Las huelgas contra Perón

El autor no sólo sostiene que las huelgas existieron sino que fueron declaradas ilegales, tuvieron cesantes y varios dirigentes gremiales quedaron detenidos.

Es frecuente escuchar de los viejos dirigentes sindicales  que “a Perón no le hacían huelgas porque les daba todo lo que pedían”. Pero esta es una frase. Sólo una frase, no es la verdad. Lo cierto es que Perón pensó siempre en términos militares, nunca con mentalidad civil. Primero porque no lo era y segundo porque toda su formación estuvo signada por el ejército. Así fue como pudo decir en 1944, desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, que “el mejor sindicato, el mejor gremio organizado somos nosotros, los soldados, y les aconsejo en este sentido para que puedan conseguir la cohesión y la fuerza que hemos obtenido nosotros”. Les pedía que formaran un sistema vertical de subordinación. Se trataba de modificar los cuadros sindicales para establecer una organización piramidal y colocar en la cúspide a uno de los hombres de más confianza. Esto se había experimentado en Italia y se lo llamó fascismo. Allá el hombre de confianza era Benito Mussolini, quien definió el modelo en El espíritu de la revolución fascista (Ltterae Sociedad Editorial Americana, 1941).

Los gremios de la carne, municipales, bancarios, de seguros, gráficos y ferroviarios hicieron paros entre 1946 y 1951 que fueron declarados ilegales y reprimidos por el primer peronismo. No contaban con el apoyo de la CGT, en manos de subordinados al gobierno, y los líderes huelguistas fueron a parar todos a la cárcel. Las huelgas eran ilegales, no formaban parte de los famosos Derechos del Trabajador, que se incorporaron a las nueva Constitución en 1949.

El gremio de la carne

El 24 de octubre de 1946 un diputado peronista, Cipriano Reyes –que provenía del Sindicato  Autónomo de la Carne–, acaudillaba a la multitud de trabajadores de ese gremio instalados en las escalinatas del Congreso de la Nación a la espera de que la Cámara de Diputados sancionara una ley ya aprobada en marzo por el Senado, que los beneficiaba.

Con un megáfono, desde un ventanal del edificio, se les pidió tranquilidad. Rato después fue el presidente de la cámara, Ricardo César Guardo, quien los pacificó, al decirles que una comisión se encargaría de estudiar únicamente el problema de los obreros de la carne. “La integran los diputados peronistas Rumbo, Montiel, Argaña, Rouggier y Albrieu”, les dijo para conformarlos. Pero no lo logró: “¡Queremos allí al diputado Reyes!”, bramaron los obreros de Berisso, Zárate, Avellaneda y Rosario que habían acompañado a la delegación obrera. Cipriano encaró a la comisión: “Hay que apurar esto. La gente no se va quedar aquí hasta las doce de la noche esperando que se apruebe la ley. Son varios miles los que vinieron desde Berisso”.

De pronto se levantó la sesión. Los huelguistas vieron arriar la bandera y la emprendieron a botellazos contra el edificio. La policía intentó poner orden, pero también fue alcanzada por los proyectiles. Hubo una docena de obreros y cinco policías heridos. Todos se iban desilusionados en los trenes que los devolvían a sus hogares. ¿Había que empezar de nuevo?

Los municipales y la basura

La incógnita comenzaría a brotar también entre los obreros municipales, al año siguiente, con motivo de un reclamo de mejoras salariales, iniciado en los corralones de la Boca y Barracas. En la mañana del 29 de mayo de 1947 una caravana de carros basureros y chatas municipales invadió el centro de la Capital y se detuvo frente a la Dirección de Limpieza, en Libertad 560. Por boca del delegado, Miguel Pizzi, las autoridades comunales supieron de que se trataba: “¡Con seis pesos diarios no se puede vivir, por eso pedimos un sueldo mínimo de 250, más el salario familiar y la bonificación por hijos!”, vociferó, trepado a uno de los carros. Se sabía que en la Intendencia se habían aumentado los sueldos de 1.800 a 3.000 pesos y que había dos huelguistas presos. Al día siguiente el paro se extendió a todo el gremio y las calles se inundaron de basura sin recoger, cuando el clima –poco invernal– elevaba la temperatura a 26 grados y la humedad al 90 por ciento.

“¡Esto hay que arreglarlo enseguida, estamos entre inmundicias!”, le reclamó Perón al intendente Emilio Siri. “¡Pero si el sindicato no apoya la huelga! ¿Con quien voy a hablar?”, le respondió.

El sindicato, intervenido por el gobierno desde 1944, había desconocido el paro. Este era espontáneo, fuera de los cálculos sindicales. La reacción oficial no se hizo esperar y fue el Director de Trabajo y Acción Social Directa, Hugo A. Mercante, quien declaró ilegal la huelga.

