Divorciados en nueva unión: entre la ley y la gracia

Un recorrido sobre la situación sacramental de los divorciados vueltos a casar en la Iglesia. Análisis y perspectivas en torno a uno de los temas controvertidos del Sínodo de la Familia.

Por diferentes motivos, el Sínodo extraordinario sobre la familia encuentra el debate sobre la comunión de los divorciados y vueltos a casar planteado en términos inadecuados y engañosos. En efecto, daría la impresión de que en él se enfrentan dos partidos bien definidos y contrapuestos: el “partido de la misericordia”, liderado por el cardenal Walter Kasper, y que contaría con el beneplácito del papa Francisco, y el “partido del rigor”, cuya cabeza visible sería el cardenal Gerhard Müller, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y autor junto con otros cardenales del libro Permanecer en la verdad de Cristo, de próxima aparición, donde defiende la disciplina tradicional de la Iglesia sobre este tema.

Este planteo de misericordia versus rigor constituye un grueso error. Ambas posiciones son, más allá de sus diferentes acentos, esfuerzos serios por aplicar el principio de la misericordia. En efecto, la disciplina actual de la Iglesia lleva este principio casi tan lejos como es posible en el marco de la actual doctrina católica sobre el matrimonio. La exhortación apostólica Familiaris consortio n.84 ha encuadrado la situación de los divorciados vueltos a casar dentro de las llamadas “situaciones irregulares”, expresión referida a todas aquellas convivencias “al modo del matrimonio” que carecen de las condiciones necesarias para ser reconocidas como legítimas por el derecho canónico. Se trata de una caracterización jurídica y objetiva que no prejuzga sobre la situación subjetiva de las personas ante Dios. Por eso mismo, la imposibilidad de acceder a la comunión sacramental no puede ser interpretada como una sanción (p.ej., una “excomunión”), sino como la consecuencia intrínseca de la contradicción entre esa situación canónica y el significado de la eucaristía.

Por consiguiente, la situación irregular no es siempre situación de pecado. De otro modo, la Iglesia debería exhortar a todos los divorciados vueltos a casar a que abandonen sin demora tal situación. Pero es claro que muchos de ellos, habiendo contraído responsabilidades con las nuevas familias, no podrían volver atrás sin pecar. La invitación de Familiaris consortio dirigida a estas personas para que participen de la vida de la Iglesia, incluyendo la celebración eucarística, para “implorar día a día la gracia de Dios” (lo que supone la permanencia en su nuevo estado) sería incomprensible si se tratara de una situación de pecado mortal. Es precisamente esta distinción entre situación irregular y situación de pecado lo que permite a la exhortación apostólica reconocer las grandes diferencias que se dan entre las diversas situaciones, desde el caso de los que destruyeron el matrimonio por su culpa hasta el del cónyuge inocente abandonado.

Por otro lado, es cierto que el cardenal Kasper propuso en 1993, junto con otros obispos alemanes, un procedimiento que implicaba una flexibilización de la disciplina eclesial. Pero de ninguna manera consistía en una admisión generalizada de los divorciados vueltos a casar a la comunión, sino de un acompañamiento eclesial caso por caso, que no cuestionaba la doctrina sobre este tema.

La pretendida contraposición entre misericordiosos y rigoristas oscurece el hecho de que las dos posiciones parten de los mismos presupuestos: la aceptación plena de la doctrina actual de la Iglesia sobre la indisolubilidad matrimonial, que debe permanecer inalterada y, por lo tanto, la idea de que la misericordia debe desenvolverse exclusivamente en el ámbito de la aplicación pastoral, procurando atenuar en lo posible sus consecuencias más duras en la vida de las personas. Y son precisamente estos presupuestos compartidos, más que las diferencias superficiales, lo que debe ser seriamente revisado.

¿Misericordia “pastoral”?

La idea de que la doctrina no se debe tocar y que la misericordia debe ser puramente pastoral es completamente ajena al Evangelio. Ni siquiera Kasper, autor de un valioso libro sobre la misericordia, ha reparado en este punto. Por ejemplo, en Mateo 12,1-8, cuando los fariseos critican a Jesús porque sus discípulos arrancan espigas en sábado, violando supuestamente la Ley, él no les responde: “Ustedes tienen razón en cuanto a la doctrina, pero tratemos de no ser tan duros con estas personas débiles e ignorantes”, sino que les echa en cara que no han entendido la Ley: “Si hubieran comprendido lo que significa: «Yo quiero misericordia y no sacrificios» no condenarían a los inocentes”. La misericordia es la luz que permite entender cuál es la voluntad de Dios, y por lo tanto cuál debería ser la doctrina, y no se reduce a un recurso meramente práctico para atenuar su dureza.

