El desastre que asuela a las provincias de Formosa, Chaco, Santa Fe, Corrientes y Entre Ríos por precipitaciones pluviales de magnitud sin precedentes, tanto en la zona como en la cuenca superior de los ríos Paraguay, Paraná y Uruguay, asume proporciones de catástrofe. Que más de 130.000 personas hayan debido abandonar sus hogares nos da una idea del sufrimiento presente, pero son muchos miles más los que están amenazados por el hambre en el futuro.
Ante el dolor, la respuesta de la sociedad ha sido la solidaridad expresada en la donación de ropas y víveres, y en el trabajo voluntario de miles de personas de buena voluntad. Qué deleznable contraste el ofrecido por funcionarios nacionales y provinciales, que no encontraron mejor manera de hacer política que reetiquetar las donaciones y desviarlas a los locales partidarios para lucrar políticamente con la desgracia ajena.
Las inundaciones provocadas por los efectos de la corriente de El Niño, si bien del todo excepcionales, no fueron inesperadas. Habían comenzado a fines del año pasado, y los pronósticos meteorológicos las auguraban. Por eso la imprevisión y la desorganización manifestada por los diferentes organismos del Estado configuran un claro caso de injusticia. En efecto, es responsabilidad de la autoridad pública administrar los recursos fiscales y crediticios internacionales de forma tal que la vida y los bienes de los ciudadanos sean eficazmente resguardados. En este caso no lo han sido. Ni las obras de defensa se hicieron en tiempo y forma, ni las tareas de rescate y de apoyo fueron realizadas en forma coordinada, eficiente y rápida, demostrando así que todo se improvisó sobre la marcha, como de costumbre.
Esta improvisación se traslada ahora a la obtención de recursos. El presupuesto nacional cuenta con centenares de millones de pesos de fondos reservados, pero de esto nada se toca. Los legisladores votan donar el 25% de sus sueldos de un mes, pero al mismo tiempo el presidente de la Cámara de Diputados aumenta el monto de la partida de gastos para cada diputado. Mientras el Estado sigue derrochando los recursos públicos, la DGI duplica el monto de los anticipos a pagar en junio so pretexto de solidaridad pero en realidad para cerrar las cuentas ante el FMI. De la baja del gasto público y de la reasignación de partidas ni se habla. Por el contrario, se siguen creando secretarías de Estado, como en la Cancillería, para ubicar a una amiga del Presidente, o estructuras para favorecer la campaña desembozada del nuevo secretario de Desarrollo Social.
Como cristianos nos reconforta comprobar la gran confianza que Cáritas -el órgano oficial de la Iglesia en materia de caridad- despierta en la gente. Ante la emergencia, ha sido un instrumento eficaz de ayuda a los necesitados (de la cual se informa en otra sección de este número). Sabemos que, junto con otras instituciones, ya está preparando el operativo Regreso con Esperanza III. La experiencia de inundaciones pasadas indica que, pasado el pico de la emergencia, se corre el riesgo de olvidar que son innumerables los pobres y no tan pobres que han perdido sus instrumentos de trabajo, y por ende la posibilidad de subvenir a sus necesidades. Será necesario ayudarlos para que los recuperen.
Reconstruir lo dañado o destruido demandará años de esfuerzo e ingentes sumas de dinero. Hacemos votos para que la tarea sea asumida como un deber de justicia y como una cuestión de Estado. No es hora de politiquería, sino de un esfuerzo concertado para que las soluciones contemplen adecuadamente los riesgos futuros. Será responsabilidad nuestra contribuir a que los medios de comunicación no se olviden de los inundados.
