La violencia evangélica no existe

La reciente entrevista a Fernando Vaca Narvaja, en la que éste reivindicó con orgullo el accionar subversivo de los años ’70, recuerda el reportaje televisivo a otro de los grandes protagonistas de la violencia setentista, Mario Firmenich, que tuvo lugar a principios de los años ’90 en un programa periodístico de gran audiencia. En esa ocasión, defraudando a quienes esperaban encontrarlo más maduro y reflexivo por el paso del tiempo, capaz de algún grado de autocrítica, Firmenich, asumiendo el aire adusto de un predicador puritano, abrió su discurso citando a Jesús: “No crean que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada” (Mateo 10,34), y a la luz de estas palabras justificó los sangrientos crímenes que él y su organización habían perpetrado en aquel período atroz de nuestra historia. 

Por supuesto que la frase evangélica tiene un significado enteramente distinto: no es una autorización para ejercitar la violencia sobre otros en nombre de Cristo, sino la advertencia de que el cristiano debe estar preparado a padecer la violencia por su nombre, como muy bien entendieron los mártires. Sin embargo, ambos bandos, militares y subversivos, abrazaron la idea de la violencia “santa” con la misma entusiasta y extraviada convicción. Inicialmente, faltó dentro de la Iglesia una masa crítica de laicos, pastores y teólogos que tuvieran la suficiente lucidez, independencia y coraje frente a los bandos en pugna para testimoniar que no existe una violencia “evangélica”. 

Gradualmente, sin embargo, superando diferencias internas y vacilaciones comprensibles en aquel difícil contexto, la jerarquía eclesiástica mostró una reacción saludable, que se plasmó en la condena sin atenuantes a la violencia política de cualquier origen, contribuyendo así al retorno y afianzamiento de la democracia (cf. CEA, Iglesia y comunidad nacional, 1981). El mismo servicio a la paz prestó la Iglesia tras la crisis del 2001, ofreciéndose como ámbito para la Mesa de Diálogo, de cuya primera etapa surgieron propuestas institucionales que merecerían ser hoy recordadas.

Sin embargo, en los últimos años surgieron crecientes amenazas a la paz social, frente a las cuales tanto el episcopado como la sociedad en su conjunto no han logrado todavía encontrar una respuesta suficientemente clara y contundente que guarde proporción con la magnitud de este proceso de deterioro de la convivencia cívica.

Para comenzar, se perpetró una apropiación facciosa de los derechos humanos, la cual abrió el camino para la reivindicación abierta de la lucha subversiva, convertida en una épica inspiradora para las nuevas generaciones, dispuestas a aceptar de modo acrítico la falaz reinterpretación de un pasado que no habían vivido personalmente. 

Muchos movimientos sociales, cooptados desde el Estado con fines políticos, convirtieron los piquetes y la ocupación del espacio público en un método sistemático de agresión a la ciudadanía y de presión sobre las autoridades. Sectores influyentes del sindicalismo se entregaron con temeridad creciente a prácticas violentas como el bloqueo de empresas (en algún caso, incluso, de una ciudad entera, San Nicolás, en abril de este año), y llamaron a huelgas generales, cuyo acatamiento incluye siempre la amenaza de violencia contra los trabajadores remisos.

Los episodios de usurpación de la propiedad privada, si bien no eran novedosos, se multiplicaron al amparo de la inacción del gobierno y de los discursos justificadores de varios de sus funcionarios. El gesto de una diócesis del Gran Buenos Aires que aceptó la usurpación de un terreno de su propiedad frente al lago Mascardi, inspirado sin duda en la buena voluntad, ha sentado un negativo precedente para los vecinos que sufren el mismo delito. Es verdad que los obispos reaccionaron condenando las acciones violentas (CEA, 29-10-21), pero omitieron reafirmar la legitimidad de la propiedad privada. Algunos dirigentes sociales vinculados a las tomas siguieron exhibiendo su cercanía a autoridades eclesiásticas.

Es oportuno recordar, por su especial significación, el homenaje al Padre Carlos Mugica el 10 y 11 de mayo del 2014, al cumplirse 40 años de su asesinato. Su figura fue recordada el primer día en un acto político con asistencia de autoridades eclesiásticas, y luego en un acto religioso acompañado por autoridades políticas. La intención de la Iglesia de Buenos Aires fue la de honrar al sacerdote entregado que sirvió a los pobres con un celo heroico hasta sufrir la muerte. El interés del gobierno, en cambio, fue el de exaltar el relato del “cura montonero y revolucionario”. Mugica no era un violento, pero era un hombre de su tiempo: exponente de una fe politizada, vacilante frente a la lucha armada, admirador del cura guerrillero Camilo Torres y del Che Guevara (el sangriento revolucionario cuyo cuerpo quiso repatriar). Sin embargo, los obispos, que acababan de señalar en una declaración (9 de mayo de ese año) que “la Argentina está enferma de violencia”, prefirieron no aludir a estos aspectos controvertidos, sembrando dudas sobre el real alcance de su gesto. Al parecer, habría disposición para esclarecer este tema en futuros homenajes. 

En los últimos tiempos, muchos dirigentes políticos y sociales (funcionarios incluidos) que invocan una cercanía con la Iglesia institucional se han transformado en agitadores profesionales que, remedando la mística subversiva de los ’70, atizan el odio de clase y multiplican discursos y gestos de provocación: profecías sobre estallidos y derramamiento de sangre; llamado a “puebladas” y cortes permanentes de rutas; acusaciones contra la oposición por “estar viendo quién mata al primer peronista”; los improperios contra los miembros de la Corte Suprema y del Poder Judicial en general; las amenazas dirigidas a toda la sociedad de perpetrar algo terrible “si la tocan a Cristina” y el deliberado desafío a los límites del orden público frente a la residencia de la vicepresidenta. 

El reciente intento de magnicidio en contra de esta última debe ser condenado sin atenuantes. Pero atribuir la responsabilidad de este hecho al “discurso del odio” de la oposición es prueba de un cinismo sorprendente, que confunde maliciosamente conductas como las anteriormente señaladas con las críticas políticas hechas en el marco de la ley, que forman parte normal de la vida democrática. Un honesto examen de conciencia debería llevar a preguntarse si la intensa deslegitimación del Poder Judicial y el anuncio de una negativa a aceptar una eventual condena por hechos probados de corrupción, no alienta (aunque de ninguna manera justifique) reacciones de violencia desesperada. La defensa de la democracia debe ser integral, incluyendo el sometimiento de todos a la ley y a la Justicia.

En este contexto es preciso recordar que la Iglesia –entendida no sólo en su cuerpo jerárquico, sino incluyendo el pueblo de Dios en su totalidad– sigue siendo un actor social y para muchos un referente ético decisivo. En una carta dirigida a la vicepresidenta, la CEA, junto a otras instituciones (DAIA, Centro Islámico y el Instituto para el Diálogo Interreligioso), expresó: “Creemos firmemente en el valor inalienable de la vida y rechazamos cualquier forma de violencia e incitación a ella, así como todos los discursos que nos enfrentan e impiden aquellos debates imprescindibles en los que discutamos ideas”. En tiempos de tanta tensión social, esta breve declaración nos invita a esperar que la Iglesia Católica retome en sus palabras y en todos sus gestos, con la misma convicción con que lo hizo en diversas ocasiones del pasado, este mensaje claro y firme: la violencia nunca es ética, la violencia nunca es evangélica.