El 2 de abril de 2021, la agencia oficial de noticias TELAM daba cuenta de una reunión en Cochabamba, donde representantes de Bolivia, Venezuela, Ecuador, Perú y la Argentina (en ese orden en el despacho original) formaron parte de un equipo técnico al cual se había encomendado establecer los principios rectores de Runasur, una iniciativa propiciada por Evo Morales.  Aparentemente los aludidos “representantes” argentinos no revestían carácter oficial alguno.

De Runasur comenzó a hablarse cuando Evo Morales regresó a Bolivia a fines del año 2020. La palabra Runasur resulta de la fusión de “Unasur”, el frustrado intento político de integración regional, y la palabra Runa, que en quechua define al hombre. La idea que subyace al nombre es, según la explicación ofrecida en el despacho de la agencia, la unión del hombre y de los pueblos. El objetivo de la iniciativa consiste en articular una América Plurinacional, en coordinación con movimientos sociales latinoamericanos, indígenas, obreros, personas de la clase media, profesionales e intelectuales.  Runasur es concebido como “un organismo anticolonialista, antiimperialista, anticapitalista, complementario, soberano y articulador”. En la visión originaria de Evo Morales serían “nuevas instituciones de los Gobiernos”. Se trataría de una «Unasur de pueblos indígenas», un proceso de reconstrucción y refundación de los Estados.

Los organizadores de Runasur habían programado reunirse el pasado 21 de diciembre en la ciudad del Cusco, en el Perú.  Evo Morales era uno de los invitados especiales. Pero un grupo de prestigiosos ex cancilleres peruanos, entre ellos Allan Wagner y José Antonio García Belaúnde, había manifestado que “no era posible permitir y menos apoyar a políticos extranjeros para realizar eventos que agreden nuestra independencia, soberanía y dignidad; propician la división entre peruanos y buscan la destrucción del Estado de derecho”.

Probablemente, al menos en parte como resultado de ello, el Congreso el Perú declaró al ex Presidente de Bolivia persona no grata, lo que llevó a que sus organizadores decidieran cancelar el evento en Cusco. 

Por último, cabe llamar la atención sobre la ausencia de referencias a participantes de estas iniciativas que procedieran de Chile, país donde la cuestión mapuche aparece asociada a frecuentes episodios de violencia. La actual Convención Constituyente chilena se ha referido a la plurinacionalidad como «principio», sin explicar sus contenidos jurídicos.

Estos antecedentes exponen iniciativas de algunos dirigentes y movimientos que, en última instancia, parecen alentar en América Latina la pretensión de que los pueblos originarios adquieran un status soberano, integrándose en pie de igualdad con los Estados de la región.  Una hipótesis que, de convertirse en cuestión, sería merecedora de particular atención por su potencial desestabilizador. 

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