Desde este punto de vista, tanto la disciplina actual, eventualmente suplementada por una facilitación de los procesos de nulidad matrimonial, como algún procedimiento alternativo análogo al propuesto por Kasper (y en su momento, también por el teólogo Joseph Ratzinger), serán soluciones parciales y, como se suele decir hoy, no sustentables. La disciplina actual es difícil de entender para personas que no tienen un grado bastante elevado de formación cristiana, es enseñada poco y mal por los pastores, y sobre todo no tiene posibilidad de prolongarse por mucho tiempo más. En efecto, los fracasos matrimoniales, sin gran diferencia entre matrimonios sacramentales y no sacramentales, se ha estabilizado en torno al 50%. Si hacemos números, y consideramos el efecto expansivo que esto de hecho tiene en las familias, en pocos años no serán muchos los que puedan recibir la eucaristía. Siempre, claro está, que no suceda lo mismo que con la anticoncepción, es decir, que la gente termine por auto-absolverse y se acerque a comulgar sin esperar autorizaciones oficiales.

Pero también el modelo de la admisión personalizada nacería con los años contados. Si bien funcionaría como una provisoria válvula de escape, disminuyendo la presión de “las bases”, llevaría rápida y necesariamente a un cuestionamiento de la doctrina de la indisolubilidad matrimonial y de la eucaristía.

Cualquiera de las alternativas mencionadas por sí sola no es más que remiendo nuevo para un vestido viejo (Mc 2,22): la rotura se hará más grande.

¿Qué quiso decir Jesús?

Pero, ¿es posible pensar en otras posibilidades? ¿No fue Jesús completamente claro y terminante al afirmar la indisolubilidad del matrimonio y prohibir el divorcio?

En primer lugar, hay un grave error en la interpretación de los dichos de Jesús. Éstos se explican como si fueran textos extraídos del Código de Derecho Canónico. Se olvida que Jesús siempre rechazó los intentos de sus adversarios de arrastrarlo al plano jurídico. Cuando los fariseos le preguntan si es lícito al hombre divorciarse de su mujer por cualquier causa (Mateo 19,3) están procurando precisamente eso: hacerlo discutir sobre leyes. Jesús se niega porque sobre eso ya habló Moisés (el legislador), que se los permitió “por la dureza de sus corazones” (v.8). En una palabra: el legislador muchas veces no puede cambiar las costumbres y debe conformarse con regularlas y prevenir sus consecuencias más negativas. Pero a continuación, Jesús les recuerda que “al principio no fue así”: Dios creó al hombre y a la mujer para que se hicieran “una sola carne”. Es preciso no conformarse con cumplir la ley, sino buscar de corazón la realización de ese ideal originario.

Es claro que Jesús no está derogando la “ley de Moisés”, es decir, la función de la ley humana, que no puede mandar todo lo que es bueno ni prohibir todo lo que es malo: el corazón de los seres humanos es “duro”, y la ley debe aceptar la realidad de que muchos matrimonios fracasan, y regular estas situaciones para proteger los derechos de las partes y limitar los daños en la medida de lo posible. Jesús no dicta una nueva ley en sustitución de la anterior, sino que nos llama a realizar la voluntad de Dios que va más allá de la ley. Sus afirmaciones sobre el divorcio deben ser entendidas en este marco: son un ideal normativo, que la ley es impotente para realizar.

Por ello las primeras comunidades cristianas no vieron en las palabras de Jesús una ley intocable, sintiéndose autorizadas para aplicarlas creativamente. Mateo, por ejemplo, introdujo una cláusula de excepción para el caso de “fornicación” (cf. 5,32; 19,9). San Pablo admitió que si en un matrimonio de no bautizados uno se convertía y el otro no quería continuar cohabitando pacíficamente, el bautizado quedara libre (1 Cor 7,12-16). La Iglesia ortodoxa se fundó en cláusula mateana para establecer el régimen de la “oikonomia” que permite las segundas nupcias (aunque, al parecer, no sacramentales), y que la Iglesia latina nunca condenó. Pero ésta, por su parte, elaboró en base a la concesión de Pablo el llamado “privilegio paulino”, autorizando al cónyuge bautizado a contraer nuevas nupcias, con lo cual quedaba libre del primer matrimonio: un verdadero divorcio, que iba más allá de las palabras del Apóstol.

Y no sólo con el tiempo se fue ampliando el alcance del privilegio paulino, sino que se desarrolló lo que se dio en llamar el “privilegio petrino”, generalmente referido a casos de disolución de matrimonios no sacramentales “a favor de la fe”, por autoridad del Sumo Pontífice. Por ejemplo, Pablo III en su bula Altitudo divini consilii (1537) autorizaba al jefe indio que una vez convertido no recordaba cuál era su primera esposa, a elegir una entre todas ellas. Y Gregorio XIII, en su bula Populis et nationibus (1585), permitía que el esclavo converso que se encontraba lejos de su tierra volviera a casarse, aunque no tenía forma de saber si su primera esposa estaba viva o dispuesta a convertirse junto con él. De más está decir que las aplicaciones del privilegio petrino, como las del paulino y más aún, se ampliaron progresivamente.

