Causas y posibles consecuencias de la destitución de Fernando Lugo por medio del juicio político. Dos semanas antes de la destitución de Fernando Lugo, una manifestación popular frenó una ampliación presupuestaria a la Justicia Electoral para proveer fondos a operadores políticos de los partidos representados en el Congreso.La clave fue el veto presidencial de Lugo, acompañado por la gente en las calles. La presión ciudadana cuestionó a los partidos políticos tradicionales y otorgó cierta fortaleza al Presidente, que para entonces contaba con cada vez menos credibilidad política. Sus adversarios, obligados a rever la decisión y aceptar el veto, buscarían una revancha.
Los actores de la destitución
El enfrentamiento del 17 de junio entre campesinos sin tierra y fuerzas policiales, en el nordeste del país, fue la oportunidad. El desenlace de los acontecimientos fue aprovechado por el Partido Colorado para responsabilizara Lugo de la pérdida de vidas y promover un juicio político en su contra. Dicha maniobra fue acompañada por el Partido Liberal –centenario adversario del Partido Colorado y miembro de la alianza política que llevó a Lugo al gobierno– como consumación de su ruptura con el Presidente,traición que fue justificada como reacciónal menosprecio del que fue víctima durante la gestión gubernamental del ex obispo. Los liberales aprovecharon el proceso de destitución para tomar el control del Poder Ejecutivo, a menos de un año de las elecciones generales y con el beneficio que la administración de recursos públicos significa en una campaña electoral.
El Partido Colorado apuntaló el juicio político, al informarse que ante los hechos del 17 de junio, Lugo había desoído al Partido Liberal. En efecto, un sector interno del Partido Colorado, que responde a un poderoso empresario, presionó para acelerar el juicio político, evitando un pacto entre Fernando Lugo y Blanca Ovelar, la Presidenta del Partido. El acuerdoapuntaba a proteger al Presidente de un eventual proceso de destitución y ofrecía a Ovelar ya su grupo el acceso a la burocracia con vistas a las elecciones de 2013.
La izquierda y sus diferentes exponentes no consolidaron un proyecto político consistente sino más bien buscaron sacar rédito de su presencia en el aparato público. La búsqueda afanosa de acceder a cargos cegó una estrategia política de fortalecimiento de las bases sociales y la construcción de una agenda común para defender las políticas de redistribución e inclusión social que tímidamente se estaban implementando.
Con el Partido Colorado, que ha hostigado al gobierno desde un principio; con un Partido Liberal conservador en el propio campo; y con la actitud de desprecio de la izquierda para con su aliado, se debilitó no solamente la alianza que hizo posible el cambio político en 2008sino sobre todo el proyecto social que abanderó Lugo.
Sectores y factores en juego
Tanto en la dictadura como en la transición democráticalas fuertes asimetrías en la distribución de la tierra en Paraguay favorecieron a los latifundistas ganaderos y a los empresarios agroexportadores, y perjudicaronsobre todo a los sectores campesinos, dificultando su inserción en el mercado.
El sector agroexportador, beneficiario y responsable de la anarquía en el ordenamiento agrario, promovió el enmascaramiento del orden jurídico imperante y acusó a las investigaciones sobre la legalidad de las propiedades como violadoras de derechos y carentes de legitimidad. El Poder Judicialdesestimó las denuncias y los pedidos de investigación, demarcaciones y restitución de tierras de origen espurio al patrimonio fiscal.
Ante este contexto, las ocupaciones de tierras fueron una constante en las últimas dos décadas y se han cobrado numerosas vidas. De cara a cada ocupación, tomada de manera aislada y manipulada tendenciosamente por la prensa, la oligarquía exigió lo que siempre caracterizó a los gobiernos de la transición democrática: la represión inmediata. La salida institucional que el gobierno de Lugo planteó desde el iniciobuscó establecer garantías a todas las partes. Pero las salidas institucionales sin resolver el problema estructural lo llevaron a un laberinto.
Los partidos tradicionales no apoyaron en el Parlamento las leyes de reforma agrariay persistieron históricamente en acusar a los campesinos de“afrentarcontra la propiedad privada”. Ante la posición conciliadora del Presidente, que inclinaba ligeramente la balanza hacia los labriegos para otorgarles garantías en el conflicto social, los propietarios nucleados en los partidos tradicionales acusaron al gobiernode “autoritario” y a Lugo de “agitador social”.
Así, lo que se jugó en el juicio político fue la reversión de un tablero desfavorable para la clase dominante durante el gobierno del ex obispo. Reunida en el Parlamento para defender sus intereses estamentales más que para representar a la Nación, emprendió el ataque contra el avance de la socialdemocracia en un país en el que la notoria desigualdad lleva a considerar la mayor presencia del Estado con políticas redistributivas como una amenaza intolerable.
