{"id":5906,"date":"2011-07-01T19:23:57","date_gmt":"2011-07-01T22:23:57","guid":{"rendered":"http:\/\/www.revistacriterio.com.ar\/bloginst_new\/?p=5906"},"modified":"2011-07-01T19:23:57","modified_gmt":"2011-07-01T22:23:57","slug":"jubilacion-empresas-y-decretos-de-necesidad-y-urgencia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.revistacriterio.com.ar\/bloginst_new\/?p=5906","title":{"rendered":"Jubilaci\u00f3n, empresas y decretos de necesidad y urgencia"},"content":{"rendered":"

Por qu\u00e9 el Gobierno apost\u00f3 a reestatizar los fondos de jubilaciones y pensiones y a obligar a las empresas a distribuir dividendos.<\/span>Sorprendi\u00f3 Cristina Fern\u00e1ndez de Kirchner al mundo empresario con el dictado del decreto de necesidad y urgencia N\u00b0 441\/11, otorgando al Gobierno mayor poder a la hora de designar directores en empresas en las que participa el Estado. Y si bien cuando este comentario llegue a manos de nuestros lectores, la din\u00e1mica \u201cl\u00edquida\u201d de la pol\u00edtica local har\u00e1 que la noticia ya no lo sea tanto, vale la pena detenerse en algunos aspectos de este nuevo cap\u00edtulo del \u201cmodelo\u201d que la Presidenta llama a defender y cuidar.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

La cr\u00f3nica <\/span><\/span><\/span><\/strong><\/p>\n

El origen de la cuesti\u00f3n parte de la reestatizaci\u00f3n de los fondos de jubilaciones y pensiones ocurrida en las postrimer\u00edas de 2008. En el principio (la frase b\u00edblica aplica, en raz\u00f3n de nuestra inveterada costumbre fundacional), cuando la pol\u00edtica de Carlos Menem indicaba la necesidad de que la administraci\u00f3n privada sea la encargada de garantizar el derecho a la jubilaci\u00f3n previsto en el art\u00edculo 14 bis de la Constituci\u00f3n Nacional, se crearon las denominadas AFJP con el encargo de administrar los fondos de los aportantes, con una particularidad: cada individuo contar\u00eda con una \u201ccuenta individual\u201d, cuyo producido garantizar\u00eda su retiro a partir de la edad legal.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

Se enunciaba en 1993 que los fondos de los trabajadores activos ser\u00edan invertidos en obras de infraestructura y en el desarrollo de un vigoroso mercado de capitales. Chile, con sus AFP, era el modelo a seguir. No obstante, el diablo meti\u00f3 la cola. En sus 15 a\u00f1os de vida, las AFJP no lograron posicionarse frente a sus clientes como las protectoras de sus ahorros. Las razones son m\u00faltiples. Sin \u00e1nimo de buscar culpables, quiz\u00e1 podamos identificar algunas. En primer lugar, la sensaci\u00f3n de que el cobro de las comisiones reduc\u00eda el monto de los aportes acumulados, y no agregaba valor. En segundo lugar \u2013y ya no era una sensaci\u00f3n\u2013 la certeza de que parte importante de las inversiones de fondos se dirig\u00eda a la adquisici\u00f3n de deuda p\u00fablica (bonos del Estado). El c\u00e9nit de esta evidencia se dio en 2001, cuando el Gobierno de la Alianza oblig\u00f3 a las AFJP a suscribir bonos en un intento por solucionar los problemas de d\u00e9ficit fiscal que lo agobiaban. La situaci\u00f3n no cambi\u00f3 demasiado luego de la crisis de 2001. En suma: \u00bfpara qu\u00e9 pagar una comisi\u00f3n a una administradora de fondos privada cuyo riesgo crediticio m\u00e1s grande era el Estado nacional? El oficialismo, aprovechando la sensaci\u00f3n, avanz\u00f3 con la reestatizaci\u00f3n de las jubilaciones. Esta muy breve y simplificada cr\u00f3nica, a la que le faltan muchos matices, nos permite contextualizar el dictado del decreto de necesidad y urgencia N\u00b0 441\/11. Como consecuencia de la reestatizaci\u00f3n de los fondos de jubilaci\u00f3n, el Estado nacional \u2013representado por la ANSES\u2013 se encontr\u00f3 con acciones emitidas por sociedades an\u00f3nimas que cotizan parte de su capital en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, y que hab\u00edan sido adquiridas por las AFJP. La Ley de 2008 mantuvo una limitaci\u00f3n que ten\u00edan las AFJP: con independencia del capital que efectivamente manejaran, los derechos pol\u00edticos nunca podr\u00edan exceder el 5%. Cuando las AFJP viv\u00edan, la cuesti\u00f3n era abstracta, ya que hab\u00eda unas 8 o 10 administradoras cuya participaci\u00f3n relativa en las empresas era menor, y no ten\u00edan ninguna voluntad (es m\u00e1s, la ley establec\u00eda lo contrario) de ejercer alg\u00fan derecho de administraci\u00f3n y\/o control en las empresas. Se supon\u00eda que las normas de la Comisi\u00f3n Nacional de Valores eran suficientes para preservar los intereses de los jubilados. Tales normas est\u00e1n hoy vigentes. <\/span><\/span><\/span><\/p>\n

