Malvinas: actores e intereses en juego

A partir del balance de los intereses en pugna entre la Argentina, Gran Bretaña y Malvinas es necesario superar las posiciones extremas que han conducido a la guerra o al estancamiento diplomático.El 2 de abril se ha cumplido el 30° aniversario del inicio del conflicto militar anglo-argentino por las islas Malvinas, precedido y acompañado por gestos de dureza de los tres actores involucrados en el litigio: la Argentina, Gran Bretaña y los representantes públicos isleños.  

Del lado argentino, la administración de Cristina Fernández de Kirchner, ha combinado gestos de dureza –la condena retórica de la Presidente y de su canciller Héctor Timerman al colonialismo británico y la amenaza de demandar a bancos británicos y estadounidenses si éstos asesoran a sociedades que buscan petróleo frente a las islas Malvinas– con gestos conciliadores –los discursos de la propia Presidente de que guiará su política a través de la paz y la diplomacia respetando el interés de los isleños en la discusión anglo-argentina sobre la soberanía de Malvinas y el pedido de ayuda a la Cruz Roja Internacional para reconocer la identidad de los muertos enterrados en el cementerio de Darwin–. Esta combinación representa la continuidad de lo que Vicente Palermo, en un artículo publicado en la revista Mural Internacional, llama la “política de amenaza verosímil”. Política que puede sintetizarse, siguiendo a Palermo, en la siguiente fórmula: la Argentina es un país que aguanta las injusticias con abnegación por su incuestionable compromiso con el derecho –expresado en su adhesión al llamado de las Naciones Unidas a que Argentina y Gran Bretaña se sienten a dialogar acerca de la soberanía (resolución 2065) –. No obstante, dada la indiferencia de Londres, la Argentina se verá “obligada”, tarde o temprano, a decir basta y hacer justicia por mano propia. “Obligación” que en la lectura del régimen de facto del Proceso justificaba la toma por la fuerza de las islas, dado el status de estancamiento diplomático del diferendo desde mediados de la década de 1970. Toma aplaudida mayoritariamente por el público en Plaza de Mayo, el que dio su visto bueno a la acción militar (con las excepciones de los representantes de la Iglesia, de unos escasos representantes del ámbito académico y de también pocos medios como The Buenos Aires Herald y la revista Criterio). La derrota militar argentina en junio de 1982 no desactivó ni la causa Malvinas ni la política de amenaza creíble. Sólo eliminó la locura de la alternativa bélica en el menú de opciones políticas posibles. la dureza diplomática o las amenazas de boicots de índole unilateral –la mencionada amenaza de demanda a  bancos británicos y estadounidenses si asesoran a sociedades que buscan petróleo frente a las islas Malvinas– o regional multilateral –la posición concertada de los miembros del Mercosur de no admitir en sus puertos a barcos con bandera de las Malvinas– como “palos” destinados a obligar a las autoridades de Londres a sentarse a negociar la soberanía territorial de las islas.

La única política alternativa a esta tradicional de amenaza creíble fue la política de seducción a los isleños instrumentada por el canciller del gobierno de Carlos Menem, Guido Di Tella, titular del Servicio Exterior desde 1991 hasta 1999. Esta alternativa no se mantuvo en el tiempo por dos motivos: porque contrariaba la causa Malvinas al colocar en un paraguas el tema sensible de la soberanía territorial, apostando en cambio a la búsqueda de mecanismos de cooperación con Londres y los isleños en las cuestiones pesca y petróleo; y necesitaba para su éxito un plazo temporal muy superior al de la administración de turno para convertirse en política de Estado y  sobrevivir a las condicionalidades propias del calendario electoral y del deseo personal de Menem de reelección en 1995 y de re-reelección en 1999. Deseo que lo llevó a hacer dos concesiones que hirieron de muerte dicha política: la inclusión en la Constitución reformada de 1994 de una cláusula transitoria N° 1 que exigía a todos los gobiernos el reclamo de soberanía; y la presión para que Londres y los isleños demostraran a corto plazo algún signo de cambio en el status de Malvinas que fuese visible para el electorado y contribuyese a la continuidad de Menem en el poder con algún avance en la causa Malvinas. Como Menem agitó la bandera-causa Malvinas para cooptar a los adherentes al nacionalismo territorial argentino a su proyecto releccionista y re-releccionista, Cristina Fernández de Kirchner también la agita porque Malvinas es, junto al castigo a las violaciones de los derechos humanos cometidos durante el Proceso y el rechazo a condenar las perpetradas por el régimen castrista cubano, el trípode de cuestiones generador de respaldos electorales y consensos. Elementos ambos vitales en el contexto político interno argentino post-crisis 2001, caracterizado por la fragmentación de los tradicionales partidos tradicionales, peronismo incluido, y, en respuesta a la misma, la emergencia de una coalición kirchnerista-cristinista por fuera de las estructuras tradicionales del PJ. Y también cruciales en el contexto internacional más reciente signado por la post-crisis global de 2008, con nubarrones en el frente económico externo: incumplimiento de juicios perdidos en tribunales internacionales contra empresas estadounidenses, la reacción negativa de 40 países –en la OMC, entre ellos México– a las trabas a las importaciones impuestas por el Gobierno argentino como respuesta de corto plazo a dicha crisis.

