El autor sostiene que ante la debilidad de los partidos políticos, la reforma presentada por el Ejecutivo supondría una solución.
El proyecto de ley de reforma política enviado por el Poder Ejecutivo Nacional a la Cámara de Diputados parte de un diagnóstico compartido por dirigentes políticos, académicos y organizaciones especializadas de la sociedad civil. Me refiero al generalizado consenso sobre la debilidad actual de los partidos políticos en la Argentina, y a las consecuencias negativas que este fenómeno tiene sobre la calidad del régimen democrático. Sin corregir dicha debilidad, será muy difícil mejorar el modo en que se producen, se negocian, se aprueban, se implementan y se controlan las políticas públicas del Estado.
Las reformas normativas no tienen un impacto automático sobre las organizaciones y los actores políticos. Sabemos que hay consecuencias imposibles de predecir en toda acción, y que los procesos políticos tienen una dinámica que no se puede determinar de antemano. Pero incluso reconociendo esto, también es cierto que tenemos conocimiento acumulado y experiencias comparadas que posibilitan analizar qué estímulos proveen distintas reglas institucionales para la conducta de los partidos. Por lo tanto, si queremos alcanzar determinado resultado (el fortalecimiento de las organizaciones partidarias), podemos recurrir a un bagaje de estudios empíricos, análisis comparados y narrativas
históricas que nos sugieran qué medidas adoptar.
Este proyecto de ley recoge, en gran parte, esos conocimientos. No contiene invenciones radicales, desconocidas, sino reformas que ya han sido probadas en contextos relativamente similares al nuestro. Los artículos que establecen y regulan la realización de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias; los que modifican el modo en que se financian los partidos y se emite publicidad audiovisual; los que apuntan a evitar la proliferación de “sellos” electorales sin existencia real; los que modernizan y agilizan el funcionamiento del proceso electoral; todos estos elementos ya están presentes en la legislación comparada, y sus resultados han sido ampliamente positivos.
Las primarias abiertas permiten al ciudadano participar activamente en la selección de las candidaturas, decisión tradicionalmente reservada a las reuniones cerradas de cúpulas que los estadounidenses suelen describir como smoke-filled rooms. Ese tipo de nominación sometida a los jefes partidarios se terminó en los Estados Unidos con la generalización de las elecciones primarias, un instrumento que ha contribuido a democratizar la política y a hacerla más representativa de las auténticas demandas de la sociedad. En su modalidad simultánea, las primarias han permitido que los partidos de la República Oriental del Uruguay se abrieran a la participación ciudadana y que ordenaran su competencia interna. En la provincia de Santa Fe, a su vez, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias han contribuido decisivamente a renovar los partidos y estructurar el sistema partidario, antes fragmentado y disperso.
Si aceptamos que la dinámica partidaria a nivel nacional adolece de problemas similares, entonces la “solución santafesina” puede ser igualmente exitosa.
Si bien algunos sostienen que la primaria devalúa el rol de los afiliados, debemos preguntarnos sinceramente qué rol efectivo tienen en la actualidad. ¿Qué partidos consultan orgánica y regularmente a sus afiliados para nominar a sus candidatos presidenciales o legislativos? Ninguno.
Además, en tanto se otorga a los partidos el monopolio de la presentación de candidaturas para cargos públicos electivos, es lógico que se les exija una apertura importante hacia la sociedad. Este derecho de los partidos debe ir acompañado de responsabilidad y obligaciones acordes a su tarea fundamental para la democracia.
De hecho, esta reforma empodera a los afiliados en tanto restringe la proliferación de etiquetas lectorales, creadas para cada comicio por figuras o escisiones personalistas, que carecen de representatividad verdadera o auténtica vida partidaria.
Así, la reforma jerarquiza nuevamente a los partidos políticos y a sus integrantes. Los requisitos para constituir partidos, que algunos juzgan demasiado elevados, en verdad no lo son más que en otros países (en Alemania se requiere 5% de los votos a nivel nacional para acceder a la distribución de bancas), o los pisos mínimos para conformar bloques legislativos (5% de las bancas en España), o el pago de depósitos en el Reino Unido que deben hacer los partidos en cada distrito uninominal donde no alcancen el 5% de los votos (500 libras). Es decir que en todos los países existen regulaciones que acotan el número de partidos, para garantizar que quienes presentan candidaturas ante la sociedad sean organizaciones reales y no sellos electorales.
Fortalecer los partidos implica también reducir su dependencia del poder del dinero y las corporaciones. Si sólo pueden competir exitosamente con el respaldo de sectores económicos poderosos, entonces su autonomía y su capacidad de representar genuinamente a los votantes quedan comprometidas. Por eso esta reforma apunta a reducir los costos de las campañas y a brindar espacios de difusión equitativos para todos los partidos, garantizando la publicidad audiovisual desde el Estado y suprimiendo la contratación privada de estos espacios. En numerosos países europeos y latinoamericanos (España, Reino Unido, Francia, Chile, Brasil o México, por nombrar sólo algunos) rige este esquema, y la experiencia ratifica que así se profundiza la equidad y la transparencia en la competencia electoral.
En su conjunto, estas reformas se orientan a democratizar y a robustecer las organizaciones partidarias. Más aún, las propuestas surgieron en buena medida de los propios partidos, que en su amplia mayoría participaron de un proceso de diálogo plural y democrático. Éste aspecto, referido al modo en que el proyecto fue elaborado, también merece destacarse. Mediante decenas de reuniones, envío de borradores y consultas con expertos, los partidos con representación parlamentaria pudieron incluir sus ideas y perspectivas en el proyecto. Como es lógico, la decisión y la responsabilidad final
correspondieron al Poder Ejecutivo al enviarlo al Congreso, pero no quiero dejar de mencionar el “Diálogo Político” como ámbito valioso de encuentro e intercambio de ideas entre los propios partidos. Como lo indica una extensa literatura académica, las iniciativas que cuentan con amplios acuerdos tienen más probabilidades de sostenerse en el tiempo.
En definitiva, nuestro Congreso tiene ante sí la posibilidad de transformar el modo en que se organiza la vida político-electoral del país, acercándola a experiencias internacionales y provinciales que han demostrado su valor. El Ejecutivo ha presentado su propuesta, que puede ser debatida y modificada de acuerdo a cómo lo definan los legisladores. Pero, en cualquier caso, lo importante es reconocer la debilidad de los partidos y tomar las medidas para remediarla.
El autor es politólogo (UBA), doctor en Ciencia Política por FLACSO Sede México y la Universidad de Georgetown. Es investigador de carrera del CONICET y profesor titular regular de la UBA. Ha publicado varios libros y decenas de artículos científicos en las principales revistas académicas del mundo (Electoral Studies, Party Politics, Desarrollo Económico, entre otras). Actualmente se desempeña como Secretario de la Gestión Pública de la Na
