Si por un momento pudiéramos tomar distancia del presente, con seguridad tendríamos mayor perspectiva y objetividad acerca de las cosas. Muchas veces el diario trajinar nos lleva a sobrevalorar cuestiones que luego parecen anécdotas. Esto es aplicable a muchas cuestiones de nuestras vidas y también a la economía.

 

Una visión de largo plazo, como dicen los economistas, nos muestra que en un período de ocho años la economía argentina ha atravesado por una profunda transformación estructural. Se ha pasado de una economía cerrada a otra que ha superado la duplicación de sus exportaciones y se ha integrado a las corrientes comerciales, financieras y de inversión del mundo; de una economía con una participación estatal muy marcada a otra que ha desmantelado el aparato industrial público, privatizando todos los servicios que antes brindaban las corporaciones estatales; de una economía megainflacionaria, tanto por la persistencia del fenómeno como por la virulencia alcanzada, a un escenario de estabilidad de precios que generaciones de argentinos habíamos olvidado. Una economía, en fin, que ha respondido a cambios institucionales como la creación del Mercosur con un significativo incremento del comercio entre los países integrantes, buscando nuevos mercados que amplíen el horizonte de nuestros productos.

 

Por derecho propio, nuestro país debería encaminarse hacia un período de tranquilidad y prosperidad parecido, tal vez, al vivido entre 1895 y la primera guerra mundial. Sin embargo, las percepciones no son tan claras y, al visualizar el futuro, aparecen algunos interrogantes.

 

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En una primera instancia, cuando el desaceleramiento económico, la sucesión de quiebras de empresas, el derrumbe del valor de la moneda y de los activos y el colapso del sistema bancario, golpeó a las economías de Malasia, Indonesia, Tailandia y Filipinas, podía pensarse en un problema importante pero de índole local. Sin embargo, dos de las principales economías del mundo, tanto por su tamaño cuanto por su participación en las importaciones globales y en las corrientes de inversión, como Japón y Corea del Sur, sufrieron un colapso en sus sistemas financieros y una retracción del consumo.

 

Otro es el impacto sobre la economía global. Con caídas del producto muy significativas en todos los países y el estancamiento japonés, la demanda de estas naciones se ha reducido significativamente, con consecuencias en el resto del mundo.

 

La crisis asiática no ha tenido un efecto tan importante sobre nuestro país. Pese a la caída en los precios de nuestras exportaciones, éstas se han mantenido casi constantes, reflejando un crecimiento de los volúmenes exportados. El “riesgo país” se ha incrementado pero en menor proporción que en otros mercados emergentes. Por otra parte las defensas contra una crisis externa son más robustas que en ocasión de la crisis “Tequila”. El sistema financiero, que se ha concentrado en bancos de mayor tamaño y de capitales foráneos, presenta una red de seguridad muy importante. El perfil de la deuda pública también ha mejorado al alargarse los plazos de vencimiento y se han cubierto las necesidades financieras de casi todo el ejercicio fiscal.

 

De no mediar nuevos rebrotes en Asia, como mayores problemas en Japón y China, ni un efecto contagioso sobre Brasil, la Argentina podría superar estos problemas con relativa tranquilidad.

 

Las reformas pendientes: ¿dónde está el piloto?

 

Cuando en 1994 y 1995 se discutían los “fundamentos” de la reelección del presidente Menem, se aducía que ello era de vital importancia para seguir el camino emprendido seis años antes. Esta continuidad aseguraba el rumbo y prometía enfrentar nuevos desafíos como la segunda reforma del Estado, el énfasis en la educación, la lucha contra el desempleo y la pobreza, y la consecución de las dos grandes reformas pendientes: la laboral y la impositiva.

 

A tres años vista existe una coincidencia generalizada acerca de que ninguna iniciativa de reforma o transformación seria ha partido del actual gobierno. Muchos factores confluyen para esto. La sensación es que muy poco se ha avanzado, sobre todo si se lo compara con el primer período presidencial.

 

Una primera razón de esta inactividad puede encontrarse en el desgaste de casi diez años de gobierno. Tras su reelección de 1995, el presidente Menem no ha podido establecer nuevas alianzas que le permitan impulsar las reformas y dar aires renovados a su gestión. Reflejo de ello es el virtual reciclado de funcionarios para abastecer los recambios ministeriales, mediante el ascenso de personas procedentes de una segunda o tercera línea o el regreso a las alfombras del poder de otras que habían ocupado posiciones relevantes.

 

Cuesta recordar la presencia de las autoridades para dar explicación de la marcha de la economía y promocionar las reformas pendientes, en una suerte de docencia ciudadana como la llevada a cabo en los primeros años de la década. Tanto las necesidades internas del oficialismo como el comienzo prematuro de las campañas postergaron el despegue de las reformas de “segunda generación”, necesarias en el campo de la salud, la educación, el empleo, la seguridad y la equidad fiscal.