¿Dónde está el límite?

La práctica de la disolución de vínculos matrimoniales, sin embargo, encuentra hoy un límite aparentemente insuperable: el matrimonio sacramental, “rato” (“válidamente celebrado”) y consumado es, según el magisterio actual, absolutamente indisoluble: “no puede ser disuelto por ningún poder humano, ni por ninguna causa, fuera de la muerte” (CIC 1141). Esta doctrina es resultado de una decisión salomónica del papa Alejandro III, en el siglo XII, que busca un compromiso entre la enseñanza de Graciano (escuela de Bologna) y de Pedro Lombardo (escuela de París).

Explicar por qué no se puede disolver un matrimonio sacramental y sí uno “natural” (no sacramental) es ya una empresa ardua, porque Jesús excluye esa distinción con su referencia al “principio”. Pero lo más curioso es el requisito de la consumación: basta con que los esposos realicen un solo acto conyugal, para que instantáneamente su matrimonio se vuelva absolutamente indisoluble. La pregunta que se impone es: ¿por qué? ¿Es ésta la “doctrina” que no se debe tocar?

Un matrimonio puede haber fracasado de modo irreversible, puede no quedar rastro alguno de la vida en común o del afecto recíproco, y cada cónyuge puede no haber tenido noticias del otro por largos años. Sin embargo, siguen unidos por un vínculo incomprensible, que según la enseñanza católica actual, es signo del amor de Cristo por la Iglesia y por lo tanto, indisoluble.  ¿De qué se está hablando? Difícil saberlo, máxime cuando la Iglesia define el matrimonio como “alianza de amor”. ¿Qué puede tener que ver ese fantasmal “vínculo” subsistente con una alianza de amor?

Sin embargo, según la actual enseñanza de la Iglesia católica, no se considera “autorizada” para disolver este tipo de uniones. Ahora bien, ¿cómo esperaría la Iglesia llegar a conocer una eventual “autorización” divina? ¿Por una revelación especial? ¿Por qué no puede bastar el discernimiento eclesial hecho con espíritu de amor y de fe?

La misericordia “doctrinal”

Por todo lo dicho, resulta claro que cuando la misericordia entra recién en el momento aplicativo de la doctrina, llega tarde. Ella debe estar presente desde el inicio, en la comprensión misma de la verdad, de la voluntad de Dios. No se puede empezar construyendo una doctrina completa para después meter adentro a las personas. Las doctrinas se elaboran y refinan en un ida y vuelta con la realidad y sus exigencias. Esas exigencias son las propias del bien integral de las personas. Y forma parte de ese bien que nunca se les cierre la posibilidad de buscar su felicidad también en este mundo, y de reconstruir sus vidas después de un fracaso. Si una doctrina no es apta para dar una respuesta satisfactoria a esta aspiración, es un problema de la doctrina, no de las personas.

Desde esta perspectiva, no hay motivo para poner límites definitivos al proceso de interpretación de la indisolubilidad matrimonial que ha desarrollado la doctrina y la praxis de la Iglesia a lo largo de tantos siglos, y que la ha llevado a extender progresivamente las disoluciones del vínculo “a favor de la fe”, del bien espiritual de los fieles. La doctrina de la indisolubilidad absoluta del matrimonio sacramental, rato y consumado, debe ser revisada, y el argumento de la falta de autoridad de la Iglesia para hacerlo debe ser desmentido por una honesta y trasparente consideración de la historia.

La búsqueda de soluciones “pastorales” será siempre necesaria para acompañar situaciones que no se puedan regularizar por falta de disposición de las partes o por falta de los requisitos canónicos para el reconocimiento de su unión. Pero el crecimiento explosivo del número de los divorciados y vueltos a casar testimonia no sólo carencias de la cultura actual, sino también debilidades e inconsistencias en la doctrina y la disciplina de la Iglesia. La solución de este grave problema no puede prescindir entonces de la elaboración de un renovado marco doctrinal que permita establecer un procedimiento eclesial serio y riguroso para la disolución del vínculo cuando el matrimonio ha fracasado definitivamente. Esto no atentaría contra la indisolubilidad del matrimonio, porque la misma no es otra cosa que el fruto de un amor conyugal logrado y pleno que se convierte cada vez más en signo viviente del amor de Dios. Se trata de una vocación y una gracia. Algo que no se puede imponer por ley.