La diputada nacional por el GEN expone las posibilidades que la política debe ofrecer a las nuevas generaciones.
Para quienes cargamos años de militancia política, las reivindicaciones juveniles de todos los tiempos no dejan de ser una dosis de oxígeno en medio de una participación política cada vez más inundada por la mediatización, el exacerbado pragmatismo sin ideas y el electoralismo como parte de la inmediatez que marca nuestro tiempo.
El ideal o visión de una Argentina igualitaria, en la que todas las personas puedan ejercer con plenitud sus derechos, atiende esa mirada rebelde de una juventud que no pierde su capacidad para soñar y demandar, desde un papel protagónico que se ha ido acentuando especialmente a partir del debate sobre su participación electoral (votando) desde los 16 años. Hemos acompañado esta decisión, procurando salir de la trampa planteada desde posiciones tan antagónicas como oportunistas, de quienes entendían a los jóvenes como expresión de una clientela cautiva y entonces era buena o mala según donde terminara tributando. Esa posibilidad de votar abre a la juventud la oportunidad extraordinaria de ampliar derechos, participar activamente en el diseño de la sociedad y el futuro que ellos quieren. Porque de eso se trata cuando hablamos de una democracia que se fortalece con más y mejores espacios de participación popular; y donde ésta se da no en la mera superficialidad del acompañamiento a otros, sino en la capacidad de incidir en la toma de decisiones.
El primer conflicto a resolver para los jóvenes de nuestro tiempo es extirpar –de la consideración práctica de una sociedad que mantiene firme su característica discriminatoria– la estigmatización que recae sobre ellos por su sola condición etaria. Se los mira, se los cuestiona, se los aparta y se los juzga simplemente por ser jóvenes. A partir de allí, vienen sufriendo una serie de dificultades vinculadas con las escasas posibilidades que nuestro tiempo ofrece para poder ejercer sus derechos y tener una participación activa en el desarrollo social. Me refiero a las dificultades para obtener empleo en condiciones de dignidad y protección legal, para acceder a una vivienda a través de cualquiera de los mecanismos que hoy el Estado no asegura, o simplemente planes de salud, de prevención, de asistencia o de acceso a educación de calidad.
En la satisfacción de estos derechos radica la razón de ser del voto para que los jóvenes puedan expresar su voluntad electoral, porque les abrirá puertas para ingresar en el otro debate, que es el de sus derechos económicos, sociales y culturales.
La juventud de nuestro partido GEN ha esbozado estas cuestiones en una campaña gráfica y virtual que apunta a “los derechos que nos faltan”, definiendo con precisión “Las 16 razones para votar”. Entendemos que esto es lo que justifica y le da fuerza a la posibilidad de los jóvenes de emitir su voto a partir de los 16 años. Las 16 razones son:
1. Ley de empleo joven: por un trabajo digno y salario justo;
2. Ley de vivienda joven: para promover el acceso a la primera vivienda;
3. Ley de centros de estudiantes: por la participación libre y democrática en las escuelas;
4. Ley de boleto estudiantil: por más posibilidades de acceso a la educación;
5. Ser joven no es delito: contra el gatillo fácil, la persecución y la represión policial;
6. Educación sexual integral: por el cumplimiento de la ley de educación sexual;
7. Pueblos con jóvenes: condiciones de arraigo en las ciudades del interior;
8. En defensa del ambiente: por nuestros recursos naturales y un ambiente sano;
9. Despenalización: por una política integral contra las adicciones y combate al narcotráfico;
10. Derecho a reclamar: contra la criminalización de la protesta social;
11. Enfrentar la corrupción: con dirigentes honestos que terminen con el “roban pero hacen”;
12. Contra el clientelismo: por una alternativa de gestión transparente y más participativa;
13. Derecho a ser candidato: si los jóvenes podemos elegir, también podemos ser elegidos;
14. Contra el doble discurso K: que dice ser progresista pero en la realidad resulta conservador;
15. Todos los derechos: firma y ratificación de la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes; y
16. Democracia participativa: para hacer valer tu opinión siempre, no sólo con el voto.
Estos puntos, que tan claramente explicitan las demandas juveniles, deben ser parte de un fuerte y amplio compromiso democrático para generar políticas públicas como respuestas frente al sector. En definitiva, la discusión y adopción de estas políticas será un refuerzo para una democracia desde la concepción progresista, que nos permita mirar hacia el futuro. Lo que es necesario eludir es cualquier proclama discursiva que intente decir a los jóvenes que deben esperar que llegue ese otro tiempo, sin poder ejercer en su presente, la totalidad de los derechos que nuestro sistema constitucional y los convenios internacionales ya les están asegurando.
Por otra parte, la definición de una política pública implica también un compromiso de permanencia, de sostenibilidad de las medidas, que debe trascender incluso las contingencias de los procesos electorales y los eventuales cambios de gobiernos. En tal sentido, la priorización de la juventud en la definición de los modelos de desarrollo local también implica la apertura de los procesos de transformación más eficaces en torno al cambio de condiciones contextuales que dichas políticas deben contemplar.
La inclusión de los jóvenes en los procesos de deliberación, definición e implementación de las políticas es también un elemento fundamental en la construcción de una ciudadanía juvenil basada en las estrategias de participación, así como de la integración que deben asegurar en el contexto territorial en el que se desarrollan. Es decir, las herramientas de construcción de esa ciudadanía deben ir de la mano de una política general destinada a eliminar las condiciones de desigualdad que existen hoy en nuestra sociedad. La educación sigue siendo la principal herramienta que el Estado debe garantizar en acceso, calidad y equidad, no sólo para la inclusión y el desarrollo, sino para la movilidad social, en términos individuales y colectivos.
Daniel Arroyo, presidente de Poder Ciudadano y ex ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, en un artículo titulado “La inclusión de los jóvenes es la prioridad”, para la revista Diálogos del I-gen, dice que se trata del “desafío más importante en materia social de la Argentina y una prioridad nacional donde tenemos que volcar todos los esfuerzos del Estado, la sociedad civil y el mundo del trabajo y la economía (…). Tenemos que acompañarlos para sostenerse, mantener el ritmo, no caerse, ponerse de pie, volver a creer, volver a tener motivos para el compromiso y para el desarrollo de todas sus capacidades (…). La idea de que los jóvenes son el futuro es un buen concepto en la medida en que hagamos algo hoy. Encarar acciones que realmente tengan impacto sobre la vida cotidiana y aumenten la autoestima y la vocación emprendedora. La Argentina del futuro empieza ahora, invertir en los jóvenes es invertir en desarrollo”.
Es necesario, entonces, tener una agenda de prioridades, acciones, estrategias y compromisos. Esa es la definición de nuestra política. Junto a la educación, el emprendimiento y la innovación serán también elementos constitutivos de un nuevo modelo de desarrollo para el colectivo juvenil. Pero, fundamentalmente, el cambio de paradigma ético y cultural como desafío de nuestro tiempo es brindar a los jóvenes las condiciones para el ejercicio de sus derechos y libertades. Porque la política necesita también ser orientada por un conjunto de valores democráticos que excedan el plano de lo institucional para formar parte de la cultura de la convivenc
