El episodio de las vacunas para los amigos del poder es un caso más de corrupción, aunque no haya habido sobornos de por medio. No se trata de un habitual tráfico de favores entre políticos, sino sencilla –y terriblemente– de canjear la muerte de personas del común que tienen riesgo por la tranquilidad de poderosos que no lo tienen. Cuando todo esto ocurría habían llegado al país trescientas mil dosis, que sirven apenas para vacunar a la población de una ciudad como Pergamino.
En lo jurídico, el caso es facilísimo de resolver; no requiere años de trámite ni prueba compleja, salvo que le pongan todo eso a propósito. Pero también existe el plano ético, que se relaciona con la actitud de algunos líderes incluso si hubiera habido una norma que permitiera esa vacunación (no dictada por el Congreso sino por los propios traficantes de favores).
Hay jueces de tribunales superiores de algunas provincias que se han vacunado. Según La Nación, algunos de la Provincia de Buenos Aires se habrían registrado como personal de salud para hacerlo. Según La Voz, los de Córdoba lo hicieron por ser docentes universitarios y tener más de sesenta años.
Respecto del ciudadano, eso es lo mismo que dejar a alguien herido en el suelo y volver para patearle la cabeza: tanto la universidad como el servicio de justicia se las han arreglado para funcionar durante la pandemia de manera remota, como han querido o podido en el primer caso y con serios trastornos para los ciudadanos pero ninguno para los jueces. Mis hijos universitarios (no sé qué pasa en las universidades cordobesas) han cursado materias y dado exámenes de manera remota. Es poco verosímil entonces que los jueces supremos vacunados deban hoy tomar audiencias o dar clases de manera presencial arriesgando sus vidas como sí lo hacen las personas mayores, los cajeros de supermercado, los conductores del transporte público, las fuerzas de seguridad, los trabajadores de la salud que tratan gente infectada y tantos otros, toda gente que espera la vacuna que otros se llevaron literalmente puesta.
Una prueba ácida sobre la regularidad, por lo menos ética, del asunto sería averiguar cuántos docentes universitarios mayores de sesenta años existen en Córdoba, y cuántos de ellos fueron vacunados.
Hay que decirlo sin miedo porque no se trata de un principio de tonto idealismo sino de uno bien pragmático: de los jueces no se requiere la mera corrección, sino la ejemplaridad. Si no pueden ser ejemplares deben dedicarse a otra cosa, digan o no eso los códigos de ética que a veces ellos mismos se redactan.* Y si no podemos encontrar para eso gente ejemplar tenemos un problema serio en el modo como los elegimos.
Se trata de las únicas personas que, a pesar de que nadie las vota de manera directa (por favor, que eso no se le vaya a ocurrir a nadie), tienen la atribución de resolver sobre la libertad, la propiedad y el honor del prójimo sin sufrir ninguna consecuencia inmediata por la manera en que lo hacen, y sin que su empleador pueda quebrar ni despedirlos. Por si eso fuera poco, no contribuyen como el resto de sus vecinos con los impuestos que sirven para comprar las vacunas. Si además debieran favores a los políticos que después acaso deban juzgar, el panorama se volvería aterrador y todos correríamos demasiados peligros, aunque no nos diéramos cuenta.
Si no les exigimos un comportamiento distinto del de cualquier político o sindicalista la culpa es nuestra y nos merecemos a esa gente.
Por eso es valioso que el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires haya pedido a la Suprema Corte de la Provincia que informe con claridad qué han hecho dos de sus miembros. Eso es actuar como auxiliares de la justicia y superar una visión puramente gremial de la colegiación.
Marcelo Gobbi es abogado.
(*) Córdoba tiene un Código de Ética Judicial muy bien escrito. Eso demuestra que los problemas rara vez son normativos, como suelen creer los abogados (el que vende martillos cree que todos los problemas son clavos): copiando la ordenanza que se ocupa del tránsito de Copenhague no ordenaríamos el nuestro.
