La expresión latina que se pregunta a quién beneficia determinada acción fue uno de los principios del derecho romano, clave para entender las intenciones detrás de un acontecimiento.
Nadie puede dudar de la trascendencia de Irán en sí como país milenario, rico y de importancia estratégica para el mundo, y como mercado y fuente potencial de inversiones o energía para los argentinos.
Hace algunos meses, el Gobierno dio a conocer su decisión de entablar negociaciones con Irán. En realidad, las negociaciones ya habían comenzado, no obstante su existencia haya sido desmentida por el Gobierno cuando el periodista Pepe Eliaschev informó sobre su existencia tiempo atrás. Hace un año, la titular de la jefatura del Estado desde el podio de las Naciones Unidas denostaba a Irán, mientras su Canciller llevaba a cabo negociaciones secretas con Teherán.
El anuncio de un acuerdo representó un cambio profundo con relación a la política que sucesivas administraciones, incluyendo la actual, habían mantenido con ese país. La política hasta entonces se apoyaba en las investigaciones de la Justicia, que llevaron a fundar la sospecha de que importantes personalidades iraníes tenían algún grado de responsabilidad en el atentado contra la AMIA en 1994.
El 27 de enero, un mensaje presidencial por Twitter, que al día siguiente pudo conocerse con mayor detalle en la web de la Cancillería, daba cuenta del resultado de aquellas negociaciones. Ambos gobiernos habían acordado un Memorándum de Entendimiento, por el que se propone crear una Comisión de la Verdad, que los asesoraría respecto de la dilucidación de lo ocurrido en 1994. Asimismo, a partir del acuerdo, la Justicia argentina podría interrogar en Irán a algunos de los sospechosos, aquellos incluidos en las “listas rojas” de Interpol. Con posterioridad, el Memorándum debería ser sometido a la aprobación de las respectivas instancias parlamentarias.
Así planteada la cuestión, diversas instituciones, órganos de prensa y personalidades individuales hicieron conocer sus puntos de vista sobre lo acordado. Las organizaciones que representan a la colectividad judía, que en un primer momento habían mantenido posiciones distintas respecto de la iniciativa del Gobierno, en forma unánime terminaron adoptando una posición contraria al Memorándum firmado por el canciller Héctor Timerman. No obstante, con toda celeridad se llevó el acuerdo al Senado y a la Cámara de Diputados, donde después de un áspero debate, fue aprobado el 28 de febrero en la madrugada, mientras familiares de las víctimas manifestaban su oposición frente al Congreso.
Poco tiempo después, el canciller iraní afirmó que a la luz del Memorándum firmado con la Argentina, Interpol debería dejar sin efecto las órdenes de captura de los iraníes imputados por el atentado contra la AMIA. Por su parte, la oficina de Asuntos Jurídicos de Interpol considera que el acuerdo no implica ningún tipo de cambio en el status de las notificaciones rojas publicadas en relación con los crímenes investigados en la causa AMIA.
Con fecha 4 de abril, AMIA y DAIA presentaron un recurso de amparo ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 5 a fin de que la Justicia declare nula, por inconstitucional, inaplicable e invalida, la ley 26.843, por la que se aprueba el Memorándum de Entendimiento firmado con Irán. Al mismo tiempo, se solicitan dos medidas cautelares: 1) que se libre oficio a la Oficina Central de Interpol a fin de hacer saber que deberán mantenerse en plena vigencia las órdenes de captura con “notificaciones rojas” respecto de los cinco ciudadanos iraníes requeridos por la Justicia argentina, y 2) que se ordene al Poder Ejecutivo Nacional que se abstenga de realizar cualquier acción que implique poner en práctica cualquier punto del citado Memorándum.
El fiscal especial de la causa AMIA, Alberto Nisman, respondiendo a la pregunta de un periodista sobre un posible viaje a Teherán, dijo: “Obviamente, si se llega a concretar, pediría garantías, dado que la agencia oficial iraní informó que tengo una causa penal en Irán por el ‘grave delito’ de haber acusado con pruebas judiciales a ex funcionarios de esa república como responsables del atentado”.