Dados los respaldos de las autoridades de Beijing –enfrentadas al secesionismo del Xinjiang– y de Brasilia –sensibles al control del Amazonas– al principio de integridad territorial en el que la Argentina basa su reclamo de soberanía en Malvinas, el Gobierno lee este aval de dos potencias globales en ascenso como una ventana de oportunidad para que la política de amenaza creíble genere al fin cambios en la situación de Malvinas que sean favorables a los intereses de soberanía territorial argentinos sobre las islas. Como sostiene Carlos Pagni (“Malvinas e YPF, las banderas nacionalistas de la Presidenta”, diario La Nación, 2 de abril de 2012), el hábil reclamo del canciller Héctor Timerman de dialogar con Londres en torno a la cuestión Malvinas –el componente soft de la política de amenaza creíble– tuvo un positivo eco regional que sorprendió a tres actores. Uno, Estados Unidos, que no estaba preparado para que esa discusión se infiltrara en la Cumbre de las Américas que se celebrará en Colombia dentro de dos semanas, pero que se topó con la aceptación del presidente colombiano Juan Manuel Santos, el anfitrión, a incorporarla en la agenda, en tanto cuestión funcional a la conformación de un movimiento autonomista regional que conllevará tensiones con Washington. Dos, España, que no desea que la disputa adquiera un perfil resonante en noviembre, cuando la Comunidad Iberoamericana se reúna en Cádiz. Tres, Gran Bretaña: el presidente del gobierno español Mariano Rajoy tiene una relación excelente con su colega británico David Cameron. Como indica Pagni, ambos han compartido sus cuitas cuando se encontraron en Londres: uno por Repsol, perjudicado con la anunciada estatización de YPF; el otro por las Malvinas.

Por el lado británico, la administración conservadora encabezada por David Cameron también encuentra en Malvinas y en la tradicional postura inglesa de defensa del principio de autodeterminación de los isleños una palanca de apoyo interno en un contexto sistémico de declinación británica, crisis económica en Europa y los Estados Unidos, y ascenso pacífico de China y Brasil en el ranking de potencias globales. Como su maestra Margaret Thatcher en 1982, Cameron encontró en la citada queja de 40 países ante la OMC por las trabas proteccionistas argentinas y en el conflicto del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner con el de Rajoy por la estatización de YPF en detrimento de Repsol, dos elementos que le permiten identificar a la Argentina como un actor que incumple la ley. También encuentra un aliado en la administración de Barack Obama, quien aplicó una sanción comercial a la Argentina por incumplir juicios perdidos contra tribunales internacionales en la cuestión del canje de la deuda externa.

