La lucha por el poder forma parte de la vida política de un país, con sus consecuentes tácticas y estrategias para conseguirlo. No obstante, éstas requieren un conjunto básico y mínimo de reglas del juego dentro del cual desarrollarse: el marco institucional es insoslayable. Cuando se lo transgrede, una sociedad elimina sus contenciones, queda sencillamente expuesta al torrente de las pasiones personales y políticas, de los intereses puramente egoístas, de las decisiones excluyentemente partidarias. Queda a la intemperie institucional.

 

En nuestra Argentina, la consecución ilimitada del poder por parte del presidente en ejercicio, Carlos Menem, está llevando a la sociedad al desabrigo de los mecanismos institucionales que ordenan nuestra vida política y protegen nuestras relaciones civiles. Sin estas protecciones, el país queda de inmediato librado a las consecuencias de una lucha partidaria feroz, como la que se advierte, y de cualquier acto demagógico que pueda surgir de una desvirtuada forma de participación denominada consulta popular.

 

Este afán desmedido del presidente Menem por no dejar su cargo se apoya sobre un mecanismo institucional y político: la reelección presidencial. Ello supone no sólo la modificación de la Constitución subordinándola a un interés particular, inmediato y de corto plazo (por sobre el interés general), sino también su transgresión.

 

Se trata de un signo claro de manipulación de las instituciones, es decir, de utilización de los mecanismos de cambio institucional para fines particulares, agravado por la circunstancia de que el beneficiario es aquel a quien la Constitución le encomienda su custodia y control.

 

La inseguridad jurídica

 

Esta manipulación, sumada a lo que se sabe y se sospecha acerca de la corrupción, no hace más que golpear y debilitar la confianza social en las instituciones.

 

La consecuencia más directa de esta desconfianza es lo que se ha dado en llamar falta de seguridad jurídica. Esto es, la presunción y la expectativa de los ciudadanos de que sus acciones y las de los otros no se desarrollan dentro de un orden legal cierto y esperable. Muchos consideran -con razón- que se trata de un dato de importancia para los grandes inversores. Pero éstos disponen de recursos con los que no cuentan los ciudadanos comunes para adaptarse a esas circunstancias, y a beneficiarse de ellas, como sucedió en el caso IBM.

 

Si quienes deben velar por el orden constitucional, lo modifican para sus propios fines políticos y de corto plazo, ¿qué expectativa sino la incertidumbre se cernirá sobre el funcionamiento cotidiano de nuestras instituciones? Sobre lo que no caben dudas es que en ese escenario los más perjudicados serán invariablemente los sectores más carecientes de la sociedad.

 

En 1994 la reforma fue legítima –de acuerdo con lo establecido por la Constitución–, pero no contribuyó a la seguridad jurídica de los ciudadanos, por el sencillo motivo de que fue hecha en vista de un interés político inmediato –la reelección–, y no de la mejora del sistema constitucional.

 

La transgresión institucional

 

El actual intento reeleccionista no sólo profundizará la inseguridad jurídica en nuestro país. A diferencia de lo ocurrido en 1994 el oficialismo, ante la imposibilidad de obtener el quórum necesario para una eventual reforma constitucional, ha avanzado en la búsqueda de los más diversos artilugios que significan una ruptura del marco político establecido por la Constitución. Ello conduce al país, de manera grave, a la situación de intemperie institucional.

 

El primer paso fue la instalación de un clima dramáticamente confuso acerca del suelo constitucional sobre el que habitamos. En poco tiempo fuimos expuestos a creer que la Constitución no dice lo que dice, que se la puede modificar como no permite que se la modifique, que quien no puede ser reelegido según sus términos puede serlo, que el pueblo opine acerca de lo que la Constitución no lo autoriza.

 

El problema mayor del actual intento reformista no es sólo la eventual transgresión del orden constitucional sino los fundamentos mismos subyacentes a tal iniciativa.

 

La estrategia populista, con su apelación al método de las consultas populares, ha confundido y cegado a distintos sectores. Algunos, seguros de un triunfo electoral, creen que es la mejor herramienta para detener la estrategia presidencial. Otros, abrumados por la ofensiva menemista, perciben que es el método más adecuado para enfrentarla. Al calor del momento y de sus propias necesidades -informativas y comerciales-, no pocos medios de comunicación ceden a la seducción de las encuestas. Desde motivaciones diversas, todos convergen en una enloquecida carrera por detectar y estimular la opinión de la gente respecto de la nueva reelección presidencial.

 

Consciente o inconscientemente, sectores de la sociedad civil y política no sólo han cedido a la tentación menemista sino que han aceptado un principio que se yergue como una amenaza para la vida institucional: en el mismo momento en que se considera que el plebiscito o cualquier tipo de consulta popular constituye un método apto para decidir la reelección presidencial, se acepta el principio de que la gente, la voluntad popular o la mayoría democrática tiene en sus manos la posibilidad de reformar la Constitución cuándo y cómo quiera. Esta posibilidad no es otra cosa que someter el fundamento mismo de nuestra ley al imperio de la discrecionalidad.

 

La aceptación de este principio abre una seria grieta en la protección que nos brindan las instituciones como individuos y como comunidad política. Nos expone a cualquier tipo de arbitrariedad, en la medida en que implica ceder a la discrecionalidad que puede surgir de las pasiones humanas en el nombre de la consulta popular.

 

Por qué una Constitución

 

El sentido mismo de una Constitución es limitar la posibilidad de arbitrariedades en que pueda incurrir la mayoría, y los gobernantes sustentados en la supuesta voluntad de la mayoría. La red de mecanismos e instrumentos institucionales previstos en nuestra Carta Magna (modo de elección de los funcionarios, duración de sus mandatos, división de Poderes, sus atribuciones) es un complejo, inteligente y delicado tejido cuya última finalidad es ordenar el sistema de decisiones de modo tal que se imposibilite el abuso por parte de algún sector de la comunidad.

 

Al diseñar y acordar nuestra Constitución, como comunidad política hemos “atado nuestras manos” para que en el futuro no cedamos a nuestros propios intereses inmediatos, pasiones súbitas, preferencias particulares o a las tentaciones hegemónicas de líderes circunstanciales como el presidente Menem.

 

Este compromiso no nos ata hasta inmovilizarnos; sólo establece la manera en que podemos actuar para asegurarnos de que la decisión sea meditada, discutida y acordada.

 

Ceder a esa tentación sería negar los principios básicos de nuestro constitucionalismo.

 

La eventual ruptura del orden constitucional puede retrotraernos a épocas oscuras y exponernos a las arbitrariedades de un caudillo de turno, de los sectores económicamente más influyentes o de mayorías momentáneamente atrapadas por un interés circunstancial. La Argentina contemporánea conoce el significado concreto de la ausencia de un orden constitucional; lo padeció décadas atrás. No es difícil, pues, reconocer la necesidad del orden constitucional frente a los intentos hegemónicos presentes y futuros.

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