El proceso social y político por el que atraviesa Paraguay desde la etapa previa a la pandemia de COVID-19 y durante el apogeo de ésta, está marcando la persistencia de una estructura de desigualdades que quedaron claramente en evidencia ante la crisis sanitaria.
La incapacidad del poder público de atender necesidades y demandas históricas en la sociedad paraguaya, muestra que los propósitos de la gestión gubernamental se orientaron –y siguen haciéndolo– a favorecer intereses de sectores que capturaron el Estado y que apuntalan la concentración económica, sin capacidad de producir bases mínimas de bienestar para la población.
La continuidad de ese modelo descansa en una administración política clientelista de las necesidades sociales insatisfechas, para aplacarlas en el corto plazo y mantener las demandas de los actores desfavorecidos desmovilizadas. En el largo plazo, la atención de los problemas estructurales es diferida de manera indefinida, acumulándose las bases del descontento social y del descreimiento de la institucionalidad democrática.
Un pacto social perimido
Si con el término “pacto social” se pudiera nombrar una institucionalidad pública basada en reglas y normas que rigen para todas y todos los ciudadanos, asegurando la igualdad ante la ley concomitantemente con la equidad social que la hace posible, en Paraguay, tal proyecto, ha perimido hace ya un lapso considerable. La Constitución Nacional de 1992 –vigente después de la caída de la dictadura militar de 1954-1989–, cuyas declaraciones de principios plantearon un horizonte normativo de construcción del Estado de derecho y la justicia social, ya no tiene vigencia sociológica. Hoy más bien opera sólo como un “inventario de sugerencias”.
Particularmente crítico es el agotamiento de ese marco normativo que fungió alguna vez de pacto social, al punto que los gobiernos nacionales y locales entraron en múltiples contravenciones a su espíritu y su vigencia, haciendo de su cumplimiento una excepción cuando de regular la relación entre gobernantes y gobernados se trata. La Asociación Nacional Republicana (Partido Colorado), que administró el poder público durante la dictadura y después de ella, se volvió el espacio institucional de legalización para la entrada y captura del Estado por parte de clanes familiares y corporaciones que emergieron durante el régimen autoritario y que continuaron durante el proceso de democratización.
Este fenómeno puede verificarse a través de la distribución de los ingresos según las clases sociales, en la que los patrones de empresas y los grandes propietarios agrícolas concentran los recursos y las oportunidades con tendencias brutalmente desiguales. Esa concentración aumentó desde el año 2010 a proporciones que superan casi cincuenta veces los activos de las clases más desfavorecidas. El modelo económico que excluye y que no genera recaudaciones fiscales para el Estado, se fortaleció en las ramas de actividad de alta productividad, especialmente agropecuarias, sometiendo al rezago a las ramas de baja productividad, características del comercio y de los servicios.
De esta manera, cuando los sectores sociales se insertan desigualmente en el mercado de trabajo adquieren posiciones sociales que se traducen en una desigualdad no permeada por las políticas públicas. En términos políticos, el cierre social pergeñado por las clases propietarias limita al régimen democrático las condiciones para promover políticas públicas compensatorias y promotoras de derechos. Es aquí donde se comprende la fuerza que sigue teniendo el clientelismo político.
Con una baja presión tributaria (12,7% del PIB), “el Estado paraguayo presenta deficiencias de recursos para la implementación de políticas públicas de todo tipo” (ver nota bibliográfica: Duarte, 2017, p. 57). De hecho, con los escasos recursos del Estado y su baja capacidad de gestión y de redistribución, el modelo económico y político, controlado institucionalmente por el Partido Colorado, tiene una restringida réplica al no dejar suficiente margen de maniobra a la población.
Lo que la pandemia desnudó
Durante la crisis sanitaria y social desatada por la pandemia de COVID-19 se instalaron en la sociedad paraguaya riesgos e incertidumbres que desnudan las fragilidades de las instituciones para proteger la población. La solidaridad social no logra institucionalizarse como política pública –como sistema de protección social, por ejemplo– porque puede constituir una amenaza a la estructura de poder al afectar el sistema impositivo y distributivo, base de la desigualdad social y núcleo duro de la captura del Estado por las clases propietarias.
Esta estructura de poder se visibilizó durante la pandemia con los enormes déficits de la política de salud. La insuficiencia de personal de blanco, de camas para los diferentes niveles de atención (primaria, secundaria, de complejidad), de equipos e insumos, así como de planes de prevención, entre otros, es la manifestación de una desidia casi secular de los gobiernos colorados que mantuvieron un sistema de salud en sus condiciones mínimas. El corolario de esta desidia fue la indolencia del gobierno nacional respecto de la población durante una emergencia nacional, tanto en el financiamiento de una política de contención de la pandemia, como en la implementación de un plan de inmunización masiva (adquisición, importación y distribución de las vacunas anti-COVID). A contracorriente de la gestión de la mayoría de los países de América del Sur, Paraguay no sólo careció de un plan de vacunación eficaz y sistemático, sino que incluso tuvo que depender de donaciones de terceros países para acceder a los stocks de vacunas. La consecuencia más dramática fue la pérdida de 16.500 vidas humanas por la diseminación del COVID-19 en el país.
