Al referirse al peligro para la vida o la salud de la madre (art. 86 inc. 1\u00b0 del C\u00f3digo Penal) el proyecto prescinde de que el avance de la medicina ofrece ampl\u00edsimas posibilidades que permiten preservar la vida tanto de la madre como la del ni\u00f1o, conforme lo ha se\u00f1alado la Academia Nacional de Medicina en su declaraci\u00f3n del 4 de agosto de 1994. Esa es la obligaci\u00f3n del m\u00e9dico y en ning\u00fan caso puede sostenerse, como indicaci\u00f3n terap\u00e9utica, que deba matarse al ni\u00f1o o a la madre en forma directa. El m\u00e9dico debe procurar, con los medios a su alcance, salvar la vida de ambos. Por otra parte, las estad\u00edsticas del Ministerio de Salud indican que desde hace varias d\u00e9cadas la mortalidad materna por abortos se encuentra en franco descenso<\/span>3<\/span>. <\/span><\/span><\/p>\n

4\u00b0) Extiende la impunidad a todos los casos en que el embarazo se haya producido por una supuesta violaci\u00f3n. Se alza as\u00ed contra los fines de la excusa absolutoria introducida por la Comisi\u00f3n de C\u00f3digos del Senado de la Naci\u00f3n, el 26 de septiembre de 1919, en el sentido de que la no punici\u00f3n ten\u00eda un fundamento exclusivamente racista y eugen\u00e9sico, cicunscripta a los casos en que mediare una violaci\u00f3n a una mujer \u201cidiota o demente\u201d. Al ampliar el proyecto el \u00e1mbito de impunidad y facilitar la muerte provocada del ni\u00f1o concebido, cualquiera sea el tiempo de su gestaci\u00f3n, se viola el criterio hermen\u00e9utico fijado de modo reiterado por la Corte Suprema, en el sentido de que la primera regla de interpretaci\u00f3n de un texto legal es la de asignar pleno efecto a la voluntad del legislador (Fallos: 319: 353; 320: 2647). Se hace pagar al ni\u00f1o, de esta forma arbitraria e inconstitucional, la falta de su padre, configur\u00e1ndose as\u00ed una segunda iniquidad que agrava las consecuencias de la violaci\u00f3n. <\/span><\/span><\/p>\n

5\u00b0) El proyecto otorga plena relevancia al consentimiento de cualquier mujer desde los 14 a\u00f1os, prescindiendo de la intervenci\u00f3n del padre y\/o el representante legal, exigida en el art. 86 inc.,2 C.P. <\/span><\/span><\/p>\n

6\u00b0) Ampl\u00eda el \u00e1mbito del \u201caborto terap\u00e9utico\u201d al campo de la salud \u201cintegral\u201d, eufemismo a trav\u00e9s del cual se generaliz\u00f3 la despenalizaci\u00f3n del aborto en el continente europeo, sobre todo en Espa\u00f1a, considerada hoy la meca del \u201caborto tur\u00edstico\u201d, es decir, practicado en mujeres no residentes. La ampliaci\u00f3n a una supuesta salud \u201cintegral\u201d indica que el proyecto conduce a una legalizaci\u00f3n sin l\u00edmites del aborto provocado. <\/span><\/span><\/p>\n

7\u00b0) No le provee al ni\u00f1o no nacido de una representaci\u00f3n que pueda ser o\u00edda en defensa de su derecho a nacer y a vivir, contrari\u00e1ndose as\u00ed las normas de la ley 26.061 que reglament\u00f3 la Convenci\u00f3n sobre Derechos del Ni\u00f1o. <\/span><\/span><\/p>\n

8\u00b0) El proyecto impone a los titulares de todos los establecimientos asistenciales del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, la obligaci\u00f3n de practicar todo \u201caborto no punible\u201d que se les requiera, neg\u00e1ndoles el derecho constitucional a la objeci\u00f3n de conciencia. Lo reconoce, con restricciones temporales inadmisibles, solamente a los m\u00e9dicos que lo opongan por escrito dentro de los treinta d\u00edas contados a partir de la sanci\u00f3n de la ley. Los autores del proyecto no han advertido que algunos m\u00e9dicos, como el c\u00e9lebre Bernard Natanson, toman conciencia de su proceder criminal despu\u00e9s de haber practicado numerosos abortos. De manera que resulta lesivo de la libertad de conciencia limitarla en la forma prevista por los autores del proyecto.<\/span><\/span><\/p>\n

