El 18 de agosto de 2004 la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos dio a conocer la declaración Católicos en la vida política en la que expresamente se indica que la “doctrina católica sobre la vida humana y su dignidad se debe reflejar” en todas las parroquias y en todas las áreas e iniciativas pastorales. Y agrega que la comunidad y las instituciones católicas “no deben homenajear a aquellos que abiertamente desafían nuestros principios morales fundamentales” ni a aquellos que presentan “plataformas políticas en las cuales se sugiere el apoyo a estas acciones”. Nos dirigimos a ustedes como obispos, como maestros de la fe católica y de la ley moral. Tenemos la obligación de enseñar sobre la vida humana y la dignidad, el matrimonio y la familia, la guerra y la paz, las necesidades de los pobres y las exigencias de la justicia. Hoy continuamos nuestros esfuerzos de enseñar sobre un asunto singular e importante que ha surgido recientemente como fuente de preocupación tanto para católicos como para otras personas.
Desde un principio, la Iglesia Católica ha enseñado, basada en su entendimiento del testimonio de su Señor respecto a la santidad de la vida humana, que el dar la muerte a una criatura por nacer es siempre algo intrínsicamente perverso y nunca puede ser justificado. Si las personas que practican un aborto y las que cooperan voluntariamente en esa acción están totalmente concientes del objetivo malévolo de su actuar, están cometiendo un pecado grave y, por consiguiente, están separándose ellas mismas de la gracia de Dios. Esta es la enseñanza constante y recibida de la Iglesia. Esta es también la convicción de muchas personas de buena voluntad.
Legalizar esta acción que es intrínsicamente perversa es en sí algo malo. Este es un punto que recientemente se ha enfatizado más en la enseñanza católica oficial. Se puede decir que tal sistema legal coopera con esa maldad cuando no protege la vida de aquellos que no tienen protección alguna, excepto bajo la ley. En los Estados Unidos de América, el aborto solicitado se ha convertido en un derecho constitucional por medio de una decisión de la Corte Suprema. El no proteger la vida de los miembros inocentes e indefensos de la raza humana es pecar contra la justicia. Por lo tanto, aquellos que formulan las leyes tiene una obligación de conciencia de trabajar para rectificar leyes defectuosas en lo moral, para que no sean culpables de cooperar en esa maldad y pecar contra el bien común.
Así como ha insistido nuestra Conferencia en Ciudadanos Comprometidos, los católicos que viven sus convicciones morales en la vida pública no son una amenaza a la democracia o al pluralismo, más bien los enriquecen al igual que a la nación. La separación entre la iglesia y el estado no exige una división entre la creencia y la acción pública, entre los principios morales y las opciones políticas, más bien protege los derechos de los creyentes y de los grupos religiosos a practicar su fe y a vivir sus valores en la vida pública.
En estos momentos, nuestra obligación como obispos es enseñar claramente. Es con solicitud pastoral hacia todos aquellos involucrados en el proceso político que también aconsejaremos a los funcionarios públicos católicos que su apoyo consistente al aborto solicitado les pone en riesgo de hacerles colaboradores de esta maldad de una manera pública. Insistiremos en nuestro deber de dar consejo, con la esperanza que el escándalo de su cooperación en esa maldad pueda ser resuelto con la adecuada formación de su conciencia.
Habiendo recibido un extenso informe interino del Grupo de Trabajo sobre Obispos Católicos y Políticos Católicos, y esperando recibir el informe completo, destacamos varios puntos del informe interino que sugieren algunas directrices para nuestro esfuerzo:
Necesitamos continuar enseñando claramente y ayudar a otros líderes católicos a enseñar claramente sobre nuestro inquebrantable compromiso por la protección legal de la vida humana desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Nuestra enseñanza sobre la vida y dignidad humana deberá reflejarse en nuestras parroquias y en nuestros ministerios dedicados a la educación, al cuidado de la salud, y a los servicios sociales.
Debemos hacer mucho más para persuadir a todos que la vida humana es preciosa y que la dignidad humana debe ser defendida. Esto requiere de un diálogo y de un compromiso más eficaz con los funcionarios públicos, especialmente con los funcionarios públicos católicos. Acogemos gustosos todo diálogo iniciado por los propios líderes políticos.
Los católicos necesitan vivir y apoyar estos principios y políticas en la vida pública. La transformación del mundo es la vocación especial de los laicos. Debemos animar esta vocación y esforzarnos más para que todos los creyentes participen en esta misión. Como obispos, no apoyamos ni nos oponemos a ningún candidato. Más bien, queremos formar la conciencia de nuestro pueblo para que todos analicen la posición de los candidatos y hagan su selección basados en la enseñanza moral y social católica.
La comunidad católica y las instituciones católicas no deben honrar a aquellos que toman acciones que desafían nuestros principios morales básicos. No debería dárseles premios, honores o plataforma alguna que pudiese sugerir un apoyo a sus acciones.
Nos comprometemos a mantener la comunicación con los funcionarios públicos que son los que diariamente toman las decisiones que afectan asuntos de la vida y la dignidad humanas.
La Eucaristía es la fuente y cumbre de la vida católica. Por lo tanto, como toda generación católica que nos precedió, debemos ser guiados por las palabras de San Pablo: “Por lo tanto, el que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente peca contra el cuerpo y la sangre del Señor” (1 Cor 11:27). Esto quiere decir que todos deberán hacer un examen de conciencia para ver si son dignos de recibir el Cuerpo y la Sangre de nuestro Señor. Este examen incluye fidelidad a la enseñanza moral de la Iglesia en su vida pública y en su vida privada.
La pregunta planteada es si es necesario negarles la Santa Comunión a algunos católicos que están en la vida pública debido a su apoyo al aborto solicitado. Dado el número de circunstancias que involucra el llegar a un juicio prudencial sobre un asunto tan serio, reconocemos que ésta es una decisión que deberá hacer cada uno de los obispos de acuerdo con los principios canónicos y pastorales establecidos. Los obispos pueden, en forma legítima, hacer un juicio diferente sobre el camino más prudente de acción pastoral. Sin embargo, todos compartimos el compromiso inequívoco de proteger la vida y la dignidad humana y de predicar el Evangelio en tiempos difíciles.
Las tendencias polarizantes y politizadas de un año electoral pueden crear circunstancias en las que la enseñanza católica y la práctica sacramental pueden ser manipuladas con fines políticos. El respeto por la Sagrada Eucaristía, de manera especial, exige que sea recibida dignamente y que sea vista como la fuente de nuestra misión común en el mundo.