A pesar de las amenazas de exoneración, el ausentismo seguía  siendo total en la Dirección de Limpieza. Las sanciones dejaron en la calle a 2.038 trabajadores y hubo detenidos por incitar a la medida de fuerza. El más activo era el dirigente socialista Francisco Pérez Leirós, a quien el interventor Alberto Forcada había desalojado, tres años antes, de la Secretaría General de la Unión Obreros y Empleados Municipales.

La huelga terminó el 7 de junio, con un triunfo parcial de las autoridades municipales (parte de las demandas gremiales fueron satisfechas, a pesar de la ilegalidad del paro) y la reincorporación de los cesantes.

Los bancarios de paro

El 17 de octubre de 1947, cuatro meses después de la huelga municipal, el congreso de la CGT resolvía que sólo serían apoyadas aquellas huelgas que “contaran con el aval del Presidente”. Las quejas por los paros ilegales no se trataron y quedaron diluidas en los corrillos de la gran asamblea. Esto obligó a los gremios a idear organismos paralelos que presionaran sobre los sindicatos adheridos a la CGT. Los bancarios, por ejemplo, crearon una comisión pro reforma del escalafón para gestionar ante la Asociación Bancaria las mejoras necesarias.

Los empleados de banco conformaron siempre un gremio de clase media, pero recién se hicieron oír en marzo del año siguiente. Para ello debieron organizar una manifestación frente a la Secretaría de Trabajo y recorrer las calles céntricas, hasta que la policía montada decidió correrlos a sablazos. Como la Bancaria no hacía nada, los miembros de la comisión paralela apelaron al reclamo de una asamblea extraordinaria del gremio. Los dirigentes renunciaron entonces a sus cargos y abrieron así las puertas a la intervención, un recurso oficial para dominar el sindicato legalmente. Los interventores fueron Manuel P. Varela y José Boede, pero el gremio no les respondía; apoyaba al otro organismo,  donde estaban los huelguistas. El líder de éstos era el socialista Haroldo Costa, delegado del Banco Español, quien reclamaba un sueldo básico de 400 pesos y de 1.000 para quienes cumplían 25 años de servicio. Esto comprometió a todos, incluyendo a los peronistas, debido a la inoperancia de la Bancaria, el sindicato cegetista. Las cosas empeoraron cuando Evita les negó una entrevista y se envió, en cambio,  un escuadrón de la policía que volvió a cargar sobre ellos.

La situación derivó en un paro de brazos caídos, el 23 de marzo, y hubo una negativa a acatar intimaciones, como la del presidente del Banco Provincia, Arturo Jauretche, quien los conminó a “trabajar o abandonar la casa en diez minutos” (allí, en San Martín 137, se habían dado cita todos los huelguistas). Trabajo y Previsión anunció que se declaraba ilegal el movimiento de huelga en los bancos,  intimó al personal a reanudar sus tareas y trasladó a la Policía Federal la responsabilidad de “garantizar la libertad de trabajo”. Pero la huelga se extendió aún más: se adhirieron los empleados del IAPI, la Caja de Ahorros, el Banco Municipal y el Instituto de Inversiones Inmobiliarias. El paro contagió a la Asociación de Empleados de Compañías de Seguros, Reaseguros, Capitalización y Ahorros.

En definitiva: ganaron la huelga, les pagaron lo que pedían, también los días no trabajados, y se reincorporaron todos los cesantes. Dos años después, en julio de 1950, los bancarios hicieron un movimiento para obtener un reajuste de salarios y la normalización de la Bancaria. Costa arengó otra vez al gremio y un día después la policía lo secuestró junto con el delegado Miguel Alabau. Los bancos Español, Italia y Francés se paralizaron en defensa de quienes estuvieron cuatro días detenidos, hasta que fueron liberados el 6 de julio. Bajaron de un celular en el Español, donde el gerente los paseó por todas las secciones para convencer al personal de que estaban libres, sin pensar que sus rostros –barbudos y somnolientos– iban a despertar una ovación entre los empleados. Los huelguistas se organizaron entonces en el Movimiento Popular Bancario, paralelo a la Asociación.

El 1 de agosto hubo otra huelga, también declarada ilegal, que se cobró nuevas víctimas: fueron exonerados todos los delegados del Hipotecario y 80 empleados del Banco Industrial. “La policía nos detuvo veinte días en Villa Devoto, lo suficiente como para debilitar al Movimiento Popular. La huelga se quebró cuando las cesantías llegaron a dos mil empleados”, recordaría Haroldo Costa.

Los gráficos sin diarios

El gremio gráfico corrió también similar suerte en marzo de 1949, durante la huelga que paralizó los talleres y silenció los diarios durante treinta días. El gobierno se había convertido en empresario y regenteaba el grupo que formaba la cadena de medios adictos, aunque con escasa generosidad patronal. Los sueldos de los peones eran muy bajos y el conflicto estalló en una asamblea de la Gráfica, realizada en la Federación de Box. En las elecciones del gremio la lista peronista acababa de ganar al grupo tradicional que acaudillaba Riego Ribas (radical), y se pretendía forzar la aprobación del convenio con una vieja treta: someterlo a votación por signos y, sin contar las manos levantadas, declarar “evidente mayoría” aunque fuese una ostensible minoría. Ese fue el momento desencadenante, pues a nadie escapaba que las flamantes autoridades de la Federación Gráfica defendían los intereses empresarios por lealtad política, contra la voluntad de los delegados gremiales.

