Larga y polémica historia de las patentes

En los últimos artículos de esta columna analizamos cómo América latina y el Caribe (ALC) ocupan con África el último lugar del ranking de inversión en Investigación y Desarrollo (I+D). Muy distantes de América del Norte, Europa y Asia, que aplican economías del conocimiento, cuya columna vertebral es la inversión en I+D. Ligado a esto se observa la bajísima protección del conocimiento en nuestra región. No hay posibilidad de desarrollo si no se atiende esta realidad.
El primer antecedente, base del posterior derecho de patentes, fue el Estatuto de Venecia (1474), que daba protección jurídica a inventores durante diez años. Por ese tiempo la Corona británica otorgó la primera patente de la historia al inglés John Utyman, por idear un mecanismo de fabricación del cristal, utilizado por vidrieros venecianos antes de que se conociera en Inglaterra; la Corona británica exigió al inventor enseñar dicho mecanismo a los ingleses y le dio protección por 20 años ya que quería reducir la dependencia de importaciones, generar puestos de trabajo y estimular la economía. Ello dio lugar a abusos pues la Corona, con afán recaudatorio, extendía los privilegios de protección sin mayores exigencias; fue así que diversas protestas obligaron a anular todos los privilegios y redactar el Estatuto de Monopolios (1623), que concedía exclusividad solamente al primer inventor, por un período de 14 años.
La revolución industrial en Inglaterra fue un hito en esta historia pues aceleró el tratamiento de leyes en países industrializados. Los Estados Unidos lo hicieron en 1790, Francia en 1791, España en 1811 y Alemania en 1877. En ocasión de la Exposición Internacional de Invenciones de Viena (1873), varios extranjeros se negaron a asistir por temor a que les robaran sus ideas para comercializarlas en otros países. Ello dio lugar al Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1883), acuerdo internacional que aseguraba a los creadores que sus obras estarían protegidas en otros países. Enseguida surgió el Convenio de Berna para las Obras Literarias y Artísticas (1886), con la finalidad de proteger internacionalmente los derechos de autor; fue impulsado por Víctor Hugo y la Association Littéraire et Artistique Internationale a la que el escritor francés pertenecía. El Convenio de París y el de Berna se fusionaron en 1893, conformando las Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual (BIRPI), con sede en Berna, Suiza.
Las BIRPI se convierten en 1970 en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), con sede en Ginebra, que en 1974 ingresa como organismo especializado en Naciones Unidas. En 1994 se crea en la OMPI el Centro de Arbitraje y Mediación, que ofrece servicios extrajudiciales para solucionar controversias internacionales. En 1998 se constituye la Academia de la OMPI para dar cursos generales y especializados en propiedad intelectual, con un enfoque interdisciplinario, destinado a profesionales en la materia. En 2007 la OMPI confeccionó una Agenda para el Desarrollo, por la importancia que la propiedad intelectual tiene para el crecimiento de los países.
Como toda realidad humana, esta larga historia tuvo sus controversias y altibajos. Hoy incluso hay detractores y críticos de las patentes, siendo que es un sistema adoptado internacionalmente, que permite proteger durante 20 años y en el país que se desee, las inversiones del Estado, de empresas y fundaciones destinadas a la innovación, y así evitar que sean comercializadas por otros.