La noticia periodística según la cual la Secretaría de Culto estaría estudiando implantar un llamado impuesto religioso, que mencionaba como modelos los casos de Italia y de Alemania, suscitó una lógica inquietud. Tanto la Conferencia Episcopal, como otras confesiones minoritarias, tomaron distancia de la idea y aclararon que no habían sido consultadas. Se supo luego que la Secretaría de Culto no tenía en realidad un proyecto, sino solamente ideas generales.
Como advirtió muy oportunamente monseñor Carmelo Giaquinta apenas trascendida la idea, es muy distinto el modelo alemán del italiano. En Alemania, los ciudadanos pagan un verdadero impuesto con destino a su Iglesia (católica o evangélica luterana), que el Estado recauda coactivamente por cuenta de ellas. Quien no quiere pagar debe hacer una manifestación formal de no pertenencia a la Iglesia, que ésta toma muy en serio, excluyéndolo de la comunidad y hasta de los sacramentos. Semejante rigor causó no pocos problemas cuando la unificación alemana puso en un dilema de conciencia a los alemanes orientales. El sistema, como se puede intuir, sería de muy difícil trasplante a nuestras tierras, por lo que cualquier referencia a él no hace sino confundir.
Distinto es el caso de Italia, donde se ha tomado y mejorado el sistema previamente diseñado en España. Allí se permite a los ciudadanos que, al pagar su impuesto a la renta (equivalente al nuestro a las ganancias), elijan si una pequeña porción del impuesto que de todos modos deberían pagar (menos del 1%) se destine a la Iglesia católica, a alguna de las otras confesiones que adhieren al sistema, o al Estado. No se trata entonces de un impuesto religioso, sino de una forma democrática que tienen los ciudadanos para elegir si parte de sus impuestos se van a destinar a sostener a alguna confesión religiosa, o a ninguna. La masa reunida por ese sistema, en el caso de la Iglesia católica, suplanta al aporte directo que antes hacía el Estado para pagar sueldos de sacerdotes y otros gastos de la Iglesia. El sistema es más acorde que el anterior (y que el vigente en la Argentina, aunque sus cifras sean muy inferiores a las europeas) con una sociedad plural en lo religioso. Estudiar su adaptación a la Argentina, ahora que se está recuperando la cultura fiscal y hay estabilidad monetaria, tiene sentido y es un camino posible.
Caben todavía consideraciones de método y de oportunidad. Las primeras: en Italia o en España, esos sistemas derivan de meditados acuerdos entre la Santa Sede y los Estados, en lo que se refiere a la Iglesia; mientras que respecto de las otras confesiones el Estado celebra acuerdos de cooperación previstos y alentados por las leyes. Por lo tanto, en la Argentina una condición previa para avanzar parece ser modificar el anticuado régimen legal vigente en materia de cultos, y encarar una negociación seria en el más alto nivel entre Iglesia y Estado que no podría ignorar otros temas vinculados (como la personalidad jurídica de los entes eclesiásticos, las exenciones impositivas, el mantenimiento del patrimonio cultural, el sostenimiento de las escuelas católicas, y otros). En cuanto a la oportunidad, una eventual iniciativa estatal en esta materia distraería el esfuerzo que ha encarado la Conferencia Episcopal para promover una reforma económica de la Iglesia que deja por ahora de lado la cuestión del aporte estatal, para centrarse en el aporte de tiempo, talentos y dinero por parte de los fieles y una más adecuada administración de los recursos.
Sería deseable, entonces, que no se traiga al primer plano una cuestión que no urge (el aporte estatal a la Iglesia), ni se distraigan esfuerzos en una discusión no suficientemente madurada. Por la parte estatal, podrían emplearse mejor esos esfuerzos en crear las condiciones necesarias para un examen prolijo y amplio de la cuestión (una nueva ley de cultos), y en resolver otros temas vinculados que sí son acuciantes (como el dictado de una buena ley del voluntariado). Y, de paso, no quemar con precipitaciones innecesarias lo que podría ser una buena idea.
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Join discussionLo q entendí es que los ciudadanos tienen elección si quieren aportar a su confesión religiosa… O sea, si soy católica pago impuestos para la Iglesia. ¿Pero a q se debe q las confeciones religiosas no le paguen dinero al gobierno??