Resultado de la indiferencia deliberada, que involucra a gobernantes prebendarios y actores sociales poderosos, eclosionó un malestar generalizado de la población –sobre todo de áreas urbanas del país– que se canalizó a través de manifestaciones masivas contra la gestión gubernamental y contra el control del Estado por el Partido Colorado. El lema de esas acciones colectivas fue el de “ANR-Nunca Más”, que permaneció desde entonces como consigna catalizadora del clamor popular y del hartazgo hacia la desidia del poder político. No obstante, ese tipo de acciones no tienen la sistematicidad necesaria para revertir la profunda crisis social ya que, de manera ambivalente, se conjuga con el quid pro quo clientelista que la estructura de poder apuntala a través del partido en el poder[1].
La problemática de la salud pública, expresada en un sistema asistencial disperso, segmentado y fragmentado, se explica por la extrema fragilidad y vulnerabilidad de los sectores sociales que requieren de los servicios: excluidos de la solidaridad institucionalizada, sus luchas se ven rápidamente desmovilizadas y proclives a ceder al control político. En suma, la asistencia de salud constituye uno de los servicios públicos más sensibles para la sociedad, particularmente de los sectores con escasa capacidad adquisitiva para enfrentar los riesgos de morbilidad. Ante una crisis como la pandemia, los sectores sociales excluidos presentan una particular fragilidad para enfrentar la incertidumbre, no sólo de salud, sino de bienestar en general.
Perspectivas de impugnación del modelo oligárquico
Las clases populares, en tanto fuerzas potenciales de cambio en Paraguay, no articularon una propuesta hegemónica de acción colectiva tendiente a modificar la estructura de poder en su totalidad. Flanqueados también por sus necesidades y contradicciones, se movilizan de forma fragmentada y sin impugnar directamente los privilegios de las clases propietarias. Es decir, la presión social no se traduce en acciones colectivas encaminadas a impugnar el núcleo duro de las relaciones de poder: el sistema impositivo y las instituciones redistributivas.
Ante la falta de acciones contenciosas para la transformación de la fiscalidad, la solidaridad social continúa con su típica forma ambivalente: por una parte, moviliza la reciprocidad a nivel comunitario, sea en forma de altruismo impuesto (ver Dobrée, 2019, p. 121) sea por el refuerzo de la ideología propietarista para la cual la protección social es gasto y no inversión.
La evaluación desde la sociedad, de la lamentable gestión de la pandemia, se experimentará con las elecciones municipales de finales de 2021. En ellas no se movilizarán solamente las propuestas locales de gestión pública, sino que podrán constituir también una vía de desaprobación plebiscitaria del modelo oligárquico colorado. En efecto, las muertes de muchas personas para un volumen relativamente pequeño de población, da cuenta de que el patrimonio más valioso de una sociedad, su gente, no tiene la misma importancia que los réditos del capital, a costa de la tragedia de las personas y de la expulsión social y el deterioro ambiental.
El modelo oligárquico tiene muchos años más de vida. Con seguridad, muchos más que los que una crisis sanitaria y social pueden significar para la corta memoria de la sociedad paraguaya, acostumbrada –y aquiescente– a la negligencia de sus gobernantes y a la inefable legitimidad social que éstos encuentran, a pesar de todo, en la sociedad.
Luis Ortiz es Sociólogo, docente universitario e investigador social en Paraguay
Referencias
DOBRÉE Patricio (Coordinador). Usos del tiempo y desigualdades en Paraguay. Asunción: CDE.
DUARTE Rocío (2017). Capacidades estatales para la lucha contra la pobreza en el Paraguay. (Tesis de Maestría). Asunción: Inédito.
ORTIZ Luis (2016). Desigualdad y clases sociales. Estudios sobre la estructura social paraguaya. Asunción: CEADUC/CLACSO/ICSO.
PIKETTY Thomas (2019). Capital e ideología. Barcelona: Deusto.
SERAFINI Verónica (2017). Elites y captura del Estado. Paraguay: un estudio exploratorio. Asunción: Decidamos.
ZAVATTIERO Claudina, FANTIN Alejandra, ZAVATTIERO TORNATORE Georgina (2019). Demandas potenciales en salud y cuidados desde los cambios en la dinámica demográfica en Paraguay. Asunción: ICSO.
[1] “South America Covid Hotspot has few short to slow record deaths”, de Ken Parks, publicado en Bloomberg.com el 29/5/21 (https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-05-29/south-america-covid-hotspot-confronts-record-deaths-low-on-shots?utm_source=url_link)
