Monseñor Angelelli: crónica de una sentencia anunciada

El Tribunal Oral Federal de La Rioja condenó a prisión perpetua en cárcel común a Luciano Benjamín Menéndez y Luis Fernando Estrella por el asesinato del obispo Enrique Angelelli perpetrado durante la última dictadura militar.

La expectativa suscitada por el juicio que reabrió en 2009 la archivada causa sobre la dudosa muerte accidental Enrique Angelelli, durante los primeros tiempos del Proceso de Reorganización Nacional, se vio reforzada por las pruebas aportadas por la Santa Sede en la instancia final. Sin embargo, como sucede en los juicios contra ex represores, la modalidad de los mismos y las intervenciones políticas de signo partidario desvirtuaron el legítimo afán de justicia. El revanchismo en clave jacobina y la manipulación de la política de derechos humanos de las presidencias kirchneristas contaminaron el derrotero de un juicio cuyo resultado estaba decretado de antemano.

El 4 de julio el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Rioja dio a conocer la sentencia del juicio que investigaba la muerte del obispo de La Rioja acaecida el 4 de agosto de 1976 en la localidad de Chamical. El papa Francisco aportó pruebas para  demostrar que no se trató de un accidente –versión oficial con que se caratuló la causa y que fuera refrendada durante años por la CEA– sino de un asesinato –tesis sostenida largamente por amplios grupos católicos de base, organismos de derechos humanos y agentes eclesiásticos cercanos al obispo.

Se decretó la condena a prisión perpetua para el ex general Luciano Benjamín Menéndez y el ex comodoro Fernando Estrella, quienes deberán además ser recluidos en cárceles comunes. Los otros imputados: Jorge Rafael Videla, Juan Carlos Romero y Albano Harguindeguy ya fallecieron.

A mediados de 2007, el caso del capellán Christian von Wernich había significado la primera condena firme de un sacerdote por un tribunal civil, al ser comprobada su participación en varios centros clandestinos de detención dependientes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Este caso “ejemplificador” reabrió también una herida y un debate no resuelto sobre la actuación de la Iglesia católica durante la última dictadura. Ello se debe en buena medida a que los documentos referidos a estos hechos han sido considerados tibios e  insuficientes, pese a que en los últimos años la tendencia a la autocrítica y el pedido de perdón (Jubileo del año 2000) se ha hecho más visible, como lo demuestra el Mensaje de los obispos de 2012 “Carta al pueblo de Dios” (publicada y comentada en el nº  2388 de Criterio), con motivo de las últimas declaraciones del ex presidente de facto Jorge Rafael Videla, respecto al “acompañamiento” que según su testimonio le brindaran los obispos en aquellos años. En un mensaje de tono equilibrado se reconocía el dolor y el daño irreparable que el terrorismo de Estado había causado en la sociedad, al mismo tiempo que se exhortaba por primera vez a los católicos a aportar datos e información que contribuyera al esclarecimiento de la verdad sobre los violentos años ’70 en que los odios fracturaron la “amistad social” que la CEA considera fundamental para nuestra nación. La apertura de los archivos y el levantamiento de las restricciones a esta información es desde entonces un desafío que algunos obispos como monseñor Jorge Lozano, presidente de Pastoral Social, están impulsando progresivamente con la colaboración de laicos comprometidos. Desde esta perspectiva se entiende que la transparencia de la institución debe desplazarse también a este tema tan doloroso para la propia Iglesia, que se fragmentó como nunca antes y padeció en carne propia las derivaciones de una ideologización extrema a la que ella misma había contribuido. Víctimas y victimarios eran hijos de una cosmovisión católica intransigente, facciosa y militarista que justificó incluso teológicamente la violencia extrema y la muerte para acallar las voces y las acciones de sus adversarios.

Tal como lo relatara Pedro Siwak en el número anterior, los ’70 fueron los años en que la Iglesia argentina y latinoamericana –y tal vez convenga aclarar, su línea liberacionista de “opción por los pobres” – tuvo un importante número de víctimas. En nuestro país: Carlos Mugica, Gabriel Longeville, Carlos de Dios Murias, Wenceslao Pedernera, Enrique Angelelli, la comunidad palotina del barrio porteño de Belgrano R, Alice Domon y Léonique Duquet (las monjas francesas), Mauricio Silva, Carlos Dorniak y Mónica Mignone, por citar los más conocidos.

El argumento martirológico ha sido defendido por los católicos de base para reivindicar un lugar en la memoria de la Iglesia oficial, que les ha sido tan esquiva. En ese sentido cabe destacar que el ex arzobispo Jorge Mario Bergoglio fue el primero en promover las conmemoraciones que rescataban del olvido a estas figuras que como vimos recientemente, en la polémica que se generó en torno a los homenajes que Iglesia y Gobierno realizaron al cumplirse 40 años del asesinato de Carlos Mugica, fue desprovisto de sus aristas más controvertidas. Esta hábil y hasta el momento exitosa operación memorialística del actual Papa ha logrado revertir las imputaciones que se lanzaran contra su propia figura a partir del caso de los jesuitas detenidos en la ESMA Francsico Jalics y Orlando Yorio. Posiblemente la decisión de aportar pruebas documentales en la instancia final de este juicio (una carta de Angelelli al nuncio Pio Laghi y una crónica detallada sobre el asesinato de Longeville y de Murias) se debiera a la estrecha relación que ambos pastores habían trabado, y por el hecho de que Bergoglio nunca creyó en la tesis del accidente. También porque hoy en día es una estrategia política de la que saldrá ganador frente a los “tibios” que aún quedan en la Iglesia argentina respecto de la necesidad de revisar ese pasado.

Para concluir, quisiera llamar la atención sobre otra de las aristas que evidenció este juicio y del que se desprende el interrogante en torno a la forma en que se lo ha estructurado y cómo la “justicia de los vencedores”/ “vengadores” de los ’70 se aplica a ex represores que hoy tienen 87 años, como Menéndez, y a quienes se pretende recluir en una cárcel común atentando también contra sus derechos individuales y reeditando el viejo lema de Perón a “los enemigos ni justicia”.

Creo que era casi descontado que la voluntad política expresada por Néstor Kircner durante su presidencia respecto de “hacer justicia” en el caso Angelelli –definido como “uno de los nuestros” – y luego por Cristina Fernández –quien en una lectura histórica  populista y de bajo vuelo afirmó que los asesinos de Angelelli eran los mismos que habían asesinado al Chaco Peñaloza tras el triunfo de la causa porteña, del centralismo contra el federalismo, tratando de derrotar a la voluntad popular– se traduciría en la sentencia que muestra lo peor del espíritu revanchista y faccioso, que hubiera necesitado de un final menos teñido de ideología partidaria y manipulación política.