La presión instrumentada por la Cancillería argentina con apoyo subregional, si bien hábil a corto plazo, choca a mediano y largo con dos importantes obstáculos. El primero es que el apoyo a los reclamos soberanos argentinos en Malvinas se limita al Mercosur y eventualmente al resto de la región, pero no se hace extensivo al resto de la comunidad internacional. Dados los conflictos de España con Repsol y de los Estados Unidos y actores europeos con el tema no cerrado del canje de deuda, difícilmente estos jugadores externos avalen la postura argentina. El segundo obstáculo es que las buenas intenciones retóricas del Gobierno de tomar en cuenta los intereses de los malvinenses en la negociación, un gesto político saludable, no es creído ni por Londres ni por los malvinenses, que siguen percibiendo a la Argentina no como una amenaza militar (como en 1982) pero sí como un actor hostil a sus intereses económicos. La movilización civil y militar con que los isleños recordaron lo que perciben como la “invasión” argentina del 2 de abril, una que asocian al triste recuerdo de muertos y minas antipersonales en el territorio del archipiélago –claramente documentado en la película Iluminados por el Fuego que protagonizara Gastón Pauls y dirigiese Tristán Bauer– incluyó la reivindicación de la defensa británica de las islas decidida meses atrás por Cameron y calificada como acto de colonialismo por las autoridades argentinas. Ya a fines de marzo, el gobernador de las islas, Nigel Haywood, elegido y enviado desde Londres por la reina, en una entrevista con la agencia de noticias AFP, se opuso a negociar la soberanía de las islas y desafió con convocar un referendo entre los isleños para conocer la decisión de la comunidad, sosteniendo que “Ya sabemos cuál será el resultado. Esto no es parte de la Argentina”. (“Inflexibles, los kelpers hicieron su propio acto por el 2 de abril”, por Nicolás Balinoti, diario La Nación, 2 de abril de 2012). El rastreo de las opiniones de voceros malvinenses confirman la vigencia de percepción del vecino continental no como una amenaza militar, pero sí como una que puede dañar sus intereses económicos.

Un balance de estos intereses en pugna revela la necesidad de que todos los actores en juego –Argentina, Gran Bretaña y Malvinas– superen posiciones maximalistas en este viejo pleito que han conducido a la guerra o al estancamiento diplomático. Como sostiene la teoría de negociación, para que un interlocutor negocie con los otros debe ser creíble, si lo que quiere es que los otros reduzcan su incertidumbre y decidan también sentarse a conversar e incluso a ceder posiciones de máxima. Y para ser creíble hay que partir, como sostiene Beatriz Sarlo, por reconocer a los isleños como sujetos de derecho y parte activa en el proceso de negociación. La Presidente ha dado un primer paso saludable en este sentido al mencionar el respeto de los intereses de los isleños en su discurso en Ushuaia del 2 de abril.

Pero habrá que pasar de la retórica a los gestos concretos en las futuras negociaciones diplomáticas a nivel trilateral y multilateral para generar credibilidad en Londres y en los isleños. Es necesario superar un nacionalismo territorial anacrónico de corte westfaliano que puede traer réditos electorales de corto plazo pero que a mediano y largo, al identificar soberanía con control de territorio y de población, al definir el conflicto Malvinas como uno entre argentinos y británicos y no reconocer entidad a 3142 malvinenses, alimenta en éstos últimos posiciones maximalistas de hostilidad que llevan al tema a un callejón sin salida.

¿Por qué no hurgar en cambio en una política que se base en lo que Stephen Krasner define como otras dimensiones del concepto de soberanía, diferentes de la tradicional territorial-westfaliana? Por ejemplo, en la soberanía de interdependencia, poniendo no el énfasis en el control sobre el territorio y población malvinense –camino que nos llevó a la inútil y sangrienta guerra de 1982–, sino en la administración y explotación compartida de los recursos económicos y humanos en torno a pesca y petróleo. Administración y explotación compartida que Londres y de los isleños deberían aceptar por razones eminentemente prácticas. La inclusión de la Argentina en la ecuación pesca-petróleo en aguas de las islas generaría credibilidad en los voceros argentinos en las negociaciones y eliminaría un factor de incertidumbre que espanta inversiones. Por contraposición, la irracional política pesquera anglo-malvinense, vigente desde mediados de la década de 1980, pone en peligro de extinción la riqueza ictícola en aguas de Malvinas, con peligro potencial de proyección hacia al resto del Atlántico Sur. El inicio de un sendero alternativo basado en la dimensión interdependiente de la soberanía abonaría a su vez la puesta en marcha de una política largamente postergada en la Argentina: una de explotación integral y racional de los recursos del Atlántico Sur. Una que, a su vez, genere efectos de arrastre fomentando la interdependencia económica, política y cultural entre Buenos Aires, Londres y Puerto Stanley. En realidad, explorar este camino sería el mejor homenaje que podemos hacerle a nuestros caídos en la guerra para los próximos 2 de abril.

 

El autor es  Doctor en Historia (Universidad Torcuato Di Tella), Master en Relaciones Internacionales (FLACSO) y profesor en las universidades de San Andrés, FLACSO, Di Tella y Buenos Aires.