La inocencia, suspensión, remoción o condena de Boudou

La continuidad de Amado Boudou en la Vicepresidencia de la Nación a pesar de su complicada situación judicial tiene graves consecuencias políticas.

La comisión de juicio político de la Cámara de Diputados rechazó in limine los ocho pedidos de juicio político al vicepresidente Amado Boudou, luego de ser procesado por el juez Ariel Lijo por “cohecho pasivo» (coima) y “negociaciones incompatibles con la función pública”. La razón que dio la diputada Juliana Di Tullio es que “hay un proceso judicial en marcha, y sería entorpecer e invadir al poder judicial”. Sergio Berni agregó: “Estamos convencidos de la inocencia del vicepresidente”.

Adela Segarra, presidenta de dicha comisión, dijo que la causa Ciccone “se está tramitando” aún en la justicia y que todavía “no hay sentencia” contra el vecino de Puerto Madero. No aclara que en los proyectos, además de la apropiación de la Calcográfica, se lo  denunciaba por otros delitos, como el de enriquecimiento ilícito. Los oficialistas agregaron que abrir un juicio político “implicaría una presión al Poder Judicial y al magistrado que está efectuando su investigación” y que, con ello, “se alteraría la división de poderes”.

Lo cierto es que hoy el ciudadano Boudou, que es inocente por no haber sido condenado, está procesado en la justicia penal, como cualquier hijo de vecino; pero como vicepresidente, los K se niegan iniciarle el juicio político (arts. 53, 59 y 60 Const. Nac.), en el que podría ser suspendido y, más tarde, removido de su cargo. Mientras tanto, la opinión pública ya lo condenó.

En el juicio político, el fallo del Senado que puede condenarlo “no tendrá más efecto que destituir al acusado (…) Pero la parte condenada quedará, no obstante, sujeta a acusación, juicio y castigo conforme a las leyes ante los tribunales ordinarios” (art. 60 de la Constitución Nacional). Pero aquí se invirtieron los términos: el juicio político tendría que comenzar y terminar antes que el judicial. Por su inmunidad Boudou pudo no asistir a la indagatoria, y, luego de la misma, si el juez tuviera que ordenarle prisión preventiva o el tribunal condenarlo a prisión tendría antes que ser desaforado o removido de su cargo por el Senado.

Si a un empleado administrativo se lo descubre al cobrar una coima, además de la denuncia penal, se le hace un sumario administrativo, se lo suspende en sus funciones y, luego de probado el hecho, se lo deja cesante, sin esperar que un juez lo condene.

Con los altos funcionarios del Gobierno, como es el caso del Vicepresidente, ocurre lo mismo: se les hace juicio político, se los suspende en sus funciones si los hechos son graves y, luego de darle oportunidad de defenderse y de probado los hechos por los que se lo acusa, se lo remueve del cargo. En este proceso es posible y necesaria la publicidad que Boudou pretendía para su indagatoria ante el juez Lijo, contrariando el sigilo que impone el Código Procesal Penal. Luego de la remoción será posible la condena judicial y la pena de prisión.

Como viejo abogado me animo a afirmar que Boudou no está bien defendido políticamente porque los primero que se quiere salvar es a la Presidenta que lo designó y que teme ser salpicada por los hechos investigados; en segundo lugar, al Gobierno que integra –donde casi nadie lo defiende y “los machos del off” lo acusan solapadamente–; y después, recién, a su persona, que con este orden de prioridades podría terminar peregrinando por los tribunales y cárceles durante años, como lo hace su ex correligionaria María Julia Alsogaray; sin el aplauso de La Cámpora y sufriendo la comparación con su predecesor Elpidio González (1922-28), que vivió y murió sus últimos años en la pobreza, razón por la que el Congreso le concedió una pensión que no aceptó.

Tampoco lo está en los tribunales ya que no se entiende por qué:

· pidió adelantar la indagatoria;

· no solicitó, antes de declarar, vista del expediente para conocer las pruebas que lo imputaban;

· criticó y amenazó al juez con recusarlo;

· solicitó ser indagado ante las cámaras de la televisión;

· requirió, y luego desistió, de ampliar su indagatoria; y

· no refutó ante la opinión pública las pruebas invocadas en las más de 300 páginas de la resolución que lo procesó.

Si el primer Vicepresidente de la Nación procesado hubiera renunciado, como bien hizo Spiro Theodore Agnew, su colega norteamericano acusado de cometer delitos en 1973, o al menos hubiera pedido licencia, podría haber evitado el escándalo que hoy le agrava su situación, la del Gobierno que integra y del país al que representa, dentro y fuera de sus fronteras. Sin dudas afecta el fin del ciclo de la Presidenta, que no será reelecta, y que padece el síndrome del “pato cojo” (lame duck, como en Gran Bretaña se le llamaba a los quebrados y en los Estados Unidos a los presidentes que terminan su mandato sin ser reelectos), en un momento que el Gobierno tiene que tomar decisiones claves que comprometen el destino institucional, social, económico y financiero de los argentinos.

El autor es abogado, profesor de Derecho Constitucional de la UNC y UCC. Fue diputado de la Nación.