A lo largo del proceso, aquí brevemente descripto, fueron planteados diversos interrogantes que dieron lugar a respuestas que han dejado abiertos amplios márgenes de incertidumbre o sospecha. La Comisión de la Verdad que todavía debe ser constituida, ¿alcanzará una verdad más verdadera de la que la Justicia argentina tiene obligación de descubrir? ¿Qué ocurrirá el día en que la Comisión de la Verdad emita sus conclusiones, si éstas resultan adversas para la Argentina, o para Irán? ¿En qué situación quedarán los ordenamientos jurídicos de uno u otro país en cada caso? ¿Por qué motivo fueron desmentidas en su momento las aseveraciones del periodista Pepe Eliachev, quien había sacado a la luz la existencia de negociaciones del Gobierno argentino con Irán? El fiscal Nisman, cuya captura ha sido dispuesta por las autoridades iraníes, ¿podrá gozar de inmunidades si viaja a Teherán para interrogar a los acusados?
Si bien existen diversas organizaciones terroristas, es conocido el apoyo político, financiero y militar que Irán brinda a Hezbollah. ¿Ha podido probarse que exista también una conducción estratégica y o táctica iraní de todas y cada una de las operaciones que lleva a cabo Hezbollah? En tren de conjeturas, ¿ha sido esta duda la que sirve de fundamento al cambio radical de política con Irán? ¿Cómo se cometió la indelicadeza de firmar el Memorándum en la fecha conmemorativa del Holocausto?
Estos y otros interrogantes, surgidos durante el debate en el Congreso, aún no han sido objeto de respuestas concluyentes, lo que deja un amplio margen de duda e incertidumbre respecto de los verdaderos alcances de dos años de negociaciones cuya existencia fuera en su origen desmentida por el Gobierno.
En política, muchas veces la interpretación de los procesos complejos se torna más accesible cuando se formula la clásica pregunta: ¿Quid prodest? ¿Quién es el beneficiado?
Ciertamente no resultan beneficiados los órganos que representan los intereses de las víctimas del atentado y que han manifestado con claridad su oposición al acuerdo en cuestión.
Muy pocos países en el mundo cuentan con un grado de desprestigio y aislamiento internacional como Irán. Ello es resultado de sus políticas en el orden interno y externo. En efecto, tras una larga serie de atentados contra los derechos de las personas, las autoridades apresaron recientemente un grupo de periodistas por decir cosas distintas del relato oficial iraní. En cuanto a sus relaciones exteriores, Irán ha sido objeto de sanciones, actualmente vigentes, por parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, por su política nuclear. Por otra parte, es conocido su apoyo a la acción armada de Hezbollah en perjuicio de Israel, país cuya desaparición propicia, junto con la negación del hecho histórico del Holocausto.
En este contexto, que Irán pueda ostentar su acuerdo con la Argentina en una materia sensible, ligada a la sospecha de su vinculación con un acto de barbarie terrorista internacional, representa una clara ventaja a su favor, máxime cuando la Argentina integra, desde el pasado 1 de enero, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Por su parte, pareciera que la Argentina obtiene como beneficio la posibilidad de interrogar a algunos de los imputados en Teherán (no se trataría de una indagatoria formal), cosa que hasta ahora había sido imposible. Otras ventajas, de índole económica (financiera y energética) revisten carácter potencial. Ha sido mencionada también la posibilidad de que por medio de una empresa venezolana, la Argentina reciba tecnología misilística iraní.
Por otra parte, el anuncio se hace en un año político caracterizado por las elecciones que se llevarán a cabo este año en Irán y en nuestro país. Como es sabido, los comicios suponen gastos extraordinarios que necesitan de recursos extraordinarios. Cabe recordar que así ocurrió también cuando se produjo el episodio de la valija de Antonini Wilson, nunca aclarado.
Al momento de redactarse estas notas, el Parlamento iraní sigue sin aprobar el acuerdo con la Argentina. Según Página/12 del 11 de abril, citando fuentes iraníes no precisadas,
“en los próximos diez días el acuerdo será tratado por el Parlamento y una semana después será aprobado por el Consejo de Guardianes”, por lo que el Memorándum podría estar aprobado a fines de abril o en los primeros días de mayo.
Tanto el severo planteo de inconstitucionalidad presentado por la AMIA y la DAIA, como la demora del Parlamento iraní en aprobar el documento, contribuyen a que este proceso haya tenido y tenga “una dinámica muy particular”, en palabras del fiscal Nisman, y que no termine de convencer a una franja importante de la opinión pública.
