Ante la indiferencia del resto del país, la Federación Argentina de Colegios de Abogados había advertido hace ya más de dos años que parecía imposible que ciertas cosas sucedieran en una provincia argentina. Queremos hacer conocer algunas de las medidas que atentan contra la vida de la República, analizando las normas legales dictadas por la legislatura de San Luis –donde el oficialismo tiene mayoría absoluta–, muchas de ellas sancionadas y promulgadas batiendo récords de celeridad.

 

– Se comenzó con el ataque a la colegiación legal de los abogados dictando la ley 5047 que quita a los Colegios de Abogados el control de la matrícula profesional.

 

– Al poco tiempo se dictó una norma (ley 5062) que viola la intangibilidad de las remuneraciones de los jueces. A través de la rebaja de los salarios se pretendió su sometimiento a los dictados del Ejecutivo. Se produjo una disminución real de los haberes de los magistrados, que llegó al veinte por ciento del sueldo básico y a la reducción de los adicionales por antigüedad.

 

– El Gobierno sabía que los jueces afectados recurrirían a la vía del amparo en defensa de su remuneración, y en respuesta a quienes iniciaban estos juicios se los recusaba en las causas contra el Estado. En este caso debían actuar como conjueces los abogados de la matrícula. Históricamente éstos eran designados anualmente por un sorteo realizado por el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia. Como muchos de ellos tenían independencia de criterio, se sancionó la ley 5070 que modifica su sistema de designación. Con ella, y destacando la importancia de esos conjueces en los juicios contra el Estado, el Poder Ejecutivo declaró la caducidad de los mandatos de quienes debían cumplir estas funciones en el año 1996, y los reemplazó en el caso del Superior Tribunal de Justicia por otros nombrados por decreto del Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado provincial. Vaya casualidad: la designación recayó en el presidente de Partido Justicialista (PJ), en el apoderado del PJ, en el apoderado personal del Gobernador, en un asesor justicialista del Senado provincial, y en un constituyente municipal de ese mismo partido. De esta manera se vulneraba la garantía constitucional del juez natural al designar jueces ad-hoc para los juicios en que es parte el Estado provincial.

 

– Las presiones del Ejecutivo hicieron que la mayoría de los jueces que habían iniciado acciones de amparo tendientes a defender la intangibilidad de sus sueldos desistiera de ellas. Las dos juezas sometidas al jury de enjuiciamiento estaban entre los pocos que no habían desistido del amparo.

 

– El ataque a la independencia del Poder Judicial continuó a través de la denominada Ley de Autarquía (5093), según la cual este poder debía autofinanciarse. De ese modo el Estado provincial se liberaba de su obligación constitucional de garantizar la administración de justicia.

 

– Mediante otra ley (5113), fue declarada la emergencia judicial por el plazo de un año, prorrogable a su vencimiento por 180 días hábiles. Según sus disposiciones: a) se autorizó a remover funcionarios judiciales sin sumario previo (lo que realmente ocurrió con doce secretarios de juzgados de las ciudades de San Luis y Villa Mercedes); b) se eximió al Superior Tribunal de Justicia del dictado de sentencias por el término de 360 días; c) se facultó a este Cuerpo para suspender la atención al público de todos los Tribunales de la provincia con el objeto de elaborar un informe sobre el estado de los expedientes. Como consecuencia de esto, los Tribunales provinciales no atendieron al público durante todo el mes de setiembre de 1997.

 

– En ese contexto, fueron designados nuevos miembros del Superior Tribunal de Justicia. Otra vez “la casualidad”: recae la designación de presidente en el ex apoderado del PJ, ex apoderado personal del gobernador de la provincia, ex ministro de Hacienda y Obras Públicas, ex ministro de Gobierno y ex interventor en el Banco de la Provincia de San Luis.

 

– Para someter definitivamente a los jueces se dictó una ley (5121) mediante la cual se les exige concursar ante un jurado de evaluación técnica, violándose de ese modo la cláusula constitucional de inamovilidad.

 

Cuando uno analiza estas disposiciones legales no puede menos que indignarse ante tamaña arbitrariedad en el ejercicio del poder y se pregunta qué han hecho los Colegios de Abogados de esa provincia para contrarrestar esos acontecimientos. La respuesta, felizmente para quienes militamos en la Colegiación, ha sido positiva. Los Colegios de Abogados de Villa Mercedes y San Luis cuestionaron cada una de estas disposiciones que, bajo la apariencia de legalidad, esconden un ejercicio absolutista del poder público por parte del gobernador Rodríguez Saa.

 

Lamentablemente la respuesta del Gobierno tampoco se hizo esperar. Por ley 5123, se dispuso la disolución de los Colegios de Abogados y Procuradores de la provincia, previstos en la Constitución Provincial; se les confiscó su patrimonio; y se declaró la caducidad de las matrículas profesionales otorgadas, dándole su control al Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, razón por la cual todos los abogados tuvieron que revalidarlas y jurar nuevamente ante este organismo.

 

– Esa ley, además, declaró la caducidad de los mandatos de los miembros del Colegio Forense de la Provincia que, conforme al art. 224 de la Constitución Provincial, debe confeccionar cada año la lista de abogados que reúnan los requisitos para ser miembros del Superior Tribunal, entre los que en sorteo público se eligen tres titulares y tres suplentes que representan a los abogados en el Jurado de Enjuiciamiento.

 

– Se dicta una nueva ley (5124) de jurado de enjuiciamiento que dispone que los tres representantes de los abogados serán elegidos por el nuevo Colegio Forense, estructurado a partir de “asociaciones de abogados voluntarias” –integradas en su mayoría por empleados del Estado provincial–, de la lista de conjueces de Cámara y del Superior Tribunal de Justicia –designados, como vimos, por el Gobernador con el acuerdo del Senado–. De este modo el Ejecutivo controla al Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados.

 

A partir de esta reforma ya puede conocerse cuál es el destino de aquellos jueces que deban estar sometidos a este tipo de juicio a instancias del poder.

 

Como anécdota es importante señalar que a través de esta sumisión del Poder Judicial, el gobernador Rodríguez Saa logró que se lo sobresea totalmente, aun sin prestar declaración indagatoria, del delito de enriquecimiento ilícito, con lo cual no podrá ser juzgado por ese delito en el futuro, atento al carácter de “cosa juzgada” de la resolución. Final similar al del gobernador Angeloz con la diferencia que éste tuvo que transitar por todo el juicio y estar varios meses sentado en el banquillo de los acusados.

 

Se trata de una situación jurídicamente intolerable y políticamente peligrosa para la vida de la República, puesto que si bien las normas dictadas son formalmente legítimas por emanar de los órganos destinados a tal fin, intrínsecamente no lo son ya que en su mayoría violan normas constitucionales de la Nación y de la Provincia y demuestran un dominio del Ejecutivo sobre el resto de los poderes. La experiencia de la historia contemporánea nos hace temer ante estos estilos de gobierno.

 

“En San Luis las cuentas cierran”. Que los resultados económicos no nos lleven a pasar por alto cuestiones que son elementales para el desarrollo de la persona en el marco de un gobierno democrático. El federalismo también nos exige prestar atención a las iniquidades y sufrimientos que padecen quienes viven en San Luis.

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