 

Las reformas pendientes no carecen de importancia. El gobierno ha estado impulsando tibiamente las reformas laboral e impositiva. Ambas persiguen algunos objetivos en común. El más importante es el de reducir la tasa de desempleo. Por el lado de la reforma laboral, a través de una mayor flexibilización de las relaciones laborales que permita absorber shocks negativos. La reforma impositiva, con su propuesta de eliminar las contribuciones patronales, tendría un efecto directo a través de la rebaja de los costos del trabajo. Las dos reformas navegan en las turbulentas aguas de las presiones sectoriales y de las intrincadas negociaciones parlamentarias. Si pasan tales trances, poco podrá reconocerse de sus propuestas originales.

 

Los problemas fiscales

 

Hace un mes se anunció un recorte fiscal de mil millones de pesos sobre el presupuesto nacional. Este recorte se aplicó a todas las reparticiones estatales. Y si bien puede presumirse con algún fundamento que responde en parte a subejecuciones normales en todo proceso presupuestario, es una señal de que algo no anda muy bien.

 

Si analizamos las dos variables que cuentan al verificar la situación fiscal, vemos que por primera vez en algunos años el gasto público nacional no está creciendo, lo cual indica que esta variable está bajo control.

 

Sin embargo, por el lado de la recaudación impositiva las cosas no marchan para nada bien; no se logra alcanzar los niveles necesarios. Pese al crecimiento récord de la economía, la recaudación no alcanzó las metas deseadas con una caída de 1000 millones en los primeros cinco meses del año. En una economía en crecimiento, las razones de este magro desempeño pueden relacionarse con un incremento de la evasión. Parece advertirse el relajamiento de los controles y la ruptura de uno de los pactos fundamentales: el contrato fiscal, por el cual los ciudadanos “acuerdan” financiar los gastos públicos necesarios en toda sociedad.

 

La evasión es especialmente seria en la recaudación previsional. Este último rubro no hace más que mostrar la vastedad del fenómeno del empleo marginal en la Argentina y por ende del alto grado de evasión previsional existente. De los casi 11 millones de personas obligadas a aportar al régimen de seguridad social existe un universo de 2 millones directamente no registradas en el sistema. Del resto de los trabajadores activos (9 millones) sólo un 53% realiza sus aportes de manera regular. Si bien existen esfuerzos para incorporar a esa enorme porción de la población a la masa de aportantes -como el monotributo para las pequeñas empresas y comercios, que acaba de legislarse-, los resultados distan de ser los proyectados.

 

Puede presentarse un problema para el futuro ya que, bajo la legislación y, sobre todo, las prácticas previsionales vigentes, la evasión se traducirá en una imposibilidad de acceso a los beneficios jubilatorios por parte de los actuales trabajadores activos. Esto redundará en una baja muy pronunciada de la cobertura del régimen previsional y por ende en la segura discusión de otras alternativas para cubrir las contingencias de las personas que no puedan acceder a cobertura alguna en su vejez.

 

La reforma impositiva trata de aportar sus soluciones al problema del desempleo sustituyendo los impuestos al trabajo, por la ampliación o creación de nuevos impuestos. La situación fiscal no da demasiado margen para la prueba y el error, debiendo asegurar que pueda sustituirse esa eliminación con la recaudación de estos nuevos impuestos que financien el gasto público legislado.

 

No menos importante, a la hora de resolver el problema impositivo, es la manera en que esos impuestos se distribuirán entre la nación y las provincias: el régimen de coparticipación federal. Esta ley, que debe resolverse este año, se encuentra también empantanada en las discusiones parlamentarias, sin visos de una pronta resolución.

 

Transición e historia

 

Si de algo estamos seguros, luego de la aceptación del presidente de la norma constitucional que dispone la imposibilidad de su tercera elección consecutiva, es de que habrá un cambio de mano del bastón presidencial. Mientras tanto, ya no será sólo la voz del presidente la que influya sobre el devenir económico. Las opiniones de los candidatos presidenciales irán creciendo en volumen; éstas, y también sus silencios, incidirán sobre la economía tanto o más que las acciones del gobierno.

 

Si bien la situación económica ofrece un respaldo distinto y mucho más sólido respecto de otras experiencias de cambio, no podemos dejar de recordar algunas transiciones difíciles en nuestra historia.

 

Un pasaje especialmente complicado, aunque no dentro del sistema democrático, fue el de 1981 entre Videla y Viola, con la salida del esquema de “tablita cambiaria” y el salto en la cotización del dólar que desembocó en la crisis de 1982. Más cerca en el tiempo, la sucesión de 1989 entre Alfonsín y Menem tuvo características especialmente traumáticas, dominadas por las indefiniciones del presidente entrante, según algunos, o por la crisis que venía arrastrando el presidente saliente, según otros; el resultado fue padecido por todos: la hiperinflación de 1989-90. La más reciente fue la de 1995: en medio de una crisis económica de proporciones se cumplió el proceso electoral que dio como resultado la reelección del presidente Menem.

 

¿Sabrá en esta oportunidad la clase política manejar un traspaso que sacuda lo menos posible el desenvolvimiento de nuestra economía?

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