La Iglesia ante el juicio político
En lo que respecta a la Iglesia católica y su lugar en el proceso de destitución caben dos consideraciones. En primer lugar, la jerarquíaes una institución que, con notables excepciones, históricamente desatendió la situación de la población desfavorecida en una sociedad de confesión católica mayoritaria, y centró su atención en la moral individual y el ritualismo. La mayoría de los sacerdotes y obispos no pregonaron el vínculo entre la vida cristiana y la promoción de los más desfavorecidos, históricamente excluidos de la vida pública. Por ello, para la opinión pública, la Iglesia es indulgente con los sectores privilegiados, avalando una sociedad de fuertes desigualdades.
En el proceso de destitución, la jerarquía católica no cuestionó las violaciones a la ley. Suscribió el uso laxo de un mecanismo constitucional sin exhortar al cumplimiento de la Constitución en sentido estricto, según el cual ningún juicio puede violar derechos y garantías para el procesado. La ilegitimidad del proceso de destituciónno fue revisada, discutida ni cuestionada. Por el contrario, acreditó la arbitrariedad con el reconocimiento del nuevo gobierno.
Durante la administración de Lugo se plantearon propuestas éticas para ampliar el marco de derechos de la ciudadanía. Una de ellas fue el proyecto de ley para la instauración de un “Marco rector de la educación paraguaya”, con el que se garantizaban principios de información, responsabilidad y no discriminación en los planes de estudio a nivel primario y secundario, que chocaban con el estilo tradicional de la Iglesia. Asimismo, las políticas públicas con fuerte contenido de equidad de género y de diversidad sociocultural fueron resistidas y criticadas.
Al interior de la Iglesia, las posiciones están divididas. Diferentes órdenes y congregaciones, movimientos laicos y organizaciones eclesiales de base se manifestaron en contra del proceso de destitución. En un comunicado público, la Conferencia de Congregaciones de Religiosos del Paraguay manifestó su “preocupación por la manipulación de los hechos, a través de los medios de comunicación, por sectores que buscan sacar provecho político, réditos de impunidad y de mantenimiento de un estado de cosas que favorece a sus intereses personales o corporativos”. En este sentido, la Iglesia católica desnudó los disensos entre diferentes sectores en su seno, cuyo eje principal es el problema de la justicia social.
El escenario regional
La violación de garantías constitucionales para el Presidente en el proceso de destitución se avizoró como una estrategia para aislar en el contexto internacional al gobierno sucesor del vicepresidente Franco. El Partido Colorado se aprovecharía no solamente de la ruptura de la alianza entre el Partido Liberal y la coalición de izquierda, sino también de la crisis en el escenario regional.
Es cierto que el marco de integración Mercosur sirvió desde sus inicios a los intereses de las dos grandes naciones del bloque: Brasil y la Argentina. En efecto, la crisis en torno a la destitución de Lugo es utilizada por ésta última para disimular los obstáculos que sistemáticamente fue poniendo a Paraguay desde el inicio de la unión aduanera, en especial con las trabas para el ingreso de productos manufacturados paraguayos a la Argentina en el primer semestre de 2012. Este hecho produjo efectos de retracción económica y despidos de mano de obra en Paraguayycaldeó los ánimos en los gremios manufactureros.
Los países del Mercosur expresaron su rechazo a la ruptura del orden democrático y suspendieron la participación del nuevo gobierno en sus instancias políticas. La suspensión fue aprovechada para aprobar el ingreso de Venezuela al bloque, lo que complejiza el proceso de integración para Paraguay ya que el levantamiento de la sanción implicará admitir una nueva configuración de fuerzas. Esto podría relegar aún más al país en su participación del proceso de integración o bien, porqué no, favorecer al impulso de una inserción más influyente.
La falta de una evaluación inteligente por parte de los sectores que ejecutaron la destituciónse expresó en el aislamiento político a escala internacional, que de manera indirecta tendrá consecuencias para la economía y para el gobierno liberal, pudiendo desgastarlo ante las elecciones generales de 2013.
La desigualdad y sus implicancias
Un obstáculo para la democracia en Paraguay es la desigualdad. Durante más de veinte años de transición democrática, desgastó el orden institucional. El conflicto social es efecto de una situación insostenible de pobreza y de exclusión que el gobierno de Fernando Lugovisibilizóe intentó abordar desdeun nuevo pacto social, con una renovada institucionalidad pública y conuna mínima redistribución de la riqueza.
Tras el velo de un “orden legal” en la destitución del Presidente se esconde la rearticulación de un proyecto político conservador y el retorno de sus artífices al frente del Estado, quienes buscarán mantener el statu quorespecto de las causas del conflicto social. Asimismo, con el juicio político se reafirmó la arbitrariedad como principio rector de las instituciones políticas paraguayas, donde las reglas de juego evidencian la persistencia de la discrecionalidad y la prevalencia de la fuerza sobre la razón.
Queda esperar de la ciudadanía la movilización del proyecto político que el gobierno de Lugo intentó moderadamente llevar adelante. Más allá de aciertos y errores, el proceso social durante su mandato mostró que la participación importa en la construcción del Estado democrático y que en la actualidad la sociedad anhela mucho más que el fortalecimiento de instituciones representativas. La mayoría de los habitantesesperan de la democracia las oportunidadespara elevar suscondiciones de vida, objetivo central del cambio políticoque tuvo lugar en abril de 2008.
El autor es sociólogo.
