Cuando algunos de mis hermanos van dejando de ser mis hermanos

Hace algunas semanas hemos leído en los diarios dos noticias que recibieron fuertes críticas y enormes descalificaciones en las redes sociales: la decisión del Banco Nación de establecer un cupo laboral para el colectivo travesti/trans y el otorgamiento de un subsidio de 8500 pesos por parte de la SEDRONAR para aquellos jóvenes en su última etapa de recuperación de las adicciones a las drogas.

Más que analizar las medidas, me interesa analizar la reacción que provocaron, lo cual demuestra la dificultad de articular políticas públicas para los más sufrientes frente a una sociedad cada vez más indiferente hacia ellos (o quizás peor aún, más reactiva).

Se estima que la población travesti/trans en la Argentina tiene una expectativa de vida de 40 años, es decir, aproximadamente 30 años menos que el promedio de los argentinos. Las razones son variadas, pero hay una preponderante: la falta de un trabajo formal y registrado que determina que la mayoría se encuentre bajo la línea de pobreza y que muchas veces deba recurrir a la prostitución o trabajo sexual como medio de subsistencia.

En el caso de los jóvenes con consumos problemáticos, asistidos por la SEDRONAR, nos encontramos en la misma situación. Estamos hablando de una población de bajos recursos, casi siempre adolescente, que viven en la calle y que consumiendo diversas sustancias intenta aliviar su sufrimiento y olvidar sus padecimientos. ¿No debería decir que “vive”, porque es la población, que es singular?

Para estos jóvenes escapar a su realidad es casi imposible. Todo lo que los rodea los empuja a profundizar ese camino que tiene un final preanunciado: la cárcel, fruto del robo para el consumo, la muerte por sobredosis o quizás, peor aún, el suicidio como el único camino para terminar con tantos padecimientos.

Sin embargo, hay un grupo, lamentablemente muy pequeño, que a pesar de toda esta adversidad junta fuerzas gigantescas y decide iniciar un proceso de recuperación. Para que esa recuperación tenga alguna posibilidad de éxito es fundamental ayudarlo a alejarse del entorno que lo llevó al consumo. Es decir, alejarlo de la calle, del barrio en donde acechan los inescrupulosos “dealers”, o de compañías tóxicas que no han logrado, por el momento, encontrar fuerzas para recuperarse.

Para ambos grupos es necesario contar con un trabajo y un sustento material que les permita, en principio, alquilar por ejemplo “una piecita”, posiblemente el comienzo de un camino de altibajos, pero camino de recuperación al fin. A veces ese trabajo tarda un tiempo en llegar y el subsidio en cuestión puede ser el puente necesario para conseguirlo, sin recaer.

Imaginemos por un momento a un posible empleador que recibe la solicitud de un adolecente con un pasado reciente de consumo de sustancias, que vivió en la calle o en una “villa miseria” y que muchas veces presenta dificultades cognitivas, como resabios de la época de consumos nocivos. La respuesta es casi evidente y no hace falta que la enuncie aquí. En el caso de un candidato laboral travesti/trans, los condicionamientos culturales en cuanto al “aspecto” y su inserción en el lugar de trabajo posiblemente inclinarán al empleador a privilegiar soluciones menos “complicadas”.

Estos son apenas algunos ejemplos de las dificultades que tienen en el país muchos hermanos nuestros a los que la vida, la suerte o el destino les fue esquivo. Sin duda y por un momento deberíamos dejar de lado la trillada frase: “En la argentina el que se esfuerza sale adelante”. En un país con el 40% de su población en la pobreza es más una expresión de deseos que una realidad posible.

Un tema aún más polémico socialmente es el de los presos con condena cumplida. ¿Existe alguna posibilidad, dada la situación económica de nuestro país, que una persona que sale de la cárcel, aun habiendo cumplido con lo que la justicia le demandó, consiga trabajo? Otra respuesta que no hace falta enunciar. En muchos casos, entonces, la condena es eterna.

Los años transcurridos en la cárcel pueden considerarse como una reparación que la persona hace a la sociedad por el mal que ha hecho. Sin embargo, si las consecuencias negativas de la acción la acompañan aún después de haber cumplido la condena, la estamos empujando a la reincidencia permanente. Está probado que aquellos presos que salidos de la cárcel consiguen un trabajo estable tienen un índice de reincidencia mucho menor.

A partir de las situaciones enunciadas, nos encontramos ante la encrucijada de la función del Estado ante esta realidad. ¿Tiene alguna obligación para con ellos? ¿Qué puede hacer?

Quienes creemos que el Estado tiene ineludiblemente una función de buscar el bien común, no podemos negarle que articule, a través de los estamentos propios de su organización política, la atención a los sectores o grupos más postergados de nuestro país.

Es por esto que leer en redes sociales comentarios de muchos compatriotas que descalifican estas acciones –con frases como “Ahora encima le damos plata a los faloperos” o “De capacidades ni hablar, solo entran porque son trans” – son un llamado de atención respecto de qué sociedad estamos construyendo.

Los argentinos tenemos que volver la mirada a los más vulnerables y apoyar las acciones bienintencionadas del Estado frente a estas realidades. Por supuesto, como contrapartida, debemos estar siempre vigilantes a que su implementación cumpla acabadamente con los objetivos que se plantea y no sea, por el contrario, una caja más para algún grupo o sector, o la excusa de favores para los amigos.

Muchas veces resulta difícil abstraerse de prejuicios y estereotipos, pero también en estos temas los cristianos debemos hacer la diferencia. En el otro, en el que sufre, sin importar su pasado o su aspecto, está ese prójimo que es también mi hermano y a quién yo, individualmente y como parte de una sociedad en la que Estado debe articular las políticas públicas, debo ayudar en los momentos de mayor dificultad como el que estamos viviendo.

Javier López Llovet es Profesor de Ciencias Políticas en la UCA