¿Cuánto Estado puede sostener el sector productivo?

En un ensayo de 1929 Ortega y Gasset advirtió a los argentinos sobre los riesgos de ignorar que el Estado “no puede vivir de sí, que no es él mismo vida, sino máquina creada por la vitalidad colectiva; por ello, menesterosa de ésta para conservarse, lubrificarse y funcionar”. En otros términos, lo que Ortega nos decía es que el Estado (entendido aquí en una acepción que engloba al gobierno y la administración) no puede agrandarse a expensas de la sociedad, ni mucho menos consumirla, convertida en carne de su insaciable apetito.
Transcurridas nueve décadas, estas afirmaciones revisten una actualidad sobrecogedora y nos devuelven al interrogante planteado en el título, que no parece preocupar verdaderamente al común de nuestros gobernantes ni a gran parte de la sociedad. En efecto, más allá de las promesas y expectativas reiteradamente sembradas, lo que se percibe en realidad es que todas las acciones dirigidas a reducir la hipertrofiada estructura estatal vienen siendo apenas significativas y de impacto imperceptible para los contribuyentes. Sin ir más lejos, según datos de la Secretaría de Modernización a cargo de Andrés Ibarra, la gestión de Cambiemos logró una reducción de 59.563 empleados nacionales sobre un total cercano a los 800.000. Sin embargo, esta se vio más que compensada por un incremento de casi 100.000 empleados en los niveles subnacionales (provincias y municipios).
Con relación al Congreso Nacional, una amplia repercusión tuvieron los datos proporcionados por un conocido economista, según los cuales este poder mantiene una planta exorbitante de 11.000 empleados para un total de 329 legisladores. Sabemos también que la administración macrista debutó elevando a 21 la cantidad de ministerios (con un récord histórico de 88 secretarías, 208 subsecretarías y 305 direcciones nacionales o generales, según datos de abril de 2017), mientras que el Frente de Todos inauguró su gestión con 20 ministerios: cifras que, en ambos casos, superan holgadamente lo que el sentido común recomendaría para un país con tantas carencias y deudas por afrontar. Muchos lamentamos que la Constitución vigente, en su artículo 100, haya dejado en manos de una ley especial la determinación del “número y competencia” de los ministerios y secretarías, que cada gestión ha querido obviamente rectificar a su antojo.
Más ministerios suponen más secretarías, subsecretarías, direcciones nacionales y generales, departamentos, coordinaciones, organismos descentralizados, es decir, un sinfín de unidades administrativas o «ravioles», como vulgarmente se las llama, que, lejos de resultar una sana ingesta para los contribuyentes, los indispone y hastía, afectando por ende la prosperidad general del país. Otro tanto cabe afirmar de los privilegios –fiscales y otros– que aún conservan algunos poderes del Estado, más propios del «antiguo régimen» que de una democracia moderna, y que son producto de decisiones corporativas violatorias por lo pronto del principio de igualdad, como “base del impuesto y de las cargas públicas», consagrado por nuestra Constitución en su artículo 16.
Nepotismo, feudos encubiertos, incumplimiento del requisito de idoneidad previsto también en la citada cláusula constitucional, una flota injustificable de autos oficiales y choferes y, en muchos casos, salarios muy por encima de los del mercado que alimentan el deseo de cargos públicos en profesionales jóvenes, conscientes de lo difícil que les resultaría alcanzar esas remuneraciones en ámbitos privados. Se diría que, más allá de cualquier “grieta”, existe un pacto implícito entre nuestros dirigentes destinado a neutralizar toda intención de corregir estos despropósitos. Como señaló el diario La Nación, «se ha creado un círculo vicioso que gira en sentido perverso: más Estado, más gasto público, más déficit fiscal, más impuestos, más endeudamiento estatal y menos crédito al sector privado, alto riesgo país y ausencia de confianza, desaliento a la inversión, no creación de empleo privado, más pobreza”. Las sucesivas capturas del Estado producidas con cada traspaso de gobierno hicieron posible este resultado.
Mientras tanto, a falta de toda decisión tendiente a racionalizar de una vez y en serio la burocracia estatal, el sector productivo no puede sino sentirse víctima propiciatoria de un Leviatán dispendioso. Nada indica que esto vaya a modificarse en el corto o mediano plazo. Sin arraigada tradición de desobediencia civil, dicho sector, eterno convidado de piedra, continuará siendo menoscabado por gobiernos que poco saben de austeridad, empeñados en matar a la gallina equivocada.