En sugestiva coincidencia con la visita del presidente Menem a Francia, país que guarda viejas deudas por cobrar contra la Argentina por casos de víctimas -de origen francés- de la represión militar en el período 1976-83, el juez federal Marquevich encarceló a Jorge Rafael Videla. Fue un procedimiento espectacular del que habían sido previamente advertidos algunos medios de prensa, y llamativamente desproporcionado, ya que su objeto era que Videla declarara, dos días después, como simple testigo en una causa penal.

 

Luego de que el detenido se negara a declarar, tal como es su hábito desde 1983, quedó preso a disposición del juez en un presidio común. Se le imputa un delito que, según autorizadas opiniones, habría sido ya materia de juzgamiento en la famosa causa contra las juntas militares, y por tanto, sobre el que hubo juicio y absolución. De ser así, esta nueva prisión, y este nuevo juicio, serían contrarios a derecho. Pese a ello, muchas personas sienten reconfortado su sentido de justicia viendo a Videla en la cárcel; máxime cuando la responsabilidad que se le achaca ahora es por delitos particularmente deleznables, como la sustracción de niños nacidos en cautiverio según un plan y unas instrucciones a las que el máximo jefe militar de entonces no podía haber sido ajeno.

 

No queda muy claro a quien beneficia este episodio. El Gobierno se apresuró a buscar un rédito en él mejorando su imagen internacional, afectada en este campo por los indultos a los condenados y por la defensa pública de personajes como el ex capitán Astiz. Pero ahora se enfrenta a las consecuencias insospechadas que puede tener una reapertura de estos procesos judiciales, si llegan a afectar a militares en actividad (porque por Videla mismo, y por sus inmediatos secuaces, pocos están dispuestos a movilizarse). Entre tanto, crece la sospecha de que la espectacular medida de un juez afecto a estas exhibiciones, detuvo en lo inmediato un inminente pedido de juicio político en su contra.

 

Previsiblemente, al final nadie quedará contento. Quienes creen que Videla nunca debió dejar el penal que lo alojaba hasta su indulto, porque quizá lo verán volver a su vida de jubilado. Las Fuerzas Armadas, porque habrán percibido que el fantasma de los procesos judiciales por sus actuaciones pasadas sigue sobrevolando sobre ellas. El Poder Judicial, porque posiblemente sume un episodio más que cimente su pronunciado descrédito público. La oposición, porque cualquier cosa que pase quedará descolocada. Y el Gobierno, porque la suma de malestares muy probablemente revierta en su contra. Si esto es así, los intereses personales y sectoriales habrán prevalecido otra vez más sobre una Justicia largamente esperada, añorada y lejana.

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