Los ciudadanos vivimos un clima de expectativa en la que se mezclan los sobresaltos con la esperanza. Al resultado de las recientes elecciones/plebiscito, se agregan los escasos dos años que quedan para definir el signo del próximo equipo gobernante. Los discursos de la reciente campaña electoral nos muestran cautivos de una política literaria indiferente a la realidad.  Esa forma de expresión política, no es exclusiva de un partido y en realidad oculta –o pretende hacerlo– la diferencia sustantiva entre valores proclamados y conductas, las  que generalmente van por el lado más sombrío de la realidad.

Que el gobierno llame al diálogo implica el reconocimiento de que hasta ahora ha privado el monólogo. Esta es la verdadera cara del proclamado modelo que, por lo que se observa, se refiere más a una metodología para administrar el poder que a un programa de gestión. Y es probable que el diálogo sea una nueva forma de cambiar las apariencias para conservar el núcleo duro de la administración: disciplinar voluntades con la zanahoria o el garrote, es decir, con la caja o el ostracismo político. A pesar de las vacas flacas y un poder político declinante es mucho lo que el poder K todavía puede negociar. Lo hará en primer lugar puertas adentro del PJ, repartiendo los privilegios que le quedan por conceder a gobernadores, intendentes, sindicalistas y empresarios amigos a cambio de impunidad  y acaso de posiciones expectantes para el próximo turno electoral. Si un mérito tiene la administración vencida es que no pierde su capacidad de iniciativa ni su movilidad ideológica, creando un escenario de expectativas en el que la oposición parece pintada. Por eso, aunque es bueno mirar y atender el llamado del Ejecutivo, ahora es más importante fortalecer y observar el comportamiento del poder legislativo, donde se determina el mediano y largo plazo, donde se consolidan las verdaderas alianzas que se traducen luego en programas y acciones de gobierno.

En efecto, la oposición tiene la gran oportunidad, en los próximos dos años hasta las elecciones de 2011, cuanto menos de marcar la cancha para remover obstáculos que permitan un salto de legitimidad. A título de hoja de ruta, se trata de las problemáticas referidas a la solvencia fiscal, la vigencia de superpoderes, el sinceramiento de las estadísticas públicas, el Consejo de la Magistratura y obviamente, la reforma política con el resultante régimen electoral. Todas cuestiones que permiten elevar la “política literaria” a un discurso que no se reduzca a simples contragolpes a las ocurrencias del adversario.

Por encima de estos problemas flotan cuestiones más definitorias del país que queremos construir. Se refieren a qué tipo de poder y cuáles son los atributos de su legitimidad, cuestiones que ocuparon y ocupan el pensamiento político de los últimos siglos. Simplificando decimos que queremos un poder ejercido en el marco de la ley que ha sido legitimada democráticamente. Estas cuestiones no se resuelven en dos años y menos aun en medio de la turbulencia. Pero su tratamiento y principio de solución comienza después del día que nos propongamos resolver la transición hacia un gobierno más trasparente, más abierto al diálogo, más modesto, que es lo mismo que decir sanamente ambicioso.

La oposición debe proponer una clara agenda legislativa que haga posible este camino. Acaso un primer paso sea impulsar de una vez por todas con la eliminación de la delegación legislativa, dispuesta por la Constitución de 1994 y varias veces postergada, de manera que el Congreso reasuma en plenitud las facultades que le son propias rescatando el lugar de los debates de fondo que el país necesita. Urge pensar además la gobernabilidad de hoy, dado que la Presidenta ha demostrado débil capacidad de gestión y negociación. El tránsito debe ir por los carriles constitucionales, pero no puede pensarse seriamente que un mero lifting del gabinete signifique alguna solución. La oposición, toda la dirigencia, y la sociedad civil  deben comenzar a armar un andamiaje político con la mirada más allá de la declinación de la facción gobernante.

Es una empresa no exenta de dificultades, porque la acción legislativa –por eficiente que sea– no puede sustituir los déficits de gestión administrativa. Pero esta última es lo que sabemos que es y aquélla está aún por verse.

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