Necesitamos exportar alto valor tecnológico para lograr mayor empleo y mejores salarios. Cuando ello ocurra se establecerá la llamada economía del conocimiento.
Los que estamos habituados a financiar trabajos científicos comprobamos la capacidad y dedicación de nuestros investigadores, que compiten en un entorno difícil –local e internacional– con resultados tangibles. Ellos producen novedades, evaluadas por sus pares y expuestas internacionalmente en revistas científicas de relieve.
Aunque no todos los proyectos son exitosos y hay vías de investigación que no llegan a nada, financiar el talento conduce a resultados globales muy positivos. Los beneficios alcanzan a los propios investigadores, pero en mucha mayor medida a toda la comunidad.
¿Qué significa apostar a la inteligencia aplicada a la producción, para crecer y derramar beneficios a todos? La estrategia industrial de los países exitosos ha sido apostar a la innovación y a las empresas innovadoras, que pueden crecer rápidamente al exportar y capitalizarse.
La estrategia del fracaso asegurado es la de otorgar alta protección a empresas que arman productos con insumos y tecnologías importadas, venden a precios elevados muy superiores a los internacionales y generan transitorias cuasi-rentas por los beneficios fiscales y la exorbitante protección efectiva. Es una estrategia de corto plazo con ganancias para un pequeño grupo de empresarios y altos costos para la comunidad. Ejemplo paradigmático de esta estrategia es Tierra del Fuego.
Tenemos pocas empresas
La cuestión del empleo es más grave. En el país hay sólo 6.336.313 empleos registrados en el sector privado, de los cuales una minoría tiene alta productividad, y desde hace tres años la cifra no crece. Los empleos informales, que incluyen a trabajadores cuentapropistas y tareas de muy baja productividad, se estiman en 5 millones, cuando la población en condiciones de trabajar es de algo más de 25 millones. Así, por diversas razones, una parte significativa no busca empleo, está desalentada o no aprecia el salario ofrecido. Por ello discutir sobre la tasa de desempleo, que se mide contra la población activa, no refleja la gravedad del problema.
Si nos comparamos con España, con una población de tamaño semejante e ingresos por habitante tres veces más altos aunque con problemas de empleo (17 millones de empleados y 5,6 millones con seguro de desocupación), nuestra situación es más grave. Una causa visible es que tenemos pocas empresas, en particular industriales, y son de reducido tamaño, con pocos empleados y salarios mediocres. Según el Ministerio de Trabajo de la Nación, de las 602.989 empresas existentes, sólo 59.907 son industrias. Las que no son industrias emplean 10,5 personas en promedio, mientras que las industrias cuentan con 21,5 promedio, con mejores salarios.
España tiene 1,6 millones de empresas, de las que 169.560 son industrias, casi tres veces más en comparación con nuestro país; por ello el ingreso por habitante es tres veces más alto. En efecto, nuestro problema de crecimiento y empleo está asociado al bajo número de empresas y a su tamaño reducido.
Las empresas industriales se clasifican, en tamaño, según el empleo que generan. Las grandes empresas tienen más de 200 empleados; las medianas, de 50 a 199; las pequeñas, de 10 a 49, y las micro, hasta 9 empleados.
España y la Argentina tienen, respectivamente, 2.564 y 855 grandes empresas; 10.850 y 3.143 medianas; 39.146 y 13.869 pequeñas, y 117.000 y 42.014 empresas micro. Notablemente la relación también se mantiene en alrededor de 3 a 1, a favor de España.
Las grandes empresas tienen un componente multinacional importante. Para competir en el mundo deberíamos incrementar el número y tamaño de nuestras empresas. Ello ayudaría a crecer, exportar y dar solución genuina al tema del empleo. No hay ninguna razón para que la Argentina no tenga más empresas. Los argentinos son ingeniosos y emprendedores. La inflación, la inestabilidad y la lógica del fracaso con altos impuestos nos han llevado a este presente mediocre.
Financiar la innovación
El camino a seguir es el de financiar a las medianas y pequeñas industrias, que quieran innovar y crecer, es decir, invertir en tecnología y exportar. Si se lograra este objetivo y esa franja se extendiera, podríamos tener empresas más grandes, más exportaciones de alto valor tecnológico, y más y mejores empleos. En Colombia, por ejemplo, los últimos candidatos a la presidencia propusieron crear 800 mil nuevas empresas con 4 millones de puestos de trabajo adicionales.
Para lograr nuestro objetivo hay que entender las limitaciones de la realidad económica histórica de la Argentina. En comparación con las empresas medianas de otros países, que disponen de crédito, mercado de capitales, regulaciones impositivas y laborales más amigables, el cuadro local es muy complicado.
Pensamos que el instrumento más accesible es el crédito blando a largo plazo o instrumentos equivalentes, es decir, bonos, bonos convertibles, acciones, acciones preferidas, leasing y otros medios financieros.
