El rotundo triunfo del MAS en las últimas elecciones de Bolivia cambia la composición del poder, permite un nuevo esquema económico y habilita a la ciudadanía a ejercer un control social.
Las elecciones de Bolivia, en diciembre pasado, consolidaron la hegemonía del Movimiento al Socialismo (MAS), liderado por Evo Morales Ayma. Tuvieron una característica cualitativamente distinta frente a elecciones presidenciales anteriores: el marco de una nueva Constitución Política del Estado que integró la reelección presidencial al sistema democrático representativo. Partiendo de esta diferencia, el ambiente político cambió profundamente durante el tiempo electoral. En el país ya había un proceso de polarización entre quienes apoyaban al oficialismo y quienes estaban en su contra; razón por la cual los comicios se convirtieron en una suerte de referéndum ratificatorio por el que el oficialismo obtendría la aprobación para continuar su gestión o la oposición recuperaría el sillón presidencial.
El poder obtenido se observa en el convencimiento que generó en gran parte de la población el proceso de cambio, que se expresó en la superación de los resultados de las elecciones de 2005 –el 53% de 2005 contra el 64% de 2009–. Esta diferencia no puede ser leída únicamente bajo las luces del crecimiento del 11% sino que tiene que ponerse en un contexto más complejo y favorable para el partido oficialista: el crecimiento del padrón electoral.
El padrón electoral creció el 59% y el MAS casi duplicó su apoyo respecto de las elecciones de 2005. Este crecimiento se puede leer de diversas maneras. Cuando el MAS asumió el poder –enero de 2006– se instaló en el gobierno con tres responsabilidades irrenunciables: realizar el proceso constituyente, recuperar el control de los recursos nacionales a través de la nacionalización e implementar el sistema autonómico. Las primeras dos estaban vinculadas a la agenda de octubre de 2003, que obligó a Sánchez de Lozada a la re nuncia; y la tercera, a la agenda de enero de 2005, cuando se debilitó la imagen presidencial de Carlos D. Mesa, quien también adelantaría el fin de su gestión renunciando a su cargo.
En este sentido, el proceso constituyente finalizó con la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado a través de referéndum de enero de 2009, iniciando de manera legal la nueva era de un país que se reconoce a sí mismo como Estado Plurinacional, haciendo realidad la inclusión de la diversidad cultural. La base de votación del MAS, aglutinada en varias organizaciones de los pueblos indígenas, sintió cumplidas parte de sus demandas y continuó con su apoyo.
En segundo lugar, los movimientos sociales apostaron al MAS bajo una convicción anti-imperialista y anti-neoliberal, traducida como la nacionalización de los recursos naturales. De algún modo, el relanzamiento de la empresa nacional petrolera Yacimientos petrolíferos Fiscales Bolivianos y la modificación de contratos con las empresas transnacionales jugaron el rol económico dentro de la construcción de un nuevo modelo, basado en la participación activa del Estado en la economía nacional. Los réditos de esta política fueron visibles en una inyección de dividendos al Tesoro General de la Nación, lo que posibilitó una serie de medidas de tinte social, como la distribución directa de dinero a través de diferentes bonos, programas de vivienda, el proyecto de alfabetización, etc. Así se aseguró el apoyo de las organizaciones sociales que pedían una atención directa del Estado a las necesidades de la población.
En tercer lugar, el oficialismo supo hacer suya la demanda autonómica y dejó a su principal sector opositor, el movimiento cívico prefectural autonomista de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, como un agente violento y radical. Esta victoria puede ser observada desde la inclusión del modelo autonómico dentro de la Constitución, hecho que delimitó hábilmente las competencias y atribuciones de los cívicos y prefectos opositores en un futuro contexto autonomista; y, por otro lado, desde la inclusión de cuatro niveles autonómicos (departamental, municipal, indígena y regional), permitiendo que la distribución de recursos también limitara el poder que pretendían los departamentos. De esta forma, se logró el apoyo de un sector que, siendo autonomista, no respaldó las acciones de sus líderes opositores.
Finalmente, la gestión presidencial de Evo Morales se vio afectada por hechos violentos y temas neurálgicos que polarizaron a diferentes sectores. Cabe advertirse que, desde la teoría política, se analiza este fenómeno a través de la construcción de identidades cerradas que conllevan la estructuración política del adversario: amigo-enemigo. Este proceso está acompañado por una estigmatización del otro que al parecer ha rendido el fruto esperado: el control institucional del Estado. Esto está ligado con la otra oposición tradicional con la que se enfrenta una organización política cuando accede al poder: el control congresal efectivo que puede tener frente a la representación parlamentaria de los partidos opositores. La posibilidad de anular las acciones institucionales parlamentarias de la oposición tuvieron que ver con la desestructuración de las organizaciones políticas opositoras, debido a su poca consistencia. Se trata más bien de organizaciones políticas “atrapalotodo” –partidos catch all, según algunas teorías políticas– que reúnen a líderes del viejo sistema político deslegitimado y de diferentes tendencias ideológicas y regionales, lo cual provocó un desbande interno y la fragmentación.
El resultado es: 1) demandas de la población expresadas en las grandes agendas (Asamblea Constituyente, Nacionalización y Autonomías) suficientemente cumplidas; 2) oposición cívico-prefectural (Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija) anulada porque el oficialismo asumió como suya la demanda autonomista; y 3) desestructuración interna de los partidos de oposición que cayeron en intereses personales y regionales, sumada a las pugnas internas por los liderazgos de sus respectivas organizaciones. La respuesta es simple: apoyo electoral masivo en las elecciones de diciembre del 2009. El MAS logró el control institucional absoluto del Poder Legislativo en sus dos cámaras. A la Asamblea Plurinacional le corresponde la gran tarea de aprobar leyes vinculadas a la consecución de lo que la nueva Constitución dictamina. En este sentido, debe construir el marco legal para el funcionamiento de las autonomías de diverso nivel, lo cual implica un pacto fiscal. Además, la reestructuración del poder judicial, cuyo funcionamiento es deficiente debido a las acefalías y a la nueva forma de elección de magistrados y jueces, ligada a la votación de la ciudadanía. Leyes menores, pero de un impacto mediático mayor, serán puestas en marcha: tal el caso de la ley de investigación de fortunas y otras. Por otro lado, le corresponde probar que el modelo económico en
construcción es viable, haciendo eficiente el relanzamiento de la empresa nacional de hidrocarburos. Esto será leído como una lección para emprendimientos en otros rubros, como la explotación e industrialización del hierro y el litio.
El camino está allanado para que el MAS pueda realizar todas las reformas necesarias. Toca seguir el proceso desde el control social que pueda realizar la ciudadanía.
El autor es filósofo, investigador miembro del Equipo Permanente de Reflexión Interdisciplinar del Centro Cuarto Intermedio de Bolivia.