Sin contar con el sindicato cegetista se formó un comité de huelga con los delegados de los principales talleres. Empezaron con paros parciales y como llovieron las cesantías, se declaró la huelga general. Los acaudillaba Radamés Augusto Grano (socialista), quien llevaba la voz cantante de los huelguistas. El paro detuvo la salida de los diarios La Razón, Crítica, Noticias Gráficas, Democracia, El líder y El Laborista; la excepción fue El Mundo, de Editorial Haynes, donde el gobierno obligó a trabajar a los presidiarios que sabían manejar las linotipos.

Por haber sido superados, renunciaron todos los cegetistas y facilitaron la intervención de la Gráfica, en donde se nombró a Cecilio Conditi con plenos poderes. Pero con la ilegalidad, decretada por la Secretaría de Trabajo, los gráficos detenidos llegaron a sumar 312 y eso los endureció todavía más. Grano recordaría que “se pudieron soportar treinta días, hasta que trajeron carneros de Chile y Uruguay a trabajar en los talleres”.

Quienes no acataban las directivas del gobierno estaban condenados a un destino inevitable, que comenzaba con la declaración de ilegalidad y terminaba con las cesantías masivas. Fue un camino que también recorrieron los trabajadores textiles, metalúrgicos, telefónicos, plomeros, navales, portuarios, marítimos, papeleros, azucareros y los obreros de las construcción.

“Durante el peronismo en ascenso, tan sólo en la Capital Federal hubo 387 huelgas, que involucraron a 951.624 obreros y empleados”, dice Jorge Correa, en Los jerarcas sindicales (Editorial Obrador, 1972); datos que deberían conocer quienes hoy exaltan el liderazgo de Perón.

Los ferroviarios movilizados

También los ferroviarios iniciaron un paro a principios de 1951, estimulados por su tradición socialista. Como la Unión Ferroviaria (cegetista) estaba paralizada, el gremio no la reconocía y se creó la Junta Consultiva de Emergencia, que denunció una prohibición a los señaleros de reunirse libremente en Temperley. La Junta convocó a los obreros a expresar su  repudio a la intervención frente al local de la Unión Ferroviaria, en Independencia 2880. “El resultado fue una tremenda represión policial, que disolvió la reunión a los sablazos”, recordaría Antonio Scipione, ex presidente de la Ferroviaria y miembro de la Junta Consultiva.

A principios de 1951 Evita anduvo recorriendo los talleres ferroviarios para pedir a los obreros que carnerearan: “¿Y ustedes, por qué están en huelga?”, les preguntó; y le contestaron: “¿Sabe qué pasa, señora? Que cerraron los locales de la Unión Ferroviaria. Y eso, la verdad, está mal. Usted no se enoje, pero está mal…”.

El 23 de enero se declaró la ilegalidad del paro y fueron cesanteados los 40 miembros de la Junta. Al otro día, Perón convocó a los dirigentes cegetistas y les anunció la inmediata movilización militar de los ferroviarios: “Esos ingratos –dijo– que nos pagan con una huelga inconsulta”. Cuando reunió a los cegetistas en la Casa Rosada, advirtió: “Les voy a aplicar la ley. Voy a decretar la movilización militar. El que vaya a trabajar estará movilizado; y el que no vaya será procesado e irá a los cuarteles para ser juzgado por la justicia militar, de acuerdo con el código de justicia militar”.

Una de sus más conocidas definiciones decía: “Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada”. ¿Pero cuál ley? ¿La ley militar? Aplicada, además, por un decreto posterior que no provenía del Congreso de la Nación. Fue por eso que Perón les pidió a todos los cegetistas “autorización para tomar las medidas que correspondan, a fin de poner en su lugar a radicales, comunistas, anarquistas y socialistas que están actuando”. Y anticipó: “Les he de aplicar la ley a esos señores; he de entregarlos a la justicia federal, acusándolos de violar la ley de seguridad del Estado, para que se entiendan con los jueces que son los que van a juzgar, ya que yo no estoy para eso”.

Esa misma noche comenzó la movilización militar y el paro se levantó. Las cárceles se poblaron de centenares de huelguistas y 2 mil se quedaron sin trabajo. La lista completa de cesantes se publicó en Democracia (diario oficialista) el 25 de enero de 1951.

Como se ve, no es cierto que no hubiera huelgas contra el gobierno de Perón. Las hubo, se las declaró ilegales; tuvieron cesantes y sus dirigentes fueron a parar a Villa Devoto.