Hasta el momento es deficiente e incorrecta la aplicación de la ley de relevamiento de tierras indígenas en todo el país.Afortunadamente, el tema de la tierra finalmente está logrando instalarse en la agenda pública. Hay nuevas miradas, no centradas en aspectos eminentemente productivos o en la propiedad a extranjeros, sino en la gente que la ocupa ancestralmente aunque aún no se le hayan reconocidos sus derechos. Sobre todo cuando se trata de tierra que por antigua posesión pertenece a pueblos originarios. Y lo mismo sucede con la tierra de criollos, tal como se evidencia en el artículo de conmemoración de los 40 años de Fundapaz en estas páginas. No parece entonces casual que aquí haya dos menciones a los problemas con la tierra.
El aniversario de Fundapaz y la conferencia-denuncia del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) realizada en la sede de la CEA el 2 de septiembre muestran dos facetas de un mismo problema: reconocerlo y trabajar para resolverlo.
Hace siete años que la Ley 26160 está en vigencia (fue sancionada a fines de 2006 y prorrogada tres años después por la Ley 26.554). Contempla, como primer paso para una efectiva regularización de la propiedad de la tierra a los pueblos originarios, algo muy necesario: la realización de un inventario de tierras. Además de la suspensión de los desalojos mientras durara el relevamiento, para implementarla se habían asignado partidas presupuestarias por un total de 60 millones de pesos para que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) ejecutara las tareas respectivas con la colaboración de los gobiernos provinciales. Un estudio presentado “da cuenta del escaso nivel de ejecución del programa en contraste con la alta utilización de los recursos. Ya en el año 2011 el (ENDEPA) había advertido el bajísimo nivel de avance de las tareas, lo que fue corroborado por la Auditoría General de la Nación (AGN) mediante un informe presentado al año siguiente” (CEA-ENDEPA). 2 Pero como no se ejecutaba (sólo se había aplicado al 4,22% de las comunidades del país) y había desviación de fondos se denuncia al INAI, responsable de su ejecución.
En una comunicación privada, el sacerdote Francisco Nazar, de Formosa, sostiene que “el relevamiento que se está realizando es engañoso, parcial y mal intencionado”. Afortunadamente ya se han previsto talleres de capacitación específicos sobre esta ley para los grupos apoyados por los equipos de la Pastoral Aborigen. Estos talleres apuntan a que todos los interesados estén bien informados de lo que por ley les corresponde y sepan reclamar por ello.
El informe de AGN exhibe el estado de ejecución en cada provincia, determinando que a seis años de la sanción de la Ley 26.160 el relevamiento sólo se ha concluido en una octava parte (12,48%). “A este paso –sostiene el documento– harían falta otros 40 años más para concluir con el trabajo”.
Un análisis cualitativo muestra una mayor gravedad en los retrasos ya que en las provincias con más alta conflictividad con los pueblos indígenas, como Salta, Jujuy, Formosa, Chaco y Neuquén, en donde reside el 65% del total de comunidades indígenas del país, “el programa de relevamiento sólo se ha cumplido en un 4,11%”. Ello permite concluir que “en las provincias en donde el relevamiento es más urgente con el fin de proteger derechos en riesgo es precisamente en donde mayores deficiencias y demoras denota la acción del INAI”.
Observando el problema desde un enfoque más global, “debe verse la urgente necesidad de reconocer derechos y resolver conflictos que involucran no sólo a las comunidades indígenas sino también a muchas familias campesinas –sostienen desde Fundapaz– si bien en muchas provincias hay situaciones conflictivas sobre tierras, el conflicto se manifiesta con mayor fuerza en las provincias del norte”.
Perplejidad, dolor e interrogantes son las expresiones que usa monseñor Fernando Maletti para describir esta situación, y agrega: “No sabemos qué va a pasar y no sabemos bien cómo va a terminar esto, sería muy desgastante comenzar la lucha desde cero”. Con razón y autoridad reclama el sacerdote Ponciano Acosta, Coordinador Nacional de ENDEPA: “Queremos llamar la atención y, pasados dos años de la primera advertencia, lanzamos esta segunda advertencia. Aquí están las vidas, las muertes y los desalojos de muchas comunidades de nuestros pueblos originarios. El gobierno nacional tiene que tomar cartas en el asunto”.
1. La conferencia fue presidida por monseñor Jorge E. Lozano –obispo de Gualeguaychú y presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social–, monseñor Fernando Maletti –obispo de Merlo-Moreno y miembro de la Comisión Episcopal de Pastoral Aborigen (ENDEPA).
2. www.endepa.org.ar/documentos/GACETILLADEPRENSA.pdf
La conferencia fue presidida por monseñor Jorge E. Lozano —obispo de Gualeguaychú y presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social—, monseñor Fernando Maletti — obispo de Merlo-Moreno y miembros de la Comisión Episcopal de Pastoral Aborigen (ENDEPA).