El decreto<\/span><\/span><\/span><\/strong><\/p>\n

La reestatizaci\u00f3n concentr\u00f3 las participaciones de todas las AFJP en cabeza del Estado. No obstante, la ley de 2008 mantuvo la limitaci\u00f3n del 5%. De esta manera, lo que antes era un m\u00f3dico 1% o 2%, se transform\u00f3 en un porcentaje relevante: desde 8% hasta 28% en algunos casos, sin derechos pol\u00edticos equivalentes porque as\u00ed lo estableci\u00f3 la ley. Y transcurri\u00f3 2010 sin mayores sobresaltos, pactando la administraci\u00f3n p\u00fablica con algunas empresas la designaci\u00f3n de alg\u00fan director independiente af\u00edn al Gobierno (no al Estado, vale la pena la diferenciaci\u00f3n).<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

El decreto N\u00b0 441\/11 tiene su origen en un desencuentro: la negativa de una empresa a acordar la designaci\u00f3n de un director distinto del que ella propon\u00eda. Esta situaci\u00f3n hizo que el Gobierno actuara de manera fulminante. Modific\u00f3 una ley mediante un decreto de necesidad y urgencia, aboliendo los l\u00edmites que figuraban en 2008. De esta manera, los porcentajes econ\u00f3micos se acercaban a los derechos pol\u00edticos que tales participaciones otorgan de acuerdo con la Ley de Sociedades. Este acto jur\u00eddico ratific\u00f3 una vez m\u00e1s una caracter\u00edstica esencial de este modelo: el car\u00e1cter colegislativo del Poder Ejecutivo. Basta leer los considerandos del decreto para entender que no hab\u00eda necesidad ni urgencia, y que los est\u00e1ndares dispuestos por la Corte Suprema de Justicia en casos anteriores no estaban cumplidos. El decreto, pues, tiene todas las caracter\u00edsticas de un acto inconstitucional. Por lo dem\u00e1s, el Congreso estaba funcionando, y la reforma podr\u00eda haberse debatido sin mayores sobresaltos. Y es altamente probable que el Poder Legislativo la hubiera validado.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

Lo que no se piensa<\/span><\/span><\/span><\/strong><\/p>\n

A partir del dictado del acto pas\u00f3 lo que usualmente ocurre: el mundo empresario objet\u00f3 la medida, polarizando en algunos casos la discusi\u00f3n con argumentos de acusaciones \u201cchavistas\u201d al Gobierno. La oposici\u00f3n en el Congreso marc\u00f3 su punto de vista, pidiendo que no se la ignore, y hasta aclarando que no estaba del todo en contra de la medida.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

El oficialismo, por medio de sus voceros, comenz\u00f3 a justificar la medida. Quisiera detenerme en una: la distribuci\u00f3n de dividendos. El Gobierno sostiene que la designaci\u00f3n de los directores es necesaria para obligar a las empresas a distribuirlos. Y las acusa de mantenerlos como \u201cresultados no asignados\u201d, privando a los jubilados del dinero que les corresponde \u201cleg\u00edtimamente\u201d. Este planteo demuestra la actitud paradojal y contradictoria del Gobierno. Simplificando, las empresas pueden hacer dos cosas con sus resultados: distribuirlos entre sus accionistas o reinvertirlos.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

Pueden tambi\u00e9n concebir alguna soluci\u00f3n intermedia, mediante la distribuci\u00f3n de una parte de sus resultados, y conservar otra para futuras inversiones, que permitir\u00e1n la expansi\u00f3n de la empresa. Todo esto deber\u00eda estar cabalmente reflejado en los estados contables. Caso contrario, las regulaciones previstas en la Ley de Sociedades Comerciales permite a los accionistas pedir las explicaciones del caso y hasta impugnar judicialmente una medida que pueda considerarse perjudicial.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

Si, como sostiene la ANSES, el sistema previsional goza hoy de super\u00e1vit, no se explica la sed de dinero fresco. Tal actitud s\u00f3lo aumenta la sospecha de que tales fondos se destinar\u00edan a la financiaci\u00f3n de los requerimientos coyunturales del Gobierno. Quiz\u00e1 lo que la pol\u00edtica en sentido amplio deber\u00eda pensar no es tanto si el Gobierno puede o no designar directores en las empresas, sino la estrategia previsional de largo plazo. Tal debate deber\u00eda necesariamente determinar, entre muchas otras cosas, la administraci\u00f3n del monumental fondo heredado por la ANSES, originado en las cuentas individuales transferidas al Estado, as\u00ed como la estructura legal de la propia ANSES, una administraci\u00f3n dependiente del Ministerio de Trabajo, creada por decreto, para una funci\u00f3n totalmente distinta a la que hoy, en los hechos, tiene. Con los fines clarificados, legislados institucionalmente y debidamente aplicados, la participaci\u00f3n estatal no debiera generar crisis ni alteraciones.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

Actualmente, la situaci\u00f3n es distinta: el Poder Ejecutivo colegisla de manera francamente inconstitucional y justifica luego su accionar con argumentos contradictorios. La oposici\u00f3n, en tanto, marca el d\u00e9ficit institucional, pero no presenta (o al menos no con la intensidad con la que reclama institucionalidad) alternativas de fondo. Mientras tanto, la ANSES contin\u00faa su tarea de financiaci\u00f3n del Gobierno en el corto plazo, con l\u00edmites l\u00e1biles y escas\u00edsimo control. Quienes aportamos al sistema de reparto y tenemos un horizonte de jubilaci\u00f3n en los pr\u00f3ximos 25 a\u00f1os no podemos estar tranquilos.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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