Hay experiencias evaluadas, exitosas, dentro de un sistema que existe: el FONTAR (Fondo Tecnológico Argentino), dependiente del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, que administra recursos de distintos orígenes para financiar proyectos de innovación tecnológica, en industrias innovadoras.
En mi opinión, activos financieros de cierta importancia podrían utilizarse como parte de una propuesta de negociación de la deuda pública externa, en la que los acreedores serían beneficiarios de nuestro desarrollo. Para ello hicimos una propuesta – “Conocimiento por deuda”– coordinada por la Fundación Sales, con la participación de economistas de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas (UCA) y del Grupo Redes, que aportó especialistas en políticas de ciencia y tecnología.
El autor es economista. Fue decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas (UCA) y es director ejecutivo de la Fundación Bunge & Born
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Join discussionExtracto de un artículo de la periodista Nora Bär:
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Gracias a un acuerdo entre la provincia y la Universidad Nacional de Jujuy, el Conicet e Y-TEC, el centro de desarrollo de tecnología de YPF, el litio, que durante años sólo se extrajo de las salinas y se exportó «en bruto», podrá ser purificado e integrado en baterías que en el mercado internacional cuestan entre 20.000 y 25.000 dólares. Y lo más importante: gracias a esta iniciativa en la que, además de los jujeños, intervienen investigadores de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, de la Universidad Nacional de La Plata y de la Universidad Nacional de Córdoba, toda la tecnología aplicada hasta su comercialización será made in Argentina.
Ernesto Calvo y su equipo del Instituto de Química Física de los Materiales, Medio Ambiente y Energía (Inquimae) ya desarrollaron una tecnología innovadora para obtener cloruro de litio, que se emplea en la obtención de litio metálico por electrólisis de sales fundidas en muchísimo menos tiempo que con las prácticas ancestrales que se aplican en la actualidad y a un costo ambiental también muchísimo menor.
La provincia ya cedió los terrenos y el edificio para la creación de un Centro; Y-TEC ofrece sus tecnólogos y ya está desarrollando el primer prototipo de batería; YPF aportará equipamientos; el Conicet y las universidades, recursos humanos, y todos juntos definirán las líneas de desarrollo de esta nueva tecnología para almacenar energía de forma sostenible. El programa insumirá alrededor de 50 millones de pesos en aportes públicos y privados».
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En los últimos ocho años Argentina retomó en forma definitiva la senda de la energía nuclear. Como fecha concreta para el arranque de ese proceso podría marcarse el 23 de agosto de 2006, día en el que el Ministerio de Planificación anunció formalmente el relanzamiento del Plan Nuclear Argentino.
En términos generales, el proyecto implicó dar mucho más impulso –traducido por supuesto en recursos– a la investigación y a las aplicaciones nucleares en la medicina, el agro y la industria, apostando a la vez a volver a manejar de punta a punta el ciclo del combustible que se necesita para producir este tipo de energía. Pero lo que en particular se llevó a cabo en el marco del plan fue el desafío gigantesco que aparece como su corazón, hito y gran éxito consumado: la terminación de la planta Atucha II, que el 3 de junio de este año a las 9.02 de la mañana comenzó a funcionar (lo que se conoce como “puesta a crítico”), iniciando poco después la entrega de sus primeros megavatios a la red interconectada. Hoy la central funciona al 75%, y se espera que antes de fin de año esté operando a pleno. Entonces sumará un total de 745 megavatios de potencia, alrededor del 4% de la energía eléctrica que se consume en el país y lo suficiente como para abastecer a unos 4 millones de familias.
Cerca de 30 países en el mundo generan hoy energía nuclear civil y menos de la mitad de ellos son capaces de manejar el ciclo del combustible completo. Argentina se encuentra en este último grupo, operando sus tres centrales –Atucha I, II y Embalse–, lo que la vuelve parte de una suerte de “elite atómica” a escala global.
Otro costado positivo de la energía nuclear es que para operar estas centrales las naciones tienen que alcanzar cierto grado de desarrollo tecnológico, lo que implica formar profesionales y técnicos altamente capacitados que luego tendrán trabajo en nuestro país. Argentina cuenta con el Instituto Balseiro –que integra el Centro Atómico Bariloche y es el único en Latinoamérica que forma ingenieros nucleares– y con los Institutos Sábato y Dan Beninson, que imparten también educación nuclear y ofrecen becas totales para que los estudiantes puedan dedicarse exclusivamente a la cursada.
En sus más de seis décadas de experiencia nuclear el país fue acumulando un grado de desarrollo más que interesante en cada uno de los eslabones de la cadena productiva. En principio tiene conocimientos en la exploración y extracción de uranio y, aunque ahora no está produciendo, se encuentra a las puertas de volver a fabricar uranio enriquecido en la planta de Pilcaniyeu, Río Negro, cuyas instalaciones habían sido abandonadas en la década del 90. El dióxido de uranio es provisto por la empresa nacional Dioxitek, los elementos combustibles por CONUAR S.A. y las vainas y tuberías especiales por FAE, subsidiaria de la anterior. También funciona en Neuquén una planta de producción de agua pesada.