En anteriores dict\u00e1menes dirigidos a las autoridades nacionales y de la Ciudad de Buenos Aires, esta Academia Nacional de Ciencias Morales y Pol\u00edticas ha destacado la raigambre constitucional de la <\/span>objeci\u00f3n de conciencia, subrayando que constitu\u00eda un derecho que ninguna ley puede desconocer ni soslayar. Porque ese derecho consiste, precisamente, en que nadie debe ser forzado a contrariar las propias convicciones morales y cient\u00edficas, ejecutando o haciendo ejecutar actos incompatibles con ellas. En otras palabras, estamos frente al derecho a negarse a observar determinadas conductas cuando ellas violentan la propia conciencia. <\/span><\/span><\/p>\n

La Academia Nacional<\/span> de Medicina, en su declaraci\u00f3n del 28 de septiembre de 2000, ratific\u00f3 su rechazo \u201ca todo m\u00e9todo que interrumpa el embarazo\u201d y reclam\u00f3 que no se niegue a los m\u00e9dicos \u201cla libertad de actuar seg\u00fan el criterio de su conciencia ante situaciones que consideren re\u00f1idas con la \u00e9tica\u201d. La Corte Suprema de Justicia de la Naci\u00f3n, al reconocer en Fallos: 312: 496 la objeci\u00f3n de conciencia, como derecho de jerarqu\u00eda constitucional, ha precisado que es nuestra propia Ley Fundamental \u201cla que reconoce los l\u00edmites del Estado frente a la autonom\u00eda individual. El art. 19<\/span><\/span><\/p>\n

establece la esfera en la que el Estado no puede intervenir\u201d (considerando 16 \u201cin fine\u201d).<\/span><\/span><\/p>\n

El alto tribunal, al reconocer la objeci\u00f3n de conciencia, que resulta aplicable a diversos campos, entre ellos al de los temas bio\u00e9ticos, actu\u00f3 con extremo cuidado exeg\u00e9tico, porque como lo destaca en el considerando 15 \u201cla disyuntiva de seguir los dictados de las creencias y de la conciencia o renunciar a \u00e9stos y obrar en su contra, es cosa grave\u201d. <\/em><\/span><\/span><\/p>\n

Agreguemos que el derecho a la objeci\u00f3n de conciencia \u2013que obviamente asiste a los profesionales m\u00e9dicos y tambi\u00e9n a las autoridades de los establecimientos a las que se pretende obligar que act\u00faen contra los dictados de su propia conciencia-, deriva de modo directo de los arts. 14 y 33 de la Constituci\u00f3n Nacional y de las convenciones internacionales que amparan la libertad de conciencia. Nos referimos concretamente a los arts. 18 de la Declaraci\u00f3n Universal de Derechos Humanos, 18 del pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos, y 12 de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos. Todos estos instrumentos tienen jerarqu\u00eda constitucional (art. 75 inc. 22. C.N.).<\/span><\/span><\/p>\n

Frente a tan clara preceptiva, la Academia Nacional de Ciencias Morales y Pol\u00edticas resuelve dirigirse al Rector de la Universidad de Buenos Aires, al Presidente de la Legislatura y al Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos, y a los Presidentes de la C\u00e1mara de Diputados y del Senado de la Naci\u00f3n, solicitando el m\u00e1s estricto acatamiento de las normas con jerarqu\u00eda constitucional que amparan la vida humana inocente desde la concepci\u00f3n hasta la muerte natural. <\/span><\/span><\/p>\n

Buenos Aires, septiembre de 2010 <\/span><\/span><\/p>\n

<\/span><\/span><\/p>\n

1.C\u00f3digo Penal de la Naci\u00f3n Argentina, Ley 11.719, Edici\u00f3n Oficial, p\u00e1gs. 268\/269, Buenos Aires, 1922.<\/span><\/span><\/em><\/p>\n

2.Abelardo F. Rossi: \u201cSobre el aborto\u201d, en <\/span><\/em>El Derecho, n\u00b0 9592, 23 de septiembre de 1998, p\u00e1g. 1.<\/em><\/span><\/span><\/p>\n

3.Ver: Carlos Abel Ray: \u201cMortalidad materna por abortos\u201d, en <\/span><\/em>El Derecho, tomo 200, p\u00e1g. 971.<\/em><\/span><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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